Con información de Carmen Pizano

Negación, indiferencia, omisiones, resistencia, simulación, represión: es largo e intrincado el camino que en México las familias de personas desaparecidas han tenido que seguir para construir con las autoridades de cualquier nivel el trabajo de búsqueda de sus hijas, esposos, hermanas.

En Guanajuato se dan los primeros pasos y las familias se han encontrado con los mismos obstáculos, si acaso en un orden distinto. Así que libran dos luchas, una para obligar a las autoridades a reconocer y atender el tema y la otra, que no se les impida a ellas mismas seguir buscando.

Como lo dijo en mayo de 2018 en un foro realizado por la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) quien fuera Relator especial de la ONU sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación del daño y las garantías de la no repetición y experto en justicia trasnacional, Fabián Omar Salvioli: “lo más escandaloso es que sigan las desapariciones, como si no hubiéramos aprendido las consecuencias de las prácticas en el pasado”.

El experto habló en ese foro virtual convocado por la PDHEG en el marco del Día Internacional contra la Desaparición forzada de personas, en el que lamentó que la desaparición de personas sea eso, una práctica del pasado y del presente.

“Porque los países se democratizaron, pero sus fuerzas de seguridad no… hay que prevenir para que no se repitan, eso no pasa mágicamente, eso pasa con policías honestas, democráticas y sujetas a la ley”.

Para el especialista, lo último que puede hacer el Estado “es comportarse como un bandolero, y las personas que integran la fuerza de seguridad no pueden portar un arma si se comportan como bandoleros”.

Enterado del contexto guanajuatense, Salvioli hizo una referencia clara a lo ocurrido en la manifestación de mujeres contra el acoso de policías municipales contra una joven en León, que terminó en detenciones arbitrarias y denuncias por tortura física, emocional y sexual, así como agresiones a reporteras que hacían la cobertura de esos hechos, el sábado 22 de agosto en la plaza Expiatorio.

“No es factible que (las fuerzas de seguridad) no actúen bajo estricto apego a la ley, hay que romper las corporaciones de los mafiosos”.

Lo cierto es que a lo largo y ancho del país, ese camino empedrado se ha repetido. La experiencia previa en Chihuahua, en Coahuila o en Veracruz ha sido igual de difícil para construir diálogos y trabajo conjunto, en respuesta a las luchas de las familias -agrupadas o en lo individual- para que se atienda su necesidad de cada día: que se busque y se encuentre a sus desaparecidos.

El comisionado Héctor Alonso Díaz Ezquerra (izq.) justificó la ausencia del fiscal "por cuestiones de agenda". Foto: Frente para la búsqueda.

Entre los últimos años del sexenio de Miguel Márquez -cuando se agudizó la violencia en el territorio estatal- y lo que va del actual de Diego Sinhue Rodríguez, el gobierno estatal mostró poca disposición a aprender de esas experiencias y más bien -así lo han denunciado y reclamado las mismas familias en distintos momentos, en reuniones privadas y protestas públicas- repitieron desaires y ausencias, lo que las obligó a salir a las calles a exigir respuestas.

Entre sus propias dificultades para organizarse, a partir de noviembre del año pasado las familias consiguieron sentarse primero con legisladores del Congreso del estado; después con el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez, y más tarde con Héctor Alonso Díaz Ezquerra como el titular de la Comisión estatal de búsqueda.

“Definitivamente ha sido muy difícil, las expectativas que se tenían en enero con las reuniones con el gobernador, con el secretario, la participación del fiscal; eso fue esperanzador”, analiza en perspectiva Grace Fernández Morán, coordinadora del Consejo ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, quien ha estado presente en este proceso.

“Lamentablemente no hubo un seguimiento puntual a lo que para las familias es más importante, que es la búsqueda. Esto derivó al enojo, frustración, la desesperación de las familias y las hace salir a exigir lo que es un derecho, que se busque a las personas desaparecidas. Y las muy lamentables actuaciones del Estado rompieron ese diálogo”, dice, al recordar la represión que Fuerzas de Seguridad Pública del Estado emprendieron contra integrantes del colectivo “A tu encuentro” el 10 de julio en la capital del estado.

“Lo ocurrido en la protesta deja evidenciada la falta de conocimiento de derechos humanos y las garantías y protección de los mismos por parte del gobierno del estado”.

Aunque tras estos momentos de represión, es de reconocerse que hubo una disposición, por lo menos del Ejecutivo, presente a través del secretario de gobierno, para la reconstrucción del diálogo”, resaltó. “En otros estados vimos que la autoridad se hace omisa, se cierra todavía más y se cierra al diálogo”.

También calificó como una buena noticia que haya un mayor reconocimiento de la gravedad de las desapariciones, de las que oficialmente se reconocen 2,178 a la fecha en el estado.

“Pero es triste ver que son más de las que se habían dicho en un principio. ¿Y por qué no daban el dato, cuál es la intención de mantener esto fuera del ojo de la sociedad?, ¿por qué no reconocen que a pesar de las alarmas de los vecinos que tienen muchísimas desapariciones, Guanajuato no se preparó para atenderlas de manera rápida, expedita y eficiente?”, cuestionó.

Es momento de algunas respuestas, dijo, “porque a dos o tres años de que los números se comenzaron a incrementar, no se fortaleció a las instituciones” para atender el problema.

Las respuestas y las acciones son urgentes “porque Guanajuato tiene muchísimos casos de muy poco tiempo, que todavía es muy probable encontrar con facilidad a las personas -advirtió la defensora-. Es ponerse a trabajar, cooperar, colaborar, olvídate quién lleva mano. Aquí lo que lleva mano es la vida y la libertad de las personas”.

Foto y videos: Verónica Espinosa.

“Que se pidan cuentas al Fiscal”, la exigencia

Así se llegó, nueve meses después de los primeros acercamientos en el ámbito legislativo, a una reunión de trabajo en la que por primera vez estuvieron presentes en pleno frente a las autoridades estatales siete colectivos, dos organizaciones civiles y familias en lo individual.

Lo mismo ante legisladores que ante el gobernador o el comisionado estatal de búsqueda, la principal queja repetida es contra la Fiscalía general del estado. Y en la reunión de trabajo con la Secretaría de Gobierno y el Comisionado estatal de búsqueda Héctor Díaz Ezquerra, la constante ocurrió: el fiscal Carlos Zamarripa Aguirre no asistió y las familias expusieron de personal de esa instancia maltrato, incumplimiento de acuerdos y hasta “las pésimas condiciones del Semefo (Servicio Forense) de Celaya”, como consigna la minuta del encuentro.

Fue nutrida la lista de participantes en la reunión del lunes 31 de agosto en la UTL. Había funcionarios encabezados por el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres, el subsecretario Alfonso Ruiz Chico y el comisionado estatal Héctor Díaz Ezquerra; representantes de organismos como la Cruz Roja Internacional y la oficina de la ONU-DH en México e integrantes del Consejo ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda.

Mientras que del lado de las familias que en Guanajuato buscan a sus desaparecidos se presentaron los colectivos “Una luz en mi camino”, “Justicia y esperanza”, “De pie hasta encontrarte Guanajuato”, “Buscadoras”, “Cazadores”, “Mariposas destellando” y “A tu encuentro”, así como el Centro de escucha de Acámbaro, la organización “Sembrando comunidad” y el representante de una familia en lo individual.

Pero una silla se quedó, de nueva cuenta, vacía: la del fiscal Carlos Zamarripa Aguirre.

Los colectivos se enteraron a última hora de que no asistiría. Héctor Díaz Ezquerra diría a los medios de comunicación que “algo no compaginó con la agenda del fiscal”.

En representación de la FGE estuvieron la fiscal especializada en delitos de desaparición forzada y desaparición por particulares, Yolanda Ramírez, así como la Fiscal en materia de derechos humanos Zucé Hernández. Esta última dijo a las familias que se está constituyendo un “Centro estatal de desaparecidos” y que se ha contratado a más personal y se han ampliado horarios de trabajo en la fiscalía especializada en desapariciones.

Una vez más, el secretario de gobierno Luis Ernesto Ayala Torres daría la cara no sólo por el gobernador, sino también por el propio fiscal autónomo, para que éste “asista al siguiente encuentro”. Y les aseguró que el gobierno del estado tiene el compromiso “de buscar a todos los desaparecidos”.

“Sí es preocupante la situación… hemos tenido hechos violentos que han lastimado a muchas familias. Lo que más lastima a una familia es tener un familiar desaparecido”, fueron palabras de Luis Ernesto Ayala en la reunión, en la que añadió:

“Vamos a estar nosotros cuantas veces sea necesario aquí con ustedes. Si bien es cierto que el fiscal se disculpó, pero yo creo que en la siguiente reunión debe de estar. Yo sé de su preocupación, a veces parecía que no hay resultados, o que el trabajo es ineficiente, y debemos aceptar también cuando como gobierno no damos resultados o somos ineficientes… pero lo último que debemos perder como gobierno es la voluntad”.

Ayala Torres también ofreció reunirse con las familias cuando sea necesario.

“En la medida que sea necesario allí estaré; en la medida que sea necesario que esté el gobernador también estoy seguro que estará. Y en la medida en que sea necesario también debe estar el fiscal”.

Pero la decepción permeó y así lo expresaron las propias integrantes de los colectivos al salir del encuentro. Bibiana Mendoza, de “A tu encuentro”, resumió como esencial que Carlos Zamarripa Aguirre participe, esté presente y responda a las preguntas de las familias, así que dijo que se optó por guardar las que ese día se pensaban hacer “para cuando se las podamos hacer al fiscal”.

Desde su perspectiva, la coordinadora del Consejo ciudadano del SNB Grace Fernández ve la falta de un compromiso claro por parte del fiscal.

“Me sigue preocupando y a todos ese ausentismo o esa idea que parece tener de que no tiene por qué reunirse con las familias y manda a su segunda, tercera, porque tampoco se ve demasiada incidencia, no con un compromiso claro. Si teniendo a los titulares sabemos que no permea la información para los niveles bajos, preocupa que siga viéndose como algo ajeno -por aquello de la autonomía- cuando a final de cuentas es el responsable de la procuración de justicia”.

Y aunque la Comisión estatal -con todo y los cuestionamientos iniciales al titular Héctor Díaz Ezquerra- va iniciando actividades, éste necesita a la Fiscalía, pues es su responsabilidad la investigación.

“Que muestre los casos que no ha solucionado, que se ponga a trabajar de la mano de las familias. Esto empieza por querer hacer las cosas, tener voluntad. Veamos si al comisionado las otras instancias lo apoyan, la Fiscalía lo apoya, necesita a la Fiscalía”.

Grace Fernández menciona que se ha visto una “interpretación macabra” de las fiscalías general y en los estados para coordinar las diligencias de búsqueda con los organismos por considerar que debe prevalecer sus criterios y tiempos de investigación “y Zamarripa no es la excepción”.

“Lo que se pide es que se dejen de egocentrismos y trabajen juntos. Porque si no se hacen acciones extraordinarias, jamás se podrá combatir este delito extraordinario”.

En todo caso, resalta que a quien le toca comprometerse en esta responsabilidad no es al secretario Ayala Torres, sino al fiscal.

“Y si el fiscal no responde al gobernador, ¿dónde está el Congreso del estado para cuestionar al fiscal que dijo que no había tantos desaparecidos y que no había tanto problema? Está el madrazo de los números, les mintió en el fortalecimiento de la Fiscalía, porque sigue habiendo casos en los que hay fallas y no se investiga. El Congreso es el que lo puso, ¿dónde está ese compromiso y solidaridad con los derechos humanos y las víctimas que el Congreso le dijo a las familias durante la construcción de las leyes? El Congreso es el que le puede exigir cuentas y resultados”.

Foto: Frente para la búsqueda.

Lo que sigue

La minuta de las tres horas que duró este encuentro registra el resumen de Díaz Ezquerra sobre la búsqueda efectuada en el sitio de hallazgos del ejido Cupuato, en Uriangato, que se hizo hace exactamente un mes y de la que “se está en espera del procesamiento de hallazgos por parte de la Fiscalía general del estado”.

Luego el mismo comisionado daría informes sobre el subsidio federal de 14 millones 400 mil pesos, el cual podría estar liberado en la tercera semana de septiembre.

El gobierno del estado aporta para una bolsa total 1 millón 440 mil pesos (el 10 por ciento).

“El subsidio federal va mucho en función de la incidencia, la situación de violencia, que hayan dado los 14.4 millones, cuando el máximo de subsidio es de 15 millones, habla de la gravedad del tema en Guanajuato -destaca en entrevista Grace Fernández-. Lo que faltó decir es cuánto más va a poner el gobierno estatal, porque el 10 por ciento que está poniendo hasta ahora es muy poquito”.

Y es que además de que se requiere una mayor inversión en equipo, personas y capacitación, dice la coordinadora del Consejo ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda, “es sabido que política pública que no lleva presupuesto es simulación. Y no se vale que le dejen la carga presupuestal a la federación, porque el primer obligado es el gobierno estatal”, dijo Fernández.

En este tema, Luis Ernesto Ayala Torres mencionaría en el encuentro que no se escatimará en recursos, aún con la situación financiera derivada de la pandemia -según las quejas que el gobernador ha expresado junto con los gobernadores de oposición a la presidencia- y que si se necesitan, los habrá.

Finalmente, se acordaron mesas de trabajo específicas, que inicialmente se anotaron en estos rubros: revisar el reglamento de la Comisión estatal de búsqueda (que está a consulta en línea desde el 1 de septiembre); revisar el programa de trabajo del organismo (que incluye un diagnóstico de la situación de desaparición en el estado); los apoyos que se otorgarán a las familias (becas, servicio médico y otros) en reuniones diferidas con los colectivos entre septiembre y diciembre, y finalmente, definir las próximas búsquedas en campo de conformidad con las familias, junto con la investigación ministerial.

Sin embargo, a petición de los familiares se añadió un tema: trabajar con la Fiscalía para avanzar en la identificación forense de cuerpos que permanecen en las sedes regionales. Esto ante las experiencias conocidas públicamente y documentadas, como lo expuso al final Bibiana Mendoza, vocera del colectivo “A tu encuentro”.

“Muchas compañeras del colectivo han recibido los cuerpos de sus familiares después de mucho tiempo sin que la Fiscalía les dé explicación y es importante que se tenga una mesa de investigación forense y también de la búsqueda en vida”, dijo.

POPLab recientemente dio a conocer los casos de dos personas que fueron desaparecidas en Silao y cuyos cuerpos permanecieron por más de 20 días en los Semefos de la Fiscalía mientras los familiares los buscaban y en apariencia la propia Fiscalía también.

En su experiencia, Grace Fernández observa todavía una falta de claridad en la metodología de las mesas, porque no se explicó cómo se va sistematizar la aportación que haga cada parte y cómo se decidirá cuáles aportaciones u observaciones serán aceptadas y cuáles no, por ejemplo en el Plan de la Comisión estatal de búsqueda y en la agenda para las búsquedas en los sitios donde se presumen hallazgos de cuerpos o restos.

También alertó sobre la decisión de dividir la atención en mesas para cada colectivo.

“Los esfuerzos deberían de enfocarse más en lo temático y no en lo específico porque el fenómeno es generalizado; lo recomendable es que sean por temas y no por casos. Es un poco perverso que el estado fomente la segregación de la colectividad; eso puede ser usado más como estrategia; podría provocar fricciones entre ellos y esto disuelve la fuerza de las víctimas”, expuso.

Recordó que en estados como Coahuila hay nueve colectivos, en Veracruz son unos veinte, y hay una sola mesa para todos. “No importa si en un colectivo son 10, 50 o 500, pues tan es importante uno como todos los del estado. Todo lo que se haga en esas mesas es para todos; son los mismos recursos humanos, tecnológicos y financieros que se tienen que administrar para todos”.

Fernández alertó sobre la importancia de que los colectivos y autoridades enfoquen los esfuerzos en la atención de toda la problemática para no perder el panorama amplio de la macrocriminalidad que está operando en Guanajuato.

“La atención del estado tiene que ser exactamente igual para todos”.