Ante la incertidumbre que prevalece por la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), las bancadas legislativas de Morena y el Partido Verde plantearon pedir explicaciones al gobernador, Diego Sinhue Rodríguez, pero la intención de conocer cómo va a quedar conformada la instancia se vio frenada con la mayoría panista. El argumento fue que no existe ninguna propuesta legislativa para la conformación de la Unidad y al pedir información se puede “transmitir confusión”.

En la sesión de Pleno del Congreso, tanto la coordinadora del Verde, Vanessa Sánchez Cordero, como la diputada de Morena, Magdalena Rosales Cruz, coincidieron en la necesidad de conocer los detalles de cómo se va a conformar la Unidad, prometida por Diego Sinhue Rodríguez como parte de la estrategia de seguridad.

En los puntos de acuerdo presentados por ambas fracciones parlamentarias también se hace un llamado al Ejecutivo para que involucre a especialistas en el tema, antes de que se defina la conformación solo a través de un decreto o la modificación a un reglamento.

“Es necesario claridad por parte del titular del Poder Ejecutivo: dónde va a estar adscrita dicha Unidad, ¿va a depender de la Secretaría de Finanzas o de la Fiscalía General del Estado?, los especialistas que formarán dicha Unidad serán de áreas especificas de la Secretaría de Finanzas o de la Fiscalía General, ¿cómo se va a llevar a cabo la operación de la Unidad para que realmente cumpla con su objetivo?”.

En medio de la incertidumbre, la coordinadora del Verde, Vanessa Sánchez Cordero, destacó la necesidad de que el Ejecutivo presente un diagnóstico que permita conocer el impacto real que tendría la creación de la Unidad, además de exigir que se pida opinión de expertos y que el tema pase por el Congreso local.

“Es necesario que el Poder Ejecutivo del Estado remita a esta soberanía un diagnóstico del impacto que han tenido las operaciones con recursos de procedencia ilícita en el estado, con la finalidad de conocer el poder real de las finanzas de los delincuentes que operan en esta entidad, así como las orientaciones económicas que están financiando estos criminales y que siguen alimentando el crimen organizado”.

La legisladora apuntó que se pretende crear la Unidad por acuerdos o decretos para evitar su paso por el Legislativo, cuando se trata de una instancia de importancia para el combate al crimen organizado. La propuesta fue enviada a comisión para su análisis.

Por su parte, la diputada de Morena, María Magdalena Rosales, evidenció la escasa información y la opacidad con la que se ha manejado el tema desde el gobierno estatal, por lo que insistió en la necesidad de pedir información.

“(La petición es) Para que la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera en el Estado de Guanajuato se realice con la opinión de expertos en la materia, se escuche a las instancias que deben proveer de información a la unidad, se defina con claridad los objetivos que se persiguen con su creación, y preferentemente sea un órgano con autonomía técnica y de gestión perteneciente a la Secretaría de Finanzas, además de crear un mecanismo eficiente de rendición de cuentas que impida el abuso de las facultades del organismo”, dijo Rosales.

La diputada de Morena pidió que su propuesta fuera de obvia resolución, es decir, que se votara en el mismo día. La propuesta fue rechazada con el voto mayoritario del PAN, del PRD y las representaciones de Nueva Alianza, Movimiento Ciudadano y PT.

Fotos: Congreso del Estado de Guanajuato.

No hay necesidad de pedir información: PAN

Para argumentar el voto en contra de la propuesta, la panista Cristina Márquez Alcalá señaló que al pedir información al Ejecutivo se genera confusión, pues el gobernador no ha enviado ninguna iniciativa para la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

“Parece que no ha quedado claro que la ciudadanía requiere de información fidedigna, concreta y objetiva”, señaló la diputada panista, a pesar de que oficialmente no se ha informado a los diputados en dónde quedaría adscrita la Unidad y cómo funcionaría ésta.

“No transmitamos la confusión de los temas que aquí se atienden. Debe haber claridad sobre los temas que aquí se presentan, las competencias y las atribuciones, facultades, y por supuesto el respeto al principio de legalidad”.

Al momento se han presentado dos acciones desde el Ejecutivo encaminadas a la conformación de la Unidad de Inteligencia Financiera: la primera fue la iniciativa de reforma al Código Penal para la incorporación de delitos relacionados con el manejo de recursos de procedencia ilícita. También existe un decreto para reformar el reglamento de la Secretaría de Finanzas, Inversión y Administración, para facultar a la dependencia a que colabore en la prevención y combate de los delitos derivados de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Sin embargo, desde el anuncio de la iniciativa de reforma al Código Penal el mismo gobierno estatal lo planteó como el inicio de la creación de la Unidad de Inteligencia Financiera.

Para los diputados locales del PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, PT y Nueva Alianza no hay argumentos que sustenten el pedir claridad al gobernador sobre la creación de la instancia.

“No es viable ni necesario (el punto de acuerdo), porque en ninguno de los documentos dice la creación de… parece que podría hacer”, insistió la diputada del PAN, en contradicción a lo que ha planteado el mismo titular del Ejecutivo.

Incluso, en días anteriores el gobernador explicaba el por qué enviar la UIF a la Fiscalía General del Estado, en medio del debate que se inició por el uso político que se podría hacer de la información.

Diego Sinhue Rodríguez reconoció que la UIF federal está adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero que en el caso de Guanajuato se enviaría a la Fiscalía General del Estado, que encabeza Carlos Zamarripa Aguirre, lo que ha despertado inquietud en la oposición.

Magdalena Rosales insistió en el uso político que se podría hacer de la Unidad, de quedar en manos de Zamarripa, además del desprestigio que arrastraría.

“Es claro que la unidad nacería ya sin sentido porque lo más probable es que las instituciones notificadoras se resistan a divulgar información a ese órgano policial si saben que carecería de utilidad, o se sospecharía que se utilizara como instrumento político, no técnico. En ese sentido, sería irresponsable partir de la premisa de una supuesta confianza social hacia la fiscalía, porque lo que prevalece es todo lo contrario”, concluyó.