El 16 de diciembre, el panista Vicente de Jesús Esqueda Méndez cumplió un año al frente de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg). Más allá del cambio en la siglas e imagen del organismo, las expresiones de víctimas, personas defensoras de derechos humanos y la oposición política reflejan el estancamiento de la procuraduría en temas urgentes, luego de lo que ha sido una irrefutable “empanización” en la máxima institución promotora de los derechos humanos en el estado.

Como botón de muestra, Vicente Esqueda se pronunció por primera vez respecto a las dos denuncias por violación contra el diputado electo Jorge Romero Vázquez cuando habían pasado más de 10 días de su liberación, lo que despertó la indignación de ambas víctimas y de la opinión pública. Aunque aclaró que la institución que encabeza “tiene las puertas abiertas”, el ombudsman reconoció que la Prodheg no abrió una queja de oficio, pese al descontento con el actuar de la Fiscalía estatal por la reclasificación del presunto delito y la suspensión de la medida cautelar que favoreció al panista para llevar el proceso en libertad.

Finalmente Regina Irastorza, una de las víctimas del diputado, acudió por decisión propia al organismo para iniciar una queja por el actuar de la Fiscalía.

“La Procuraduría es una institución que tiene las puertas abiertas. En este momento no hemos recibido ninguna queja por esta circunstancia (... ) Si se llega a recibir una queja sería sobre este actuar del MP, no tanto sobre el actuar de esta persona”, declaró ante el cuestionamiento de los medios de comunicación el 7 de diciembre.

No es la primera ocasión en la que el procurador es omiso en casos ampliamente difundidos y públicos, en los que omite abrir una queja de oficio. El pasado 9 de diciembre, se hizo pública la desaparición de una niña de 12 años luego de haber sido detenida por elementos de la policía municipal de León. La noticia del caso, ocurrido en desde el 16 de octubre, movilizó a las autoridades municipales que admitieron la negligencia de los funcionarios públicos involucrados. No obstante, Vicente Esqueda manifestó que desde la procuraduría “no había queja de oficio”.

“Dependemos de que tenga que venir la víctima, en este caso sería la mamá, para ratificar la queja. La mamá no ha contactado a ninguna instancia de la Procuraduría”, declaró el pasado 10 de diciembre.

Este medio solicitó a la Procuraduría los datos comparativos de quejas abiertas de oficio por violaciones a derechos humanos en los periodos 2020 -último año de Raúl Montero de Alba-,y 2021. Hasta el cierre de edición de este texto, la información no fue entregada.

El pasado 7 de diciembre, en una de sus pocas apariciones públicas como procurador, Vicente Esqueda Méndez negó la partidización del organismo mediante contrataciones de militantes de Acción Nacional en puestos clave. También desconoció los dichos del gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, quien en una entrevista con este medio el pasado 25 de noviembre aceptó que el nombramiento de quien fuera secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN de 2006 a 2010 obedeció a la búsqueda de equilibrios dentro del propio partido.

“Abrimos espacios para todos, ve donde está el procurador de Derechos Humanos que era gente de Fernando (Torres Graciano)”, respondió el mandatario ante los cuestionamientos de la situación interna del partido, en una entrevista con POPLab.

Ilustración Pinche Einnar

Luego de decirse desconocedor de lo dicho por el gobernador guanajuatense, Esqueda Méndez -que llegó al organismo luego de proceso de selección cuestionado por organizaciones civiles-, defendió su designación a cargo del Congreso local en la legislatura pasada.

“En los hechos mi nombramiento obedeció a un proceso, fue hecho por el Congreso del Estado y somos un organismo autónomo constitucionalmente y el resultado de la acción de un servidor está plasmado en estas resoluciones de recomendación que se han emitido”.

“Su pasividad me ha afectado”

Tras nueve meses de haber asumido el cargo como procurador y con ello el compromiso de resolver las quejas de las reporteras Antonieta Herrera y Ana Luz Solís, ambas agredidas en 2019 por el ex alcalde de SMA, Luis Alberto Villarreal, Vicente Esqueda Méndez anunció las recomendaciones dirigidas a su correligionario. A casi cuatro meses después de que ambas reporteras rechazaron lo que calificaron como una disculpa pública “simulada”, la Prodheg no ha dado continuidad a los casos.

En entrevista para POPLab, Antonieta Herrera, quien desde la agresión ha enfrentado el desempleo y hostigamiento de funcionarios públicos allegados al ex alcalde, aseguró que desde su llegada a la Prodheg, Vicente Esqueda ha ejercido una postura “cómoda” que ha congelado ambas quejas. “Estamos en el limbo, otra vez estamos en algo totalmente inconcluso e incierto”, dijo.

“Tiene una responsabilidad de Ombudsman en la que está obligado a investigar estas situaciones y percibe un sueldo, yo he tenido que ir a rogar para que hagan su trabajo (...) Desde mi trinchera le pido encarecidamente que concluya mi caso. Mientras no cierre mi caso, su actuar quedará manchado”, exigió.

Desde la experiencia de Antonieta Herrera, Vicente Esqueda se ha limitado a emitir recomendaciones sin garantizar su cumplimiento, situación que continúa afectando su entorno personal y laboral, reduciendo sus opciones para conseguir trabajo.

“Mi profesión como reportera también se detiene, se me ha estigmatizado cuando me he acercado a pedir empleo en medios, me preguntan si ya concluí mi caso en la Procuraduría y en la Fiscalía”, dijo.

Para Ana Luz Solís, quien además de la agresión cometida por Luis Alberto Villarreal vivió dos años de bloqueos informativos y ciberataques orquestados desde el gobierno del panista, los compromisos de resolución del procurador respecto a su caso se quedaron en “la intención”.

“El intento de convertirse en un procurador que sí procura lo hizo solamente al principio. Se presentó con nosotras y nos dijo que lo iba a resolver en tres meses y de esos tres meses ya pasó un año y ya se fue quien nos violentó”, declaró en entrevista para POPLab.

Ana Luz, quien dirige el portal News San Miguel, aseguró que la relación partidista entre el procurador y Luis Alberto Villarreal garantizó la protección desde la Prodheg hacia el agresor de ambas reporteras. La recomendación de la Procuraduría llegó en el periodo en el que Villarreal se encontraba con licencia tras buscar la reelección en la presidencia municipal. Aunque en septiembre retomó el cargo para el cierre de administración, el organismo no buscó el cumplimiento de la disculpa pública solicitada por las víctimas.

“El procurador nos ha demostrado que es el mismo PAN el que está detrás de los derechos humanos, que seguirán siendo violentados porque el partido no puede investigarse a sí mismo”.

Gestión intrascendente para derechos LGBT

El pasado 9 de diciembre durante el anuncio de un amparo contra el Congreso local, Juan Pablo Delgado, director de la organización Amicus, que defiende los derechos de las personas de la diversidad sexual declaró que durante un año han buscado reunirse sin éxito con Vicente Esqueda para empujar desde la Prodheg avances en materia legislativa para la población LGBT+.

“Hemos buscado anteriormente a la procuraduría y el trato no ha sido el ideal, la colaboración de la procuraduría en esta gestión y no ha sido la ideal”, declaró aquel día.

Cuestionado por este medio acerca del papel de Vicente Esqueda ante la urgencia de legislar por los derechos de las personas de la diversidad sexual, Delgado Miranda recordó que las dos gestiones anteriores de la Procuraduría “al menos mostraban un constante diálogo”.

Durante el periodo en el que Raúl Montero de Alba encabezó el organismo, se celebraron reuniones periódicas con un grupo de organizaciones defensoras de derechos humanos en materia de diversidad sexual, mismas que terminaron con la llegada de Esqueda Méndez, en diciembre de 2020. Aunque el activista reconoce como un gesto positivo la opinión emitida recientemente por el procurador hacia el Congreso a favor del matrimonio igualitario, no significa nada trascendente. “Le toca dar una opinión se la pidan o no y la opinión tenía que ir en ese sentido”, dijo.

Más allá de una opinión, Juan Pablo Delgado aseguró que lo ideal para lograr un proceso legislativo para la población de la diversidad sexual, sería que desde la figura de Vicente Esqueda se presenten las iniciativas de ley ante el Congreso local. Ésta alternativa fue propuesta a Vicente Esqueda el verano pasado.

“Le platicamos que la intención de la Coalición Guanajuato LGBT era que la Procuraduría presentase las iniciativas como propias para quitarle el sesgo partidista que posiblemente evita que se dictaminen y que se voten, pero tampoco ha habido ninguna reacción”.

Aunque desde la perspectiva de Delgado y de la organización que lidera será difícil que el procurador “retrocediera” en su postura de los derechos de la comunidad LGBT, tampoco existe la expectativa de acciones contundentes que abonen al proceso legislativo a favor de sus derechos.

“No sé si vaya a cambiar esta postura pasiva en nuestros derechos, porque tampoco es que haya emprendido ninguna acción en la procuraduría para cambiar la realidad actual. No veo en este momento que su actuar vaya a cambiar en los próximos años”.

Quejas se acumulan sin solución

Raymundo Sandoval, defensor de derechos humanos e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato -organización observadora del proceso de designación en 2020-, recordó que en aquel momento el Congreso priorizó la experiencia administrativa del actual procurador antes que la indispensable formación y trayectoria en la defensa de derechos, “vemos después de un año que ha sido todo un fiasco”.

El activista explicó que desde la Plataforma se ha mantenido un acercamiento con Vicente Esqueda en casos impulsados por la organización, sin embargo reconoció que los frutos han sido pocos. Un ejemplo fue la solicitud que hizo Sandoval al procurador de reabrir el expediente de queja por el caso de la ejecución extrajudicial de Leonardo Reyes Cayente, donde los avances han sido nulos a un año de su llegada a la Prodheg y tres del presunto asesinato del joven migrante a manos de elementos de la policía estatal.

“También hemos hablado de las recomendaciones sobre los casos de desaparición de personas donde se han acumulado decenas de quejas en los últimos años que tampoco han tenido solución. No se ha hecho nada al respecto”.

En materia de comunicación, Raymundo Sandoval criticó el manejo discrecional que desde la Procuraduría facilita información a “medios privilegiados”, circunstancia que viola los principios de publicidad oficial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y evidencia la ausencia de una política interna de comunicación social amplia.

“Me parece que ha habido un mal manejo de la Procuraduría en términos de comunicación. Se ha sabido más de un caso donde la responsable de comunicación social le pasa información privilegiada a medios de comunicación cercanos”.

El defensor reiteró el llamado a Vicente Esqueda Méndez a establecer lineamientos para la asignación de publicidad oficial que promuevan cambios normativos de fondo.