Entre fines de diciembre y los primeros días de enero, el gremio periodístico en Guerrero fue abiertamente amenazado, intimidado, censurado y agredido, por medio de la privación ilegal de la libertad del conocido reportero Jesús Pintor Alegre y de los administradores de una página de noticias de la Tierra Caliente, denominada precisamente “Escenario Calentano”, Fernando Moreno Villegas y Alan García Aguilar.

Fue un siniestro arranque del 2023 para el gremio periodístico en el país, que compartió en muchos otros puntos del país la preocupación y la zozobra por estas desapariciones. Compartimos también la indignación y la impotencia por los silencios y brazos cruzados de las autoridades responsables de garantizarles a ellos, como a cada uno de nosotros, el derecho a ejercer el periodismo en condiciones que mantengan a salvo nuestras vidas y nuestra integridad física y mental.

El 12 de enero, los dos primeros fueron liberados -no rescatados por las autoridades-. Pero del tercero aun no se sabe su paradero.

Ahora se sabe que Fernando Moreno y Alan García fueron privados de su libertad el 25 de diciembre, y a Jesús Pintor lo sustrajeron en una plaza pública el día 27. Como se ha informado, todo esto se conoció cuando en la propia página de Escenario Calentano se publicó un video (presuntamente a cargo de los responsables, integrantes de la Familia Michoacana) en el que Fernando y Alan aparecieron encadenados e identificándose como creadores y encargados de publicar contenido en dicha página.

Transcurrieron 18 y 16 días de cautiverio para Fernando y Jesús, respectivamente. Cualquier condición en la que hayan pasado esos largos días, representa marcas y huellas de las que muy difícilmente podrán recuperarse emocionalmente, y para los que es un hecho que las autoridades tendrán pocas respuestas.

A estas alturas, el Estado tampoco ha sabido o ha querido poner la atención y el presupuesto necesarios para atender las secuelas que presentan decenas de periodistas, mujeres y hombres, junto con sus familias, por haber vivido cualquier tipo de agresión en estos años de permanecer bajo fuego amigo y enemigo. O dicho de otro modo, hostigados por funcionarios y políticos, así como los grupos del crimen organizado, todos con el interés común de silenciar al mensajero e interrumpir la cadena de la información.

Por supuesto, hay una responsabilidad de los dueños de medios de comunicación en esta tarea y ha sido una inquietud y una demanda de parte del gremio periodístico exigir mecanismos y normatividad para ello.

Aunque algunos medios lidian sus propias batallas: afrontan cotidianamente los embates desde el poder público, la censura, la discrecionalidad que cierra la llave de la publicidad oficial con dinero del erario a quien ejerce la crítica. Esto no ha cambiado y sí es como antes. Solo hay otros nombres, rostros y cifras.

En Guerrero, las y los periodistas hoy cuentan cómo se paralizaron ante estas desapariciones; cómo los escasos reporteros que todavía laboran en la zona de Tierra Caliente, una zona casi silenciada, pedían que no se publicara nada por miedo a sufrir represalias, mientras en general se sufre de un trato indigno por parte del gobierno de la morenista Evelyn Salgado.

Porque la Familia Michoacana, en esa región como en todo el sur del Estado de México y la franja colindante con Michoacán que conforman la Tierra Caliente, está más viva que nunca y opera impunemente no solo homicidios y violencia, sino extorsiones y control de precios de productos de la canasta básica hasta la industria de la construcción.

La página “Escenario calentano” bien podría ser también un paradigma del control de los grupos criminales. Varias de sus publicaciones son propaganda y mensajes de un grupo contra otro. Ajeno a esto estaba el reportero Jesús Pintor Alegre, sin relación con los contenidos y conocido por su trabajo periodístico en la región para diversos medios.

Hoy, Pintor ha dicho a sus colegas en Guerrero que seguirá siendo periodista. Uno marcado de forma indeleble, como suman ya tantos en distintos rumbos del país. Como pasa en Guanajuato, donde las condiciones de inseguridad prevalecientes en los últimos años han sido prueba de fuego para el gremio.

Donde tenemos nuestros saldos, nuestros daños y nuestras víctimas.

Como el ejemplo, está la investigación y proceso judicial contra los autores materiales del homicidio del periodista Israel Vázquez Rangel, de El Salmantino, que ha seguido un largo y tortuoso camino de más de dos años, en los que cada día sus familiares y personas que dependían de él, como víctimas indirectas, han sufrido las consecuencias e impactos directos sin que una sola autoridad logre concretar la reparación del daño prevista por las leyes de este país.

Cualquiera podría pensar que un poco de la justicia que se debe a los periodistas agredidos en este país se conseguirá ante el hecho de que uno de los dos autores materiales del asesinato de Israel haya sido sentenciado culpable y esté purgando su pena de prisión.

Pero en este caso, uno de los pocos por asesinatos de periodistas que han podido ser llevados a un juicio, hasta ahora pasa lo que con la abrumadora mayoría: las autoridades no son capaces de apuntar hacia quienes fraguaron, dieron la orden, pagaron o decidieron disponer de la vida del periodista. No se sabe y quizás no se sabrá.

Esto pasa principalmente en casos como el de Israel, en el que todas las evidencias apuntan a que el móvil fue silenciarlo, que dejara de informar. Matar al mensajero.

Como se sabe, tras el asesinato de Israel el 9 de noviembre de hace poco más de dos años (2020) la investigación fue iniciada por la Fiscalía general del estado, presionada públicamente por un muy importante número de periodistas y medios de comunicación en Guanajuato, con respaldo de medios de otros estados y la Ciudad de México así como organizaciones, y por la familia del propio reportero.

Esto sumado a un inicial acompañamiento legal muy sólido para la familia llevó a la pronta captura de dos hombres señalados como los autores materiales, tras elementos de prueba obtenidos o recopilados por el personal de la Fiscalía y así presentados ante un juez penal que los consideró suficientes para vincularlos a proceso.

Luego, el caso fue atraído por la Fiscalía general de la república, sin conocimiento y acuerdo con la familia de Israel. Con los elementos de prueba ya recabados, se llegó a un juicio abreviado para uno de los dos, quien optó por admitirse culpable y fue sentenciado a 20 años en prisión.

El segundo autor material, sigue un accidentado proceso judicial que se ha venido difiriendo en la etapa de la audiencia intermedia, en la que son enlistados y admitidos (o rechazados) los datos de prueba que ambas partes llevarán a la etapa del juicio: informes periciales, testigos, peritos, agentes del ministerio público, documentales y demás.

Aparentemente, había la intención también de este inculpado de reconocer su culpa y acogerse a un juicio abreviado. Pero no se ha podido llegar a eso por varios aplazamientos, con nueva fecha de audiencia para el 14 de febrero.

Aun si este hombre fuera también encontrado culpable y sentenciado, tampoco se ve claro cuándo los familiares de Israel, particularmente sus dependientes económicos, puedan contar con otras medidas efectivas de reparación y atención.

Familiares de Israel acuden al juicio con esperanzas, pero viven con temor, porque permanecen en su comunidad, sin saber de quién es el rostro y la voz de quien o quienes decidieron acabar con Isra y su labor como reportero, el reportero más popular y seguido en ese momento en Salamanca a través de El Salmantino.

Los organismos de atención a víctimas están rebasados y aniquilados por la burocracia. Y periodistas que no se llaman Ciro Gómez, son casi invisibles para las autoridades. Sus familias también.

Este es el punto de arranque del año para el ejercicio del periodismo en México. Ninguna novedad con respecto a los años recientes.

Y qué pesar por ello.