Hace 11 años, doña María Herrera perdió a una parte de su familia.

No, no la perdió. Se la perdieron.

En agosto de 2008, dos de sus ocho hijos fueron desaparecidos tras acudir
a un viaje de trabajo y entrar a un bar en Atoyac de Álvarez, en Guerrero.

Dos años después, en septiembre de 2010, otros dos de sus hijos también
fueron desaparecidos, esta vez al pasar un retén militar en Poza Rica, Veracruz.

De ser una mujer dedicada a la venta de ropa en Pajacuarán, Michoacán,
doña María pasó a ser primero, una víctima de la criminalidad rampante en el país.

Después, una viuda –cuando su esposo, meses después de la desaparición de
sus hijos, murió por un infarto-.

Luego, se convirtió en una madre buscadora, una madre rastreadora, una
voz.

Doña María Herrera en el Refugio del Barrio

Doña María va de foro en foro, de estado en estado, de país en país,
buscando a sus hijos, haciendo resonar su voz para que en México, en cada
estado, se hable de lo que no se quiere hablar, se busque a quienes no se quiere
buscar: las personas desaparecidas.

Y entonces vino a Guanajuato, donde la farsa de la isla blindada (o
Escudada) ha sido derrumbada por la realidad.

Porque en Guanajuato también hay personas desaparecidas. También han
desaparecido a personas, sea grupos criminales de cualquier nombre, rango o
calidad; sea por agentes de corporaciones, niveles de autoridad.

La desaparición de personas, decenas, cientos, es disfrazada en los
expedientes ministeriales como “no localización”. Ese eufemismo justifica la
inacción de la autoridad. Una persona no localizada no es víctima de un delito, no
urge buscarla, puede estar en otro sitio por su voluntad, etcétera.

Una persona desaparecida es víctima de la violación de muchos de sus
derechos, su integridad, su libertad, su acceso a la justicia…y sus familias
también.

Como ha pasado con la confrontación o estrategia militarizada contra los
grupos criminales (a la que desde el 2006, en el primer sexenio panista, le
llamamos guerra) las autoridades de todos los niveles se niegan a ponerle el
nombre por el que hay que llamar a estos delitos, a estas violaciones de derechos
humanos.

A esta impunidad a la que funcionarios de todos los colores y niveles de
autoridad contribuyen por omisión, negligencia, indolencia o complicidad.

Por eso es importante que a Guanajuato lleguen y resuenen voces como
las de Doña María Herrera, que ofrece apoyo, red, solidaridad, asesoría y
acompañamiento a esas familias que, principalmente a través de las redes sociales,
están desde hace tiempo buscando a sus personas desaparecidas en
Guanajuato.

Las páginas en Facebook con avisos de búsquedas, fotos y datos se
multiplican. Surgen en Irapuato, en Celaya, en León. Mensajes circulan en grupos
de Guanajuato capital, de Salamanca, de San Miguel de Allende.

Experiencias y acompañamientos como el de Doña María hacen falta para
estas familias guanajuatenses, y eso vino a ofrecer: hay un largo camino ya
recorrido en otros estados a los que el fenómeno alcanzó hace años (Tamaulipas,
Guerrero, Chihuahua) y a esas experiencias hay que mirar.

Y actuar.

La resonancia de esa realidad alcanza y debe alcanzar al periodismo, por
un par de razones iniciales: porque es su función y porque el hecho de que la
autoridad federal, estatal o municipal no mencione siquiera el problema, no quiere
decir que éste no exista, y sí obliga a contrastar un discurso o un silencio con una
realidad que lo rebasa, por mucho y desde hace buen rato.

Porque nada más faltaba que desde la vocería de seguridad del estado se
nos diga que las personas desaparecidas iban vestidas provocativamente,
caminaban por las calles a deshoras o no debieron dejar abiertas las puertas de
sus casas o salir a la calle porque por eso las desaparecieron. De ese nivel la
insensatez.

Como dice Doña María Herrera: también la justicia está desaparecida.

Hay que salir a buscarla.