Con modificaciones al Reglamento de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado de Guanajuato para eliminar una convocatoria y establecer una designación directa, la Secretaría de Gobierno nombró a Jaime Rochín del Rincón como director general de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y secretario Técnico del Consejo Estatal.

Rochín del Rincón concluyó su función como titular de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) en octubre de 2025; ese mismo año, la instancia fue la que más quejas acumuló, de acuerdo con la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG), por la falta de apoyos económicos y en especie para las familias de víctimas de violencia en la entidad.

Las modificaciones al reglamento se publicaron en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el pasado 13 de febrero, pero no fueron consultadas con el Consejo Estatal. El secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, argumentó que las modificaciones normativas no deben consultarse con este órgano, ya que son una facultad del Ejecutivo.

“No hay necesidad de consultar; finalmente, la atribución es del Ejecutivo. No hay, digamos, ninguna atribución ni necesidad jurídica de subirlo al Consejo. El Consejo lo ratifica. O sea, no existe ningún mecanismo que vincule, y aquí lo que se privilegia es el perfil de la persona”, señaló en entrevista.

Las reformas contemplan alrededor de 50 cambios al reglamento y se publicaron junto con modificaciones al Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno. No obstante, la mayoría de los cambios están relacionados con la designación de la persona titular de la dirección, ajustes de redacción y actualización de lenguaje incluyente, y no con aspectos jurídicos o normativos.

“...se requiere fortalecer jerárquicamente el actuar de la unidad administrativa a cargo de la Secretaría Técnica del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato, valorando que la labor institucional se incrementó por mandato legal. Si bien no se ve reflejado en un ajuste sustantivo reglamentario con el reconocimiento de nuevas facultades para la Dirección de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas —artículo 37 Ter—, debe tomarse en consideración que, conforme a lo previsto en la fracción I del artículo antes señalado, se adiciona la obligación de llevar directamente el control y la administración del presupuesto asignado al cumplimiento de las atribuciones y obligaciones de la persona servidora pública que ocupe la Secretaría Técnica”, cita la justificación en la publicación del Periódico Oficial.

El considerando alude también a un fortalecimiento institucional relacionado con las recientes reformas legales a la Ley de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, promovidas por la gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo el año pasado.

De convocatoria a designación directa

Las modificaciones al reglamento introducen cambios en la forma en que opera el órgano encargado de implementar medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Aunque parte de la estructura general se mantiene, el nuevo texto elimina varios procedimientos que, en la versión de 2021, regulaban la participación, selección y requisitos para ocupar cargos técnicos.

Uno de los ajustes visibles es la frecuencia de las sesiones ordinarias. Mientras que el reglamento de 2021 establecía al menos cuatro reuniones al año (una por trimestre), la reforma de 2026 dispone que se realicen de manera bimestral, es decir, cada dos meses.

Los cambios más de fondo se concentran en el mecanismo de designación de la persona titular de la Secretaría Técnica, figura clave en la operación cotidiana del Consejo Estatal.

El reglamento de 2021 contemplaba un procedimiento detallado para ese nombramiento: la emisión de una convocatoria interna en la Secretaría de Gobierno, que debía publicarse en medios electrónicos.

Las personas aspirantes tenían que cumplir requisitos específicos, como ciudadanía mexicana, residencia mínima de cinco años en el estado, experiencia en derechos humanos y trayectoria profesional acreditable. Además, debían presentar documentación, carta de motivos y pasar por un proceso de validación institucional.

Con la reforma de 2026 se eliminó la convocatoria, se suprimieron los requisitos formales de elegibilidad y el procedimiento de registro, y ahora se establece que la persona titular de la Secretaría de Gobierno designará directamente a quien ocupe la Secretaría Técnica, siempre que sea una persona servidora pública adscrita a la dependencia y con experiencia en derechos humanos.

Además se otorgan facultades relacionadas al manejo de recursos presupuestales, técnicos y humanos. Entre 2019 y 2024, el Gobierno del Estado ha asignado sólo 12 millones de pesos a la operación del Consejo de Protección, pero la instancia ha subejercido los recursos, incluyendo casi seis millones de pesos destinados a ayudas sociales. 

Justifica gobierno designación directa y cambios al reglamento

La modificación normativa que permitió la designación directa de Jaime Rochín del Rincón como responsable del área de atención a personas defensoras de derechos humanos y periodistas obedece a que el modelo anterior limitaba la posibilidad de encontrar perfiles especializados, defendió el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona.

Explicó en entrevista sobre el tema, que el reglamento de 2021 contemplaba una convocatoria, pero esta se realizaba únicamente al interior de la propia dependencia y exigía requisitos como una antigüedad mínima de un año, lo que dijo, no garantizaba contar con perfiles experimentados en derechos humanos.

“No necesariamente en la Secretaría de Gobierno vas a tener el perfil adecuado para ocupar este tipo de puesto. Lo que buscamos es privilegiar la capacidad y la expertise en el tema de los derechos humanos”, subrayó.

El funcionario distinguió, además, entre el cargo de director que Jaime Rochín ya ocupa actualmente y la Secretaría Técnica del Consejo, como funciones diferentes. No obstante, argumentó que la trayectoria previa del ahora designado, así como su relación con colectivos como madres buscadoras, generó condiciones de confianza que el gobierno consideró relevantes para la atención de casos sensibles. Este lunes tomó protesta en el cargo también como secretario Técnico, en una sesión en la que por primera vez estuvieron presentes todos los consejeros titulares, incluyendo al fiscal general, Gerardo Vázquez Alatriste y el secretario de Seguridad, Juan Mauro González Martínez.

Jiménez Lona señaló que la salida de Adrián Nájera, quien fungía como secretario técnico del Consejo por motivos de salud, obligó a realizar un relevo con rapidez debido a la naturaleza del mecanismo, donde “todos los días hay necesidades de atención, emergencias y casos que no pueden quedar en pausa”.

Insistió en que el cargo requiere una persona que conozca la administración pública, mantenga cercanía con las víctimas y tenga disponibilidad permanente, incluso fuera de horarios laborales.

Sobre los cuestionamientos por la falta de consulta al Consejo respecto a los cambios reglamentarios y la designación, el secretario sostuvo que la reforma corresponde a una atribución del Poder Ejecutivo y que no existe obligación jurídica de someterla a consideración previa de ese órgano.

“Obviamente es un nombramiento, que estás, como todos lo estamos, a dar resultados… porque en estos temas, por ejemplo, una desatención o una cuestión grave, pues eso hasta a mí me puede llegar a generar una responsabilidad por la función”, advirtió.

El funcionario aseguró que los cambios también buscan mejorar la comunicación con las y los consejeros, informándoles en tiempo real sobre los casos atendidos y las acciones del mecanismo, además de avanzar en instrumentos y estrategias de prevención para proteger a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Entre 2013 y 2016, Jaime Rochín fue comisionado presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Después, entre 2020 y 2025, fue encargado de la comisión local en Guanajuato, como director general adscrito a la Secretaría de Gobierno tiene un nivel tabular 14, que significa un ingreso mensual neto de 67 mil 631 pesos.