Por Miguel Silerio para La Verdad Juárez

Ciudad Juárez — De ocupar un discreto escritorio en la Dirección de Obras Públicas, donde percibía poco más de 11 mil pesos mensuales y daba lectura a los fallos de licitación, Irvin Alonso Ruiz Orozco pasó, en un par de años, a convertirse en proveedor de obras millonarias del gobierno municipal de Juárez.

Sin experiencia previa en construcción, con maquinaria rentada y respaldándose en la cédula profesional de su colaboradora, entre 2021 y 2023 Irvin Alonso Ruiz Orozco acumuló decenas de millones de pesos en contratos de obra pública del gobierno de Cruz Pérez Cuéllar, como persona física. En ese proceso no estuvo solo: a su lado aparece la ingeniera civil Kenya Daniela Garibay Baca, quien primero se desempeñó como su residente de obra y posteriormente constituyó su propia empresa constructora, que lo relevó en la obtención de contratos millonarios en 2024 y 2025.

Ambos mantienen una estrecha cercanía política con el diputado federal Alejandro Pérez Cuéllar, hermano del alcalde de Ciudad Juárez. Fueron integrantes de su equipo de campaña en 2024 y actualmente participan en actividades partidistas y suelen acompañarlo en eventos públicos en Ciudad Juárez. 

En poco más de cuatro años, el gobierno municipal de Juárez adjudicó 20 contratos de obra pública a Ruiz Orozco y Garibay Baca por un total de 73 millones 887 mil 785 pesos.

Las adjudicaciones comenzaron tras el arranque de la primera administración municipal de Pérez Cuéllar y coincidieron con el fortalecimiento de los vínculos políticos, personales y partidistas entre los contratistas y Alejandro, legislador por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), quien ha mantenido presencia en asuntos municipales desde el inicio del gobierno de su hermano, aun sin ocupar un cargo formal en la estructura del Ayuntamiento.

El primer contrato llegó en noviembre de 2021, apenas dos meses después del inicio de la primera administración crucista. A partir de entonces, ambos comenzaron a acumular adjudicaciones de manera sostenida durante el trienio pasado y el primer año de la administración actual, de acuerdo con documentos oficiales.

Ruiz Orozco aseguró en entrevista que su relación con el diputado es únicamente política, como simpatizante del PVEM. Garibay Baca también señaló que su trato con el legislador es por colaboraciones partidistas voluntarias y no remuneradas. Sin embargo, publicaciones en sus redes sociales revelan que la relación va más allá de lo político: fotografías de cumpleaños, partidos de futbol y convivencias sociales muestran un lazo de amistad con el diputado federal y su equipo. 

Esa relación coincidió con la expansión empresarial de Ruiz Orozco y Garibay Baca entre noviembre de 2021 y diciembre de 2025, cuando sumaron contratos municipales para pavimentaciones, espacios deportivos, obras en escuelas, rehabilitación de edificios públicos y, principalmente, la construcción de parques.

Cuestionado al respecto, el diputado Pérez Cuéllar se limitó a responder que “desconoce” los contratos municipales otorgados a sus colaboradores y se negó a abundar sobre el tema y su relación con Ruiz Orozco y Garibay Baca. Tampoco respondió a solicitudes de entrevista.

Su hermano, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, aseguró que no existen irregularidades en la asignación de los contratos, sostuvo que los contratistas tienen derecho a participar en licitaciones públicas y minimizó el monto total asignado al compararlo con el total del presupuesto municipal.

Aunque autoridades y contratistas aseguran que no hubo irregularidades, especialistas en el tema, consultados para esta investigación, advierten que apegarse a la ley no excluye la posible existencia de irregularidades.

Entre las señales de alerta están la falta de experiencia de los proveedores –sobre todo en obra pública, donde se requieren capacidades técnicas específicas–, la participación de empresas recién creadas, la acumulación de contratos, las adjudicaciones directas y posibles vínculos previos entre contratantes y contratistas. También señalan que el caso exhibe la entrega de contratos municipales otorgados a pequeños grupos vinculados al poder. 

De empleado municipal a contratista y candidato del PVEM

Dos años antes de recibir su primer contrato, Irvin Alonso Ruiz Orozco trabajaba como empleado de confianza de la Dirección de Obras Públicas. Tras dejar ese cargo público y con el arranque de la gestión de Pérez Cuéllar, inició una carrera como contratista que le ha significado facturar 38.5 millones de pesos, de acuerdo con documentos oficiales, de 2021 a 2024.

Su ascenso como contratista de obra pública municipal coincidió con el inicio del gobierno de Cruz Pérez Cuéllar. Sin experiencia previa en la construcción, sin socios visibles y con maquinaria rentada —en su mayoría a la empresa Compañía Constructora Tres Cares, señalada en 2017 en una denuncia por corrupción contra exfuncionarios de la Junta Central de Agua y Saneamiento—, obtuvo su primer contrato municipal en noviembre de 2021, apenas dos meses después del arranque de la administración.

De acuerdo con las propuestas técnicas presentadas por Ruiz Orozco en las licitaciones, los documentos en los que la empresa Tres Cares se comprometió a rentar el equipo para las obras fueron firmados por Silvia Molina Baca, madre de Kenya Garibay Baca, quien aparece registrada como encargada del área de Ventas.

Ruiz dijo que renunció al gobierno municipal porque le “gustan mucho los negocios” y se hizo proveedor del municipio debido a que conoce la ley de obras públicas y “todos los procesos y lo que tenga que ver con la obra pública, al derecho y al revés”.

Cuando dejó su cargo en el gobierno, continuó, “fue ahí cuando dije: ‘pues si hay muchos que pueden hacer obra o que pueden hacer otro tipo de negocios que no sea nada más enfocado en su profesión, ¿por qué yo no lo puedo hacer?’”.

Las propuestas presentadas por Ruiz Orozco en los concursos municipales se presentaron en hojas que llevan un logo formado con las letras AR y la palabra Constructora, sin embargo, obtuvo los contratos como persona física, se pudo corroborar en los documentos revisados.

Ruiz Orozco egresó en 2018 de la Licenciatura en Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Posteriormente cursó la Licenciatura en Derecho en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y una maestría en Derecho Empresarial.

Su ingreso al gobierno municipal ocurrió en 2017, durante la primera administración del exalcalde Armando Cabada Alvídrez —actual diputado federal por Morena—, cuando fue contratado como asistente administrativo. Entre sus funciones se encontraba anunciar públicamente, en transmisiones oficiales por YouTube, los fallos de las licitaciones de obra pública. Renunció el 17 de septiembre de 2019, de acuerdo con información oficial solicitada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT). 

De forma casi paralela a su crecimiento como contratista municipal, Ruiz Orozco se integró activamente a la contienda electoral de 2024, no sólo como colaborador incorporado a la estructura de campaña de Alejandro Pérez Cuéllar, entonces candidato a diputado federal por la coalición Morena-PVEM-PT, sino como candidato a regidor por el Partido Verde.

En ese mismo proceso, Ruiz Orozco fue registrado en la cuarta posición de la planilla de regidores del PVEM y, aunque contendía por un cargo en el Ayuntamiento, su participación se concentró en la campaña del diputado federal, con presencia en cruceros, mítines y actos públicos junto a su equipo.

Desde entonces, ha mantenido presencia en actividades políticas tanto del legislador como de su hijo, Alejandro Pérez Escalante, quien dirige ese partido a nivel municipal desde octubre de 2024. 

De colaboradora al relevo como contratista

En marzo de ese año, Alejandro Pérez Cuéllar presentó a su equipo de campaña por el Distrito 04, entre cuyos integrantes figuraba Kenya Garibay Baca, designada como enlace con organismos y asociaciones.

Seis meses antes, en septiembre de 2023, Garibay Baca constituyó junto con su padre la empresa Construcciones y Servicios Industriales KIDA, de acuerdo con el Sistema de Gestión Registral de la Secretaría de Economía. Ese mismo año, Ruiz Orozco representó como abogado a Luis Armando Garibay —padre y socio de la ingeniera— en un juicio sucesorio.

Hasta entonces, Garibay Baca se había desempeñado como residente de obra de Ruiz Orozco entre 2021 y 2023. Nueve meses después de la creación de la empresa, KIDA comenzó a recibir contratos municipales. 

El 12 de junio de 2024, KIDA obtuvo su primer contrato por 5 millones de pesos para la rehabilitación de un parque. Y dos días después, el diputado Alejandro Pérez Cuéllar compartió en redes sociales una convivencia con su equipo de campaña, en la que aparecían Garibay Baca y Ruiz Orozco, acompañada de un mensaje de agradecimiento personal.

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En el transcurso de año y medio, KIDA recibió ocho contratos (cuatro en 2024 y cuatro en 2025) por un monto total de 35 millones 371 mil 747 pesos.

Ruiz Orozco declaró a La Verdad Juárez que entre febrero y abril de 2024 participó como simpatizante en actividades juveniles del PVEM por invitación del dirigente estatal Octavio Borunda Quevedo, aunque aseguró no ser militante. Señaló que trabajó en la Dirección de Obras Públicas entre 2017 y 2019, a cargo de procesos de licitación, elaboración de contratos y manuales de procedimiento, pero consideró que esa experiencia no le otorgó ventajas indebidas como contratista.

Afirmó haber renunciado al cargo antes de iniciar sus negocios privados y sostuvo que comenzó a concursar en licitaciones hasta finales de 2021. Reconoció haber rentado maquinaria a Tres Cares y haber trabajado con Kenya Garibay en algunos proyectos, aunque negó vínculos actuales con ella o con su empresa. Sin embargo, ambos estuvieron juntos en el primer informe legislativo del diputado Pérez Cuéllar.

También añadió que ha realizado obra privada y que participó como subcontratista en el programa de cuartos independientes durante el gobierno de Cabada, un programa que se mantuvo activo en la gestión 2016-2018.

El primer contrato de obra pública municipal que recibió Ruiz Orozco se firmó el 11 de noviembre de 2021. En esa licitación participó en asociación con la empresa Grupo Hageo, fungiendo como representante legal, y presentó la cédula profesional de Kenya Garibay como ingeniera civil, expedida ese mismo año.

Sin embargo, entre 2022 y 2023 acumuló otros 11 contratos municipales por su cuenta, como persona física y también con la cédula de su colaboradora.

En los registros oficiales, Ruiz Orozco reportó como domicilio una vivienda particular propiedad de su madre, en la colonia Los Nogales, donde ella habita, se pudo corroborar.

Tanto Ruiz Orozco como Garibay Baca se han registrado como proveedores ante distintas dependencias estatales. En 2023, él obtuvo dos contratos del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (ICHIFE) para la construcción de aulas y la rehabilitación de un terreno escolar, por un monto conjunto de 2.5 millones de pesos; y en 2025 ella recibió otros dos contratos del mismo organismo por 2.1 millones.

Fuera de esos casos, el resto de sus contratos públicos provinieron del gobierno municipal de Juárez.

La más reciente aparición pública de Ruiz Orozco ligada con el gobierno municipal ocurrió el pasado 4 de diciembre de 2025, cuando acompañó al regidor morenista Antonio Domínguez Alderete a presentar una denuncia contra el dirigente local del PAN, Ulises Pacheco Rodríguez, por los presuntos delitos de peculado y abandono de la función pública. La denuncia se presentó como respuesta a otra interpuesta previamente por el propio Pacheco en contra del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, a quien acusó de presunto nepotismo por tener a su cuñado, Ignacio Carmona, laborando en el gobierno municipal.

Domínguez Alderete explicó que la denuncia fue promovida de manera voluntaria y conjunta por él, Ruiz Orozco y una persona identificada como Cristian Domínguez, ante la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de la Función Pública, el Instituto Estatal Electoral y la Fiscalía Anticorrupción. 

20 obras y una bolsa de casi 74 millones

Entre las 12 obras adjudicadas a Ruiz Orozco destacan tres por sus montos: la construcción de canchas de futbol para el Club de Veteranos en El Chamizal (6.7 millones de pesos); la rehabilitación del Mercado Reforma, en la Zona Centro (6.4 millones); y la repavimentación de calles en la colonia Kilómetro 20 (5.9 millones).

En el caso de las canchas, el catálogo de conceptos muestra que más de cinco millones de pesos se destinaron a la instalación de 12 mil 500 metros cuadrados de pasto sintético. También se pagaron 140 mil pesos por cuatro porterías (35 mil cada una) y 133 mil pesos por un bordillo de concreto que delimita el perímetro de las canchas. 

En la remodelación del Mercado Reforma —proyecto seleccionado mediante el Presupuesto Participativo 2023— se asignaron más de 200 mil pesos al retiro de impermeabilizante de fibra de vidrio y más de 3.1 millones a la instalación de membranas TPO para impermeabilización. También se invirtieron más de 200 mil pesos en 330 metros de tapete de membrana, y más de 100 mil en protecciones para escaleras.

En 2022, Ruiz Orozco estuvo a cargo de la remodelación del Centro Municipal de las Artes, por la que recibió 3.4 millones de pesos, de los cuales 2.5 millones se destinaron a la impermeabilización de la losa de azotea.

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Por su parte, la empresa KIDA concentró sus contratos en la rehabilitación de parques públicos y obras en escuelas. Entre los proyectos de mayor monto se encuentran el mejoramiento de infraestructura en el plantel 11 del Colegio de Bachilleres, por 6.9 millones de pesos, y la construcción de instalaciones lúdico-deportivas en la Secundaria Federal 11, por 6.7 millones, ambas adjudicadas a finales de 2025.

En el parque Los Ojitos, adjudicada en 2024 por 5.3 millones, KIDA destinó casi un millón de pesos a juegos infantiles, 847 mil a andadores, 403 mil a aparatos de calistenia y 719 mil a mobiliario urbano.

En el parque de Infonavit Salvárcar, se invirtieron 219 mil pesos en un trepador, 75 mil en uno con forma de dinosaurio y 282 mil en seis mesas con malla sombra, a 47 mil pesos por unidad. 

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En el parque La Casita se pagaron 618 mil pesos por un andador de concreto, 113 mil por grava decorativa, más de 400 mil por juegos infantiles para niñas y niños con discapacidad, y 189 mil 547 pesos por ocho bancas de metal, con un costo unitario cercano a los 24 mil pesos. En comparación, en el parque del fraccionamiento Vizcaya se instalaron 11 bancas del mismo modelo, pero a 16 mil 159 pesos cada una, con un total de 177 mil 754 pesos.

Además, aunque la intervención en el parque La Casita concluyó en junio de 2024, al año comenzó a registrar signos de deterioro: juegos dañados, pintura desgastada y escombro en distintas áreas. Una situación similar se observó en el parque El Encanto.

De los 11 concursos de licitación que ganó Ruiz Orozco, su propuesta resultó la más barata en seis de los procesos; en dos casos hubo opciones más baratas y en tres fue el único participante. Además, obtuvo un contrato por adjudicación directa (el quinto que recibió, en octubre de 2022). 

Por su parte, la empresa KIDA, de Kenya Garibay Baca, presentó en 2024 y 2025 la propuesta más baja en las ocho licitaciones en las que compitió, en siete de ellas frente a un solo competidor.

Evaden y minimizan señalamientos

Para esta investigación se solicitó entrevista con el diputado Pérez Cuéllar a través de su vocero, pero no hubo respuesta. Sin embargo, durante la presentación de su primer informe de labores legislativas, el pasado 18 de octubre de 2025, al ser cuestionado por La Verdad sobre los contratos otorgados a sus colaboradores, el legislador se limitó a responder “desconozco”, para después negarse a responder más preguntas.

A Kenya Garibay Baca se le buscó también en la dirección registrada ante el municipio como proveedora, pero esta resultó ser un condominio habitacional cerrado, ubicado en el número 6010 de la avenida de los Insurgentes.

Tanto Garibay Baca como Ruiz Orozco asistieron al informe del diputado, donde se ubicaron en la zona preferente para invitados y se tomaron fotografías con él. En ese mismo evento, La Verdad Juárez cuestionó a la ingeniera sobre los contratos que obtuvieron ella y Ruiz Orozco. 

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Kenya Garibay reconoció su participación como contratista del gobierno municipal, así como su vínculo previo con Ruiz Orozco y con el diputado Alejandro Pérez Cuéllar. Sin embargo, aseguró que estas relaciones corresponden a “colaboraciones no pagadas”, por lo que rechazó tener una relación laboral con el legislador.

También confirmó la participación de su familia (particularmente de su madre) en la renta de maquinaria a través de la empresa Tres Cares y que las oficinas de KIDA se ubican en un complejo habitacional de acceso restringido.

Por su parte, el presidente municipal de Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, sostuvo, sin aportar pruebas, que no existen irregularidades en los contratos adjudicados a colaboradores de su hermano y dijo que, en todo caso, corresponde revisar licitación por licitación para determinar si se actuó conforme a la ley. 

“El hecho de que ellos hayan ayudado o no a mi hermano, pues tienen todo el derecho de hacerlo. O sea, no veo yo que haya en eso nada, absolutamente nada irregular, salvo que en alguna licitación hubiera algo ahí qué revisar”.

A pesar de que ambos contratistas no habían obtenido ningún contrato público hasta el inicio de su administración, el alcalde indicó que, en su conocimiento, “ellos se dedican a esto desde hace muchos años y tienen todo el derecho de participar como los demás constructores de la ciudad”.

Durante la entrevista, el presidente municipal tomó una calculadora para estimar el porcentaje de recursos asignados: 55.5 millones de pesos acumulados en cuatro años, cifra que —según dijo— representaba apenas el 0.16 por ciento de un presupuesto municipal cercano a los 34 mil millones de pesos entre 2021 y 2024. En su estimación quedaron fuera los contratos adjudicados a finales de 2025.

“A ver si lo publican así como es, vamos a ver (…) me parece que no es una cantidad significativa dentro del presupuesto. Por supuesto que no es poco, pero si lo relacionamos con el presupuesto, es mínimo. Hay que revisar cada licitación y revisar cada caso para ver si hubo alguna irregularidad. Por lo demás, tienen todo el derecho a trabajar como todos los juarenses”, afirmó.

Aunque el alcalde comparó la cifra de los contratos con el presupuesto municipal total por un monto cercano a los 34 mil millones de pesos, en los primeros tres años de su administración el gasto real ejercido fue de 24.6 mil millones.

De ese monto, hasta junio de 2024, apenas 3 mil 156 millones se destinaron a obra pública, mientras que más de 14 mil millones correspondieron a gasto corriente, incluidos 8.2 mil millones en nómina, y 4 mil 661 millones a bienes y servicios, entre otros rubros.