Con información de Edith Domínguez, Martha Silva y Carmen Pizano

En esta tierra “No vale nada la vida”, así lo detalló en sus estrofas José Alfredo Jiménez hace 64 años; pareciera que el compositor se adelantó al tiempo que hoy día vive el estado de Guanajuato: los aplausos por cortes de listón de alguna nueva planta industrial han sido remplazados por aplauso de despedida y lágrimas de tristeza de aquellos habitantes que, por cientos, cada mes han tenido que sepultar a sus hijos, padres, madres y abuelos, asesinados principalmente por armas de fuego.

Las lágrimas de muchos se han vuelto de frustración por haber sido obligados, en medio de su tristeza, a defender el honor de quien ya no está, solo porque sus seres queridos estuvieron en un lugar el día y hora equivocados.

Porque, pese a la apresurada explicación de las autoridades, no todas las víctimas tenían antecedentes penales, hay algunas inocentes, las llamadas víctimas colaterales, que rompen el esquema armado para explicar el deterioro de la seguridad pública en los últimos años culpando a la guerra entre grupos criminales.

Al discurso oficial, hoy se suma el festejo por la aparente “baja” en las estadísticas estatales de homicidios dolosos en abril, con cifras preliminares y sin que esta sea significativa. Mientras, más de 700 carpetas de investigación con 947 casos de homicidio doloso, ocurridos en el trimestre enero-marzo, aguardan a que llegue su turno para ser resueltas.

Todo esto ocurre en medio de un espiral ascendente de asesinatos, los cuales no son bien atendidos (sean de delincuentes o víctimas colaterales) por la falta de infraestructura y de personal en la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, ante la desesperación de familiares de afectados por una “mala racha” que ya duró años.

Las víctimas: “El Bigotón”

Y sí, aquí “la vida no vale nada”. Lejos quedó el orgullo con el que Juan Carlos Mancilla, chofer del transporte público en la ciudad de León, conocido entre amigos y compañeros como “El Bigotón”, manejaba su camión LE-1057 en las corridas a Delta.

El pasado 25 de abril, en la ruta A45 al cumplir con su turno, hizo una parada en la Avenida Olímpica de la colonia San Francisco, donde una bala perdida lo hirió en el pecho y le arrebató la vida.

Foto: cortesía

El proyectil provenía de un ataque de motociclistas contra dos jóvenes que intentaron cruzar la calle y fueron sorprendidos al caminar frente al camión.

El asesinato del también padre de familia causó indignación. Horas después, los restos de "el Bigotón" descansaba ya en su ataúd. Sobre este, sus seres queridos colocaron unas caguamas, tequila, un camioncito de juguete en recuerdo suyo, mientras un ramo de flores blancas enviado por una taquería se marchitaba con el calor.

Sus compañeros portaron dignos su uniforme cuando se reunieron para despedirlo en camino a su última morada, mientras gritaban consignas de exigencia de “Justicia para Mancilla”. Y moños negros colgaban de la defensa amarilla del autobús que Juan Carlos no volverá a manejar.

Celebran baja de 23 homicidios

El análisis de las cifras por la violencia puede parecer frío, pero no por ello menos estremecedor.

El periodo enero-marzo de 2019 fue el más violento en la historia de México: 8 mil 493 asesinatos a nivel nacional, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El estado de Guanajuato encabezó el conteo, con 947.

Gráfica: MexicoSocial.org

Esto da un promedio de 10.5 homicidios por día, cifra más alta registrada para el primer trimestre del año en la historia reciente del país para cualquier estado de la República. El año pasado, Guanajuato ocupó el primer lugar nacional con 3 mil 290 víctimas de homicidio, un incremento anual del 131 por ciento respecto a 2017.

No obstante, hace unos días, el gobierno de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo presentó cifras preliminares sobre los homicidos dolosos en la entidad, las cuales aún tendría que enviar al SESNSP, que hace el acumulado nacional. En ellas, registra 291 casos para abril, lo que serían 23 víctimas menos respecto al mes anterior (marzo), pero 28 más que el mismo mes del año pasado, lo que mantiene a Guanajuato como el primer lugar nacional en asesinatos.

Una comparativa más amplia, de los cuatro primeros meses de 2018 y 2019 da un panorama más amplio: un incremento de 23 por ciento en el número de víctimas.

No obstante la evidencia, el gobierno estatal declaró hace unos días su beneplácito por ir “en la ruta correcta”, y que la baja en asesinatos registrada en abril es por “resultados (obtenidos) tras operativo y estrategia ‘Golpe de timón’”, que incluyó la intervención de la comunidad de Santa Rosa, en el municipio de Villagrán, “sitio identificado como sede de una organización delictiva”.

El comunicado de prensa aseguró que “Además de la contención de homicidios, se logra la disminución de la capacidad de fuego de las organizaciones delictivas, traducido en el aseguramiento de armas de fuego”, sin embargo, no brindó cifras concretas sobre este último dato.

Destaca que las autoridades estatales eligieran comparar el periodo febrero-abril, cuando tradicionalmente se utiliza para recuentos trimestrales el periodo enero-marzo, contabilizando a abril en el segundo trimestre, y más tomando en cuenta que aún no existen datos oficiales para el mes recién concluido, ya que será hasta el 20 de mayo cuando el SESNSP haga el corte de delitos denunciados para el mes de abril.

Infografía: Juan José Plascencia

Sin embargo, el optimismo oficial no es compartido por todos.

La diputada local por el Partido Verde, Vanessa Sánchez Cordero, publicó un tuit donde mostró una tabla con cifras comparativas de asesinatos en el estado, donde comentó que le parecía aventurada la conclusión del gobierno de Diego Sinhue, pues la baja en las cifras no era significativa respecto el incremento desde años anteriores; “no da para festejar”, dijo.

Las víctimas: Dos guardias, Luis y Gonzalo

El sufrimiento por la muerte de seres queridos en el municipio de Irapuato no es diferente al resto de las ciudades guanajuatenses azotadas por la delincuencia y la impunidad: las vidas de Gonzalo y Luis, hombres mayores de 60 años se encontraron al ingresar a laborar en una empresa de vigilancia privada, donde se hicieron de una amistad más sólida cuando les designaron el Distrito de Riego 011 ubicado a un costado de la carretera federal Irapuato-Salamanca, a no más de 400 metros del destacamento de la Policía Federal.

Los dos eran dedicados en su trabajo, hombres de bien, responsables, informaron compañeros de trabajo. Uno ya había cumplido su vida laboral y se jubiló pero la necesidad por brindarle una mejor vida a su familia lo hizo buscar otro empleo, otro durante el día boleaba zapatos y por la situación económica buscó otra alternativa para hacerse de más recursos, ambos encontraron esa alternativa de vigilantes privados.

El pasado domingo 28 de abril se encontraban de turno en la caseta de vigilancia, uno sentado en el exterior y otro en el interior, ahí fueron sorprendidos por sujetos armados, quienes los encerraron en la caseta, amarrados de pies y manos.

Los agresores, presuntamente al no encontrar herramienta de valor, terminaron con sus vidas de varios balazos, para posteriormetne llevarse una camioneta.

Exhiben peligrosidad a nivel mundial

El “Golpe de Timón”, sin embargo, no alcanza aún para cambiar la dirección de este barco. A mediados de marzo, la organización mexicana Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal publicó su ranking 2018 de las Cincuenta ciudades más violentas del mundo con dos localidades guanajuatenses en el deshonroso conteo con las mayores tasas de homicidio por 100 mil habitantes.

Fueron Celaya e Irapuato las que debutaron en la lista, pues en 2017 no aparecían. En el primer caso, la tierra de la cajeta ocupó el lugar 32, con tasa de 47 homicidios por cada 100 mil hab., mientras que la ciudad de las fresas apareció en la 6ª posición, con 81.4 homicidios por 100 mil hab., apenas superada por Ciudad Juárez, que tenía una tasa de 85.6.

Como un comparativo, la tasa de homicidios a nivel estatal registrada durante 2017 (según el SESNSP) fue de 18.3 casos por cada 100 mil habitantes.

Estos números han impactado más allá de las fronteras.

En el documento “México: información sobre viajes y seguridad”, la embajada de Alemania alertó a sus ciudadanos de que “en muchas regiones (de México), existen conflictos armados entre las fuerzas de seguridad del estado y el crimen organizado”, por lo que “la violencia es particularmente pronunciada en los estados del norte y oeste a lo largo de la costa del Pacífico, así como en ciudades importantes como (…) Irapuato y Celaya…”.

Además, recomendó precaución adicional en “Viajes por tierra - Cuando viaje a los estados de Guanajuato, Puebla y Veracruz”. Entre los consejos están: circular por autopistas, no viajar de noche, evitar pararse en la carretera (pese a que haya quien “espontáneamente” se ofrezca a prestar ayuda), así como evitar dar información personal. Exhortó a que ante cualquier eventualidad, se comuniquen con su embajada.

La alerta del gobierno alemán, sin embargo, fue desestimada por Sophia Huett López, comisionada de Análisis y Estrategia en materia de seguridad en Guanajuato, al afirmar que aunque las cifras "hacen parecer o imaginar que es un escenario complicado" los homicidios no son una constante, "eventualmente" ocurren en municipios del corredor industrial.

Si existiera algún temor, dijo la comisionada, no habrían consentido traer la Feria de Hannover al estado, por lo que "no hay preocupación de los organizadores", quienes no han pedido otras medidas de seguridad mas que "lo básico".

Las víctimas: sin rastros de Julia

Sin embargo, lejos de las declaraciones oficiales, hay otras historias de vidas truncadas que no reciben los reflectores: las personas desaparecidas en Guanajuato, cuya sombra y recuerdos viven desde hace semanas, meses, años, en el corazón de sus familias, pero al parecer olvidadas en expedientes que no se cierran pero acumulan polvo.

Una de ellas es la de la agente de policía en Celaya Julia Sierra Galván, de 32 años de edad, quien el pasado 24 de abril salió del departamento que renta en Cerrito de Camargo. Uniformada, se dirigió a la Comandancia Norte de policía, lugar al que nunca llegó.

Foto: cortesía

Familiares de la oficial relataron a POPLab que al no contestar ella a sus llamadas al celular, acudieron a la comandancia, donde les informaron que no se presentó a laborar, por lo que la familia presentó denuncia por su desaparición en la Fiscalía General. Así comenzó la búsqueda de Julia, quien como señas particulares es alta, de pelo corto, tiene cicatrices en la mano que se hizo de pequeña, del codo a la muñeca.

“Siempre estábamos en contacto, juntas, estaba al pendiente de nosotros y nosotros de ella, (Julia) renta un cuarto en Celaya, en Cerrito de Camargo, cerca de su trabajo”, dijeron.

Hace cuatro años la joven ingresó a la corporación de Seguridad Pública y desde ese entonces fue asignada a la Comandancia Norte, las ocasiones que pasaba con su familia nunca les hizo un comentario de alguna amenaza o de sentir miedo por alguna situación.

“No, ella era un elemento muy responsable con su trabajo, le gustaba mucho su trabajo, a nosotros no nos hizo un comentario de eso” explicaron.

El jueves 2 de mayo Julia cumplió 10 días desaparecida sin que nadie en la zona viera o supiera algo, solo desapareció sin dejar rastro, familiares piden la colaboración de la ciudadanía para que esta hija y hermana regrese a su casa.

“Les pedimos de mucho corazón que si alguien la miró o si miró que le pasó algo, que lo reporte a los números (de nosotros) y nos ayuden por favor, deseamos que ella vuelva o nosotros, estaríamos agradecidos que nos pudieran ayudar... Extrañamos mucho a mi hermana, queremos que vuelva con nosotros, la necesitamos en nuestra familia”.

Explicaron que la autoridad municipal desde el primer momento les brindó la ayuda, “lo agradecemos, está en sus manos”.

Ausente, no desaparecida, su estatus

Sin embargo, es de señalar que desde la desaparición la agente, el municipio, a cargo de Elvira Paniagua, ha dado señas de haberle importado poco el hecho, al igual que al Secretario de Seguridad Publica, Juan José González, oriundo de Irapuato y quien ha ocupado varios cargos policiacos recomendado por Alvar Cabeza de Vaca y Carlos Zamarripa (titulares de la Secretaría de Seguridad Pública estatal y de la Fiscalía General del Estado, respectivamente), ya que fue el área de Comunicación Social quien dio la primera postura minimizando el hecho.

“Para el municipio, solo no se había presentado a laborar”, fue la respuesta.

Sobre las causas (de la desaparición de Julia), sería la Fiscalía General quien las deba investigar. Incluso, la oficina de Comunicación informó que la familia no se había acercado, cosa que contraviene la declaración de ésta a POPLab.

Ese jueves, los familiares de Julia acudieron con el Secretario del Ayuntamiento, quien los envió con el Secretario de Seguridad Pública; ese mismo día el Oficial Mayor en Celaya dijo en entrevista desconocer de la ausencia laboral de la policía porque el Secretario de Seguridad no le había informado.

“Ni el nombre del elemento tengo... (pero) los derechos, seguridad social y prestaciones se les respeta hasta que se defina en qué condiciones está”.

En Celaya, Julia es la segunda agente que “desaparece”, pero el hecho ha levantado sospechas de ser una posible represalia, vinculada a la detención y asesinato de atacantes a la Comandancia Norte de Celaya registrado unos días antes.

Represalia por su labor como policía

El pasado 19 de abril, sujetos armados burlaron la vigilancia de la Comandancia Norte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya e ingresaron haciéndose pasar por oficiales; ahí asesinaron a un detenido, lesionaron a un policía y a un juez calificador, este último falleció cuando recibía atención médica, en el lugar privaron de la libertad a otro detenido, identificado como Armando quien había sido detenido en Jerécuaro por policías estatales por delitos contra la salud.

El hecho derivó en un fuerte enfrentamiento entre policías y agresores que culminó con otros dos hombres muertos, uno de ellos, Armando, el detenido que se habían llevado a la fuerza y otro presunto agresor, ambos fueron localizados en la caja de una camioneta en la comunidad de San José de Mendoza; hubo un arresto: el de Gilberto, de 28 años.

El incidente que inició en la Comandancia de Celaya terminó en la carretera.

La Comandancia Norte es la sede policiaca a la que Julia Sierra está designada y a donde no llegó a laborar, su rastro se perdió en el trayecto de su casa al trabajo.

Según versiones al interior de la Secretaría de Seguridad Pública de Celaya y la del estado, el día del ataque la agente Julia se encontraba en el lugar, repelió la agresión y participó en el operativo que derivó en la detención de uno de los delincuentes, pero pocos sabían esto y solo unos cuantos agentes fueron testigos. Al interior de la corporación de policía, se sospecha, habría infiltrados y con ello fuga de información.

Por eso, mientras el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo y el resto de sus autoridades se regodean prematuramente por la reducción de muertos a nivel estatal, familiares y a veces familias completas buscan a las víctimas en las fosas comunes y la morgue, a la espera de encontrarlos y que la investigación “exhaustiva” no se dé por concluida sin dar con los responsables, para evitar que el expediente sea archivado.

Fiscalía Especializada sin recursos

En medio del clima de violencia que azota a Guanajuato por el alza en delitos como el homicidio, la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto apenas cuenta con cinco agentes del Ministerio Público y un coordinador.

Así lo reconoció el fiscal especializado, Manuel Ángel Hernández, al exponer se ha tenido que trabajar con “ahínco” para poder atender las decenas de casos que se presentan diariamente de homicidios.

Sin embargo, señaló que han implementado estrategias como la de discriminar los casos para tener menor carga de trabajo.

“Lo que tengo que estar atendiendo yo son delitos que se estén relacionando con la delincuencia organizada. Tengo que alcanzar a ver todos los asuntos que pueda, no tengo mucho personal para ello. Actualmente tenemos un coordinador y cinco agentes del Ministerio Público, por eso es que tenemos que estar vinculando o discriminando los asuntos que nos corresponden”.

El funcionario de la Fiscalía comentó que se quedaron con el mismo personal que laboraba en la antes llamada Subprocuraduría de Investigación Especializada, con lo que confirmó que solo hubo un cambio de nombre.

Manuel Ángel Hernández apuntó que en la Fiscalía Especializada solo les corresponden homicidios relacionados con el crimen organizado.

“Es verdad que en mi Fiscalía yo conozco de homicidios, pero no todos porque únicamente los que tienen que estar dentro de mi esfera de investigación son los que están vinculados con la delincuencia organizada. Yo no me debo preocupar por sacar estadísticas, por sacar números, mi preocupación es lograr que se esclarezcan”.

En los últimos años para justificar el significativo aumento en los homicidios dolosos, las autoridades locales han asegurado que los asesinatos tanto de hombres como mujeres están vinculados con grupos criminales y ajustes de cuentas.

“Guanajuato no se merece esa etiqueta que nos han colgado”, afirmó el Gobernador Diego Sinhue Rodríguez el.

Sin ponerse de acuerdo

El tema de la creciente violencia ha desencadenado contradicciones en un intento por justificar el trabajo de la Fiscalía General del Estado. Mientras Manuel Ángel Hernández declaraba la escasez de personal, el fiscal general, Carlos Zamarripa Aguirre, aseguró que la Fiscalía Especializada tiene “pocos asuntos a tratar".

Aunque la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto investiga delitos como homicidios dolosos, para Zamarripa son pocos los casos en los que tiene que intervenir.

En una entrevista con el fiscal general, aseguró que las fiscalías especializadas que han iniciado operación con la transformación de Procuraduría de Justicia a Fiscalía están completamente integradas.

“En su área él tiene pocos asuntos en específico”, declaró.

Aunque Carlos Zamarripa reconoció que los recursos nunca serán suficientes, insistió en que la fiscalía especializada en delitos de alto impacto opera de manera habitual.

Incluso, aseguró que para investigar el delito de homicidios dolosos hay cinco fiscalías especializadas que colaboran.

La discrepancia para manejar el tema de la seguridad no solo se da entre funcionarios de la Fiscalía General, sino entre diputados panistas.

Al intentar explicar lo acontecido en la mesa de trabajo con Carlos Zamarripa Aguirre, las versiones de los diputados panistas fueron distintas: por un lado, la diputada Libia García Muñoz Ledo dio detalles sobre el Golpe de Timón, incluso con revelaciones como que por primera vez se investiga en Guanajuato la delincuencia organizada, por el otro, el coordinador de la bancada, Jesús Oviedo, negó que se hubiera abordado el tema durante una reunión de más de cuatro horas.

Ilustración: Pinche Einnar.

Siguen sin establecerle funciones a fiscalía

Con la creación de la Fiscalía General del Estado, se crearon Fiscalías Especializadas como la de Derechos Humanos, sin que a la fecha se conozca su estructura y operación, además de las atribuciones.

De acuerdo con la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos tendrá a su cargo varias áreas, una de ellas es la Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito.

En la propia legislación establce que será a través del reglamento, documento que no ha sido emitido, que se va a determinar la estructura, organización, atribuciones y adscripciones.

A través del área de comunicación de la Fiscalía General del Estado se conoció que como titular de la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos quedó Zucé Hernández Martínez, quien se había desempeñado como subprocuradora de Atención Integral Especializada de la anterior Procuraduría de Justicia del Estado.

Estos y otros pendientes tiene la Fiscalía General de Guanajuato, a cargo de Carlos Zamarripa, porque la ley lo obliga y la ciudadanía lo exige, aún cuando las víctimas hayan tenido o no antecedentes penal, ello no es causal para que la autoridad, por incompetencia o inoperancia, deje sin perseguir (y castigar) todos y cada uno de los homicidios dolosos cometidos en la entidad.