El debate en torno a la reforma penal que castiga el "halconeo" o el uso de información sensible de seguridad "para cometer un delito o entorpecer a la autoridad", subió de tono al intervenir por segunda ocasión la organización no gubernamental Artículo 19 en respuesta a los argumentos de los diputados de Guanajuato.

La posible inconstitucionalidad de la norma aprobada por unanimidad por el Congreso de Guanajuato, es el tema central de la observación de la organización defensora de la libertad de expresión y derechos de periodistas.

Por otra parte, abogados penalistas de la entidad han lamentado la cerrazón de los legisladores para modificar normas sensibles solo en diálogo con funcionarios, sin escuchar a la sociedad. El Parlamento Abierto ha quedado solo en una frase, aducen.

Ilustración de Pinche Einnar

El debate, después de la aprobación

Las resoluciones en las que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha declarado inconstitucionales los artículos de Códigos Penales estatales como el de Michoacán y Chiapas que hacen referencia al delito de “halconeo”, no influyeron en la decisión que tomaron los legisladores de Guanajuato, que optaron por incorporar la figura a la norma local sin más consulta que la de funcionarios de instituciones públicas.

Abogados penalistas coincidieron en que una reforma de esta naturaleza tuvo que haber pasado por foros de consulta, en la que especialistas opinaran sobre el tema, al existir en el Código Penal otras figuras para sancionar cuando un servidor público filtre información a los grupos criminales como la coautoría, complicidad, encubrimiento.

La organización Artículo 19 ha observado públicamente las deficiencias en la redacción que aprobaron por unanimidad los diputados locales hace una semana, al señalar que la nueva figura atenta contra la libertad de expresión, información y la labor periodística.

Sin embargo, para los diputados locales del PAN, promotores de la reforma al Código Penal, se justifican las modificaciones que se hicieron al artículo 222 de la norma con el argumento de que abona a la seguridad del estado.

Los diputados locales limitaron a una mesa de trabajo el análisis de la iniciativa presentada por el grupo parlamentario del PAN, a la que se invitó a participar a un representante del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado.

La discusión a nivel nacional inició hace seis años, pero a pesar de las resoluciones que ha emitido la Suprema Corte, el Congreso de Guanajuato pasó por alto las conclusiones imponiendo una nueva figura que vulnera el ejercicio periodístico.

Una semana después de que Artículo 19 advirtiera de los riesgos, el coordinador de la bancada de Morena, Ernesto Prieto Gallardo reconoció que no se analizó la afectación a la libertad de expresión.

Declaró que estaría dispuesto a que se revise la legislación que está ya vigente, aunque en su momento dio el voto para que se aprobara por unanimidad del Pleno del Congreso; sin embargo, pidió que sean los propios periodistas los que se acerquen para que pueda llevar a una segunda revisión el tema.

Antecedente de inconstitucionalidad

En un primer pronunciamiento, Artículo 19 señaló que a pesar de que en la exposición de motivos se específica que la reforma no va enfocada a castigar la investigación periodística, la redacción en el Código Penal se deja ambiguo.

La respuesta del Congreso del Estado fue que no se pretende atentar la libertad de expresión, sino evitar que los grupos criminales obtengan información que propicie que cometan delitos o que se impida la actuación de los cuerpos de seguridad.

En un segundo comunicado de la organización internacional se especifican las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los años 2013 y 2014, promovidos por la Comisión Nacional de Derechos Humanos; además de las acciones que promovió Artículo 19 por el mismo delito que se creó en el Código Penal de Chiapas.

La Suprema Corte advirtió que, por su ambigüedad, afecta de manera directa el ejercicio periodístico.

“…la norma impugnada tiene un impacto desproporcional sobre un sector de la población: el gremio periodístico. Al criminalizar la búsqueda de toda información relativa a la seguridad pública y a la procuración de justicia, es claro que uno de los sujetos destinatarios de la norma podrían ser los periodistas, quienes tienen como función social la de buscar información sobre temas de interés público a fin de ponerla en la mesa de debate público, por lo que la norma termina teniendo no sólo un efecto inhibidor de la tarea periodística, sino el efecto de hacer ilícita la profesión en ese ámbito específico…” señala en la resolución la Suprema Corte de Justicia.

El artículo 222-b del Código Penal de Guanajuato señala que cometerá el delito:

“A quien realice cualquier acto tendente a obtener y proporcionar información sobre las actividades de los servidores públicos de las instituciones de seguridad pública, procuración o administración de justicia, o de ejecución de penas para que se cometa cualquier hecho delictuoso o para entorpecer el cumplimiento de funciones de seguridad pública, procuración o impartición de justicia, o de ejecución de penas, se le impondrá prisión de dos a siete años y de veinte a setenta días de multa”.

Reclaman abogados análisis en lo oscurito

Sin convocar a colegios de abogados o sociedad en general a participar en la revisión de la reforma, los diputados locales aprobaron la iniciativa que solo pasó por una mesa de trabajo con autoridades.

La iniciativa fue presentada el 28 de marzo y aprobada en periodo extraordinario de sesiones el 31 de julio.

El penalista, José Luis Vargas, evidenció que el llamado “parlamento abierto” de Guanajuato cerró la consulta a especialistas para aprobar una reforma de botepronto.

Además de que en la legislación local ya se incluyen figuras como la coautoría, complicidad, con las que se pudieran alcanzar penas más altas que las establecidas por el delito de halconeo.

Vargas fue abogado del exguerrillero Julio Raúl Escobar, mejor conocido como comandante Emilio, y recordó que los 60 años de prisión que se le impusieron fue por ser cómplice, por prestar una casa a las personas que privaron de la libertad a una mujer extranjera.

Con este ejemplo, el abogado penalista expuso que con figuras ya establecidas en el Código Penal se pueden alcanzar penas mayores para quienes colaboren con grupos delincuenciales.

El fin de semana, apenas un día después de que entrara en vigor la reforma, la Fiscalía General emitó un comunicado de prensa en el que anunciaba el primer imputado por el delito de "halconeo". Se trata de Julio César Santiago, ex juez calificador de Valle de Santiago, después del multihomicidio en barandilla el pasado viernes.

Al ex funcionario se le pudo haber fincado otro tipo de figuras ya incluidas en el Código Penal que contempla sanciones más severas.

Además, José Luis Vargas consideró que con la reforma se protegen a los servidores públicos de primer nivel para que la sociedad no se atreva a señalarlos a través de peticiones de información.

“Los ciudadanos cómo podemos pedir información de seguridad pública sin ser acusados, por ejemplo, los periodistas que tienen que informar sobre temas de seguridad”.

El abogado Miguel Héctor Ponce Ramírez evidenció que en el Congreso del Estado responden a una “aplanadora” panista que impone reformas o leyes sin revisar la proporcionalidad de las penas.

“El Congreso siempre ha actuado por aplanadora, avasalladora fracción del PAN…eso implica actos legislativos viciados”.

A pesar de que la oposición en el Congreso pudo haber promovido una acción de inconstitucionalidad por la reforma, no lo harán pues los acuerdos políticos a los que llegaron con el PAN los llevaron a votar a favor de la iniciativa que también promovió el gobernador, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

Sin embargo, los ciudadanos podrían promover a través de un amparo la revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“Cualquier persona que está inmersa por los tipos penales bien puede manejar una acción para que se declare inconstitucional”.

Defiende el PAN reforma

En respuesta a las observaciones que hizo la organización Artículo 19 por el riesgo que representa la reforma al Código Penal para crear el delito conocido como “halconeo”, el coordinador panista en el Congreso local, Jesús Oviedo Herrera, manifestó que se aprobó la iniciativa impulsada por Acción Nacional en busca de abonar a la seguridad.

Afirmó que las resoluciones de la Suprema Corte sí fueron revisadas, pero optaron por hacer la reforma en Guanajuato en busca de abonar por la seguridad.

“El objetivo es coadyuvar con los temas de seguridad pública, nosotros buscamos cuidar los detalles. Habrá que revisar con minuciosidad las observaciones. No hubo premura porque siempre trabajamos y revisamos los temas, existen puntos de vista que revisamos y establecimos, pero nuestro objetivo es seguir abonando en el tema de la seguridad”.

Jesús Oviedo defendió la reforma, al asegurar que se revisó de manera exhaustiva, aunque fue solo una mesa de trabajo a la que se convocó a autoridades.

Foto Archivo

Aunque dijo de manera reiterada que podrían revisarse las observaciones de Artículo 19, descartó que se pudiera reformar nuevamente el artículo 222 del Código Penal.

Por su parte, la presidenta de la comisión de Justicia, Cristina Márquez Alcalá, reconoció que solo se realizó una mesa de trabajo a la que invitaron al Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado.

Además, sostuvo que el espíritu de la norma es sancionar a quienes filtren información al crimen organizado y no contra la labor periodística.