Por Raymundo Sandoval

El 18 de noviembre de 2020 la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso de Guanajuato inició el proceso de relevo de la persona titular de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG). En la convocatoria se reduce claramente la participación de las familias ya que contrario a las convocatorias para las Comisiones de Búsqueda y de Víctimas, la sociedad civil no puede enviar preguntas para la etapa de entrevistas ni tener algún tipo de involucramiento más allá de la postulación, que, además se restringe para quiénes están constituidas legalmente. Pese a ser el primer proceso conducido por el Congreso no se están garantizando la transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana. Muestra de ello, es la decisión del Congreso de no transmitir en vivo las entrevistas a las personas candidatas, seguro para no exhibir a su candidato panista.

Hay 8 personas registradas: Karla Alcaraz Olvera, Edna Aguilar Domínguez y Martha Beatriz Márquez Gamiño contienden para convertirse en la primera Ombudsperson de Guanajuato; Sergio Claudio Arellano Rabiela, Vicente de Jesús Esqueda Méndez, José Manuel Pérez Guerra, José Manuel Ramos Robles y José Luis Vargas Ramírez, completan la lista.

Resalta el candidato oficial, Vicente Esqueda, exintegrante del Tribunal de Justicia Administrativa de 2010 a 2017, del cual fue presidente los últimos dos años de su estancia. Panista activo, coordinador de asesores del PAN en el Congreso de 2003 a 2006 y secretario particular del Coordinador de ese grupo parlamentario también. Además de haber pertenecido a administraciones panistas en el gobierno estatal y municipal, así como en el Congreso del Estado, también fue Secretario General, de Acción electoral y Secretario Técnico del Comité Directivo Estatal de dicho partido de 2006 a 2010.

Es decir, toda su trayectoria profesional la ha hecho al interior del partido y al cobijo de los gobiernos panistas. Eso no sería una restricción legal para su registro, pero colocarlo en la terna o votarlo como titular de la Procuraduría no sólo es ilegítimo, sino que hacerlo borraría de un plumazo la de por sí allanada autonomía de la PDHEG.

Ilustración: Pinche Einnar.

Respecto al dicho de Libia García de que sería discriminatorio negarle la participación a alguien que milite en algún partido considero que, si bien ello es cierto porque la Ley sólo establece como restricción no haber tenido un puesto directivo en algún partido los últimos dos años, hay que diferenciar “participar” en el registro como candidato, que ser electo en la terna y luego ser designado titular de la Procuraduría. Otros requisitos que eventualmente sí serían discriminatorios, incluso inconstitucionales son: solicitar carta de no antecedentes penales y establecer como edad los 35 años, pero de esos no dijo nada la diputada.

En otras palabras, prohibirle que se registre sí es discriminatorio e ilegal, promoverlo a la terna y designarlo, no; eso sería es un golpe a la independencia y no tiene que ver con el combate a la discriminación. Hasta ahora a Esqueda no se le ha limitado su derecho a la igualdad, pero insistir en su postulación no tiene que ver con un eventual acto discriminatorio.

En realidad, la posibilidad de que llegue un panista a la PDHEG no es una acción afirmativa o una medida antidiscriminatoria, se trata más bien signar un pacto de silencio frente a las violaciones a derechos humanos cometidas por el funcionariado estatal y municipal, además de alinear al organismo público de defensa de los derechos humanos a los mandatos del Gobernador.

¿Dónde está el panismo que luchaba incluso legalmente contra la imposición en la CNDH de una militante del partido en el gobierno federal?, ésta sería una nueva edición de la incongruencia del PAN cuando rechazaba al #fiscalcarnal en 2017 en la Cámara de Diputados, pero imponía a Zamarripa como Fiscal “autónomo” en 2019.

Foto: Especial.

“No al fraude en CNDH”, gritaron en la Cámara alta en 2019. Incluso trataron por la fuerza de tomar la tribuna para impedir que tomara protesta la Presidenta electa de la CNDH. ¿Pero qué pasa en Guanajuato?, los panistas afirman que impedir que un militante del partido en el Gobierno sería “discriminatorio”. Es una burla total.

Pese a la resistencia del Congreso a abrir el diálogo con sociedad civil, las organizaciones propusieron un Foro con las personas candidatas, sólo fueron 3 las que participaron, por supuesto que Esqueda, el panista tenía la consigna de no participar. No quisieron exhibirlo con las entrevistas en vivo, mucho menos iban a permitir que se expusiera frente a la parte crítica del movimiento de derechos humanos sencillamente por qué el panista no sabe de derechos humanos.

Una vez más, se cocina una imposición más, producto de las contradicciones y el autoritarismo panista, lo que tendrá graves costos para todos los actores involucrados.

El PAN es el nuevo PRI.