Solo seis años duró la idea de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo de crear una arrendadora con socios privados y participación del Instituto de Seguridad Social de Guanajuato para vender servicios al gobierno. “Fue una idea que el gobernador trajo de Singapur”, dice el Secretario de Finanzas, Héctor Salgado, quien busca deslindarse del tema.

En abril pasado, tanto el ISSEG como los socios privados, conseguidos tras muchos intentos, decidieron dar por terminada la aventura, que solo produjo rentabilidad marginal y se convirtió en una problemática herencia para la administración de Libia Denisse García.

Recibida con desdén por los empresarios a los que se invitó en las principales ciudades del estado y criticada desde su arranque por la oposición y voces de la opinión pública la iniciativa del ex gobernador, fue acatada sin objeción por los consejeros de ese organismo y desarrollada con total opacidad. 

“Todos los estudios la avalaron”, afirma Héctor Salgado Banda. Lo cierto es que el Consejo del ISSEG, presidido por él e integrado por los secretarios de Transparencia y Desarrollo Humano, Marisol Ruenes y Gerardo Morales; así como los dirigentes de la sección 45 del SNTE, Bertha Solórzano; del ASTAUG, Víctor Jiménez; del sindicato de burócratas estatales, Alejandro Rivera; y el titular del ISSEG, Ricardo de la Peña, dio su visto bueno en una sesión de noviembre de 2018, cuando apenas llevaban dos meses en el cargo. 

Cambio de visión

Tras un débil intento de justificar la inversión por parte de la gobernadora Libia Dennise García, en su programa de redes sociales “Conectando con la gente”, ella misma aclara que se trata de revisar aquello a lo que se va a dar continuidad y lo que se va a reorientar.

La directora del ISSEG, Judith Juárez, anunció el cierre el pasado 11 de abril, “por decisión de los socios privados”, después de la investigación periodística que develó su identidad y que trajo severas críticas al esquema mixto, a la falta de información y a los pobres resultados.

“No perdimos, se manejó con responsabilidad” dice la gobernadora. “Hay un rendimiento positivo, aunque es marginal”, dice la nueva directora del ISSEG, Judith Juárez. 

Sin embargo, queda claro que lo que fue una gran idea para Diego Sinhue, hoy es simplemente un dolor de cabeza del que se debe salir lo mejor librado posible.

Interrogada sobre el rendimiento comparado con el de los CETES, la directora Judith Juárez señala que en cifras preliminares lo superan, aunque lo sabrán cuando concluya la operación en 2026, una vez que se finiquiten los contratos vigentes. Sin embargo, aclara que las inversiones del ISSEG se encuentran en Bonos del Gobierno Federal a tasa fija por un periodo de 30 años, lo que da rendimientos superiores a CETES hasta en 1.5 puntos.

La funcionaria ha ofrecido hacer públicos los estados financieros de la empresa en fecha próxima, para dejar en claro que no hay nada que ocultar.

Cuando la orden viene de arriba

El consejo directivo del Instituto de Seguridad Social del Estado (ISSEG) aprobó en noviembre de 2018, solo dos meses después de la toma de posesión de Sinhue, la creación de la arrendadora financiera que a la postre se convertiría en GTO Leasing Service. “Fue una idea de Diego, que trajo de su visita a Singapur, cuando era gobernador electo”, confiesa el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda. “Yo lo único que hice fue recomendarle a Ricardo de la Peña como nuevo director del ISSEG, por su perfil”, añade.

“Todas las proyecciones mostraban que era una buena oportunidad”, defiende el funcionario, quien ha sido ratificado en su cargo por la actual gobernadora. Cuando se le interroga por qué no funcionó, evade el tema: “habría que preguntarle a Ricardo”, refiriéndose al ex director de ISSEG, economista del Tecnológico de Monterrey cuyo único nexo con Guanajuato era el de haber sido compañero de estudios de Salgado Banda y que se retiró del gobierno en septiembre de 2024 con una liquidación de 1.3 millones de pesos y muchos pendientes en su haber.

Y aunque la planeación original, avalada por la organización Transparencia Mexicana, pretendía dar a la arrendadora “alcance nacional” con la promoción de los servicios

de arrendamiento en los polos industriales del país, como un modelo que era “el primero en su género”, eso nunca ocurrió. A la postre, su único cliente fue la administración del propio gobernador que la creó.

Quizá por eso la gran idea de Sinhue arrojó resultados considerados por la actual directora como “una contribución marginal”, a las finanzas del ISSEG, lo que derivó en la decisión de cerrarlo el pasado mes de abril por iniciativa de los socios privados, Webb Murra y Yúdico Herrasti.

Ninguna de las metas planteadas en el proyecto se alcanzó con rapidez: la de incorporar inversión privada se prolongó hasta 2021, con una participación minoritaria de los socios, la cual se fue incrementando a lo largo de los años siguientes hasta alcanzar en 2023 el 50.5 por ciento.

El ISSEG, organismo responsable de las pensiones de los trabajadores de los tres Poderes del Estado, de la Universidad de Guanajuato y de algunos municipios, invirtió en la empresa de créditos y arrendamientos 142 millones de pesos de su fondo. Al momento de anunciar el cierre, por la decisión de los socios privados, la inversión del fondo de pensiones había disminuido a 47.7 millones de pesos. 

Vocación por la opacidad

PopLab realizó una serie de preguntas a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, sobre el papel del Consejo Directivo del ISSEG en las decisiones que llevaron a la creación, seguimiento y evaluación de GTO Leasing Service.

La respuesta de la Unidad de Transparencia del ISSEG recalca que en las actas del Consejo Directivo no se encontraron referencias sobre la gestión de GTO Leasing Service, textualmente dice: 

“En especial, no se encontró un acta conforme a la cual, en alguna sesión del Consejo Directivo se haya discutido, mencionado o hecho referencia al proyecto de mérito, a su análisis de viabilidad o a instrucciones de seguimiento ni se ubicó constancia documental relativa a la emisión de una aprobación, por parte del citado órgano colegiado, sobre lineamientos, criterios o parámetros para la evaluación del proyecto.”

No obstante, en documentos entregados ante otras solicitudes de información se pudo  confirmar que los consejeros del ISSEG estuvieron enterados y aprobaron la creación de una arrendadora financiera, autorizando los trámites que llevarían a su integración y funcionamiento, en noviembre de 2018. 

La Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato establece en su artículo 119 que el Consejo Directivo es “el órgano de gobierno del Instituto”. De acuerdo al artículo 102, fracción V de ese mismo ordenamiento, el Consejo Directivo “autorizará las estrategias y los proyectos de inversión en los que se requieran recursos de la reserva líquida, conforme lo dispuesto por la Ley, previo análisis de los Comités técnicos respectivos; (…)”.

El artículo 114 establece que el Instituto podrá: “Participar, por acuerdo del Consejo Directivo, en la constitución de fideicomisos, empresas o sociedades públicas o privadas, cuyo objeto permita el cumplimiento de los fines y atribuciones del Instituto.”

Salgado Banda responsabiliza a Diego Sinhue

Hoy, la empresa en cuestión, GTO Leasing Services, ha sido liquidada por decisión de sus socios privados, después de haber recibido una exposición mediática y cuestionamientos sobre las determinaciones de los funcionarios públicos, los resultados obtenidos y la cadena de responsabilidades en torno a su creación y funcionamiento.

Héctor Salgado Banda, secretario de Finanzas del anterior y del actual gobierno estatal, explicó en una charla privada -hasta ahora no ha aceptado una solicitud formal de entrevista-, que la decisión de crear GTO Leasing fue del ex gobernador Diego Sinhue Rodríguez, inspirado por un viaje de trabajo a Singapur, en el arranque de su sexenio.

Salgado reconoció que fue quien recomendó a Ricardo de la Peña Rodríguez, un ex compañero de carrera en el Tecnológico de Monterrey, para la titularidad del ISSEG en la administración de Sinhue.

La ley del ISSEG establece que el secretario de Finanzas preside el consejo directivo, máximo órgano de gobierno del ISSEG. Sin embargo, Salgado Banda reconoció que no asistió a la mayor parte de las reuniones durante el pasado sexenio: “¿Sabes cuántos consejos presido? No tendría tiempo para ir a todos”, le dijo a PopLab.  

El funcionario rechazó enfáticamente ser el autor de la idea de crear una arrendadora. “Fue Diego”, insistió.

El consejo directivo del ISSEG lo integran, además de Salgado Banda, la persona titular de la Secretaría de la Transparencia, espacio que ocuparon Marisol Ruenes, Carlos Martínez Bravo y  Arturo Godínez, sucesivamente; la persona titular de la Secretaría de Desarrollo Humano, donde estuvieron Gerardo Morales, Jesús Oviedo y Libia García;  la persona dirigente de la sección 45 del Sindicato de Trabajadores de la Educación, lo fueron Bertha Solórzano y Rigoberto Macías; el de de la Asociación Sindical de Administrativos de la Universidad de Guanajuato, Víctor Jiménez; el de la Federación de Trabajadores del estado y los municipios, Alejandro Rivera; y el director del ISSEG, Ricardo de la Peña.

Aunque Salgado Banda se ausentó frecuentemente de las sesiones, acudía su suplente, el subsecretario de finanzas e inversión, Edmundo Alain Soto Torres, según confirma la actual directora del ISSEG, Judith Juárez.

ISSEG oculta información clave 

El ISSEG niega contar con información clave sobre GTO Leasing Services, pese a que por ley debería tenerla documentada. A través de una solicitud de información, se pidieron todos los documentos, análisis, minutas y evaluaciones realizados por los comités internos del Instituto desde la planeación hasta el cierre del proyecto. Sin embargo, el ISSEG entregó documentos generados una vez que la empresa ya estaba constituida, como actas, publicaciones en medios e información financiera.

Los estados financieros entregados están testados en su mayoría, con el argumento de que revelar los montos de inversión pondría en riesgo datos personales de los inversionistas. No obstante que los nombres se encuentran ocultos, por lo que no existe justificación legal para negar el acceso a montos que involucran recursos públicos. La Ley de Transparencia establece que toda información relacionada con el uso de dinero público debe ser pública, sin excepción.

Además, el ISSEG aseguró que sus comités internos —entre ellos el de Inversiones Financieras, Riesgos Financieros y Evaluación de Proyectos— no generaron documentos propios sobre GTO Leasing. Esto contradice sus atribuciones legales, que les obligan a analizar, evaluar y dar seguimiento a toda inversión con dinero de las reservas del Instituto. Dado que la inversión fue aprobada por el Consejo Directivo, tuvo que haber pasado por estos órganos técnicos, cuyas opiniones debieron quedar registradas.

El Instituto respondió “sin que obre en los archivos de este organismo algún otro documento, informes, presentaciones, minutas, actas, análisis, opiniones técnicas, correos electrónicos institucionales, comunicaciones o registros generados por la comisión de mérito específicamente relacionados con GTO Leasing, toda vez que sus opiniones y los resultados de las revisiones de información que tienen a cargo se materializan a través de las intervenciones de sus representantes en las sesiones del Consejo Directivo”.

Se abrirán los estados financieros: Judith Juárez

Ya al cierre de esta nota, la directora del ISSEG aclaró en una charla con PopLab que hay instrucciones de total apertura para dar a conocer los pormenores del funcionamiento y los resultados de GTO Leasing Service.

Aclara que ella no asistió como suplente de Salgado Banda al consejo directivo del ISSEG, salvo un par de ocasiones en el sexenio, por lo que no tuvo seguimiento de las decisiones que llevaron a la integración de la empresa y a su evolución, hasta que llegó como directora de la institución.

Después de revisar los resultados por encargo de la gobernadora, Juárez da cuenta de que “hubo utilidades, pero estas son marginales”. Dado que es poco lo que está contribuyendo al instituto y al deseo de los socios privados de concluir el negocio, se tomó la decisión de cerrar operaciones, las que continuarán por efecto de contratos en marcha, hasta agosto de 2026.

La funcionaria agregó que no se ha hecho decreto de dividendos, por lo que las utilidades, están en las cuentas bancarias de la empresa. Lo único que se decretó en 2024 fue una disminución de capital, por eso se tiene 47 millones y queda pendiente definir cómo se va a concluir y cómo va a ser el reparto de utilidades.