Para la jueza penal María Eugenia Chávez quedó plenamente probado que, mientras se desempeñaba como policía municipal adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Irapuato, Miguel Ángel Barrón García cometió violencia familiar por más de un año y fue responsable de la desaparición de su hijastro Juan David, un niño de 11 años que continúa sin ser encontrado.

Como un punto importante de la sentencia, la jueza estableció “la obligación del Estado para dar con el paradero de Juan David” por lo que ordenó a la Fiscalía General de Guanajuato informe los avances en la investigación por la desaparición del niño.

También instruyó a la Comisión Estatal de Búsqueda que “coordine las búsquedas de Juan David”, lo que deberá de ser vigilado y supervisado por la juez de sentencia.

Sin embargo, en este tema Patricia Barrón -quien fungió como asesora jurídica de Juan Agustín y es titular del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas “Una Luz en Mi Camino”- informó que la Comisión Estatal no ha buscado a Juan David, e hizo un llamado a la población a que informe cualquier dato que pueda dar con el paradero del niño.

Los testimonios de vecinos del niño, tanto en la carpeta de investigación como durante el desarrollo del proceso judicial, fueron fundamentales para que la jueza dictara una sentencia condenatoria, pues dieron detalles sobre la violencia física y verbal que ejercía el policía.

Durante la audiencia, que inició el lunes 6 y se reanudó el jueves 9, la jueza dio oportunidad a Miguel Ángel Barrón García de decir dónde está el niño (vivo o muerto), con una posibilidad de reducirle la pena de prisión si colaboraba, pero el hombre se mantuvo en su postura de declararse inocente.

Presente en la audiencia, el padre de Juan David, Juan Agustín, dijo a la jueza: “yo solo quiero saber dónde está mi hijo”.

El proceso estuvo también marcado por la participación de un testigo clave, un vecino llamado Roberto Dueñas, quien vio a Miguel Ángel Barrón salir caminando de su domicilio con Juan David en la madrugada del 14 de mayo del 2022…un testigo que fue asesinado mientras todavía se desarrollaba el juicio.

Roberto Dueñas vivió en la calle Corona Real, que está separada por un río de la calle Gran Canaria. Frente a frente, con el río de por medio, está la casa donde vivía Miguel Ángel Barrón con Reyna y los dos hijos de ésta (de una anterior pareja), uno de ellos, Juan David.

Roberto declaró al ministerio público que, alrededor de la una de la madrugada del 14 de mayo del 2022, se encontraba sentado en una banca junto al asador de carnes ubicado frente a su casa, cuando vio caminar a Miguel Ángel Barrón García con el niño hasta perderse por una esquina con destino a la comunidad San Roque. Habría sido el último que vio al niño antes de que éste fuera desaparecido.

El testigo describió que el lugar se ubica a escasos metros del río y desde allí pudo ver a dos personas caminando por el puente, “una silueta más alta que la otra”. Instantes después, las dos personas pasaron por el frente de su casa y pudo identificar a “El Barrón”, “que caminaba con su hijo (Juan David) que traía un trapo amarillo en el cuello (que el niño usaba de cabestrillo para sostener el brazo que tenía lastimado por golpes de su padrastro)”.

La declaración de Roberto Dueñas fue incluida por escrito esa primera y única vez y ya no pudo ser testigo dentro del juicio. La segunda ocasión que los agentes ministeriales de la Fiscalía General del estado acudieron a su casa para pedir que rindiera su testimonio en el proceso, los familiares les informaron que había sido víctima de homicidio el 16 de septiembre pasado.

De acuerdo con lo que POPLab pudo conocer, el hombre de 52 años de edad

se encontraba conviviendo junto con otros vecinos en la misma banca del frente de su casa cuando dos hombres en motocicleta llegaron al sitio, se dirigieron a Roberto y en un ataque directo le dispararon varias ocasiones, asesinándolo.

Los agresores no fueron detenidos y oficialmente, la Fiscalía tampoco dio a conocer el móvil de su asesinato.

Sus vecinos lo recuerdan como un hombre tranquilo que llegó a vivir a la colonia Urbi Villas del Rey desde que ésta se creó.

La defensa de Miguel Ángel Barrón buscó desestimar el testimonio de Roberto Dueñas señalando que la firma en la declaración no coincidía con la rúbrica de la licencia de conducir, pero la jueza no aceptó el intento, pues esto no fue cuestionado cuando se admitieron las pruebas para el juicio.

La defensora del expreventivo pretendió sustentar el caso a su favor afirmando que “el niño pudo haber corrido si hubiera querido” porque su padrastro “no llevaba agarrado de la mano”. En este punto, la jueza señaló que la declaración de Roberto Dueñas daba claridad a la desaparición de Juan David al coincidir con la versión de la madre del niño, Reyna Bonilla, de que Barrón lo había sacado de la casa “para llevarlo con su padre biológico” a esa misma hora. También dijo que el niño pudo no haber tratado de huir debido al dominio ejercido por el hombre, derivado de la violencia infligida.

El entonces policía activo de Irapuato, regresó a las 03:57 de la madrugada a su casa. Reyna le preguntó dónde estaba el niño y él se negó a responderle.

En su lugar, ordenó a la mujer acudir a las autoridades, reportar al niño como desaparecido y declarar que éste salió de la casa por una ventana.

Violencia familiar, reportes ignorados

La violencia familiar comenzó por lo menos un año antes de la desaparición de Juan David.

Constancia de ello, además de los testimonios de los vecinos, son elementos como las libretas tamaño profesional encontradas en la casa, en las que el niño llenó páginas obligado por su padrastro, con la frase “Me he portado mal”.

Hubo además golpes, heridas, fracturas.

Sobre esta violencia, además del testimonio de Reyna (quien no estuvo presente en la audiencia de sentencia), vecinas de su calle narraron detalles de lo que vivió el niño.

Dos fotografías presentadas durante el juicio probaron los golpes; una del mes de enero del 2022, en la que Juan David luce huellas de violencia en la cara y cuerpo. La segunda fotografía fue tomada el 10 de mayo, cuatro días antes de la desaparición del niño. En ella aparece Reyna con un ramo de flores y un pastel, junto a sus tres hijos, Juan David nuevamente con rastros de golpes en el rostro.

Reyna presentó aquella primera denuncia el 17 de mayo, de la que posteriormente se desdijo ante la Fiscalía para declarar que Juan David fue obligado por su padrastro a salir con él de la casa y ya no regresó, y relató la violencia que su pareja ejercía contra el niño.

Al detallar la sentencia, la jueza recapituló como elementos lo descrito por testigos y vecinos, quienes reportaron varias ocasiones a la policía municipal lo que pasaba en la casa de Miguel Ángel Barrón, y cómo se presentaban agentes de la corporación “que nunca hicieron nada”, llegan y se retiraban, luego de lo cual “el policía Miguel Barrón solo salía a burlarse de sus vecinos”.

Aunque la defensora del inculpado pretendió también desacreditar la versión de Reyna, la jueza la aceptó como prueba en contra del expolicía, pues asumió que “El señor Miguel también violentaba a ella (Reyna Bonilla) decirle que si no le hacía caso dañaría a su familia y a sus hijos. No cuenta con prueba de orden psicológico, pero el tribunal no puede ser indiferente ya que Reyna se encuentra inmersa en la misma violencia… Miguel se empoderó sobre Reyna”, lo mismo que sobre el niño y los vecinos al representar una “figura de poder”, como agente de la Policía Municipal.

La audiencia del fallo se celebró el lunes 6, con algunos retrasos motivados por presuntos malestares de salud del inculpado, quien no dijo una sola palabra y mantuvo la mirada en el piso.

Finalmente, tras otro receso para determinar su fallo, la jueza dictó una sentencia de 45 años de prisión para Miguel Ángel por el delito de desaparición cometida contra particulares, así como de seis años como pena máxima por el delito de la violencia familiar.

La jueza determinó estas sanciones y expresó que, además de que la víctima fue un niño que se encontraba indefenso, el agresor es un hombre de 43 años que como elemento de policía “debió brindarle seguridad”.

Como agravante en la definición de la pena pesó el hecho de que el niño no ha sido localizado, aunque no fue suficiente para que la jueza aceptara la petición de los representantes de la Fiscalía, que solicitaron un castigo de 75 años de prisión para el expolicía.

La jueza fijó además una multa por 384 mil 880 pesos, luego de que desechó la petición de la Fiscalía de conceder una reparación por más de un millón de pesos, ya que “no acreditó con documentación” que Barrón García podía pagar dicha cantidad.

Aunque dejó por definir el monto que deberá de pagar el culpable a las víctimas indirectas, como Juan Agustín. Además, al estar “patente una afectación emocional” de estas víctimas, posteriormente se fijará la cantidad que requieren para recibir atención psicológica integral.

Juan Agustín informó al salir de la audiencia que se continuará con la búsqueda de Juan David, y que espera “que se le ablande el corazón a (Miguel Ángel Barrón) y nos diga dónde está”.

Una próxima audiencia se efectuará el 17 de noviembre para que la jueza dé lectura y explique esta sentencia.