El gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo por terminar se enfila a su cierre como arrancó: con el territorio estatal sembrado de sitios de inhumación clandestina y organismos como la Fiscalía, la Comisión Estatal de Búsqueda o la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos que no logran garantizar la no repetición para miles de víctimas, como lo ejemplifica el más reciente hallazgo de fosas masivas de inhumación clandestina de personas en Abasolo.

Integrantes de colectivos coinciden ante estos hallazgos en que el crimen organizado se sigue adueñando y manteniendo territorios como sitios de exterminio y ocultamiento de sus víctimas, sin que las autoridades logren frenarlos o sin que el trabajo que realizan garantice poner un alto al fenómeno de la desaparición.

Los últimos sitios de ocultamiento masivo fueron ubicados en Abasolo, donde en un primer punto a principios de mayo se recuperaron restos óseos pertenecientes a unas 21 personas en el patio de una casa del Residencial Campestre Los Álamos. Pero de ese mismo lugar, en el 2021 la Fiscalía General de Guanajuato exhumó al menos 11 cuerpos.

Por otro lado, en Salvatierra, la reciente localización de un cráneo completó el cuerpo de una de las 80 personas cuyos restos fueron encontrados frente al parque El Sabinal, en una de las fosas masivas más grandes hasta ahora descubiertas por las madres de los desaparecidos. Mientras que los colectivos lograron también ubicar pertenencias de un hombre que estaba reportado como desaparecido. Todavía pasaron tres semanas para que finalmente la persona fuera localizada sin vida en Tarimoro.

Todo esto evidencia que el trabajo de la Fiscalía general del estado en esas fosas no ha sido completo y no ha garantizado la no repetición de estos delitos. Para el académico e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia de Guanajuato, Fabrizio Lorusso, se trata de un ocultamiento masivo de los cuerpos por parte de los grupos criminales que ha operado a manera de “disciplinamiento social”, que se instauró en el estado desde hace por lo menos 15 años, “y sigue creciendo”.

Esto es resultado, dice, de “un problema de crimen organizado, pero también de crimen autorizado”. Es decir, de acuerdos, de redes mafiosas que funcionan ante los ojos de autoridades municipales, estatales y federales.

La herencia que queda es muy pesada “porque son más de 4 mil desaparecidos, seis o siete veces más que hace seis años. Los sitios de exterminio y las fosas clandestinas en más de 30 municipios, en todos lados que no paran y siempre ese patrón (de la fiscalía) de ocultar una parte de esta realidad, que no abona”.

Por otra parte, el paso de Vicente Esqueda por la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, otro de los organismos involucrados en los procesos de justicia y acompañamiento a familiares de personas desaparecidas, fue fugaz en varios sentidos. “Quedó con adeudos para todos”, señala Olimpia Montoya, buscadora de su hermano Marco Antonio Montoya, desaparecido el 18 de marzo de 2017, e integrante del colectivo Proyecto de Búsqueda.

Esqueda, quien acaba de abandonar este encargo como ombudsman del estado para convertirse en magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa por deseos del gobernador Diego Sinhue Rodríguez, “deja mucho qué desear” al frente de la Prodheg, señala Montoya, quien recuerda como algunas acciones de apoyo cursos de autocuidado que el organismo ofreció a las buscadoras.

“El personal sí estuvo atento, pero más por su iniciativa que por él; se le vio en pocas reuniones, no creo que haya tenido la mayor disponibilidad estando en el cargo”, señaló la buscadora, quien ha buscado con apoyo de otras instancias de la sociedad civil (como el Centro Prodh) escalar en acciones institucionales para la búsqueda e identificación de personas, como el amparo que obtuvo para obligar a la FGR a la creación del Banco Nacional de Datos Forenses.

La Plataforma por La Paz y Justicia en Guanajuato ha contabilizado más de 550 fosas clandestinas en 30 de los 46 municipios del estado. El 80% de éstas corresponden a los últimos cuatro años.

Pero este número sigue creciendo con la labor de buscadoras como las integrantes de la Brigada independiente de búsqueda de personas (del colectivo Hasta Encontrarte): ocho días después de la localización de los cuerpos en la casa del residencial campestre Los Álamos, a sólo seis kilómetros de distancia, a la orilla de la comunidad San Bernardo Peña Blanca, se toparon con seis fosas más, de las cuales se exhumaron los cuerpos de cinco hombres y una mujer. Se logró la restitución de los restos de dos de estas víctimas a sus familias en Abasolo.

A la fecha, la brigada ha logrado encontrar los restos de más de 206 personas, que en muchos casos ha descubierto cavando con sus propias manos.

La “casa blanca”, panteón clandestino en Abasolo

La música guapachosa se pierde entre los ruidos de un martillo topando con el concreto: es el sonido que acompaña a los trabajadores de la construcción del interior de una vivienda a escasos 15 metros de una casa blanca, a medio construir, rodeada por las privadas Ficos, Ciprés y la calle Circuito Los Álamos. Lo poco que se sabe es que el dueño del fraccionamiento falleció y por ello la mayoría de las casas y predios quedaron sin ocuparse.

En su interior se habilitó un panteón clandestino.

El jueves 9 de mayo, las integrantes de varios colectivos de búsqueda de personas y madres rastreadoras acordaron con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas revisar la casa blanca del residencial Los Álamos, punto al que habrían llegado por el reporte de una madre que no pertenece a ningún colectivo, pero busca a su hijo desaparecido. Ese día localizaron elementos óseos que correspondían a dos cuerpos.

Las calles de la colonia lucen solas y descuidadas. La mayoría de las casas están destruidas, pero entre ellas resaltan dos casas cuidadas y pintadas que denotan que viven familias. Al entrar por la avenida principal, a unos 500 metros está lo que un día planearon que sería la casa club: aún resalta la alberca entre la maleza, el escombro y la tierra que poco a poco van cubriendo la alberca soñada.

Las buscadoras regresaron al lugar el 10 de mayo; varias de ellas buscan a hijos o hijas desaparecidas. La agente del ministerio público en Abasolo -de quien no supieron el nombre- en un inicio no les permitió la entrada porque según la funcionaria “contaminarían” la zona, según dijeron algunas (de quienes se omitieron sus nombres por seguridad). Ejercieron presión hasta que las dejaron ingresar, argumentando su derecho a participar como víctimas indirectas de la desaparición.

Entraron por un boquete entre los ladrillos de la parte de atrás de la casa blanca; debieron quedarse observando a unos cuatro metros de distancia; les ordenaron no tomar fotografías y así presenciaron la exhumación de osamentas correspondientes a 16 cuerpos, entre los indicios óseos había ocho cráneos. Así fue el día de las madres para ellas.

El fin de semana no pudieron regresar porque, dijeron, el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda no trabaja los fines de semana” y además, a donde vayan deben terminar las búsquedas a las 16:00 horas, cuando termina el horario laboral de los funcionarios. La policía municipal de Abasolo quedó a cargo del resguardo de la zona.

La Brigada Independiente de búsqueda de personas del colectivo Hasta Encontrarte regresó el lunes 13, pero la custodia local no las dejó ingresar porque no asistió el personal de la Fiscalía General de Guanajuato. Entonces las buscadoras se retiraron del lugar y revisaron otros puntos en la ciudad. Algunos testigos informaron que para la Fiscalía el lugar ya estaba cerrado “por eso no asistieron”.

El martes 14 regresó la Brigada, pero esta vez acompañada de otros colectivos; realizaron prospección en los alrededores de la casa, y con el señalamiento de algunas rastreadoras, la Fiscalía realizó la recuperación de tres cuerpos más.

De las diversas fosas en el patio de la casa blanca resalta la construcción de una alberca, a un costado de la cual los cuerpos fueron encontrados apenas a 50 centímetros de profundidad, separados entre sí por 30 a 40 centímetros. Ese día se exhumaron ocho esqueletos completos y otros fragmentos. En total localizaron 21 cuerpos.

El municipio de Abasolo solo activó a dos policías municipales para cuidar la zona una vez que ingresó la Fiscalía. El gobierno municipal se negó a hablar sobre estos hallazgos y sólo asumió que es una investigación a cargo de la Fiscalía.

El miércoles 15, la Fiscalía dió por terminado el trabajo en ese sitio. Pero fue hasta seis días después cuando emitió un comunicado sobre los hallazgos, y en él afirmó que había trabajado con las familias, cuando en realidad fue la presión de las buscadoras la que obligó a esta instancia a acudir al lugar. La FGE tampoco informó el total de las fosas excavadas ni el número de cuerpos localizados.

La Fiscalía tampoco dijo que en el 2021, del mismo patio de la casa blanca fueron exhumados entre 13 y 15 cuerpos, informaron integrantes de los colectivos. Fuentes al interior de la dependencia informaron a Poplab.mx de forma extraoficial que fueron 11 cuerpos los exhumados en ese año. Las buscadoras desconocen cuántos de estos restos han sido identificados y si fueron entregados a sus familias.

Las buscadoras saben que la descomposición de un cuerpo depende del tipo de tierra en la que esté sepultado. En el sitio de Abasolo, la tierra “es una tierra seca, no estaban (enterrados) tan profundo, se descomponen más rápido”. Karla Martínez, de la Brigada independiente de búsqueda, dijo desconocer si los cuerpos hallados recientemente en la casa blanca fueron allí ocultados después de la primera incursión de la Fiscalía en el 2021, o de plano la Fiscalía “nada más sacó los primeros y ya no buscó más”.

Para Angélica Almanza, de “Ángeles de Pie Por Ti” -colectivo que surgió por las desapariciones en Salvatierra y que en el 2020 realizó uno de los hallazgos más grandes en el estado-, “no sabemos si son pequeños fragmentos (óseos) que se quedaron desde el 2021 o son nuevos”. Ahora las familias esperarán la confronta genética y “ver si ya estaba identificado, si pertenece a un hallazgo pasado o reciente”, pero las madres de personas desaparecidas en Abasolo tienen “mucha esperanza en que puedan ser sus hijos”.

La desconfianza de las buscadoras por el actuar de la Fiscalía surgió porque han buscado, encontrado y exhumado cuerpos de lugares donde la autoridad ya trabajó, como pasó en la comunidad Nueva Loma de Flores en Salamanca, donde Lupita (en cautiverio) logró hablar con su madre para despedirse e informar de estas fosas.

Leer: Brigada Independiente de buscadoras: hallar a quienes la autoridad no encuentra

Poplab buscó a Héctor Díaz Ezquerra, comisionado de búsqueda en el estado, quien no aceptó la entrevista y optó por enviar una ficha informativa a través del área de comunicación de la Secretaría de Gobierno. Confirmó que en Los Álamos se encontraron restos de 21 personas “en reducción esquelética” y que, para descartar el punto “se les permitió a las familias constatar que no había más elementos óseos”. Según el funcionario, el personal de la FGE trabajó el 8 de mayo con la planeación, y los días 9, 10, 13 y 14 estuvo en la zona. Sin embargo, Poplab acudió el día 13 al lugar y sólo estaba la policía municipal.

La casa blanca se encuentra a pie de carretera; al lado derecho están las instalaciones de un balneario que hace unos dos años era visitado por decenas de familias. Hoy es privado.

Para el colectivo Ángeles de Pie por Ti, la autoridad debe resguardar los predios que vuelven a ser usados por el crimen organizado para el ocultamiento de cuerpos de sus víctimas, “arrebatarlos, tienen todas las de la ley. Son fosas clandestinas, no entiendo por qué se tiene que ser tan consecuente con los dueños, tan permisivos en todos lados”.

De acuerdo con datos de la Comisión Estatal de Búsqueda, 1 mil 369 personas están reportadas como desaparecidas en los municipios de Abasolo (71), Pénjamo (136), Pueblo Nuevo (20) e Irapuato (1,142).

Fosas cercanas

El hedor a muerte envuelve el ambiente. A la orilla de la comunidad San Bernardo Peña Blanca está una iglesia de la que sobresalen sus cúpulas amarillas, al frente un camino de tierra y piedras que obliga cruzar el río seco y los sembradíos de maguey para llegar al bordo que utilizan para almacenar agua. De ahí se desprende el olor cuando con sus manos, palas y picos las integrantes de la Brigada independiente de búsqueda de personas del colectivo Hasta Encontrarte excavan al menos en seis puntos, muy cercanos unos de otros, para recuperar cuerpos de cinco hombres y una mujer.

El lugar se ubica a escasos 5 minutos en auto de la casa blanca del residencial abandonado de Los Álamos. Parece que nadie vio nada; desde sus ventanas, vecinos sólo miran cómo ingresan y salen de las calles personas desconocidas; otros caminan, pero nadie se detiene. Esto pasa mientras las rastreadoras, con sus manos, sacan la tierra para encontrar restos óseos.

En un instante se escuchan impactos de arma de fuego a lo lejos. Estos sonidos inconfundibles ponen en alerta a las buscadoras que detienen sus labores, levantan su cabeza mirando a la distancia, luego; cuando vuelve el silencio, reanudan sus labores. Horas después, el Servicio Médico Forense recoge los cuerpos.

Para fines de mayo, informó la Brigada, dos personas fueron identificadas por sus familiares debido a los tatuajes y algunas ropas, cuyas fotos subieron a sus redes sociales. Con estos hallazgos suman más de 212 cuerpos encontrados en al menos dos años por la Brigada Independiente.

El lunes 13 de mayo, después de los hallazgos en Abasolo, las colectivas y la Comisión Estatal de Búsqueda llegaron a la parte de arriba del cerro que se ubica junto a la Laguna de Yuriria y, tras varios minutos de inspeccionar la zona, dieron con el primer hallazgo del cuerpo de un hombre, luego otros dos y finalmente el cuerpo de una mujer.

No repetición, un compromiso sin cumplir: el caso Salvatierra.

“Este lugar (en Salvatierra) lo sigue utilizando el cártel de Santa Rosa de Lima para hacer sus fechorías ...es como no querer ver la realidad. Este es un problema de los tres niveles de gobierno que siguen siendo permisivos porque no está bordeado, no está asegurado, no tiene vigilancia”, dice la buscadora Angélica, del colectivo Ángeles de pie por ti, sobre la enorme fosa clandestina descubierta en noviembre de 2020 por familiares en Barrio de San Juan, en un predio particular de unos 600 metros, en este municipio.

El colectivo cumplió con lo que consideraba una deuda pendiente en este sitio; en junio de 2023 realizó una prospección en el lugar de donde a partir del 2020 se exhumaron un total de 80 cuerpos, y encontró el cráneo faltante de un hombre hallado hace tres años en Tarimoro.

“Cuando íbamos a ese predio encontramos estrellas de 5 picos, dibujos adorando a la santa muerte, veladoras, nunca imaginamos que él cráneo que nosotros buscamos pudiera estar incrustado entre las piedras…un especie de ritual satánico”.

En ese mismo lugar localizaron una cartera con la identificación de una persona, un celular, zapatos y otras pertenencias, que corresponden a un hombre con reporte de desaparecido de la colonia División del Norte de Salvatierra ‘Pueblo Mágico’. Hoy la carpeta que se inició por la desaparición de esta persona pasó a ser una investigación por homicidio, pues tres semanas después de encontrar sus pertenencias, fue localizado sin vida en el municipio de Tarimoro.

Angélica lanza este mensaje al dueño del predio donde se ubica este sitio de exterminio y ocultamiento humano: “¿Hace cuatro años no te diste cuenta (de que) enterraron muchas personas, fue una masacre, un lugar de exterminio? ¿Y ahora por qué no hiciste algo por bordear tu predio, cuidarlo?”.

“El municipio también lo sabía y no hizo nada”, enfatiza. Ahora, el colectivo pide a las autoridades que le entreguen el predio para realizar un sitio de memoria, porque hoy sigue siendo usado como centro de exterminio, “ahí están las pruebas”, dice.

De los 80 cuerpos encontrados en las fosas de Salvatierra, la autoridad ha hecho la restitución de entre 60 y 65 identificados a sus familias. Se desconoce el número exacto porque varias ya no continuaron en el colectivo “por miedo a represalias de los cárteles”. Aunque todos están identificados al tener la Fiscalía las muestras genéticas “sabemos quiénes son, pero no se cuenta con un familiar para la comparación genética, lo cual nos puede decir que es gente de otros estados, incluso de otro país”, explicó Angélica Almanza.

Los homicidios y desapariciones en Salvatierra no han parado. Sólo entre el 8 de marzo y el 15 de mayo pasados desaparecieron seis mujeres, que días después fueron localizadas sin vida. “Una fue encontrada en partes en diversos días. La fueron dejando en partes en la zona centro. Salvatierra está plagada de Guardia Nacional y Sedena y siguen los homicidios uno o dos a diario. Es un llamado de atención al municipio, el estado, la fiscalía, prevención del delito. No hay un análisis de contexto”, reclamó la buscadora del colectivo Ángeles de pie por ti.

Los datos oficiales sobre las desapariciones en este municipio son contradictorios con otros reportes. Por ejemplo, cita, en 2020 se iniciaron las búsquedas por siete carpetas de investigación, pero ese año la Fiscalía tenía entre 30 y 40 denuncias por desapariciones. Y cuando se localizó el sitio de exterminio en el Barrio de San Juan, y se solicitó a la población que acudiera a entregar pruebas para la confronta genética, se presentaron 250 familias. “Ningún número coincide con nada”, dice.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en Salvatierra han sido reportadas 60 personas desaparecidas y no localizadas de 2005 a la fecha; el pico comenzó en 2018, año en el que fueron reportadas 10 personas en esa condición.

Después del hallazgo de la mega fosa en el barrio de San Juan, otras 20 personas han sido reportadas como desaparecidas en este municipio.

Crimen organizado, crimen autorizado: las deudas de la FGE

Las fosas clandestinas en Abasolo confirman la crisis humanitaria en la que está inmerso Guanajuato por la desaparición de personas, con más 550 fosas identificadas del 2009 al 31 de marzo del 2024, en 30 de los 46 municipios del estado.

En el caso de Abasolo y los municipios aledaños, los reportes de desapariciones han variado en los últimos años.

El 80% de las fosas localizadas en el estado datan o fueron ubicadas en los últimos cuatro años, dice Fabrizio Lorusso, académico e integrante de la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, quien define el desempeño del fiscal Carlos Zamarripa y su equipo como “gris”, porque, entre otras cosas, falta que la FGE publique los registros públicos obligados por Ley.

“Si esto no es una crisis entonces no sé cómo llamarle”, dice. El patrón que han encontrado en las fosas es el “ocultamiento masivo, diacrónico; no es un evento, incidente, es continuo y esto habla de redes mafiosas consolidadas hace cinco, 10 años en la entidad”, explicó.

El ocultamiento de los cuerpos es usado como “disciplinamiento social (que) se instaló en la región, quizás hace 15 años por lo menos”, pero sigue creciendo imparablemente, agrega el académico e investigador, “bajo los ojos cómplices de diferentes autoridades; municipales, estatales y con conocimiento en los últimos 4 años (de autoridades) federales”.

Esto ha sido “un problema de crimen organizado, pero también de crimen autorizado; funciona a través de acuerdos, colaboraciones con varios niveles de autoridad y del mundo empresarial, ya sea bajo amenaza o colaboración. Muchas veces son actos y hallazgos funcionales (para) el mantenimiento de negocios de todo tipo ilegales, como la extorsión, narcotráfico, esclavitud y trata”.

Aunque también menciona entre las actividades irregulares relacionadas los esquemas de préstamo, negocios legales, pero que funcionan de cobertura o lavado, operan para grupos criminales. “Hay intereses económicos, no solo políticos, administrativos”, señaló.

Para contrarrestar la crisis humanitaria, plantea Lorusso, ésta no debe ser tratada de forma marginal, porque se cruzan intereses económicos, estructurales, políticos, violaciones de derechos humanos, crímenes, entre otros.

La Fiscalía General de Guanajuato y la Comisión Estatal de Búsqueda comparten responsabilidad por los grandes pendientes, dice. Y todavía pueden realizarlos sin esperar al cambio de administración. Por ejemplo, instaurar el registro de personas fallecidas y de datos forenses, y sobre todo el de personas fallecidas no identificadas, porque sobre éstos la FGE no ha creado una versión pública.

También el registro de fosas comunes y clandestinas y el de desaparecidos, que corresponden a la Comisión de Búsqueda y no han salido; aunque ninguno de estos se puede hacer sin colaboración de la Fiscalía; “tienen una responsabilidad mayor en el impulso de sus registros en colaboración con la Comisión de búsqueda para hacerlos efectivos”, explicó.

También está pendiente el registro de protección a buscadoras; la exhumación en panteones municipales, así como la identificación. En esto, la Fiscalía “sólo ha aparentado trabajar con las familias a pesar de que se ponen en la agenda de las mesas de trabajo entre autoridades, colectivas y sociedad civil, pero no se concretan al no firmarse los acuerdos en papel.

En lugar de estas complicaciones podrían implementarse medidas acordadas con las buscadoras y familiares en el trabajo de campo. Esto evitaría que sucedan cosas como en las fosas de Abasolo, donde las buscadoras tuvieron que ejercer presión para ingresar.

La actitud de autoridades como la Fiscalía, “deriva de una inercia institucional y una aplicación petulante de protocolos técnicos y las ganas de imponer un poder en un sitio políticamente, humanamente disputado, como es la fosa clandestina”, afirma el académico.

Más allá del descuido institucional, la FGE no ha generado confianza en que sí va a trabajar en un punto hasta encontrar el último cuerpo que esté, y sí se ha apresurado en cerrar los puntos de hallazgos. Al no confiar en la autoridad, las rastreadoras y buscadoras independientes han regresado y han encontrado más cuerpos.

Aunque el esclarecimiento histórico de estas desapariciones no es sólo competencia de la Fiscalía general, ésta no ha contribuido y “también el gobierno directamente se ha opuesto hasta ahora a crear un sitio de memoria Salvatierra que abonará a la reparación, a la no repetición y a la memoria, tres pilares de los derechos humanos de estos casos”.

Los pocos aciertos que ha tenido la Fiscalía han sido logrados por la presión social, de los colectivos, incluso de instituciones como la Comisión Nacional de Búsqueda, la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Derechos Humanos, que han “señalado las carencias graves en el estado”. A ello se suma la politización del tema, en el contexto de la disputa entre la federación o el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobierno de Guanajuato, o propiamente, el Fiscal Carlos Zamarripa, señala Fabrizio Lorusso.