Texto e imágenes: Edith Domínguez/
Edición de video: Emilio Jiménez

La investigación del asesinato del niño de 12 años Cristian Giovanni, ocurrido en medio de una trifulca entre policías y vecinos por una detención realizada sin orden de aprehensión, amenaza con quedar impune al no haber procesamiento alguno de la escena del crimen por la autoridad ministerial y por la protección que la dirección de policía de Irapuato ha brindado al elemento que realizó los disparos.

Aunque versiones de los vecinos de la colonia Ampliación Las Américas señalan que elementos de la Guardia Nacional acudieron al lugar y recabaron indicios, ellos pudieron encontrar un casquillo de un proyectil percutido. No saben qué hacer con él y nadie se los ha solicitado. (Mismo que fue entregado al abogado que contrató la abuela materna de Cristian, el cual presentarán como prueba de la agresión policial).

Entre tanto, en una primera reunión con un funcionario de la policía al que no pudieron identificar, familiares de Cristian recibieron como respuesta a su reclamo el argumento de que el policía tenía derecho a disparar por haber sido agredido. Esta postura contrasta con la del secretario de seguridad del municipio, Pedro Cortés, quien le dijo a esta reportera que el reporte de los elementos refiere que “escucharon algunos disparos, hicieron la detención y se retiraron”.

Aracely y Fátima, madres de Cristian y de Juan Ramón -el joven de 17 años herido en el tobillo por otra bala- coinciden por separado en afirmar que “el policía disparó”.

Maricela y Lucina Cortés, hermanas de Aracely, pudieron entrevistarse con un funcionario de la dirección de policía, quien les aseguró que el oficial tenía derecho a sacar el arma porque le habían aventado una piedra. Temen que la protección se extienda al ocultamiento de indicios ante la investigación que inició la Fiscalía, según informó el propio Pedro Cortés.

Maricela relató que cuestionó al funcionario sobre lo que iba a pasar con el caso, ella reconoció que su sobrino había arrojado una piedra. El directivo de seguridad ciudadana, del que no recuerda el nombre, le dijo que el oficial tenía el derecho de disparar y se escudó en una ley “promovida por el presidente de la República”.

Interrogado sobre esa versión, el secretario de seguridad del municipio, Pedro Cortés Zavala, negó que el director de policía haya aceptado ante los familiares de Cristian el uso del arma y tampoco justificó el actuar del oficial.

"No, eso no es cierto, él lo que comentó es que en ciertas circunstancias se pudiera determinar alguna legítima defensa, pero no se refirió en este caso en específico, sino en general". Aclaró que "seguimos en la misma postura, no descartamos ninguna posibilidad, pero habrá que esperar la investigación".

Dijo que el municipio pagó los gastos funerarios a la familia de Cristian y la comunicación sigue abierta. Aunque en el caso del otro menor lesionado no supo decir qué tipo de apoyo se le ha ofrecido a la familia.

Pese al ofrecimiento de esperar los resultados de la investigación, Aracely y sus hermanos temen que prevalezcan las acciones del encubrimiento de los agentes que participaron en el operativo que provocó el asesinato de Cristian Giovanni, así como las lesiones causadas a Juan Ramón. Aracely, detenida en la caja trasera de una camioneta, escuchó a los policías ponerse de acuerdo en la versión que darían a sus superiores. Algunos casquillos cayeron en la caja de la camioneta y será difícil que sean entregados a los peritos de la Fiscalía.

La situación para los oficiales se complicaría por las circunstancias en que desplegaron una operación para realizar detenciones sin que existiera flagrancia ni orden de aprehensión, así como el hecho de que los acompañara una ex policía, Juana Barrientos, quien era la acusadora del robo de un tinaco que aparentemente se encontraba en la casa de la familia de Cristian.

Localizan un casquillo percutido

En la calle Managua, donde uno de los seis policías disparó contra los menores, los vecinos localizaron un casquillo percutido después de los hechos y se lo hicieron saber a la familia de Cristian. (El hallazgo ocurrió a unos 15 metros de la banqueta donde cayó herido Cristian. Mismo que el abogado que contrato la abuela materna del menor asesinato entregará como dato de prueba a la autoridad).

“Traemos el casquillo, ¿quieren ver el casquillo o no? Ya mandaron a la Guardia que levantara todas sus evidencias, ahí quedó uno. Los cambiaron de patrulla para llevarlos al Cereso, eso no está bien”, comentan los amigos y familiares de Cristian, quienes se manifestaron a las puertas del Cereso llevando el féretro del menor para reiterar su exigencia de justicia (antes de llevar el cuerpo a su última morada).

La madre de Cristian gritaba frente a los policías ministeriales que custodiaban la puerta del edificio de la Fiscalía regional: “¡Policía asesino, quiero justicia para mi hijo!”. María, la abuelita de Cristian, entre lágrimas e impotencia pide cárcel para el policía; “que paguen con cárcel esos que mataron a mi nieto, a mi niño no lo voy a tener. Son unos asesinos, ¡hagan algo por favor!”. José, el padrastro de la víctima, sólo pudo lanzar al aire una pregunta: “¿Así quieren que le tengamos confianza a la policía?”.

Mamás de Cristian y Juan Ramón sostienen: “el policía disparó”

Aracely Cortés, madre de Cristian, sin titubear sostiene que un policía fue quien disparó contra los menores. Cuando nos subieron a la patrulla el policía que disparó iba atrás, eran un hombre y una mujer. El hombre disparó y la mujer oficial le dice ‘No mames cabrón, ya le pegaste a un niño’... ¿Cómo va a decir que no?, toda la calle está de testigo, que a mí me pongan los policías que iban, eran cuatro hombres y dos mujeres. Que me pongan a los seis y yo los identifico”.

Fátima, la madre de Juan Ramón, el menor de 17 años de edad que resultó con una herida en el tobillo derecho a consecuencia de los disparos, coincidió en este testimonio.

Al escuchar los primeros disparos, Juan Ramón salió de su casa -ubicada en la calle Managua- para ver dónde se encontraba su hermano, cuando una bala lo hirió en el tobillo. Después de ver que no llegaba la ambulancia, los familiares de Cristian subieron a los dos heridos en un vehículo y los llevaron al hospital.

El tinaco de la discordia

Aracely relató que ese lunes 31 de mayo la mamá de la expolicía Juana Barrientos llegó a la casa de su madre preguntando por el tinaco; uno de sus hijos le marcó por teléfono y le avisó. Ella llegó 30 minutos después a la calle Continuación Guyana y avisó a la madre de Juana que la esperaba en la casa. Pero fue Juana quien llegó, acompañada de las tres patrullas. De dos de ellas se saben sus números: 9545 y 9117. La propia expolicía Juana iba arriba de una de las unidades.

Aracely pidió la acompañaran a la casa del joven que le había vendido el tinaco en la calle Managua, el cual no se encontraba en su casa. Junto con su esposo intentó dirigirse a su casa para entregar el tinaco, pero uno de los policías la jaló y le dijo: “tú te vas a quedar detenida, que vaya él”. José reclamó al policía y recibió un golpe como respuesta.

Los esposaron a los dos y los subieron a la caja de la patrulla 9117. Tirada en el piso de la caja, Aracely vio a un policía sujetarse de un tubo y comenzar a disparar, mientras los casquillos retumbaban en la lámina del vehículo. Supo que hirieron a Juan Ramón, su vecino, pero no se dio cuenta del impacto a su hijo Cristian, aunque oyó gritar a una oficial que ya le habían pegado a un niño, mientras sus compañeros preventivos los apresuraba a que se movieran del lugar.

La mujer narró después cómo al ir sobre el bulevar del Cuarto cinturón vial, antes de llegar al fraccionamiento Giralda, se detuvieron las tres unidades. Los policías se bajaron y se alejaron de la caja de la patrulla, luego un policía subió y recogió entre tres y cuatro casquillos percutidos, los bajaron de la patrulla con el número 9117 y los subieron a la patrulla 9545. El policía que disparó se fue en la otra unidad.

Al llegar al Cereso donde está la barandilla de la Dirección de Policía, los retuvieron dos horas más antes de presentarlos a un juez, donde los acusaron de agresión a la autoridad. De nada sirvió que José relatara el abuso sufrido, le aplicaron una multa de 2 mil 200 pesos por agresión a la autoridad.

Del tinaco ya nadie se acordó.

El viacrucis en el Hospital General de Irapuato

Al salir de la cárcel, Aracely se dirigió al Hospital General, avisada de que su hijo se encontraba herido. Al llegar, supo que ya habían operado a Cristian del riñón que le había perforado la bala y lo reportaron estable. Luego los médicos avisaron que tenían que intervenir otra vez porque un pulmón y el corazón presentaron daños, pero no tenían especialista y pidieron a la familia pagar los honorarios de uno.

“Se empezó a poner grave en la tarde y los doctores nos dicen que también le había dañado el pulmón y su corazón estaba sangrando mucho y que ocupaba otra operación. No había especialistas para el tórax y teníamos que pagar a una doctora por fuera”. Incluso les señalaron que el pago lo debían hacer a una doctora de nombre Aidee -quien era la especialista- pero Cristian ya estaba muy grave.

Aracely recuerda: “lo subieron a quirófano y a los 20 minutos sale el doctor y me dice que le habían dado tres infartos, que ya lo habían reanimado, pero que estaba perdiendo mucha sangre... nos dijo que en media hora podía fallecer o salir de quirófano con muerte cerebral”.

Juan Ramón: los próximos siete meses inactivo y sin ayuda

Desde el pasado 31 de mayo, Juan Ramón, el joven de 17 años herido en los mismos hechos, se encuentra hospitalizado. Aunque en un principio le informaron que lo operarían, los médicos le explicaron que ya no era necesario, pero deberá llevar un yeso por 7 meses, lo que le impedirá trabajar.

Casado desde los 15 años, Juan Ramón tiene un hijo de dos y su trabajo de albañil sostiene a su familia.

El día que fue ingresado, elementos de la policía ministerial le tomaron declaración, pero ninguna otra autoridad se ha acercado con la familia para brindar ayuda, relató Fátima.

La mamá de Juan Ramón labora en la cocina de un puesto de quesadillas, gana 250 pesos por jornada. Al salir de trabajar ha pasado a diario a visitar a su hijo, antes de llevarle de comer a su esposo.

Ante la situación, la esposa de Juan Ramón tuvo que dejar encargado a su hijo con su madre y comenzó a trabajar de mesera en el mismo puesto de quesadillas para ayudar a su esposo y a la familia.

Además de pedir justicia para su familia, Fátima también reclama por Cristian, su vecino y amigo de su hijo de 14 años, “lo vi crecer, no se vale. Le quitaron la vida a los 12 años, no se vale”.

Derechos humanos abre expediente, la fiscalía permanece hermética

La Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato abrió el expediente 55/21-B tras recibir la queja que presentó la madre del menor asesinado por la actuación policial que terminó con la vida de Cristian y lesionó a Juan Ramón. Aunque la familia del joven herido no ha presentado una denuncia, la vocera de la PDHEG señaló que "es una investigación en curso que se irá cumplimentado".

La Fiscalía General del Estado, por su parte, no ha informado si hay investigación, ni su grado de avance, tampoco si los indicios que levantaron los elementos de la Guardia Nacional le fueron entregados.

Sin embargo, Maricela tía materna de Cristian informó que hasta este momento los peritos de la Fiscalía estatal no han acudido a la escena del crimen para recabar elementos, aunque hablaron con Juan Ramón en el hospital.

El área de comunicación social de la Fiscalía reconoció este sábado que estaban declarando a los policías, aceptaron también que Cristian y Juan Ramón ingresaron al hospital por heridas de bala, pero al preguntar por qué el incidente no apareció en su parte de novedades, la respuesta fue el silencio.