Durante el segundo trienio del panista Héctor López Santillana y bajo la gestión de Víctor Chombo López, la Dirección de Personal adscrita a Desarrollo Institucional de León administró de manera anómala elevadas sumas de dinero en efectivo, proveniente de donativos irregulares a los que se les llamaba oficialmente “reciprocidades”, entre la dependencia y proveedores de la misma. La revelación fue hecha por la Contraloría Municipal durante la presentación de su informe trimestral, donde su titular advirtió la existencia de un proceso penal por el robo de más de 97 mil pesos de esos donativos obtenidos de manera ilícita y resguardos en una “caja chica”.

El gobierno del ex alcalde Héctor López Santillana, el primero que se reeligió y gobernó la ciudad por seis años, estableció una política de recepción de dádivas de los proveedores de bienes y servicios, a los que se les llamó "reciprocidades", las cuales se usaban para dar regalos a funcionarios y empleados.

El fondo irregular de las "reciprocidades", calificadas por un ex funcionario de la contraloría que pidió omitir su identidad como "cohechos", propició un fraude al perderse 98 mil pesos de la caja conformada con esos recursos. No se trata de un daño al erario, pues ese dinero no ingresaba formalmente a la tesorería, por lo que su denuncia tendría que presentarse ante la Fiscalía del Estado.

Este fondo se manejó en la dirección de Desarrollo Institucional, durante la gestión de Víctor Chombo en la segunda parte de la administración de López Santillana. Chombo, ex tesorero de Acámbaro cesado por desvío de recursos en 2015, llegó allí por su cercanía a Enrique Sosa, el poderoso tesorero y operador administrativo del ex alcalde, quien ocupó esa dirección en el primer trienio (2015-2018).

Víctor Chombo López, quien fue Director de Personal adscrito a la dependencia por recomendación de Enrique Sosa Campos en 2019, aún cuando sobre el funcionario pesaba una robusta investigación que acreditó un desvío millonario cuando fue tesorero de Acámbaro.

El también ex tesorero leonés Enrique Sosa se encuentra bajo el escrutinio del Tribunal de Justicia Administrativa de Guanajuato por su participación en el despojo de más mil metros cuadrados del kínder Juan Aldama, donde presuntamente abusó de sus funciones para modificar un acuerdo municipal que favoreció al empresario Gabriel Padilla Cordero con la venta del predio. También, el hombre de confianza del ex alcalde panista avaló la condonación de 2 MDP de impuesto predial al Club Campestre, promovida por el entonces secretario de Desarrollo Rural, Rodolfo Ponce Ávila.

Enrique Sosa Campos, ex tesorero de León. Foto: Especial

Las irregularidades en Desarrollo Institucional fueron denunciadas ante la contraloría en 2021 por la entonces encargada de despacho Elizabeth Muñoz García, quien fue nombrada luego de la salida de José Alberto Martínez Aguayo, despedido por múltiples denuncias de acoso sexual en julio de 2021. Muñoz García notificó a la Contraloría de un faltante superior a los 97 mil pesos, que fue presuntamente sustraído de la “caja chica” manejada en la dependencia. Por el presunto delito de robo, la Contraloría municipal presentó la denuncia penal 131271/2021 en la Fiscalía General del Estado contra los servidores públicos que resulten responsables.

No obstante, el planteamiento técnico de la denuncia no debería involucrar un presunto daño a la hacienda pública, pues aquel monto fue recibido y resguardado de manera ilícita y nunca formó parte del patrimonio de la administración municipal.

La contralora Viridiana Márquez declaró el pasado jueves 27 de enero, tras rendir su informe trimestral, que aquel efectivo fue otorgado por proveedores a la dependencia como “reciprocidades” por convenios de servicios, y agregó que según la investigación, el dinero de la “caja chica” era utilizado para adquirir regalos para servidores públicos en días conmemorativos. Según fuentes reservadas al interior del municipio, en el supuesto cohecho estaría involucrada la coordinadora de Calidad de Vida, Susana Velasco Otero, adscrita a la dirección de Desarrollo Institucional y subordinada de Víctor Chombo López.

“Eran reciprocidades que se guardaban en lo que ellos llaman la caja chica (...) por convenios y que se establecía como tal dar determinado porcentaje de reciprocidad al municipio. En este caso eran para compras que se hacían para regalos para el Día del asistente, del Día de las madres que se hacía a las y los servidores públicos de la administración”, reveló Márquez Moreno.

Viridiana Marquez Moreno, contralora municipal. Foto: Melissa Esquivias

Víctor Chombo López regresó a la función pública en 2018, luego de haber sido inhabilitado durante dos años del Ayuntamiento de Acámbaro -donde fue titular de la tesorería en la administración del panista René Mandujano Tinajero-, por el desvío de 25 millones de pesos que fueron utilizados para el gasto corriente y que originalmente estaban destinados a seguridad pública y desarrollo social.

La cercanía

Fuentes reservadas informaron a este medio la cercanía entre los dos ex tesoreros; Enrique Sosa y Víctor Chombo se conocieron en la década de los noventa, cuando ambos coincidieron en la licenciatura de contabilidad en la Universidad de Guanajuato. Aunque tras egresar ambos mantuvieron sus trayectorias profesionales al margen del otro, luego de dos años de inactividad en el Ayuntamiento de Acámbaro en 2018, de donde fue cesado por desvío de recursos, Chombo López buscó la ayuda de su viejo colega, quien se estrenaba como tesorero municipal de León en el segundo trienio de Héctor López Santillana.

La oferta para Chombo fue en la Dirección de Personal adscrita a Desarrollo Institucional donde percibió mensualmente más de 100 mil pesos brutos. Dicha área está encargada de la gestión de los servidores públicos municipales de todos los niveles, así como el manejo de nóminas, prestaciones y bonificaciones.

Víctor Chombo López. Foto: Especial

En septiembre de 2021, luego de la salida del ex director de Desarrollo Institucional por presunto acoso sexual, empleados de la adscrita Dirección de Personal denunciaron ante la contraloría municipal el pago injustificado de compensaciones laborales a servidores de la misma dirección. El monto por dicho concepto superó los 500 mil pesos y fue ejercido entre agosto de 2020 y julio de 2021. Fuentes municipales advirtieron que el caso se encuentra "congelado" en el área de investigaciones de la Contraloría municipal, de donde podría derivar en responsabilidades administrativas y otra denuncia penal por presunto cohecho.