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En Guanajuato hay niñez que vive para buscar
Niñas, niños y adolescentes que viven la ausencia de madres o hermanos desaparecidos aprenden a vivir con los impactos y se unen a colectivos mientras reciben una precaria atención institucional
Camila, de 8 años, dibuja y juega sola en la sala de la casa de su abuela materna, en Irapuato. Por fin, se acerca, sonríe y relata cómo se plantó frente al director de su escuela para que éste les pidiera a sus compañeros que ya no le pregunten por su mamá, Sara Fernanda, desaparecida el 17 de enero del 2020 en Irapuato, porque su corazón “le duele”. Así terminó con el bullying que sufrió por algunos otros alumnos que la molestaban por la ausencia de su madre, cuyo regreso Camila espera cada día.
A su lado se encuentra su abuela Sara Leticia, madre de Sara Fernanda. Tiene 57 años, no tiene trabajo y tuvo que pelear legalmente para poder ser tutora de Camila, de la que se ha hecho cargo desde que Sara Fernanda desapareció. Lo logró, pero enfrenta otra batalla jurídica para que el Instituto Mexicano del Seguro Social le brinde atención a la niña como su dependiente.
Con todo eso, Sara Leticia todavía ha podido unirse a otras mujeres para fundar un colectivo de familias que buscan a personas víctimas de desaparición.
Una situación similar a la de Camila vive Alex, un adolescente de Pénjamo que en abril cumplió 16 años. Es uno de los niños buscadores de personas desaparecidas en Guanajuato.
Cuando Alex tenía 10 años, su madre fue diagnosticada con cáncer. Un 15 de agosto del 2018, mientras ella recibía tratamiento en un hospital y Alex estaba solo en casa, le informaron que su hermano mayor había sido privado de su libertad cuando salió de su trabajo y se dirigía a su casa.
Algunos compañeros de escuela se alejaron al saber esto; de otros conservó su amistad. Actualmente estudia el bachillerato en Agrotecnologías, pero piensa seguir con la carrera de Criminología, sobre todo porque quiere prepararse para ayudar a la identificación de las personas que continúan desaparecidas o que se encuentran en calidad de no identificadas, y algún día capacitar de forma gratuita a las personas que realizan búsquedas forenses en fosas clandestinas, para agilizar la identificación de quienes sean encontrados en estos sitios.
Por doloroso que sea, la niñez debe hablar de sus sentimientos, porque junto con los colectivos “han dado lecciones de dignidad a este país”, y escucharla originará opciones y herramientas para todos, dice Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de las Infancias en México (Redim).
“No solo se busca con pico y pala, ni acompañando a las brigadas de búsqueda; se busca cuando se ponen la camiseta de papá, cuando entregan al gobernador una carta. También es doloroso, pero tendríamos que ver el eco de la dignidad de esas madres y colectivos. Ya es momento que reconozcamos esa dignidad en estos niños y niñas y en cómo forman parte de los espacios, expresiones y manifestaciones, es parte de sus derechos hasta civiles y políticos”, subraya.
El derecho a la participación, el derecho a la escucha también tienen que darse cuando van con la autoridad y por duro que sea hay que escucharles “porque de ahí salen cosas brillantes” señaló.
“¿Qué presente hay para la niñez en Guanajuato?, esa es la pregunta que autoridades y sociedad nos tenemos que hacer”, agrega Tania Ramírez, “porque las niñas y niños son titulares de derechos hoy”.
Sin embargo, hay autoridades que no se dan por aludidas sobre la responsabilidad de atención a las infancias en el estado, a pesar de que se cuenta con un Sistema Estatal de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes que, por ley, involucra a dependencias estatales y municipios.
En principio, no hay transparencia en cuanto al registro de personas menores de 18 años hijas de personas en calidad de desaparecidas o asesinadas en el estado, y qué atención reciben de las autoridades, de acuerdo con respuestas a solicitudes de información realizadas por POPLab.
Por ejemplo, la Procuraduría Estatal de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes señaló que no cuenta con este registro, y que es el Ministerio Público la autoridad encargada “para determinar si dentro de una investigación las personas desaparecidas y asesinadas tienen hijos”.
Al respecto, la Fiscalía general del estado respondió que no cuenta con un registro específico, sino que efectivamente esta información está contenida dentro de las carpetas de investigación iniciadas por desaparición o por homicidio de personas, así que revisar y obtener los datos de todas las carpetas implicaría un trabajo que sobrepasa las capacidades técnicas y operativas de la institución encabezada por el fiscal Carlos Zamarripa.
En respuesta al recurso de inconformidad interpuesto por el medio, la Fiscalía optó por clasificar como reservada esta información por los próximos cinco años, porque “proporcionar el número y los apoyos vulneraría el principio de legalidad, y por ende, de Estado de Derecho (sic)”, según esta instancia.
En tanto, los gobiernos de los 46 municipios respondieron de muy diversas maneras; la mayoría asegurando que no tiene competencia para tomar conocimiento de niñas, niños y adolescentes como víctimas indirectas de delitos como la desaparición o el homicidio de sus padres, tutores o personas que los cuidan. Algunos otros, como Salamanca y Cortazar, dieron respuestas en el mismo sentido de la FGE.
Municipios como Atarjea no tienen conocimiento de desaparición de personas, mientras otros como Uriangato, Doctor Mora, San Diego de la Unión o Salvatierra no tienen registro porque no hay recursos para otorgar algún tipo de apoyo, o porque no se les proporciona información sobre familiares.
Solamente tres gobiernos municipales dijeron tener registro de víctimas indirectas menores de 18 años y otorgar algún tipo de apoyo. Jaral del Progreso indicó que en el 2023 conoció de seis personas desaparecidas, y que 190 hijas e hijos de personas desaparecidas o asesinadas cuentan con apoyo monetario, sin precisar cuánto.
El gobierno de Yuriria dijo tener conocimiento a través del DIF de una persona que fue privada de su libertad, cuyos hijos están bajo el cuidado de una tía.
El último caso es Celaya, que comenzó a dar atención a personas menores de 18 años en esta situación a partir del 2022. “Se han acercado 84 familiares y un total de 71 hijos e hijas de personas desaparecidas”, a quienes se les proporciona consultas psicológicas gratuitas, apoyos alimentarios, asesoría jurídica y seguimiento con la Procuraduría en Materia de Asistencia Social.
Por su parte, la Comisión Estatal de Atención Integral de Víctimas en el estado (CEAIV) registró al 2023 a un total de 501 niños, niñas y adolescentes como víctimas indirectas de delitos. De ellos, 239 lo son por la desaparición y 262 por el homicidio de alguno o ambos padres y madres, o cuidadores que los tenían a su cargo.
De estos, 65 accedieron a la declaración especial de ausencia, una figura jurídica que sirve para proteger a las niñas, niños y adolescentes del estado de vulnerabilidad y desprotección en el que se encuentran, al tener a uno o ambos padres o tutores en calidad de desaparecidos. Con esta declaración se define la situación jurídica de personas desaparecidas cuando se presume que fueron víctimas de un delito, para proteger sus derechos, los de sus familiares o dependientes y sus bienes.
Sergio Jaime Rochín del Rincón, titular de la CEAIV, dice que “no todas las víctimas alcanzan a registrarse o no lo desean. No siempre implica una necesidad de carácter económico porque tienen otra posición”, pero coincide que el miedo es un factor, aunado a que “no sienten la confianza y prefieren no hacerlo”.
Al cierre del 2023, la Comisión brindó ayuda alimentaria a 2 mil 620 núcleos familiares, con un apoyo de 3 mil 110 pesos mensuales.
También hay programas de atención psicosocial, a través de los que han podido conocer que algunos niños que son víctimas indirectas de desaparición o asesinatos de sus familiares desarrollan sentimientos o intenciones de venganza por estas situaciones, y piensan en acercarse o buscar a grupos de la delincuencia organizada para ello.
El apoyo psicosocial, dijo Rochín, va entonces también enfocado en la reconstrucción del proyecto de vida; el resultado que se busca es éste: “en la medida que les den un sentido…abandonen esa idea de incorporarse al propio crimen organizado”.
Y es que las infancias y adolescencias en Guanajuato se encuentran en una condición particularmente vulnerable frente a la inseguridad. En 2023, ocupó el primer lugar nacional en víctimas de homicidio doloso y homicidio arma de fuego de niñas, niños y adolescentes, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
No sólo la violencia que se vive en las calles les está afectando, también la violencia familiar, sexual y física ha ido en aumento del 2021 al 2022, expuso Tania Ramírez en entrevista.
Guanajuato también ocupa el segundo estado con mayor cantidad de niños, niñas atendidos por violencia física y violencia familiar que llegaron a hospitales públicos y privados durante el 2023, “más la cifra negra”, explicó.
Estos datos apenas reflejan cómo la violencia está afectando a la niñez en el estado y vulneran sus derechos humanos, sumado en algunos casos a la violencia institucional a la que se enfrentan las abuelas que se convierten en madres cuidadoras para acceder a programas o acompañamientos del gobierno, por la ausencia o asesinato de sus hijas e hijos.
Enfrentar la realidad
De acuerdo con la Plataforma por La Paz y Justicia en Guanajuato, al 15 de marzo del 2024 había registro de 4 mil 185 de personas desaparecidas y no localizadas en Guanajuato.
Desde que Sara Fernanda desapareció, Camila reza a diario a pie de su cama para que regrese pronto. Cuando tenía 4 años, comenzó a dibujar los recuerdos que tenía con su madre en hojas de cuaderno o máquina que luego pegaba en las paredes de su cuarto, en la sala y la cocina de la casa de su abuela. Esperaba con ellos darle la bienvenida a su regreso. Un día, enojada porque su madre no volvía, los quitó.
Sara Leticia no tuvo otra opción más que hablarle con la verdad. “Estaba ganando mucho coraje con su mami; me decía: ‘abuela, ¿verdad que mi mamá ya no me quería y me vino a dejar contigo?”. La abuela trató el tema con un psicólogo y juntos le explicaron la situación. Hasta la fecha, ambas reciben tratamiento psicológico a través del programa gratuito Creciendo con Valores, del gobierno de Irapuato.
Cuando surgió el colectivo “Hasta Encontrarte”, Camila comenzó a acompañar a su abuela a las reuniones, marchas, plantones.“Me dice ‘vamos a buscar a mi mamá, ¿verdad?”, menciona su abuela. Así se han convertido en compañeras; incluso la niña guarda su playera con la foto de su madre para seguir usándola cuando es necesario.
Otra forma en la que Camila tiene presente a su mamá es en el “Árbol de la Esperanza”, del parque Irekua, donde familiares colgaron entre las hojas las fotos de las y los desaparecidos. Ahí está la foto de Sara Fernanda. “Lloramos, nos reímos, ahí la ve, la abraza, se despide”.
En la escuela, Camila ha tenido que lidiar con comentarios crueles, como que la hayan llamado huérfana. El tema es parte de las conversaciones con su abuela, quien le habla con la verdad y le hace ver que Sara Fernanda sigue siendo su madre, a menos que no la encuentren con vida.
Las reacciones de sus compañeros de escuela son diversas, pero hay quienes la han rechazado e incluso insultado, lo que Camila expresa a su abuela cuando vuelve a casa. Sara Leticia sabe que seguirá sufriendo este tipo de rechazos y discriminación, Así que no dejan la terapia psicológica, pero también espera un poco de empatía de la sociedad.
Hace unos días, los dibujos de Cami con su mamá, su abuela y también los dibujos donde llora regresaron a las paredes de la casa y al refrigerador. La niña volvió a dibujar en blanco y negro y a colores. Y contó que este año, ante un comentario más de sus compañeros de la escuela sobre su situación, a la hora del recreo se dirigió con el director y le dijo “yo no quiero que me pregunten sobre mi mamá”. El director recorrió cada salón de la institución, habló con los alumnos y ya no la molestan.
Mientras tanto, en Pénjamo, el adolescente Alex revisa su celular, se pone los guantes, carga su mochila, una varilla y camina a paso apresurado junto a Rosa, su madre, porque acudirán a un cerro en este municipio a realizar una búsqueda forense, con el deseo de encontrar a Juan, su hermano desaparecido en 2018.
En el 2021, cansadas de esperar respuestas de la autoridad, Rosa y su hija se unieron al colectivo Hasta Encontrarte y a las búsquedas de la brigada independiente. Para no exponer a Alex, lo dejaban solo en casa, pero al ver su tristeza y por el temor que le pudiera pasar algo, los tres decidieron que en vacaciones escolares saldrían a buscar a Juan.
Poplab acompañó a Alex y su familia a una de estas búsquedas a un punto que por seguridad no es revelado. Es una zona peligrosa del estado, un cerro donde días antes las autoridades hallaron un cuerpo. Antes de salir de casa, frente al altar con imágenes religiosas donde está la fotografía de su hermano, Alex se despide de él, luego se persigna y se cubre el rostro, como medida de seguridad.
En Guanajuato los familiares de personas desaparecidas que realizan búsquedas se encuentran en una condición de riesgo. Las buscadoras de la Brigada Independiente en Irapuato han recibido amenazas de muerte y cuentan con protección.
En algunos municipios, las células municipales de búsquedas creadas por ley y en las que participan policías sólo fungen como acompañantes de las buscadoras; en otros como Salamanca ni siquiera eso. Por ello, Alex pide “que nos brinden la seguridad”.
En el trayecto, Alex va pendiente del teléfono celular, pero también del radio que utilizan para comunicarse las integrantes de la brigada independiente de búsqueda de personas, conformada mayormente por mujeres. De reojo observa las calles por donde pasan, mientras su madre siempre va a su lado.
El recorrido es por un largo camino de tierra y piedras, en tan mal estado que una de las buscadoras cae del vehículo y resulta con raspones, pero continúan y así llegan a unas viviendas, la mayoría en obra negra.
Con el sol de frente, caminan entre los huizaches y piedras de la loma del cerro a la orilla de una comunidad. En lo más alto, Alex hace una pausa y encuentra algunos huesos entre las piedras. Se acerca con las mujeres buscadoras del grupo e intercambian puntos de vista sobre la zona, el peligro; revisan los indicios, clava en la tierra la varilla y la huele: no hay un olor fétido. Ese día la búsqueda no fue positiva.
"Del 2022 a lo que va del 2024, la Brigada independiente de búsqueda de personas desaparecidas ha realizado 280 búsquedas, en 82 fosas clandestinas, en las cuales ha exhumado 204 cuerpos. De éstos, según datos del colectivo 16 fueron identificados hasta 2023".
Cuando desapareció su hermano, Alex creía que regresaría en unos días. Cuando dormía, su sueño recurrente era que Juan regresaba a casa, pero ya se cumplen seis años de su ausencia. “El dolor que uno siente es como que te arrancan ese pedazo del corazón, porque ya no lo vas a ver, no lo vas a ver sonreír, ya no vas a verlo caminar o que te abrace, te quedas con ese hueco, un dolor que te va (hacer) caer en una depresión, vas a quedar inmóvil” describió antes de salir a la búsqueda.
Con el tiempo, Alex entendió que ese sueño no se iba a hacer realidad. Hace un año se integró a la Brigada independiente, al ver que en redes sociales y noticias informaban que ya habían encontrado a personas desaparecidas.
Ha asistido a capacitaciones y con las búsquedas en campo, ha aprendido a diferenciar la fisonomía y los restos y lo explica en el sitio que exploran, mientras el viento le pega en la cara y mientras mantiene la esperanza de encontrar con vida a su hermano. También recuerda que Juan lo llevaba a la escuela, a veces lo recogía o le llevaba de comer en el recreo.
Alex también trata de terminar el bachillerato y en tres años buscará estudiar la carrera de Criminología. “Yo puedo dar cursos a personas que buscan a familiares, explicarles cuáles son los métodos y las nuevas herramientas porque (en) un futuro las herramientas van cambiando”.
A la espera de un hermano
Alex pide a la Fiscalía General de Guanajuato que a los cuerpos que tanto la brigada independiente ha encontrado como los localizados por la autoridad, se les hagan las pruebas de ADN y sean entregados a sus familiares con prontitud, porque se ha dado cuenta de que instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) “están repletos de cuerpos, tienen años, no hay avance en una carpeta y es molesto que no hagan su trabajo”. Y es que sabe que existe la posibilidad de que entre las personas no identificadas pudiera estar su hermano.
En abril pasado, la madre de Alex recibió su última quimioterapia por el cáncer; le ha pedido a su hijo que no falte a la escuela porque sabe que va llegar muy alto.
Mientras tanto, la familia de Alex ha recibido tratamiento psicológico por parte de la institución educativa a la que asiste el adolescente después de la desaparición de Juan, por lo que declinó recibir esta atención de la Comisión de Víctimas y la Fiscalía general.
El 20 de abril, Alex cumplió 16 años de edad, y como no lo hacía hace mucho tiempo, celebró su vida.
Atención a víctimas, el lento avance
La Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) fue creada en el 2020. Pero apenas en noviembre pasado se echó a andar un programa piloto para víctimas indirectas de homicidio en Celaya, en el que participan 15 niñas, niños y adolescentes y las personas que los cuidan.
El programa consiste en atención psicológica por parte de estudiantes de la Universidad de Guanajuato, institución con la que se firmó un convenio de colaboración, explica Jaime Rochín, titular de la CEAIV.
El proyecto que comenzó el pasado mes de noviembre debe involucrar a las procuradurías de niñas, niños y adolescentes de los municipios, pero no todos cuentan con esta dependencia, aunque la ley los obliga.
“La mayoría (de los municipios) cuenta con esta protección porque incluso es una obligación (pero) a veces no tienen personal, a veces les falta mucha consistencia, pero por lo pronto estos municipios donde hay una condición de mayor gravedad de la violencia en toda Laja-Bajío, Irapuato, Salamanca, ahí es donde principalmente estamos trabajando”.
El funcionario anuncia otros dos programas pilotos de atención a niñez y adolescencia y sus cuidadores víctimas indirectas de desaparición en Celaya, que después planea extender a otros municipios, con el acompañamiento de psicólogos expertos de la Universidad. Rochín reconoció que “últimamente se ha incrementado la desaparición”.
Además, informó que la Universidad de la Salle Bajío ofreció el acompañamiento psicosocial para la niñez y sus cuidadores en Irapuato y León.
Según el comisionado, se trabaja con la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes realizando asesorías y representaciones en los procesos para la obtención de la tutela legal, a fin de dar seguridad jurídica a la niñez y adolescencia víctima indirecta de desaparición y homicidios.
Hay que reconocer el derecho de la niñez a buscar: Redim
Como pasa con Alex en Pénjamo, “esa sed de búsqueda que hemos aprendido a mirar en los colectivos, madres, está presente en la chaviza, pero no la volteamos a ver”, dice Tania Ramirez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de las Infancias en México (Redim). Eso está llevando a las organizaciones que trabajan con niñez y adolescencia y a la sociedad a hacerse un replanteamiento de las categorías que utilizan para la descripción.
“En Redim insistimos que se reconozca niñez y adolescencia como titulares de derechos, y si hablamos que en México está reconocido el derecho a la búsqueda de los familiares que buscan a sus seres queridos, quiere decir que niños y niñas puedan ejercer ese derecho. ¿Cómo se ejerce?, a veces van a las búsquedas en el territorio con picos y palas”.
Guanajuato “constantemente resalta por las violencias extremas, como desapariciones y reclutamientos también de niñez”, dice Tania Ramírez, “Todos vemos con mucha claridad el incremento de la violencia contra la chaviza, urge una estrategia de atención y erradicación de la violencia contra niñas y niños”.
Por ello, hace dos recomendaciones al gobernador del estado, Diego Sinhue Rodriguez Vallejo:
El estado tendría que generar un compromiso para una ruta de trabajo, incluso otra oficina de comisión de prevención de la violencia. “Tendría que haber un compromiso del más alto nivel; es decir que si el gobernador (Diego Sinhue Rodriguez Vallejo) se preocupa por eso, emplace a un grupo de trabajo urgente para construir una política de violencia contra la niñez, que puede erradicarla desde sus expresiones extremas”.
La segunda recomendación es “no permitir la impunidad, porque por cada uno de estos casos que quede impune se envía un mensaje de permisividad”.
La impunidad, subraya la directora de Redim, hace que sea mucho más sencillo y menos costoso en términos sociales, políticos, cometer este tipo de atrocidades.
¿Qué hacer cuando una persona desaparece?
Puedes denunciar la desaparición de un familiar o una persona que conozcas de forma presencial en los ministerios públicos de tu localidad o bien la Fiscalía General de Guanajuato cuenta con la aplicación ProcurApp en la que debes registrarte aquí
Además reciben las denuncias en el número telefónico 800 3686242 o bien en el número 4731724444 de WhatsApp.
30 de abril de 2024, 14:06
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