Al margen de la ley, el exdiputado panista Sergio Fernando Ascencio Barba continuó con la construcción del fraccionamiento La Cucursola, pese a que el desarrollo estaba suspendido por la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT), y vendió predios con el amparo de notarios que dieron fe a los procesos de compraventa, con lo que habrían incurrido en un fraude, advirtieron activistas de las organizaciones Acción Colectiva Socioambiental y Movimiento Colibríes de Guanajuato.

Asimismo, señalaron la intervención que tuvo, en su momento, el actual secretario del Agua y Medio Ambiente del Estado, José Lara Lona, en las gestiones relacionadas con la asignación del agua de la comunidad para el fraccionamiento, y la resolución de sobreseimiento de una demanda de nulidad tomada por Vicente Esqueda Méndez, panista que fue procurador de los Derechos Humanos y ahora es magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, ante un dictamen que, según Acción Colectiva, genera impunidad.

Lara Lona intervino en las gestiones para asignar agua de la comunidad al fraccionamiento. Firmó como testigo un convenio a pesar del impacto ecológico y la oposición social existente.

La venta de los terrenos fue revelada por el propio empresario y quedó asentada en el acta de la visita de inspección que realizó personal de la PAOT a finales de 2022; para entonces, aseguró que ya al menos 40 predios habían sido vendidos, explicó el abogado Gustavo Lozano.

“Digo yo que si se han vendido lotes, pues hay notarios implicados y hay otras autoridades a las que hay que seguirles la pista porque una compraventa de esta naturaleza no se realiza a la palabra. Entonces, sí Sergio Fernández Ascencio Barba asegura ante la autoridad que ya se vendieron 40 lotes, hay que decir a la autoridad que haga el seguimiento de esas compraventas porque probablemente vaya a haber una inconformidad de los compradores que han pagado un dinero allí, pero además probablemente haya notarios implicados en este fraude. Los notarios tienen responsabilidades”, acusó. 

Las organizaciones convocaron a rueda de prensa después de que, el pasado 30 de julio, la Fiscalía General de la República (FGR) asegurara el fraccionamiento ubicado en terrenos forestales de la Sierra de Santa Rosa, en Guanajuato capital, como parte de un operativo derivado de una investigación penal por presuntos delitos ambientales. Posterior al operativo, el exalcalde Alejandro Navarro amenazó con proceder legalmente al ser aludido en la denuncia por las irregularidades relacionadas con el desarrollo.

Las agrupaciones ambientalistas mostraron evidencias de que el ex presidente municipal fue enterado, mediante oficio, de la Autorización de Impacto Ambiental por parte de la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Municipio en agosto de 2019, a cargo de Juan Carlos Delgado Zárate, y que luego la PAOT le envió un oficio para notificarle las irregularidades relacionadas con el fraccionamiento en octubre de 2022. El municipio otorgó en total 10 permisos distintos. 

También evidenciaron conflictos éticos y de interés cometidos por Ascencio Barba cuando aún era diputado y, al mismo tiempo, litigaba el asunto del fraccionamiento; además de falta de transparencia y omisiones cometidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), cuya delegación estatal estaba entonces a cargo de Amando Ramírez García, así como la negligencia de la procuradora ambiental del estado, Karina Padilla Ávila al avalar una autorización de impacto ambiental que era indebida.

Venta de terrenos en La Cucursola prende alertas por posible fraude inmobiliario

Cuando personal de la PAOT visitó La Cucursola el 15 de diciembre de 2022, como parte de un procedimiento derivado de la denuncia popular presentada en 2020, el exlegislador y administrador único de la promotora Lomas de Irapuato S.A. de C.V., aseguró que ya había vendido 40 de los 49 predios en los que se fraccionó la propiedad. 

Ese día, exhibió la Autorización de Impacto Ambiental otorgada por el municipio y también el permiso de impacto ambiental expedido por el Gobierno del Estado.

Gustavo Lozano, de la organización Acción Colectiva Socioambiental, destacó que fue precisamente por esta razón que la PAOT suspendió el proyecto de forma inmediata, ya que Ascencio Barba no presentó la Autorización de Impacto Ambiental ni el Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, documentos que debió haber otorgado la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT). Esto quedó asentado en el acta de la diligencia.

Según ese mismo documento y la declaración del exdiputado panista, la administración del lugar quedó a cargo de los colonos del fraccionamiento, a quienes se les entregó una licencia de uso de suelo expedida por el Departamento de Uso de Suelo de la Dirección de Administración Urbana de la Dirección de Medio Ambiente del Municipio, entonces a cargo de Juan Carlos Delgado Zárate, en favor de Loma de Irapuato.

El 30 de julio de este año, tras el aseguramiento del fraccionamiento por parte de agentes del Ministerio Público Federal por presuntos delitos ambientales, se observaron dentro del predio letreros con la leyenda “Vendido”. Se presume que, pese a la suspensión del proyecto ordenada por la Procuraduría Ambiental del Estado, las actividades continuaron, ya que trabajadores de la construcción habrían resguardado herramientas ante la presencia de la autoridad federal.

Gustavo Lozano sostuvo que “todo lo que ocurrió dentro de ese período de tiempo (de la suspensión) fue ilegal dentro del proyecto”.

El abogado expresó su preocupación respecto a la venta de lotes en el fraccionamiento, originalmente denominado La Rosita, pues resaltó que estas transacciones debieron implicar la intervención de notarios, lo cual debe ser verificado por las autoridades competentes.

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En este sentido, alertó sobre la posibilidad de un fraude, en el que los fedatarios —testigos de los procesos de compraventa— podrían tener responsabilidad, por lo que llamó a dar seguimiento a estas operaciones, ya que, en caso de decretarse la suspensión total del proyecto, surgirán las inconformidades de los compradores.

Lozano Guerrero celebró la intervención de la Fiscalía General de la República y el avance de la investigación relacionada con delitos ambientales, pues afirmó que, aunque el estado de Guanajuato está rezagado en materia de justicia ambiental, el aseguramiento del predio “manda un mensaje al resto de propietarios de predios de la sierra en terrenos forestales en el sentido de que están siendo observados”.

Las mentiras de Navarro 

En la rueda de prensa, Acción Colectiva y Movimiento Colibríes acusaron al ex alcalde Alejandro Navarro de mentir, pues luego del aseguramiento de la propiedad en Santa Rosa, por parte de la Fiscalía General de la República, éste amenazó con demandar a las organizaciones por difundir un comunicado de prensa en el que se aludió a su nombre como una de las personas denuncias por delitos ambientales.

Yann Godbert, de Movimiento Colibríes, recordó que algunos pobladores de Santa Rosa, quienes al principio de la movilización se involucraron en las actividades para evitar el desarrollo de La Cucursola, después declinaron porque recibieron amenazas y se retiraron por temor a su seguridad y la de sus familias. Sostuvo que la participación de los pobladores sigue ahí, pero que el temor por las represalias es lo que impide que se externe públicamente. 

Gustavo Lozano explicó que el alcalde sí fue enterado de la situación del fraccionamiento, pues en 2019, el director de Medio Ambiente, Juan Carlos Delgado, le envió copia de la Autorización de Impacto Ambiental y luego en 2022, tras la denuncia popular de las organizaciones y pobladores de la comunidad, la Procuraduría Ambiental del estado le turnó las irregularidades y le pidió contestar, una vez implementadas acciones al respecto. Navarro Saldaña, esposo de la actual alcaldesa de la ciudad, Samantha Smith Gutiérrez, nunca contestó el oficio. 

“Yo diría que sus amenazas a mí me importan bien poquito…cualquiera tenemos derecho a denunciar. Denunciar es un derecho y lo que hicimos fue ejercer ese derecho, por eso fuimos a denunciarlo a él, denunciamos a Delgado Zárate y denunciamos a Loma de Irapuato y denunciamos a Sergio Fernando Asencio Barba como administrador único de Loma de Irapuato”, señaló Lozano. 

Sostuvo que la amenaza de denuncia por difamación no es posible porque el delito ya no existe en el estado, sin embargo, lo invitó a que “busque el delito correcto” y realice la denuncia ante la instancia correspondiente. 

El activista aseguró que el poder que ha acumulado la familia conformada por el exalcalde Alejandro Navarro y la actual presidenta municipal Samantha Smith que abarca tres administraciones públicas, sí es un motivo de preocupación y amenaza para movimiento sociales como el emprendido por las dos organizaciones civiles. 

“En las mejores democracias esto no se ve y eso permite que se acumule muchísimo poder, muchísimo poder y ese poder es un poder amenazante ante quienes deciden plantar cara”, dijo. 

Javier Santies, otro integrante de Acción Colectiva, consideró que se ha operado al interior de la comunidad para causar ruptura y confrontación entre los pobladores y de esta manera desalentar este tipo de movimiento.

Opacidad, negligencia y presunta complicidad 

Las organizaciones ambientalistas denunciaron una serie de conflictos de interés, omisiones y negligencias institucionales que permitieron el avance del fraccionamiento La Cucursola, en la Sierra de Santa Rosa, a pesar de que el proyecto fue señalado por diversas irregularidades ambientales y legales.

Durante una rueda de prensa, Acción Colectiva Socioambiental y Movimiento Colibríes de Guanajuato acusaron al exdiputado panista Sergio Fernando Ascencio Barba de incurrir en conflictos éticos y de interés, al promover legalmente el proyecto inmobiliario mientras aún ejercía un cargo público. 

Según los activistas, el entonces legislador litigaba a favor del fraccionamiento al mismo tiempo que tenía responsabilidades públicas y, además, votó a favor de modificaciones a la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, norma que —afirmaron— ya había violado de forma reiterada.

Indicaron que, al realizar gestiones con autoridades municipales y estatales para obtener permisos y avanzar con el desarrollo, actuó con dolo, ya que conocía las normas. Además, existen antecedentes documentales de dictámenes emitidos por autoridades ambientales federales, en los que se le señalaban claramente los requerimientos legales aplicables.

Las organizaciones también denunciaron la falta de transparencia y las omisiones cometidas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), particularmente bajo la gestión de su delegado en el estado, Amando Ramírez García, quien —según señalaron— no actuó, a pesar de contar con elementos técnicos y jurídicos que evidenciaban que el desarrollo inmobiliario carecía de las autorizaciones federales requeridas por ley.

Destacaron que la delegación tuvo la oportunidad de realizar una nueva intervención en el lugar y no lo hizo, intentando archivar el caso.

“La Profepa abandonó el asunto, no sabemos por qué y entonces parte de la reivindicación que queremos hacer en esta rueda de prensa, pues es que la Profepa rinda cuentas de por qué decidió abandonar el asunto, no volver a visitar el proyecto y no clausurarlo de nueva cuenta como como establece la ley”.

Asimismo, acusaron a la procuradora ambiental estatal, Karina Padilla Ávila, de haber avalado indebidamente una Autorización de Impacto Ambiental, a pesar de que el proyecto no contaba con los permisos federales necesarios, como el Estudio Técnico Justificativo para el Cambio de Uso de Suelo en Terrenos Forestales, documento que debió haber sido emitido por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT).

Los grupos ambientalistas reiteraron su exigencia de que el proyecto sea cancelado de forma definitiva, que se sancione a los responsables, y que se inicie un proceso de restauración ecológica en la zona afectada.