Por Raymundo Sandoval

El 18 de diciembre de 2021 un grupo de víctimas de violaciones graves a derechos humanos cometidas en Guanajuato en los años recientes agrupadas y acompañadas por la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato, en los que se ha recrudecido la violencia extrema, solicitó una reunión con el gobernador Diego Sinhue Rodríguez Vallejo. Las demandas que se han hecho al mandatario estatal son muy simples: que escuche a las víctimas, conociendo sus testimonios y especialmente las malas prácticas del fiscal Carlos Zamarripa: negligencia, pruebas inventadas, estigmatización y encubrimiento. Si bien el gobernador no se ha negado, después de dos meses la reunión no se ha confirmado y las víctimas se cansaron de esperar.

Ilustración: Pinche Einnar.

Aunque se agradecen las atenciones de la Secretaria de Gobierno, hasta ahora no hay un reconocimiento de la responsabilidad institucional del Estado en la ausencia de prevención de estas violaciones a derechos humanos, ni un plan integral para la reparación del daño, la rehabilitación y las medidas de no repetición.

Se trata de casos de desapariciones forzadas, secuestros, ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y violaciones al debido proceso, pero parece que no son temas de agenda para un gobernador que evita los temas polémicos, entiéndase la violencia en la entidad que gobierna, y prefiere hablar de innovación y emprendimiento, que eufemísticamente denomina “mentefactura”. Las consecuencias de la violencia en la entidad reflejadas en los proyectos de vida de guanajuatenses no están en su agenda.

Lo más grave no sólo es que ignore la petición de las víctimas, sino que también desconoce la labor de vinculación que el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) intenta realizar con una carta que fue enviada al gobernador en enero, en la que se refuerza la petición de la Plataforma.

En un documento enviado a la Oficina en México de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU (ONUDH) en enero pasado, la Plataforma por la Paz y la Justicia en Guanajuato señala que Zamarripa ha incumplido diversos estándares sobre la independencia de jueces, abogados y fiscales, establecidos por la ONU.

• Actúa con dependencia de los poderes políticos, especialmente los partidistas, tampoco ha garantizado que la exigencia de justicia que las víctimas realizan esté libre de represalias, ejemplo de ello es el retiro de la calidad de víctimas a Laura Elena Díaz Infante en diciembre de 2021 a través de un acuerdo del ministerio público.
• En el caso de María José Velázquez no se ha garantizado la aplicación de la perspectiva de género en la investigación de los delitos sexuales, por lo que se considera que existe revictimización.
• La Fiscalía no ofrece asesoría jurídica independiente y limita la posibilidad de que abogados particulares realicen un trabajo independiente al defender los casos. Esto aplica para los casos señalados previamente.
• Pese a que cuenta con financiamiento suficiente (más de 3 mil millones de pesos –unos 150 millones de dólares–) ello no se traduce en una mejor atención de las violaciones graves a derechos humanos.
• No aplica protocolos adecuados para la investigación de violaciones graves a derechos humanos, tales como la ejecución extrajudicial, como en el caso de Leonardo Reyes Cayente, pese a que la Procuraduría de Derechos Humanos emitió una recomendación en ese sentido en febrero de 2020.

La doctora Ariadna Estévez López propuso en 2019 la noción “administración del sufrimiento” para referirse a la serie de dispositivos necropolíticos diseñados para controlar el espacio y el tiempo de los sujetos. Así el sufrimiento grupal de las víctimas de la violencia extrema en Guanajuato requiere ser administrado políticamente en función de la agenda electoral y de la buena prensa del Gobernador.

Las víctimas se han dado cuenta que el gobernador prefiere proteger a su #fiscalcarnal que reunirse con ellas. Es un gobernador que administra el dolor de las víctimas.