La represión policial ejercida durante el conflicto por el agua en Rincón de Tamayo se suma a la actuación al margen de la Ley de los llamados Fedepales, quienes incurrieron en violaciones graves a los derechos humanos de habitantes de una de las tres comunidades de Celaya con más población en el municipio.

Luego de cinco meses de recabar entrevistas, revisar videos y pedir información a las autoridades municipales, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) documentó la tortura a 14 habitantes de Rincón de Tamayo a manos de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante la represión de una protesta en enero pasado, cuando querían impedir que el control del agua quedara en manos de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Celaya (JUMAPA).

Medio año después de la represión que terminó con 23 personas detenidas con uso excesivo de la fuerza pública, las violaciones a los derechos humanos siguen en Rincón de Tamayo. Los presuntos responsables -así denunciado por los habitantes- son los llamados Fedepales, elementos de la extinta Policía Federal (PF) que comenzaron a llegar a la policía municipal a finales de 2019.

El caso más reciente es el de un joven que fue detenido cuando viajaba en motocicleta por la comunidad acompañado de su novia; los fedepales lo detuvieron, torturaron y sufrió agresiones sexuales. "Esto le generó lesiones que le reventaron los intestinos", aseguró el abogado Gustavo Cruz Villalobos, quien representa a un grupo de habitantes que fue detenido y torturado el 15 de enero pasado, durante la represión por la defensa del agua.

Habitantes de la comunidad celayense llegaron al Congreso de Guanajuato para exigir una solución a las problemáticas que surgieron con la decisión del Ayuntamiento de extinguir el comité rural del agua. Buscan que regrese la autonomía a la comunidad para poder manejar, a través de un nuevo comité, la administración del agua, pero también que se repare de manera integral el daño a las personas lesionadas el día de la represión y la salida de los Fedepales de la comunidad.

El abogado Gustavo Cruz aseguró que por las constantes violaciones a los derechos humanos de los habitantes de Celaya es viable la revocación del mandato del alcalde Javier Méndoza Márquez, por lo que agregó la petición para que el Poder Legislativo inicie con el proceso.

Mendoza Márquez ha planteado su intención de buscar la candidatura del PAN para tratar de reelegirse en 2024.

Fotografía Carmen Pizano

El gobierno panista tardó un mes en pronunciarse sobre las siete recomendaciones que envió la CNDH desde el 30 de junio, hasta que hace una semana el secretario del Ayuntamiento, Jorge Gámez Campos, confirmó que enviaron un documento a la Comisión Nacional en la que aceptan las recomendaciones.

La CNDH acreditó tortura a 14 personas el 15 de enero a través de agresiones físicas, psicológicas y amenazas que "violentaron la integridad personal de las víctimas. Asimismo, el día de los hechos se registraron violaciones al derecho a la privacidad e inviolabilidad del domicilio por el cateo ilegal y allanamiento de dos viviendas en que incurrieron los agentes municipales quienes al ingresar a dichos hogares también golpearon y amenazaron a sus moradores", se expone en el documento.

De acuerdo con el abogado Gustavo Cruz, ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato se presentaron para ampliar las declaraciones por el delito de tortura que se persigue de oficio y que el organismo a cargo de Carlos Zamarripa Aguirre conoció a través de la sentencia que emitió un juzgado de distrito del Poder Judicial de la Federación cuando concedió el amparo a las personas detenidas.

Detalló que en el amparo, el Poder Judicial de la Federación expuso el caso de seis personas que fueron torturadas, pero ahora se reunieron las pruebas para acreditar la violación grave cometida en contra de otras cuatro personas, aunque la CNDH habla en la resolución de un total de 14.

Agresiones y tortura

Tras denunciar ante el Ayuntamiento corrupción al interior del comité rural del agua, habitantes de Rincón de Tamayo pidieron la intervención del municipio para renovar a sus integrantes, pero se toparon con una resolución exprés del Cabildo para extinguir la figura e imponer a JUMAPA, sin consultar a la población, por lo que inició el movimiento social.

Previo a la entrada formal de JUMAPA en Rincón de Tamayo, habitantes ya se habían pronunciado en contra y buscado el diálogo con las autoridades municipales, sin éxito.

El domingo 15 de enero se concretaría la toma de las oficinas, fue así que habitantes se dieron cita para impedir el ingreso del personal de JUMAPA para apropiarse del agua en la comunidad, pero la reacción de la autoridad municipal desencadenó más de tres horas de violencia y tensión.

Portada Juan José Plascencia

Con gas lacrimógeno, detonaciones de armas de fuego, golpes y la persecución de habitantes, los elementos de la policía municipal intimidaron a la población de Rincón de Tamayo, evidenciando que en Guanajuato no existe claridad respecto al uso de la fuerza pública en la normativa vigente como la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato y los protocolos de actuación para policías estatales y en el municipio de Celaya.

En el análisis que hizo la CNDH señaló que en la normativa en Guanajuato no hay procedimientos de actuación claros, las restricciones y las formas al emplear el uso de armas no letales o de disuasión como el gas pimienta, granadas de humo o gases lacrimógenos de manera legítima para buscar ocasionar el menor daño posible y en estricto apego al respeto de los derechos humanos.

"La Comisión Nacional enfatiza que el referido Protocolo de la SSP CELAYA no incluye el mecanismo para implementar acciones en el contexto de manifestaciones como puede ser la liberación de un bloqueo de vialidad y/o dispersión de personas manifestantes, la ejecución apropiada de técnicas, formaciones, ni describe en qué consisten las tácticas de control y dispersión de multitudes o momentos en que se emplean armas no letales, como es el caso de gases lacrimógenos y balas de goma", detalla la resolución.

La CNDH conoció del caso un par de días después y atrajo el expediente que había iniciado la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos al considerar que "por la gravedad de los hechos, éstos trascienden al interés del Estado de Guanajuato", dice el expediente. El acuerdo de atracción se dio el 25 de enero.

En la investigación del organismo nacional de Derechos Humanos se evidenció que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya no buscó la manera de persuadir a manifestantes a través del diálogo o la negociación, y aunque el municipio negó la detonación de armas de fuego, videos muestran que los policías recorrían las calles disparando al aire "de manera indiscriminada".

El conflicto que se prolongó durante horas terminó con la detención de 23 personas, una de ellas fue un joven menor de edad. En 110 páginas que conforman el expediente se narran una a una las agresiones físicas, las amenazas y los comentarios a la población.

"Las agresiones físicas y psicológicas ocasionadas a las víctimas fueron deliberadamente infligidas en su contra y no producto de una conducta negligente, accidente o caso fortuito", concluye la CNDH.

De acuerdo con el análisis que hizo la CNDH, se acreditó tortura en 14 de las personas detenidas, además del trato cruel, inhumano y degradante que recibieron ocho personas más.

Incluso, algunos elementos ingresaron a domicilios particulares a agredir e intentar detener a personas, como el caso de una mujer que había salido de su hogar para mover una camioneta. Cuando ella ingresa la persiguen y adentro comienzan a golpearla, así como a sus hijos cuando intentaron defenderla.

En las entrevistas, las víctimas identificaron como responsables a los elementos que se les conoce como Fedepales.

Recomendaciones de la CNDH

Las siete recomendaciones de la CNDH dirigidas a Javier Mendoza Márquez como presidente municipal de Celaya consisten en lo siguiente:

1. Colaborar en el trámite ante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas de Guanajuato, para la inscripción en el Registro Estatal de Víctimas de personas afectadas y se repare de manera integral el daño que incluya la medida de compensación.
2. Por la afectación por las violaciones graves a los derechos humanos se otorgue atención médica, psicológica y de rehabilitación a las víctimas. Así como proveerles de los medicamentos y materiales adecuados a sus padecimientos, en caso de requerirlo.
3. En el término de tres meses, contados a partir de la aceptación de la recomendación, deberá ofrecer una disculpa pública a las víctimas y sus familiares, por las violaciones graves a derechos humanos cometidas en su agravio y las afectaciones de tipo colectivo causadas con motivo del uso excesivo de la fuerza desplegado.
4. Colaborar ampliamente en el trámite y seguimiento de la denuncia administrativa que esta Comisión Nacional presente en contra de las autoridades responsables del operativo y, quien resulte responsable, ante la Contraloría Municipal, a fin de que se inicie el procedimiento administrativo.
5. Colabore ampliamente en el trámite y seguimiento de la Carpeta de Investigación que inicie la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, con motivo de la denuncia de hechos que esta Comisión Nacional presente en contra de autoridades responsables del operativo identificadas en el expediente como AR1 y AR38 y, quien resulte responsable.
6. Se diseñe e imparta, dentro del término de seis meses, contados a partir de la aceptación de recomendación, un curso integral en materia de derechos humanos en temas específicos sobre la prevención y erradicación de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y el uso de la fuerza en el contexto de manifestaciones, dirigido a las personas servidoras públicas adscritas a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya.
7. Designar a la persona servidora pública de alto nivel de decisión que fungirá como enlace con esta Comisión Nacional, para dar seguimiento al cumplimiento de la recomendación.

Casi un mes después, la autoridad municipal anunció que se aceptaron las recomendaciones. La nueva exigencia es que las cumpla a cabalidad.

Al presentarse en el Congreso del Estado, habitantes de Rincón de Tamayo exigieron que las autoridades de seguridad del municipio y el estado se retiren de la comunidad y solo se deje a la Guardia Nacional, al señalar que no confían en las autoridades locales.

Exigen salida de Fedepales

La presencia de los ex policías federales en Rincón de Tamayo es una amenaza constante para la población. "Estamos prácticamente secuestrados por la seguridad pública", aseguró José Alberto Acosta, integrante de la asociación Consejo Comunitario de Rincón de Tamayo.

En el Congreso local, donde fueron recibidos por el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, David Martínez Mendizábal, pidieron que intervinieran para poder sacar a los llamados Fedepales de la comunidad.

"Nos están robando, secuestrando, nos están matando, así, quiero decir las cosas así aunque la vida está en peligro", comentó ante medios de comunicación en su encuentro en el Congreso local con el diputado de Morena.

Recordó el caso más reciente de abuso de autoridades a manos de los llamados Fedepales, cuando agredieron a un joven, pero además aseguró que hay habitantes que son extorsionados por la misma autoridad.

José Alberto Acosta denunció que los Fedepales desnudaron al joven, lo golpearon con una tabla en los glúteos y abusaron sexualmente de él. Incluso, cuando se pidió el apoyo de la Cruz Roja, impidieron que la ambulancia ingresara a la comunidad y el padre del joven lo trasladó a un hospital.

Comentó que al enterarse de que se habían llevado al joven, gracias a que su novia corrió a avisar a la comunidad, pidieron directamente la intervención del secretario de Seguridad Ciudadana de Celaya.

"Tuvimos diálogo con Jesús Rivera Peralta, si no hubiéramos hablado ya estuviera muerto... lo tiraron al chamaco en un terreno de terracería a su suerte".

La tardanza de las autoridades municipales para aceptar las recomendación de la CNDH es una muestra de la negativa a reconocer que violaron los derechos humanos de habitantes de Rincón de Tamayo, consideró el abogado Gustavo Cruz.

A decir del representante legal de habitantes de Rincón de Tamayo, existen elementos suficientes para que se revoque el mandato del presidente municipal Javier Mendoza.