Elena tenía 11 años. Acababa de terminar la primaria en Tlaxcala cuando comenzó a trabajar cuidando a otros niños como ella y haciendo tareas del hogar. Lo hizo para ayudar a su madre con los gastos familiares, pues su padre había muerto cuando ella tenía apenas cinco años. Hoy, con 40 años como trabajadora del hogar, busca establecer las bases para que, en Guanajuato, las personas que se dedican a esta actividad —la mayoría mujeres— puedan acceder a seguridad social y salarios justos a través de sindicato. 

La mamá de Elena también dedicó su vida a la misma labor: limpiaba casas y lavaba ropa para obtener ingresos con los que sostener a sus hijos. Por eso, Elena se acercó a esa fuente de empleo que, de acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), realizan al menos 2.5 millones de personas en México.

Después de muchos años en el oficio y de sufrir múltiples injusticias, se interesó por sus derechos laborales y comenzó a exigirlos a sus empleadores, pero esto le costó el trabajo en muchas ocasiones. Actualmente promociona en el estado la adhesión al Sindicato Nacional por la Democracia y la Unidad de las Personas Trabajadoras del Hogar (SINDUTH), organización que se instaló y celebró su asamblea constitutiva el pasado 21 de junio en Silao, lugar donde actualmente reside Elena con su familia.

El SINDUTH surge como una organización adherida a los Sindicatos Unidos con México Moderno (SUCOMM) y agrupa a empleadas de la Ciudad de México, Tijuana, San Luis Potosí, Chiapas, Tlaxcala y Guanajuato. La mayoría de ellas son mujeres.

Elena organizó la constitución del nuevo sindicato y realizó todos los trámites con la intención de difundir los derechos laborales de las personas trabajadoras del hogar y apoyar a mujeres y hombres para que puedan acceder a la seguridad social y otras prestaciones.

“Hemos tenido muy buena respuesta de mis compañeras. Yo estoy representando en este momento a Guanajuato porque acá estoy radicando. Mi intención es encontrar a trabajadoras de Guanajuato para poder orientarlas, porque sí hay mucha desinformación”, explicó.

De acuerdo con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta el último trimestre de 2024, en Guanajuato había 2,115 personas trabajadoras del hogar incorporadas al régimen especial de seguridad social, establecido tras la reforma a la Ley del Seguro Social en 2022. Según estas cifras, el 67.5 % de las personas registradas en el estado son mujeres, y el resto, hombres que se dedican a servicios como jardinería o trabajan como choferes particulares.

Elena sostiene que, a pesar de las reformas a la legislación federal, muchas personas dedicadas al trabajo del hogar aún no cuentan con seguridad social, ya que los empleadores no han cumplido con el registro ante el IMSS. Tan solo en el caso de Guanajuato, la comparación entre la población económicamente activa reportada en 2025 por el INEGI —2.8 millones de personas— y las personas registradas ante el IMSS representa apenas un 0.7 %.

El subregistro —que se sabe que existe, aunque no está cuantificado— vulnera los derechos de las personas trabajadoras del hogar al impedirles acceder a horarios y salarios justos, así como al pago de prestaciones. Además, las deja expuestas al acoso y maltrato por parte de sus empleadores.

“Es un gran reto, porque tenemos que comenzar por concientizarnos a nosotras mismas, como trabajadoras del hogar, de que sí tenemos esos derechos. Porque los empleadores muchas veces nos dicen que somos como de la familia, y ese ‘eres de la familia’ es una manipulación para que hagamos más cosas y digamos: ‘Es buena persona, me quedo más tiempo’, o si me piden que los apoye en alguna cosa, pues no les voy a cobrar de más. Pero en realidad, no. Es una relación laboral en la que debe respetarse una jornada de ocho horas, y si me piden que me quede más tiempo, se deben pagar las horas extras”, explicó.

Guanajuato: ¿Quién hace el trabajo del hogar y cuánto recibe a cambio?

El registro de personas trabajadoras del hogar del IMSS muestra que, en sus cinco subdelegaciones, Guanajuato tenía, hasta finales de 2024, un padrón de 2,115 empleados en este rubro. Esto implica que sólo ese número de personas fue reconocido con seguridad social y aportaciones al Infonavit por parte de sus empleadores.

En el estado, las subdelegaciones se ubican en los municipios de León, Guanajuato, Irapuato, Salamanca y Celaya, que son los de mayor densidad poblacional. Fue en los dos primeros donde se concentró el mayor número de registros: alrededor de 1,400 personas entre ambas subdelegaciones. La que reportó menos registros fue Celaya.

Desde la reforma a la Ley del Seguro Social en 2022, es obligatorio para los empleadores registrar al personal que presta servicios de limpieza, asistencia o cuidado, así como aquellos relacionados con el hogar de una persona o familia, a cambio de una remuneración económica.

En esta categoría, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), reconoce a empleadas domésticas, cocineras, choferes, cuidadoras de personas, vigilantes, lavanderas, planchadoras, así como a quienes se dedican a la jardinería en casas particulares.

Estos indicadores revelaron que, hasta el tercer trimestre de 2023, la población ocupada de 15 años o más en el trabajo doméstico remunerado fue de 2.5 millones de personas. Nueve de cada diez eran mujeres. En Guanajuato, el porcentaje de mujeres dedicadas a esta labor es del 67.8 %, según los registros del IMSS.

La población de entre 55 y 60 años fue la más ampliamente ocupada en este sector, aunque también se registraron personas de entre 70 y 75 años —es decir, adultos mayores— y, en menor número, niñas y jóvenes de entre 15 y 20 años.

Sindicalismo: el esfuerzo por conquistar la seguridad social

El trabajo doméstico remunerado es una de las ocupaciones con mayor tasa de informalidad: el 95 % de las 2.5 millones de personas ocupadas en esta labor prestaron sus servicios en la informalidad. La ENOE también reveló que el 69 % de esta población no recibía ningún tipo de prestaciones laborales por parte de quienes las contrataban.

Por otro lado, los datos estadísticos del IMSS en Guanajuato exponen que existe una brecha salarial entre hombres y mujeres que prestan servicios domésticos, la cual varía entre el 7 % y el 31 %, según la subdelegación de la que se trate. 

Elena explicó que la mayoría de las trabajadoras y trabajadores desconocen que las reformas a la Ley del Seguro Social obligan, desde 2022, a los empleadores a registrar al personal contratado y declarar sus aportaciones ante el IMSS y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit). 

La legislación establece que el registro debe incluir la fecha de inicio de la relación laboral y cubrir el período vencido, correspondiente al primer mes de aseguramiento.

La cuota contempla el salario diario y puede cubrirse por día, mes, semestre o año. El IMSS extiende el aseguramiento por un mes completo, siempre que se paguen las aportaciones patronales correspondientes al salario y a la base de cotización mínima.

Explicó que, en trabajos de asesoría, ya como sindicato han recibido quejas de personas que no reciben prestaciones mínimas como el pago de la prima vacacional o el aguinaldo. Incluso hay quienes ni siquiera reciben el salario mínimo, establecido en 278 pesos para 2025, de acuerdo con las reformas laborales.

También enfrentan jornadas extenuantes de hasta 14 horas por día y la negativa al pago de horas extra, a pesar de que la Ley Federal del Trabajo establece legalmente una jornada de 8 horas y el pago correspondiente por el horario extendido. El INEGI reveló jornadas de hasta 48 horas por semana en este sector de servicios.

“Realmente la mayoría no sabe ni siquiera que esto también aplica para las trabajadoras del hogar. Por eso nos hemos dado a la tarea de crear este sindicato, porque es una deuda histórica que se tiene. Hay personas que, además de no contar con prestaciones, reciben salarios demasiado bajos. Yo me he encontrado con compañeras que ganan 200 pesos al día”, detalló Elena.

Agregó que, además del desconocimiento sobre sus derechos, las personas trabajadoras del hogar enfrentan la resistencia de los empleadores para cumplir con la ley y realizar el registro. Elena sostiene que solo entre el 2 % y el 3 % de las personas que realizan trabajo doméstico cuentan con seguridad social. Por lo tanto, no hay certeza del número real de personas que realizan estos servicios a nivel nacional.

“Justamente este sindicato también tiene esa misión. Además de buscar agremiar a la gente, queremos informarles sobre los derechos a los que pueden acceder en los lugares donde prestan sus servicios. Es un gran reto, porque tenemos que empezar por concientizarnos nosotras mismas de que tenemos esos derechos”, subrayó.

Enfrentan trabajadoras abuso, violencia e invisibilización

Despidos injustificados, acusaciones de robo, accidentes de trabajo, acoso y discriminación son algunas de las violencias que viven de manera frecuente las trabajadoras del hogar, asegura Alba, otra integrante del sindicato, radicada en San Luis Potosí.

En este estado, ella ha conformado una red de al menos 100 compañeras, de las cuales solo una cuenta con seguridad social. Por ello, está convencida de que la integración de un sindicato podría ayudar a que las personas dedicadas a este oficio logren el reconocimiento de sus derechos.

Consideró, de entrada, que una de las grandes problemáticas es la ausencia de contratos laborales para las personas que prestan servicios domésticos. Esta situación complica la presentación de demandas laborales o de responsabilidad cuando alguien sufre un accidente de trabajo.

Datos del INEGI confirman que el 97 % de las personas ocupadas en el trabajo del hogar laboran sin un contrato por escrito.

“Aquí en San Luis Potosí, yo personalmente he atendido de tres a cuatro casos de compañeras que han sido acusadas de robo, otras que han sido despedidas injustificadamente, y algunas más que han tenido accidentes laborales en los que los empleadores no se quieren hacer cargo”, dijo.

Detalló que las acusaciones de robo suelen ocurrir cuando las empleadas solicitan prestaciones. Esta es una forma en la que la persona contratante intenta evadir el cumplimiento de sus obligaciones. A estos casos se les ha dado seguimiento a través de la red de mujeres trabajadoras del hogar organizada en San Luis, aunque a veces se complican por las relaciones de poder de los empleadores o porque, en algunos casos, ellos mismos son funcionarios públicos.

Además, dijo que se han presentado casos de acoso sexual, generalmente por parte de los empleadores o de sus hijos hacia las trabajadoras. Estas situaciones, señaló, “muchas veces son toleradas por ellas para evitar perder el trabajo”.

Resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 señalan que más del 34 % de las mujeres mayores de 18 años que laboran o laboraron como trabajadoras del hogar fueron discriminadas por su forma de vestir, arreglo personal u otros aspectos.

La misma estadística indica que el 55 % de las trabajadoras percibe poco respeto hacia sus derechos, y el 72 % declaró que, cuando se pierde un objeto, generalmente ellas son culpadas.

Además, el 20 % manifestó haber sufrido maltrato o abuso por parte de las personas que las contratan, y el 29 % declaró haber enfrentado malas condiciones laborales, principalmente relacionadas con horarios extensos y salarios bajos.