La Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) aceptó dos denuncias por presunta corrupción ocurridas durante el sexenio del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Los casos se refieren, por un lado, al otorgamiento en comodato de un terreno de 8 mil metros cuadrados a la empresa automotriz Mazda, y por otro, a las irregularidades en la entrega de 184 millones de pesos a la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) Bajío.

Ambas denuncias fueron promovidas por la ciudadanía bajo la figura de “situación excepcional”. En el caso del terreno otorgado a Mazda, la denuncia fue presentada por legisladores de Morena; mientras que las presuntas irregularidades en los recursos entregados a la Concamin surgieron a partir de una investigación periodística de POPLab y fueron formalmente denunciadas por el periodista Arnoldo Cuéllar Ornelas.

La ASEG resolvió admitir ambas denuncias en los últimos días de diciembre, en vísperas del periodo vacacional de fin de año. Aunque el Gobierno del Estado está legalmente obligado a rendir los informes correspondientes, la notificación en la antesala de las vacaciones otorga en la práctica casi un mes para responder. La ley establece un plazo de 10 días hábiles.

De acuerdo con la Ley de Fiscalización, una vez que la ASEG reciba los informes solicitados, podrá integrar la investigación al proyecto de planeación del programa general de fiscalización, acumular la denuncia a alguna auditoría ya existente, ordenar la práctica de una auditoría específica o archivar el expediente si considera que no existen elementos suficientes para acreditar los hechos denunciados.

En el caso del terreno otorgado a Mazda en el municipio de Salamanca, el Gobierno del Estado deberá explicar a la Auditoría las razones por las que se entregó un bien público en comodato a una empresa con fines de lucro, así como informar sobre el estado actual de los hechos señalados por los legisladores de Morena.

Respecto a la denuncia relacionada con la Concamin Bajío, el informe estatal deberá detallar la fuente de financiamiento de los recursos entregados y precisar si se aceptan o se niegan cada uno de los actos denunciados.

Las denuncias de situación excepcional aceptadas por la ASEG fueron presentadas por particulares, cuando se han hecho públicas diversas denuncias de presunta corrupción y despilfarro de recursos durante la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.

El exgobernador panista dejó de aparecer en eventos públicos durante aproximadamente un año, mientras en distintos medios de comunicación se difundían investigaciones sobre presuntos actos de corrupción, uno de ellos fue la casa en The Woodlands, en Houston, Texas, vinculada a Seguritech, empresa proveedora del Gobierno de Guanajuato que recibió contratos por más de 4 mil 400 millones de pesos durante el sexenio de Rodríguez Vallejo.

ASEG acepta investigar Torre Concamin

Luego de 4 meses de tener la denuncia de situación excepcional a los recursos públicos que la Concamin Bajío recibió del Gobierno del Estado, la ASEG aceptó revisar los actos de presunta corrupción entre las autoridades estatales y la organización empresarial que preside Ismael Plascencia.

La denuncia, presentada ante la ASEG el 14 de agosto de 2025, señala presuntos conflictos de interés y prácticas de autocontratación, así como incrementos injustificados de costos, irregularidades en los procedimientos de autorización, falta de fiscalización y transparencia, además de ineficiencia operativa en el uso de los recursos públicos.

Aunque la denuncia fue interpuesta en agosto, la ASEG la admitió mediante un acuerdo tomado el 10 de diciembre, el cual fue notificado a una de las partes interesadas hasta el 15 de diciembre.

La denuncia de situación excepcional se refiere a presuntos hechos irregulares relacionados con la aplicación, manejo y custodia de recursos públicos, y se deriva de la investigación periodística titulada “El romance millonario de Diego Sinhue y la Concamin de Ismael Plascencia”, publicada por POPLab.

De acuerdo con la denuncia, durante el sexenio del exgobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, la Secretaría de Desarrollo Económico entregó al menos de 184 millones de pesos a la Concamin Bajío.

Los recursos públicos fueron canalizados a través de dos asociaciones civiles: la Asociación de Industriales del Bajío (Indubaj) y la asociación Industria Competitiva del Bajío (Incobaj).

La denuncia sostiene que parte de los 184 millones de pesos en subsidios provenientes del erario beneficiaron a una red de empresas presuntamente vinculadas con Ismael Plascencia, presidente de la cámara empresarial.

Adicionalmente, por la presunta corrupción relacionada con la construcción de la Torre Concamin, también se promovieron denuncias ante la Secretaría de la Honestidad y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.

A revisión comodato a Mazda

La diputada Hades Aguilar Castillo informó que ASEG aceptó la denuncia de situación excepcional que promovieron legisladores de Morena para revisar la actuación de los funcionarios estatales involucrados en la entrega, en comodato, de un terreno público a una empresa privada.

Aguilar Castillo explicó que la denuncia fue presentada hace más de un mes; sin embargo, la ASEG decidió admitirla apenas unos días antes del inicio del periodo vacacional de fin de año.

En ese contexto, la legisladora cuestionó directamente la actuación del secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, y exigió que se investigue a fondo el manejo del patrimonio estatal.

“El secretario de Finanzas tiene que responder por qué usa el patrimonio público como si fuera suyo, y lo regala, o lo dona, o lo entrega a quien se le da la gana. Tiene que hacerse una investigación a profundidad y desde aquí le decimos al auditor, Víctor Fonseca, que estamos vigilando su trabajo”.

De acuerdo con la denuncia, seis meses antes de concluir su sexenio, el entonces gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo entregó un terreno a la empresa automotriz Mazda para la ampliación de sus operaciones. La operación no se formalizó mediante una donación, sino a través de un contrato de comodato, pese a que la Ley de Patrimonio del Estado prohíbe este tipo de convenios con empresas privadas con fines de lucro.

La diputada reconoció que no existe plena confianza en la investigación que pueda llevar a cabo la ASEG; sin embargo, aseguró que es obligación de los legisladores no sólo denunciar públicamente los presuntos actos de corrupción, sino también hacerlo ante las instancias competentes.

“No nada más debemos denunciar públicamente, porque los ciudadanos también están cansados: denuncian violaciones, denuncian corruptela, denuncian asesinatos, denuncian robos y no pasa nada. Es igual con nosotros, pero tenemos que seguir haciéndolo”, afirmó.

El caso del comodato irregular a favor de Mazda se hizo público cuando la gobernadora Libia García Muñoz Ledo envió al Congreso del Estado la solicitud de desafectación y posterior donación del predio, con el objetivo de regularizar la operación.

En los antecedentes del trámite legislativo se señala que, desde marzo de 2024, la empresa automotriz tenía bajo su resguardo el terreno ubicado en las inmediaciones de su planta en Salamanca, a través del comodato otorgado durante la administración de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.