Los mecanismos de representatividad democrática contemporáneos se encuentran cada vez más limitados en términos de satisfacer las exigencias de la ciudadanía. Nuestros tiempos exigen que el diálogo entre representantes y representades sea una conversación fluida, horizontal y continua, contrario al pensamiento todavía arraigado entre muches de quienes legislan y gobiernan de que “la democracia se agota cuando la elección se celebra”.

Este postulado cobra mayor relevancia en el caso de las poblaciones que han sido históricamente relegadas de la vida pública principalmente porque el conocimiento de sus necesidades y problemáticas está depositado casi de forma exclusiva entre sus propios activismos. Éste es el caso de las personas LGBT+.

Recientemente, en el Congreso del Estado de Guanajuato, les diputades de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México presentaron una iniciativa que apuesta por la creación de una “Ley para la Diversidad Sexual del Estado de Guanajuato y sus Municipios” cuyos objetivos principales son la creación de un Programa Estatal para la Atención de las Personas de la Diversidad sexual, así como la creación de instancias específicas en los ayuntamientos y el Gobierno del Estado para la atención nuestras poblaciones.

Más allá de que podríamos centrar el debate en torno a la pertinencia de esta propuesta de creación de ley, en función de que quienes nos identificamos entre las identidades contenidas en el acrónimo LGBT+ no aparecemos en casi ningún cuerpo normativo local, en esta ocasión quisiera llamar la atención respecto del proceso que se llevó a cabo para la elaboración de esta propuesta.

De manera desafortunada, esta iniciativa no contó con la participación de las organizaciones, colectivas y activistas que promovemos y defendemos los derechos de las poblaciones de la diversidad sexual y de género en el Estado. Si bien se trata de una iniciativa con buenas intenciones, obviar la necesidad de conversar con las personas destinatarias directas de la misma, resulta una omisión importante.

Ilustración: Pinche Einnar

Desde la Coalición Guanajuato LGBT+, cuerpo colegiado de reciente creación que unifica las voces de las personas activistas del Estado, se ha llamado la atención sobre la necesidad de incluirnos en las conversaciones que suceden en el marco de la garantía de nuestros de derechos y no podría ser de otra forma. La obligación de las personas que detentan cargos públicos no es sólo la de buscar representarnos, sino la de escucharnos activamente.

No obstante, este llamado de atención ha sido tomado de manera positiva por la representación del Verde Ecologista en el Congreso del Estado. Lo anterior, pues a través de la diputada Vanessa Sánchez Cordero, el partido se ha comprometido a involucrar activamente a los activismos locales en la discusión de la ley presentada, así como a capacitar a sus militantes en materia de diversidad sexual y de género.

Desde mi trinchera, haría mal en dejar de señalar la omisión del Partido Verde, pero también pecaría de injusto si no reconociera la voluntad expresada de recomponer el camino. Sirva este espacio para instar al resto de las fuerzas políticas del Estado de Guanajuato, incluidas aquellas que históricamente nos han invisibilizado, a asumir el compromiso de entablar diálogos auténticos para garantizar nuestros derechos.

Si les sirve de guía, les sugiero: 1) asumir, 2) escuchar y 3) legislar.