La exigencia de líderes empresariales y del presidente del comité ciudadano del sistema Estatal Anticorrupción sobre los recursos entregados por el gobierno estatal a la Concamin Bajío y sus subsidiarias, coincide: debe revisarse la aplicación y rendirse cuentas.

La iniciativa privada ha tenido acceso a recursos del erario con un marco normativo endeble que permite el uso discrecional, por lo que es necesario que en Guanajuato exista una regulación que obligue a empresarios a rendir cuentas del dinero que reciben del gobierno, señaló el presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, Giovanni Appendini Andrade. 

Liderazgos empresariales en Guanajuato advirtieron que el gobierno de Libia Denisse García deberá revisar el manejo y destino que tuvieron los 184 millones de pesos otorgados a la Concamín Bajío, presidida por Ismael Plascencia Núñez, durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. 

Carmen Hernández Duarte, presidenta de la Cámara de Vivienda de Guanajuato (Canadevi), se desmarcó de la “triangulación” de recursos públicos entre empresas agremiadas y la constructora Hoki, propiedad de Ismael Plascencia Núñez, para la construcción de la Torre Concamín, que terminó por beneficiar a las instalaciones de la Canadevi con un estacionamiento y una cocina, mientras que el presidente de la Coparmex Guanajuato, Michel Sojo Quiroz, insistió en la fiscalización de recursos públicos otorgados a las cámaras empresariales. 

“Nosotros no tenemos esa triangulación, Canadevi no está involucrada en esa triangulación. Nosotros sí recibimos las instalaciones por parte de gobierno del estado, se recibieron ya hace algunos años, pero todo lo que se maneja en el artículo nosotros no estamos involucrados, esas son cuentas que lleva Concamin”, respondió a *POPLab* Hernandez Duarte.

Michel Sojo Quiroz precisó que el dinero otorgado por la Secretaría de Economía a la cámara representada por Ismael Plascencia Núñez se trató de “una participación” para la edificación de las instalaciones de Concamín, para beneficiar a las asociaciones agremiadas. No obstante, Sojo Quiroz comentó que se deben revisar los destinos y resultados del recurso público. 

El presidente de la Coparmex también dijo desconocer el beneficio personal obtenido por Ismael Plascencia Núñez a través de la empresa Hoki, que de acuerdo con los hallazgos de POPLab, recibió un pago por 19.7 millones de pesos para realizar la ampliación de un estacionamiento para la oficina de ambas cámaras, Canadevi y Concamin, así como el “equipamiento de oficinas”.

“Sobre eso no te puedo comentar mucho porque no tengo el conocimiento si en las escrituras o la participación de Ismael o su familia están en esa empresa a la que POPLab hace referencia, pero sin duda también deberá revisarse, como todo. Yo no tengo hoy la información, pero sin duda se podrá investigar y se podrá revisar a quién se contrató, por qué monto se contrató y que los ladrillos que se pagaron estén ahí puestos”, declaró.

El más reacio a opinar, argumentando que no conocía la información, fue el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Roberto Novoa Toscano, manifestó que Concamín, como otras cámaras empresariales, recibe apoyos del gobierno, y es el propio Poder Ejecutivo quien cuenta con procedimientos para asignar y revisar el recurso asignado.

“Yo creo que ya es un tema que las autoridades tienen que revisar en base a la información que está”, señaló. 

Subsidio será fiscalizado 

POPLab reveló cómo el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez entregó al menos 184 millones de pesos a la CONCAMIN Bajío, presidida por Ismael Plascencia Núñez, los cuales fueron utilizados para contratar empresas vinculadas al propio Plascencia y su círculo cercano. Sin embargo, estos contratos no fueron auditados por instancias de control del gasto público.

Los recursos, que fueron gestionados por la Secretaría de Desarrollo Económico (SDES) durante todo el sexenio, se destinaron a programas de apoyo a pequeñas y microempresas, proyectos de infraestructura, y eventos empresariales. Sin embargo, las solicitudes de fondos no contaban con estudios técnicos ni diagnósticos claros.

El diputado local Víctor Zanella Huerta, quien preside la Comisión de Hacienda y Fiscalización del Congreso, adelantó que el tema del subsidio “seguramente” está siendo revisado por la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG), para constatar la legalidad y el sustento del recurso otorgado a Concamín Bajío durante el sexenio pasado. 

“Es importante que se transparente todo y que, si hubo una situación irregular, pues que camine por los procesos legales que haya lugar. También lo tengo que decir, es importante la relación y colaboración con la Concamin, y que al final la relación con la iniciativa privada, aquí en Guanajuato no estamos peleados, pero lo que sí es vigilar que todo apoyo que se haya dado cumpla con legalidad”, declaró el legislador panista a POPLab.

Guanajuato con regulación endeble: CPC

El presidente del Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción, Giovanni Appendini Andrade, señaló que la regulación para el manejo que puede hacer la iniciativa privada de los recursos que recibe del erario es "un poco endeble, no es muy clara y permite o pudiera permitir lo que parecen discrecionalidades en el uso o en la distribución de esos recursos".

En entrevista sobre el recurso que entregó el exgobernador Diego Sinhue Rodríguez a Concamin Bajío y que terminó en beneficios para las empresas ligadas al presidente del organismo empresarial, Ismael Plascencia Núñez, el presidente del CPC habló de la necesidad urgente de regulaciones claras que permitan una revisión de cuentas en donde se eviten sospechas.

"Porque efectivamente parece que hay una concentración que se tendría que explicar claramente y que se tendría que justificar desde el punto de vista de los gastos", sostuvo sobre el recurso que obtuvo Concamin en el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez.

Además, expuso que es necesario regular el ejercicio en el uso, en el destino, en el beneficio y el impacto. "Es decir, que el recurso tenga el impacto que realmente se pretendía al principio".

Giovanni Appendini recordó que el tema de los apoyos que entrega el gobierno a las cámaras o a las empresas está normado en ley, pero no existe regulación sobre el destino final del dinero público que llega a la iniciativa privada.

El presidente del CPC adelantó que las cinco personas que integran el Comité están por votar una recomendación no vinculante que se trabajó desde la perspectiva ciudadana para fortalecer el padrón único de contratistas.

"Porque en los temas de compras y de obras se concentra el 80 por ciento de la corrupción. Entonces, es un tema que no tiene ya para dónde hacerse, que tenemos que revisar, que tenemos que ajustar y que tenemos que corregir lo más pronto posible".

Una vez que el Comité de Participación Ciudadana vote la recomendación, tendrá que pasar al Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción, donde hay representación de autoridades del Ejecutivo, la Fiscalía y de los órganos de control interno de los municipios, para que se pronuncien sobre la propuesta que surge de la representación de sociedad civil.

Defienden romance político-empresarial

Ante la supuesta triangulación de recursos públicos desde la Concamin, liderazgos empresariales defendieron lo que, en su momento, el exgobernador Diego Sinhue describió como un “romance” entre la iniciativa privada y el gobierno de Guanajuato, por la relevancia del gremio empresarial en la generación de empleos.

“La realidad de las cosas es que siempre hemos trabajado en Guanajuato, y nos lo reconocen en todos los estados de la República, que hemos trabajado muy de la mano el gobierno con la sociedad civil. Las cámaras son indispensables, el estado se mueve gracias a que las empresas trabajan y que realizan su labor (...) Creo que está bien que las cámaras y los empresarios tengan injerencia, para eso son los consejos”, celebró Carmen Hernández Duarte, presidenta regional de la Canadevi. 

Asimismo, Roberto Novoa Toscano, presidente del CCEL, aseguró que el recurso otorgado desde el gobierno a las cámaras empresariales “acaba en las empresas, y las empresas son para generar empleos que mejoren las condiciones de vida de los ciudadanos”, dijo.

En el mismo sentido, el diputado panista Víctor Zanella Huerta defendió la relación del gobierno con la iniciativa privada, pues tiene como objetivo “fortalecer el vínculo para la generación de empleo y para poder construir un desarrollo para todos los niveles”. No obstante, remarcó, debe darse bajo un marco de transparencia. 

“Todo lo que abone a fortalecer la relación es positivo, si hubo algo negativo se tendrá que tener un proceso de auditoría, pero creo que la Concamin hace un buen trabajo en la parte de la representación social”, defendió.