Disparos efectuados por agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía general del estado durante un operativo para dar cumplimiento a una orden de aprehensión causaron la muerte de una niña de ocho años en San Miguel de Allende, dejando en entredicho su actuación y la aplicación de los protocolos y normatividad que están obligados a cumplir para preservar la seguridad de la niñez y de personas ajenas que puedan estar en riesgo durante este tipo de despliegues.

Esta intervención de los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) ya fue denunciada penalmente, expuso el abogado Pablo González Sierra, abogado de la familia de la niña Alana Pérez Almanza, que por su asesinato “pide consecuencias, pide sanciones penales en contra de los responsables, los criminales que desde el más alto nivel hasta los que dispararon, cometieron el feminicidio de la niña”.

Foto: Especial Familia de Alana acusa negligencia de agente de la Fiscalía

Si los agentes de policía pudieron conocer que en ese vehículo iba una niña, “consideramos que se puede tipificar como feminicidio. Lo que pedimos es que la Fiscalía investigue. Yo lo que afirmo es porque tengo las pruebas; la cuestión de las responsabilidades será labor de la Fiscalía”, apuntó el abogado.

En una rueda de prensa que ofreció junto con la madre de Alana, Marian Paulina Almanza, González Sierra afirmó que la forma en que se realizó el operativo de la Fiscalía para ejecutar la orden de aprehensión fue no solamente inadecuado, “sino abiertamente negligente”, pues no se cumplió con lo dispuesto en la Ley nacional sobre el uso de la fuerza, así como en el Protocolo de actuación de los integrantes de las instituciones policiales del estado para el uso de la fuerza, entre otros lineamientos obligados para los agentes en este tipo de intervenciones.

Por ello, además de exigir una investigación exhaustiva y clara a la Fiscalía que encabeza Gerardo Vázquez Alatriste, se interpuso una queja ante la Procuraduría Estatal de los Derechos Humanos, para que también investigue la actuación del personal de la AIC.

Alana, quien cumpliría nueve años el jueves 13, viajaba junto con su hermana en el asiento trasero de una camioneta que salió alrededor de las 7 de la mañana, conducida por un hombre ayudante de seguridad de su papá, Alan Pérez, mientras éste iba en el asiento del copiloto. Salieron de su domicilio por el rumbo del Cortijo (a un lado del balneario Escondido Place) hacia la salida a Querétaro, para dejarlas en su escuela.

Pero no llegaron, puesto que cuando circulaban a la altura de la avenida Senderos, cerca de la glorieta del fraccionamiento Las Ventanas, fueron interceptados por los agentes de Investigación Criminal, que iban en un vehículo tipo sedán, del que se bajó uno de ellos con un arma. El padre de Alana afirma que el auto sedán (aparentemente un Sentra) blanco no llevaba rótulos ni calcomanías que lo identificaran, y que el hombre que bajó con el arma no llevaba uniforme, insignias o alguna identificación que lo señalara como agente de la Fiscalía, por lo que tanto él como su ayudante creyeron que se trataba de posibles delincuentes o sicarios.

En ese momento se desató una persecución, un intercambio de disparos, enmedio de lo cual, según lo narrado por el abogado Pablo González Sierra, Alan Pérez gritó en varias ocasiones “¡vienen mis hijas conmigo!”. Sin embargo, en un momento su hija Alana le dijo que la habían herido y que tenía sangre, por lo que la camioneta enfiló rumbo al hospital La Joya.

Ahí fueron alcanzados por los hombres que, según esta denuncia, pensaron que se trataba de criminales. Alan se dirigió al hospital con su hija en brazos mientras su ayudante y los agentes -ahora se sabe- intercambiaron nuevos disparos, momento en el que dos agentes fueron heridos.

Alana murió al entrar al hospital. Alan y su ayudante fueron finalmente detenidos. El abogado Pablo González Sierra señaló que pudo ver a Alan horas más tarde y que éste le mostró algunas lesiones que, asegura, le infligieron agentes de la AIC tras capturarlo, por lo que el defensor dijo que se denunciará también la presunta tortura en contra de su cliente.

Foto: Especial lesiones mostradas por el detenido a sus abogados

La versión que dio la Fiscalía a cargo de Gerardo Vázquez Alatriste, apenas unas cuantas horas después de lo ocurrido la mañana del martes 11 de marzo en la avenida Senderos de San Miguel de Allende, apunta a una rápida exoneración de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Sin que se conociera la apertura de una investigación para esclarecer la actuación de los elementos, atribuyó de inmediato al papá de la niña asesinada la responsabilidad por “haber puesto en riesgo la seguridad de sus hijas”, tanto de la víctima como de su hermana.

En el comunicado se señala que se pretendía ejecutar una orden de aprehensión (en contra de Alan Pérez) por tentativa de feminicidio; que el acusado “se resistió al mandato judicial, atacando a dos agentes policiales y lesionándolos” y dejando a uno grave y al otro estable.

Sin señalar con precisión de dónde procedieron los disparos que dieron muerte a Alana, el boletín de la FGE dice “durante el intercambio de disparos, la hija del presunto responsable resultó herida, falleciendo momentos después mientras era trasladada para recibir atención médica”.

Al final, la Fiscalía asegura que el caso “será documentado con total transparencia”.

Poplab preguntó a la Fiscalía sobre la actuación de los agentes de la AIC en la detención; si efectivamente no iban uniformados y en automóvil con identificaciones institucionales, así como cuál es la situación legal de los elementos de la AIC que dispararon a la camioneta y cuyas balas dieron muerte a la niña. Se ofreció atender esta solicitud, pero al cierre no se dio información.

Suma de pifias

El abogado Pablo González Sierra afirmó que además de sus gestiones como defensor, la Fiscalía General de Justicia tendrá que solicitar y revisar los videos de las cámaras del C4 y C5, así como particulares, que grabaron el trayecto y que pudieron haber registrado el momento en que se pretendió ejecutar la aprehensión de Alan Pérez, para corroborar que los elementos de la AIC iban en auto sin logos y sin insignias o algo que los identificara en ese momento, así como la forma en que ocurrió todo.

También ha solicitado las grabaciones de las body cam que deben usar todos los agentes en estos operativos, las conversaciones de voz de los propios agentes a través de cualquier tipo de tecnología en todo ese lapso, pues “una niña murió y se tiene que responder”.

Pero enfatizó que, mientras la Fiscalía responsabiliza al padre de Alana de lo ocurrido, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza es precisa en cuanto a los protocolos y procedimientos que deben seguir agentes de las corporaciones precisamente en el uso de la fuerza y en el caso de llevar a cabo una detención, mismos que los agentes habrían incumplido.

El artículo 8 de esta ley dice: “Los protocolos y procedimientos del uso de la fuerza deberán atender a la perspectiva de género, la protección de niñas, niños y adolescentes, así como la atención de situaciones de riesgo en el interior o en las inmediaciones de guarderías, escuelas, hospitales, templos, centros de reclusión y otros lugares en el que se congreguen personas ajenas a los agresores”.

En tanto que el artículo 16 de la misma ley señala que las instituciones de seguridad deben emitir protocolos de actuación con perspectiva de género y para niñas, niños y adolescentes y protección de los derechos humanos, “así como los manuales de técnicas para el uso de la fuerza y la descripción de las conductas a realizar por parte de los agentes”.

Estos manuales deben determinar la capacitación de los agentes en técnicas de solución pacífica de conflictos, como la negociación y la mediación, control de multitudes y otros medios “que limiten al máximo el uso de la fuerza en los niveles de uso de armas incapacitantes menos letales y de armas de fuego”.

Foto: Especial

Y por si fuera poco, el artículo 23 de esta misma ley señala que cuando para la detención de una persona sea necesario hacer uso de la fuerza, el agente deberá garantizar la seguridad de personas no involucradas como prioridad, después la de los propios agentes y en tercer lugar la de la persona por detener.

Efectivamente, en Guanajuato existe un Protocolo de Actuación de los integrantes de las instituciones policiales del estado, para el uso de la fuerza, mismo que por cierto, lleva el logo que la Fiscalía General del Estado tuvo al final del periodo de Carlos Zamarripa Aguirre.

El punto vigésimo de este protocolo es puntual:

“En la detención de una o varias personas que traigan consigo una o varias niñas o niños, adolescente o adolescentes, o persona o personas pertenecientes a grupos vulnerables; los integrantes de las instituciones policiales en el estado, actuarán de acuerdo al siguiente procedimiento:

Si al momento de la detención, la persona o personas traen consigo a una o varias niñas o niños, adolescente o adolescentes, y/o persona o personas perteneciente a grupos vulnerables, es decir, que por su sola condición no puedan valerse por sí mismos o se ponga en peligro su integridad física, psicológica e inclusive la vida, él (sic) o los integrantes de las instituciones policiales en el estado deben actuar con prontitud y de manera prioritaria cumpliendo con la responsabilidad que tiene como servidor público, la de proteger, garantizar y respetar la dignidad humana así como también anteponer en el cuidado de los menores que tenga bajo su custodia temporal, el principio Constitucional del Interés Superior de la Niñez, en lo que realiza la entrega a la autoridad competente”.

Por otra parte, al exponer la denuncia por lo que consideran un presunto uso excesivo de fuerza y un abuso de autoridad, además del asesinato de Alana -que piden se tipifique como feminicidio- el abogado Pablo González Sierra es inexplicable que la AIC hubiera elegido ese momento para ejecutar la orden, en medio del tráfico matutino y cuando Alan trasladaba a sus hijas a la escuela.

Ilustración: Juan José L. Plascencia

Y es que, derivado de la situación por la que se le iba a detener, un día antes, el lunes 10, éste se había presentado en la sede de la propia Fiscalía regional en San Miguel de Allende para interponer una denuncia y para ofrecer elementos a su favor ante la acusación de tentativa de feminicidio.

Alan es acusado de ser presuntamente responsable de un intento de femicidio en contra de su hermana, quien aseguró que éste la habría disparado la noche del 7 de marzo, en un contexto de un conflicto entre ambos que ha derivado en diversas denuncias y litigios.

Al respecto, el abogado González Sierra aseguró que se cuenta con testimonios y grabaciones de video que prueban que Alan Pérez se encontraba con varias personas en un club en Querétaro, a kilómetros de distancia, a la hora en que según la denunciante fue atacada en su domicilio.

“Tenemos conocimiento de que la orden de aprehensión que pretendía ejecutar la Fiscalía la tenían desde el domingo 9 de marzo. Acudimos a las instalaciones de la Fiscalía desde las 12 del día hasta las 15:30 horas del 10 de marzo, metiendo denuncia penal por posibles denuncias falsas. Estuvimos allí a disposición, pudieron haberlo detenido y no lo hicieron; esperaron hasta que personas ajenas estuvieron en peligro y una niña fue asesinada”.

Y agregó: “Si lo hubieran detenido, ejecutando y cumplido los protocolos de uso de fuerza, la familia cree que esto no hubiera sucedido. No sé por qué quisieron hacer una detención espectacular en aquél lugar poniendo en peligro las vidas, y no la pudieron hacer el lunes”.

Para Marian Paulina Almanza, madre de Alana, la niña “fue víctima de un feminicidio cobarde mientras su padre las llevaba a la escuela, a ella y a su hermana, que está aterrorizada y no quiere subirse a un vehículo porque cree que la van a balacear”.

La mujer contó que preparaban la fiesta de cumpleaños de Alana para este jueves 13.

“Mi hija merece justicia, mañana iba a ser su fiesta, quería compartir con sus amigos, todos la querían y no va a poder estar porque está muerta, necesitamos ayuda, por favor”.