En un estado como Guanajuato, donde además de mantenerse vigentes diversas prácticas violatorias de derechos humanos como la tortura o la desaparición forzada (cometida por autoridades) prevalece la discrecionalidad en el uso del gasto público destinado a la publicidad gubernamental o se recurre al hostigamiento en redes sociales o por otras vías contra opinadores críticos y periodistas, se ha tenido que recurrir a la justicia para proteger derechos que no deberían de ser vulnerados por funcionarios y autoridades.

Esto es una paradoja, porque el doble discurso -la doble cara- que suele mostrar el Estado, cualquier autoridad, frente a los derechos de libertad de expresión y de información, así como de expresiones ciudadanas como la protesta social por causas legítimas, se encuentra comprobado a lo largo de estos años por los recursos que funcionarios también han incrustado en diversas leyes, para utilizarlos en esas acciones persecutorias.

El acoso, el hostigamiento y la criminalización de periodistas, opinadores críticos y ciudadanía que se manifiesta masivamente en contra de alguna injusticia, un abuso de poder o un acto de corrupción que la lesiona o afecta, sólo van cambiando de forma al paso de los años y con la sucesión de gobernadores, presidentes municipales, legislaturas.

Conocimos así cómo en décadas pasadas, tipos penales como la difamación y la calumnia se emplearon para sancionar al periodismo que revelaba asuntos de servidores públicos cuya actuación corrupta o violatoria de derechos representaba un asunto de interés público que así era mostrado.

Las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y también el respaldo de organizaciones y colectivos de periodistas impulsó la derogación de esos delitos de los códigos penales de los estados, aunque en Guanajuato nuestras autoridades se resistieron todo lo que pudieron, porque fue una de las últimas entidades donde fueron eliminados.

Además, esas mismas autoridades que nos gobiernan y que nos quieren seguir gobernando (porque vemos mismas caras y mismos nombres en las candidaturas para las próximas elecciones) encontraron la forma de darle la vuelta a la eliminación de esos delitos que utilizaron para amenazar y censurar el trabajo periodístico y limitar el acceso a la información.

Así, por ignorancia cualitativa de la tarea legislativa o perverso interés en mantener todos los frenos posibles a la crítica de su labor pública, desde las legislaturas se impulsaron nuevas figuras que, como se ha comprobado después, han sido utilizadas por esas mismas autoridades, directamente o a través de las fuerzas de seguridad pública y la instancia encargada de la procuración de justicia (la Fiscalía general del estado) con el propósito de aplastar protestas sociales que directamente cuestionan sus desempeños.

Ilustracción: Einnar.

La figura de daño moral (en el Código civil del estado), del delito de terrorismo y más recientemente, del delito conocido popularmente como “halconeo”, han sido reformas legales de los años recientes y al menos dos de ellas ya probaron para qué mal pueden servir.

La figura de daño moral, por ejemplo, ya ha sido utilizada por lo menos en dos casos para contrarrestar el ejercicio del periodismo crítico y, por ende, la rendición de cuentas.

Una primera por parte del presentador y quien funge como propietario de TV Guanajuato, Jorge Alberto Rodríguez Medrano, con todo el respaldo a través de recursos públicos para la propaganda oficial, en contra de quienes desde el periodismo y un ejercicio de transparencia exhibieron sus conflictos de interés y la indebida contratación de sus descendientes como funcionarios y al mismo tiempo, como contratistas de servicios.

En este caso, el Poder Judicial del estado reconoció la prevalencia del derecho a opinar y hacerlo particularmente sobre una figura pública en su actuar también público, así que resolvió fallar en contra de Rodríguez Medrano.

La segunda, que está en proceso, la presentó la ex alcaldesa del PRI Bárbara Botello Santibáñez en contra del diario AM, al que acusa de una persecución periodística por publicar las denuncias en su contra por presunta corrupción y ejercicio indebido de su función mientras ocupaba ese cargo.

Todo cabe en un delito sabiéndolo acomodar

Con el tipo penal de terrorismo en la mano, la Fiscalía General del Estado ha perseguido sin distingo lo mismo a presuntos participantes en actos delictivos como los incendios de vehículos y carreteras en eso que identifican como “lucha entre cárteles”, que a decenas de personas que apoyaron a las familias de cuatro adolescentes atropelladas por otro menor en Cuerámaro y se expresaron en protesta, una protesta que a los ojos de cualquiera estuvo claramente enardecida por la falta de justicia.

Fue tal el absurdo, y también la soberbia, que se desistió de llevar hasta el final la persecución a quienes protestaron y de la manga salió un acuerdo para dar una salida alterna al proceso judicial que dejara en libertad a quienes así fueron criminalizados por su indignación.

En cuanto al tipo penal conocido como “halconeo”, en cuanto éste fue apresuradamente aprobado por el Congreso del estado (se presentó en marzo de 2019 y ya estaba aprobado para julio) y después presumido ampliamente por el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo como un recurso para perseguir con más rigor a los malandros, periodistas y organizaciones defensoras de la libertad de expresión lo identificaron como otro riesgo.

Una de estas organizaciones fue Artículo 19 que, a través de su oficina para México y Centroamérica, respaldó juicios de amparo promovidos por periodistas para que se reconociera la inconstitucionalidad de ese delito.

El “halconeo” quedó establecido en el Código penal para castigar “a quien realice cualquier acto tendiente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas”.

De dos a siete años de prisión es el castigo que se fijó para quienes cometan este delito.

A falta de pruebas, periodista

Dos amparos han sido obtenidos ya contra este tipo penal, para proteger a periodistas en Guanajuato. De ellos se ha informado ya ampliamente.

Fui una de las solicitantes y, por lo tanto, una de las periodistas que ha sido protegida por la justicia federal.

Se ha reconocido en esas resoluciones que la definición del delito es ambigua, que puede tocar derechos como el de la libertad de expresión y el derecho a la información, y que puede vulnerar el acceso a información que sirve para que las autoridades de seguridad, de procuración y de administración de justicia, rindan las cuentas a que también están obligadas, aunque siempre aleguen lo contrario justo “por seguridad”.

Pero vale la pena dejar asentado aquí otro ejemplo de ese doble discurso del gobierno estatal cuando se trata de reconocer y garantizar la labor de las y los periodistas, el cual se dio durante este juicio:

Soy integrante del Consejo estatal de personas defensoras y periodistas, en mi calidad de periodista. El consejo está estructurado desde la Secretaría de Gobierno, cuyo titular lo preside, y en él participan representantes de los tres poderes, así como de la Procuraduría de Derechos Humanos y de la propia Fiscalía General del estado.

Sin embargo, desde el mismo Ejecutivo -específicamente, desde la Coordinación jurídica que depende de la oficina del gobernador- se plantearon para rebatir el amparo argumentos disparatados e incomprensibles, por decir lo menos, para que se desechara el amparo.

Uno de ellos fue que no había comprobado de manera fehaciente que soy periodista y no me reconocían como tal. Por lo consiguiente, se alegaba desde esa instancia que depende directamente del gobernador, que no tenía yo interés en el asunto y no me podía perjudicar la aprobación de ese nuevo delito.

Recientemente, ante las agresiones a periodistas que en Guanajuato han cobrado ya por lo menos la vida de uno de ellos, el propio gobernador Diego Sinhue Rodríguez salió a decir, reiterar, ratificar, que garantiza la labor de las y los periodistas y la justicia para quienes son agredidos por esta actividad.

Dos caras de una moneda. O lo que es lo mismo: “No dejes que tu mano izquierda sepa lo que hace la derecha”.