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La impunidad en el caso de Leo Reyes
Han pasado casi dos años de la ejecución extrajudicial de Leo Reyes y el caso sigue impune. Acá un recuento de las omisiones de Zamarripa
Leonardo Reyes Cayente fue ejecutado extrajudicialmente por el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Secretaría de Seguridad Pública durante la madrugada del 13 de diciembre de 2018 en la comunidad Corralejo de Abajo en San Miguel de Allende, Guanajuato. Desde ese momento comenzó la búsqueda por la justicia en el caso: “Yo temo por mi vida, yo temo por mi vida y la de mis familiares. Sí tengo miedo porque yo no sé cómo reaccionen ellos, porque nosotros no nos hemos quedado callados. Estamos diciendo la verdad”, ha señalado la señora Guadalupe Cayente, su madre. Es decir, no sólo ha enfrentado 1 año y 10 meses de impunidad, sino que teme a las represalias del GTO, de un cuerpo policíaco élite que debería de prevenir el delito.
La Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, el equipo jurídico y la familia de Leonardo Reyes realizaron una conferencia de prensa virtual el 22 de septiembre (ver comunicado), 5 días después de que una Jueza penal validara la estrategia de mentira de la Fiscalía General del Estado (FGE) en la que defienden una supuesta notificación a la mamá de Leo en su domicilio y que, por tanto, tuvo como consecuencia el señalamiento de que la impugnación contra el archivo del expediente era ya extemporáneo.
La SSP, la FGE, la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG) y ahora el Poder Judicial han jugado un papel cómplice en el caso. A continuación, la cronología que da cuenta de cómo se han entretejido los hilos de la impunidad:
| 13 de diciembre de 2018 | GTO de la SSP de Guanajuato ejecuta extrajudicialmente a Leonardo, argumenta el uso de armas de fuego en defensa propia |
|---|---|
| 25 de enero de 2019 | El defensor de migrantes Alejandro Solalinde anuncia que iniciará una campaña para exigir justicia en el caso de Leonardo |
| 25 de febrero de 2019 | Familiares y amigos de Leo abordan al Gobernador de Guanajuato en el consulado de Texas. Él ofrece justicia y llegar hasta las últimas consecuencias |
| 27 de marzo de 2019 | El pleno del Senado de la República solicita al Fiscal General de la República que atraiga el caso de Leonardo Reyes Cayente. El Fiscal ignoró la petición |
| 17 de enero de 2020 | Un Juez de control señala que ha habido pasividad de la FGE, a más de un año de los hechos |
| 18 de febrero de 2020 | La PDHEG emite una recomendación sobre el caso, 9 meses después del plazo legal permitido, en la que reconoce violaciones a derechos humanos de la SSP y de la FGE. La SSP pide rasurar la recomendación |
| 25 de marzo de 2020 | La FGE determina que el expediente debe archivarse. |
| 17 de septiembre de 2020 | Se realiza la audiencia en la que se desahogaría la impugnación contra el archivo. La Fiscalía argumentó una supuesta notificación en el domicilio de la mamá de Leonardo que la Jueza Mónica Edith Olmos validó. |
| 03 de octubre de 2020 | El caso se integra como paradigmático en la campaña iniciada por el Colectivo “Impunidemia” que muestra la impunidad como una epidemia muy grave en la FGR y en las Fiscalías estatales, en este caso en Guanajuato. |
¿Cuáles han sido las omisiones de Zamarripa?
Si bien la PDHEG no establece que se trató de una ejecución extrajudicial, sí habla de omisiones en la atención médica a Leo y establece además que la fiscal Ramona Álvarez es una autoridad violadora de derechos humanos, por lo que, además, carecía de objetividad para analizar el caso. Durante la investigación, se presentaron contradicciones en los dos dictámenes en materia de necropsia en donde se cambiaron las trayectorias de los proyectiles que impactaron a Leonardo, en uno de ellos se especifica una dinámica de entrada y salida de proyectil, y en el segundo, esta conclusión varía, lo cual denota una mala práctica en la necropsia.
En la carpeta NO se revisa la responsabilidad penal de los policías por no haber ofrecido atención a Leo durante el tiempo que estaba herido (o por haberlo ejecutado). Además, en el levantamiento de los indicios se denota que había un golpe en la cabeza de Leo, lo que fue descrito en el informe de criminalística elaborado por Américo Cristóbal Álvarez González, pero no así en la necropsia; es decir, dicho perito fue omiso en establecer claramente esta lesión, lo que hubiera cambiado el rumbo de la investigación.
En pocas palabras: Zamarripa ha encubierto a Álvar y ha obligado a la PDHEG a simular una respuesta en el caso. Ahora el Poder Judicial en el Estado intenta sumarse a la impunidad.
¿Cómo quieren combatir la violencia si fomentan la impunidad?, ¿Cómo confiar en cuerpos policíacos “de élite” que ejecutan impunemente migrantes en lugar de prevenir delitos?
NO A LA EPIDEMIA DE LA IMPUNIDAD EN GUANAJUATO
4 de octubre de 2020, 02:23
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