Por Raymundo Sandoval

El 8 de septiembre pasado la organización internacional Front Line Defenders hizo un llamamiento urgente mostrando su preocupación sobre la seguridad de las buscadoras de personas desaparecidas en Guanajuato. Exigen: 1) una investigación imparcial, 2) sanción a los responsables, 3) garantizar el derecho a buscar, y 4) proteger la seguridad e integridad de las familias. Por separado, decenas de Organizaciones y Colectivos hicieron pública una carta en la que exigen atención al caso a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y al Mecanismo de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos.

Y es que como reportó oportunamente el portal Animal Político en una nota, el 3 de septiembre un grupo de 20 integrantes de la Guardia Nacional (GN) irrumpió por la fuerza en el domicilio de una buscadora, integrante de Colectivos de familias de personas desaparecidas, atendiendo un supuesto reporte anónimo sobre venta de drogas. Al entrar tiraron al piso a un adulto mayor y golpearon a un menor de edad y a una mujer; por si fuera poco, al retirarse del lugar se llevaron un celular y amenazaron al hermano señalando: “Donde te veamos te vamos a levantar”. ¡Qué consigna!

Hay que recordar que Fernando Martínez, el esposo de la buscadora, presuntamente fue desaparecido por Policía municipal de Silao y Policía urbana estatal, que lo habrían entregado a la delincuencia organizada. Su cuerpo fue localizado un día después, aunque la Fiscalía entregó el cuerpo hasta pasado un mes, sólo hasta que la familia lo identificó en el servicio forense. ¿Qué otro tipo de victimización tiene que pasar?, ¿Cómo volver a confiar en las autoridades?

En octubre de 2020 asesinaron a Rosario Zavala en León y en mayo de 2021 a Francisco Javier Barajas en Salvatierra, los Colectivos tienen documentadas al menos dos ataques armados en el sureste del Estado a familias de personas desaparecidas. Es decir, son al menos 4 incidentes graves que deben ser atendidos a la brevedad y con la más alta responsabilidad estatal.

Fotos: especiales.

Si bien la Fiscalía del Estado detuvo a los presuntos autores materiales del asesinato de Javier Barajas, lo cierto es que no presentó ninguna conclusión respecto al móvil del crimen, por lo que desconocemos si estuvo relacionado con su labor de búsqueda y mientras esto no suceda, seguiremos presumiendo que así fue. Lo mismo en el caso de Rosario, en el que la impunidad continúa.

El Inspector Jefe Pablo Arturo Zapata, segundo a bordo en la Coordinación Estatal de Guardia Nacional y uno de los hombres encargados de los más de 80 mil efectivos que se encuentran en Guanajuato, se comprometió el mismo día de la agresión a que “no habría tolerancia en actos violatorios a los derechos humanos” e inició un proceso en el Órgano Interno de Control de GN contra quienes pudieron estar involucrados. Las organizaciones han solicitado también se revise la cadena de mando.

La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato ha solicitado una reunión con el Secretario de Gobernación para pedirle que la federación establezca un Plan Emergente de Protección a las buscadoras en la entidad, lo que coincide con lo solicitado por FLD, las organizaciones y los colectivos en su carta, la respuesta ha sido el silencio.