Por la defensa que inició en 2019 por la conservación de la Sierra de Santa Rosa y el suministro de agua para cuatro comunidades de la zona, ahora Blanca Angélica Cabrera Martínez, delegada de la comunidad Santa Rosa de Lima, denunció ser blanco de constantes ataques mediáticos orquestados por el alcalde panista, Alejandro Navarro Saldaña.

Desde que levantó la voz en contra del proyecto inmobiliario La Cucursola, propiedad del diputado federal panista Sergio Fernando Ascencio Barba, la delegada fue excluida de las responsabilidades propias de su cargo y de las actividades oficiales, además de que el alcalde la ha acusado públicamente de corrupción y ha hecho declaraciones como: "le ponen la cámara a la delegada y el micrófono y se va como hilo de media", hechos que quedaron expuestos ante las autoridades electorales por violencia política en reazón de género.

"Me hacen a un lado porque yo no estuve de acuerdo con los atropellos a la comunidad, a la sierra, por eso ahora se atropella a mi persona y no es justo… Me ignoran, me quitaron funciones, incluso la gente que yo inscribo en los programas sociales no es beneficiada porque ahora el mismo alcalde dio la responsabilidad de anotar en los apoyos a otra persona y son los que lo reciben".

La delegada de la comunidad Santa Rosa también llevó una queja ante la Procuraduría Estatal de Derechos Humanos, donde el funcionario que la escuchó le dijo primero que era una "situación delicada y que tenía que consultar primero si podía admitir la queja". Ante la respuesta del funcionario de Derechos Humanos, Cabrera optó por dejar el documento que llevaba escrito en la ventanilla, unos días después le pidieron que regresara a las oficinas a León para ratificar la queja.

Acompañada de integrantes de Acción Colectiva y Colibríes Guanajuato, organizaciones de la sociedad civil que brindaron asesoría e información a los habitantes de Santa Rosa para frenar por la vía legal el desarrollo del diputado federal del PAN, y por Paloma Robles Lacayo, Blanca Cabrera anunció que este jueves presentó la denuncia por violencia política en razón de género ante el IEEG.

En la conferencia de prensa, Paloma Robles Lacayo reprochó que desde el PAN se proteja a Alejandro Navarro, quien acumula ya nueve denuncias en los últimos meses por violencia política en razón de género y actos anticipados de campaña.

"Lamentablemente hay una protección institucional a los violentadores. El alcalde acumula al menos nueve denuncias y no vemos que renuncie".

Además de la violencia política denunciada por la delegada en su contra, también el alcalde panista habría incurrido en violencia institucional porque a los escritos enviados por Blanca Cabrera para denunciar la construcción de La Cucursola nunca obtuvo respuesta.

"Nos preocupa la seguridad física y moral de Blanca, por eso estamos aquí", comentó Gustavo Lozano de Acción Colectiva, la organización que ha asesorado jurídicamente a la comunidad para promover amparos en contra del ecocidio en la Sierra de Santa Rosa.

Comunidad se une contra ecocidio

Blanca Cabrera advirtió del ecocidio que se orquestaba en la Sierra de Guanajuato a manos de un particular que pretendía construir un desarrollo inmobiliario sin permisos de las autoridades ambientales, que además resultaría perjudicial para las comunidades porque tomaría agua de la Presa de Peralillo. La denuncia la hizo primero por las vías institucionales a Alejandro Navarro, pero sin respuesta, luego lo hizo de manera pública.

El proyecto millonario que representaba un atentado para el "pulmón de Guanajuato" resultó ser propiedad del diputado federal panista, Sergio Fernando Ascencio Barba, también empresario irapuatense que sin permisos de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) inició con el desarrollo que llamó Cucursola.

La Cucursola avanzó con el aval del gobierno municipal de Alejandro Navarro Saldaña, gracias a los permisos que otorgó la dirección de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial a cargo del también panista Juan Carlos Delgado Zárate. Además, sin consultar a los habitantes el entonces delegado y los integrantes del Comité Rural del Agua firmaron un convenio para ceder el líquido para la construcción y operación del desarrollo.

Aunque desde principios de febrero estaban colocados los sellos de clausura en Cucursola por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la clausura definitiva llegó hasta el mes de octubre, lo que representó un triunfo para los habitantes de las comunidades de la sierra.

Con el apoyo de Acción Colectiva y Colibríes, organizaciones de la sociedad civil, se informó a la población sobre las afectaciones que traería al medio ambiente el desarrollo que inició como hotel y se convirtió en un fraccionamiento. La decisión de la comunidad fue promover un amparo, y después de varios meses un juez otorgó la suspensión definitiva del desarrollo inmobiliario de Ascencio Barba.

Navarro pretende desprestigiar a Blanca Cabrera

En los últimos meses, además de relegarla de sus funciones, Alejandro Navarro ha hecho declaraciones encaminadas a desprestigiarla, denunció Blanca Cabrera Martínez en conferencia de prensa.

Ante los medios de comunicación, Alejandro Navarro acusó a la delegada de Santa Rosa de cobrar "plaza" a comerciantes que ofrecen sus productos en la comunidad, porque dijo, le llegaron denuncias "anónimas" de personas afectadas.

Incluso, el alcalde panista aseguró que la Contraloría Municipal inició una investigación por los presuntos actos de corrupción de la delegada de Santa Rosa y contra los delegados de La Sauceda y Cañada de Bustos por permitir la realización de eventos multitudinarios durante la contingencia sanitaria, aunque ha sido el mismo alcalde el que ha organizado reuniones con varias personas en bares.

Blanca Cabrera rechazó las acusaciones en su contra, además de recordar que como delegada en Santa Rosa no cobra un sueldo. También negó que haya recibido alguna notificación de la aparente investigación en su contra.

"No es justo que por no empatizar con estas personas (Alejandro Navarro y Sergio Fernando Ascencio), o con los intereses de estas personas, sea mi persona atropellada, ultrajada o denigrada. Lo siento mucho, pero yo seguiré trabajando y queriendo mi comunidad".

La serie de declaraciones que ha hecho en su contra Navarro Saldaña fueron documentadas para poder mostrarlas como evidencia ante Derechos Humanos y el IEEG.

Cabrera también confirmó que hace una semana que acudió a las oficinas de la Procuraduría de Derechos Humanos en León, la atendió un abogado que la escuchó, pero que se resistió a recibirle la denuncia con el argumento de que era un asunto delicado que tendría que consultar primero.

La delegada de la comunidad de Santa Rosa optó por dejarlo en el área de ventanilla para que le sellaran de recibido y unos días después acudió a ratificar la denuncia.

En sus declaraciones, Alejandro Navarro también ha pedido que por "dignidad y nobleza" los delegados investigados por la Contraloría renuncien a su cargo.

Hasta la casa de Blanca llegó Marco Araujo, entonces director de Desarrollo Rural, para pedirle que salieran a pasear por la comunidad tomados del brazo para que la gente viera que no existían diferencias con las autoridades municipales, propuesta a la que la delegada se negó.

El hostigamiento se manifestó cuando una patrulla de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se estacionó afuera de su domicilio durante casi 2 horas, impidiendo que Cabrera Martínez pudiera sacar su vehículo.