“Las víctimas serán tratadas con compasión y respeto por su dignidad. Tendrán derecho al acceso a los mecanismos de la justicia y a una pronta reparación del daño que hayan sufrido, según lo dispuesto en la legislación nacional”.
Artículo 4.º, Declaración sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos y del abuso de poder de la ONU (1985)

Hasta ahora, no existe un ministerio público especializado en derechos humanos en la entidad, o al menos no existía hasta antes del 15 de febrero, fecha en la que se aprobó la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado.

Si bien todavía no se han creado las reglamentaciones para que entre en funciones y aún no se nombra a la persona titular, podemos decir que en Guanajuato ya contamos con una Fiscalía especializada en derechos humanos.

Esta, es la instancia:

“encargada de establecer políticas en el ámbito de su competencia y definir y coordinar los mecanismos institucionales que orienten el desarrollo de las funciones de la Fiscalía General de dicha materia, así como atender los requerimientos que se formulen a la Fiscalía General por los organismos protectores de los derechos humanos.

De igual manera, será responsable de atender, orientar, evaluar y asistir a las víctimas u ofendidos de un delito en los términos del marco jurídico aplicable, así como dictaminar perfiles psicológicos cuando así proceda”. (Artículo 25 de la Ley Orgánica).

Si bien la normatividad se refiere a las fiscalías especializadas como órganos que investigan delitos y ejercen acción penal cuando así corresponde, la redacción anterior da la impresión de que más que cumplir su función investigadora, se plantea una instancia administrativa que genera políticas internas, entre otras, las relativas al cumplimiento de las recomendaciones de la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG).

¿Un Ministerio Público que no investiga delitos (vinculados a violaciones a derechos humanos)?

En la Ley Orgánica se establece también que esta Fiscalía tendrá a su cargo, entre otras áreas, a la Coordinación de Atención a Víctimas y Ofendidos del Delito, es decir, cumplirá con un aspecto importante de la Ley de Víctimas que está proponiendo el PAN en el Congreso.

En cambio, su contraparte federal, la Fiscalía Especializada en Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), agrupa varias fiscalías temáticas o sectoriales (niñez, periodistas, trata, tortura, desaparición, migrantes, entre otras) y establece claramente que estará a cargo de la conducción legal de la investigación de delitos y el ejercicio de la acción penal en casos de violaciones a derechos humanos.

¿Simuló el Congreso de Guanajuato una investigación ministerial con perspectiva de derechos humanos?

Definitivamente sí

Otro aspecto importante de la normatividad federal es que la Fiscalía debe investigar violaciones a la vida, la integridad, el patrimonio y la libertad de las personas cuando afecten gravemente a la sociedad o por motivo de la condición de vulnerabilidad de las víctimas, independientemente de la clasificación jurídica de los hechos. Es decir, se intenta resolver el dilema de las competencias entre delitos y violaciones a derechos humanos.

Mientras eso sucede en la FGR, en Guanajuato el Congreso aprobó una Fiscalía Especializada que es una dirección de seguimiento de recomendaciones.

¿Por qué es relevante monitorear la naciente Fiscalía especializada en derechos humanos en Guanajuato?

Primero que nada, porque es la primera oportunidad para realizar una investigación ministerial con perspectiva de derechos humanos. Pero definitivamente, esta oportunidad puede desaprovecharse.

Además, que concentre el cumplimiento de las recomendaciones y que asuma la atención a víctimas habla de que ésta ejercerá muchas de las funciones que en realidad debería tener una Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.

Para la investigadora Ariadna Estévez el “humano de los derechos humanos es un significante vacío, es decir que no está automática ni necesariamente vinculado con algún significado particular, está vacío de cualquier significado y puede ser adjuntado de un sinnúmero de significantes de forma indeterminada y contingente”.

Con ello, podemos concluir que es totalmente posible que para las personas defensoras una fiscalía especializada en derechos humanos es una oportunidad para el acceso a la justicia desde la sanción a las personas responsables, la reparación del daño y las medidas de no repetición.

Mientras para el Congreso y para la Fiscalía, los derechos humanos son sólo un trámite administrativo. Una simulación más.