Susana Bustamante, gestora de recursos en el Instituto Estatal de Cultura, ve interrumpidos 16 años de trabajo, víctima de hostigamiento laboral por parte de su jefa directa: Lourdes Ariadna González Pérez, directora del Centro de las Artes en Guanajuato.

En entrevista para POPLab, Susana narró las semanas de tensión que ha vivido en espera de una nueva amenaza.

Contrario a los principios que rigen la certificación que presume el Gobierno de Guanajuato en Igualdad Laboral y No Discriminación, la denunciante no ha gozado en los últimos meses de condiciones laborales libres de violencia, la corresponsabilidad familiar y el reconocimiento igualitario al desempeño laboral.

Ilustración Pinche Einnar

Durante los 16 años, que incluyen cuatro administraciones estatales y tres titulares del Instituto Estatal de Cultura, no había tenido problemas, llamadas de atención o actas levantadas en su contra. Tras las amenazas de despido, Susana recibió la notificación de que tendrá que cambiar su lugar de trabajo de Guanajuato a Salamanca.

Sin más argumentos que el de la petición que hizo Lourdes Ariadna González a la directora Adriana Camarena de Obreso, el Instituto Estatal de Cultura pretende obligar a Susana a viajar diariamente de Guanajuato a Salamanca, sin tomar en cuenta que desde hace más de 15 años hace las gestiones de recursos desde el municipio donde vive con su hija, a quien cuida y mantiene sola.

Hace dos años, en noviembre de 2017, el Gobierno Estatal adoptó la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación, que establece los principios y valores que deben regir a todas las dependencias, entidades y unidades de apoyo para garantizar los derechos humanos.

Los principios que presume el gobierno estatal con base en la certificación entregada por el Instituto Nacional de las Mujeres (INmujeres) son los siguientes:

• Igualdad laboral y no Discriminación.
• Igualdad de trato, oportunidades y desarrollo para todas las personas;
• Corresponsabilidad familiar, laboral y personal;
• Condiciones laborales libres de violencia;
• Visibilización y respeto de todas las personas en la comunicación; y
• Reconocimiento igualitario al desempeño laboral.

Sin embargo, esos principios fueron olvidados en el tratamiento que ha recibido el caso de Susana, jefa de Unidad B con un nivel tabular 5.

Antecedentes y amenazas

Desde septiembre, después de una reunión en las instalaciones del Centro de las Artes en Guanajuato, Susana comenzó a recibir amenazas sobre su despido. El hostigamiento comenzó cuando la gestora del IEC reconoció, minutos antes de una reunión, que no llevaba impreso un correo electrónico que había mandando a la medianoche la directora del Centro de las Artes.

“Después de esto me presentas tu renuncia”, sentenció Lourdes Ariadna González a la responsable de las gestiones de recursos culturales ante el Gobierno Federal.

La tipografía y redacción empleada en los correos electrónicos fueron los argumentos para una nueva amenaza en contra de Susana, una semana después de la reunión en el Centro de las Artes.

Proveniente de Guadalajara, Jalisco, Lourdes Ariadna González Pérez llegó al Instituto Estatal de Cultura en marzo pasado, a invitación de la actual directora del IEC Adriana Camarena de Obeso.

La conversación terminó con la sentencia: “Déjame preguntar el mejor momento para correrte”, narró Susana Bustamante.

A las reiteradas amenazas, se sumó un requerimiento enviado por la directora del Instituto Estatal de Cultura, en la que se pidió a Susana presentarse en los días siguientes en Salamanca, porque ahí sería la nueva sede de su oficina.

Durante cuatro administraciones estatales distintas, con tres directores que han pasado por el Instituto, Susana se ha hecho cargo de gestionar y aplicar los fondos de los programas Desarrollo Cultural para Públicos Específicos, Desarrollo Cultural para la Juventud, Estímulo a la Creación y Desarrollo Artístico y del Fondo Regional para la Cultura y las Artes de la Zona Centro Occidente.

Defensa ante la adversidad

El 30 de septiembre, Susana Bustamante recibió una carta firmada por la directora Adriana Camarena de Obeso en la que se le informa que debe presentarse en sus nuevas oficinas, en el Centro de las Artes en Salamanca, el día 4 de octubre.

Sin tomar en cuenta las complicaciones que significarían para la gestora el traslado de la oficina al Centro de las Artes, y con el compromiso de pagar los gastos de transporte por el cambio de ciudad, llegó la notificación.

“… en acuerdo con la Lic. Lourdes Ariadna González Pérez, directora de Formación e Investigación, por necesidades de operación de los programas que usted atiende, a partir del día 4 de octubre del año en curso, su centro de trabajo será en el Centro de las Artes en la ciudad de Salamanca… por lo que le pido que se dirija con la Lic. Lourdes Ariadna González Pérez para que le indique el espacio que le será asignado como oficina para que atienda sus actividades de trabajo”.

Susana optó por responder con un oficio dirigido a Adriana Camarena de Obeso, en la que le pide que motive y fundamente legalmente el cambio.

“Toda vez que la Ley en la materia impone la obligación al Estado de fundar y motivar los cambios de adscripción, debiendo señalar fehacientemente las causas justificables que se tienen para ello, para que opere el cambio de adscripción”.

En el documento enviado a Adriana Camarena de Obeso se señala que la legislación establece las condiciones generales de trabajo para las dependencias, entidades y unidades de apoyo de la administración pública del estado, y en su artículo 75 se señala que los trabajadores tienen el derecho y la obligación de desempeñar sus actividades en el lugar de adscripción que señala el nombramiento, y en caso de hacer el cambio debe estar fundamentado.

Susana solicitó al área de recursos humanos del Instituto una copia de su nombramiento, otorgado en el 2003 durante la gestión de Jorge Lebarthe al frente del Instituto, pero la respuesta que recibió fue que no tienen registro del nombramiento de hace 16 años.

La respuesta que llegó de la directora del Instituto Estatal de Cultura no fue la esperada: sin argumentar y fundamentar el cambio, Adriana Camarena firmó un nuevo oficio en el que de no presentarse en Salamanca se tomarán acciones legales.

“Hacemos de su conocimiento que su inconformidad o desacuerdo que manifiesta a través de su carta con el cambio de adscripción no interrumpe ni suspende las actividades que tiene obligación de desempeñar, en atención al carácter de interés público de los servicios que presta y la naturaleza del Instituto Estatal de la Cultura, por lo que en caso de ausentarse de sus actividades en su nueva adscripción se tendrán por faltas injustificadas con las causas legales inherentes”.

En la nueva carta se reitera que, con el cambio de adscripción, el Instituto se hará cargo de solventar los pasajes, tomando en cuenta que la residencia de Susana está en el municipio de Guanajuato.

Violación a los Derechos Humanos

“Los niveles (en el tabulador) pesan más que los Derechos Humanos”, manifestó Susana, al insistir en que durante las últimas semanas se ha dedicado a defender el trabajo que obtuvo desde el 2003.

Sin conocer las complicaciones que representa para ella en el entorno familiar, sin el interés de escucharla, la gestora del Instituto optó por presentar una demanda de amparo sin éxito, pues el recurso fue desechado por el juez primero de Distrito.

Durante la oportunidad que tuvo de entablar un diálogo con la directora del Instituto, Susana Bustamante le planteó la problemática, pero como respuesta solo recibió un: “así son las administraciones”.

Previo a los problemas que tuvo con Lourdes Ariadna González, durante tres administraciones y dos directores no tuvo problemas con el trabajo que desempeñó.

Para Susana, el repentino cambio que le fue notificado representa una violación a sus derechos no solo laborales, sino humanos.

Ahora, la servidora pública recibió una nueva notificación: tendrá que presentarse el miércoles en las oficinas del Instituto Estatal de la Cultura para que le notifiquen de manera personal que se levantó un acta por no presentarse a trabajar en el municipio de Salamanca, mientras sigue atendiendo sus compromisos laborales en la oficina de Guanajuato.