El 22 de julio pasado se llevó a cabo la Audiencia Regional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) denominada “Desafíos de los sistemas de justicia en investigaciones de delincuencia organizada” convocada por diversas organizaciones de todo el continente. La audiencia constituye un llamado urgente para cambiar el modelo de investigación penal  y la impartición de justicia en el marco de los contextos de redes criminales. La audiencia completa puede verse completa acá: https://www.youtube.com/watch?v=3NsP_YKCBb4, acá sólo menciono lo que desde mi punto de vista es relevante para lo local.

Desde mi punto de vista, el núcleo de la propuesta de las organizaciones de la sociedad civil es que los ministerios públicos deben adoptar una política criminal estratégica que priorice casos de alto impacto y que analice los mercados con un enfoque basado en la oferta y el estudio de los mercados criminales. Ello implica seguir investigando al Estado como principal violador de derechos humanos, pero ahora sumando una perspectiva crítica, que es la gobernanza criminal y sus vínculos con la delincuencia organizada.

El abordaje de los fenómenos criminales desde los sistemas de procuración e impartición de justicia aplicando el enfoque de complejidad no es nuevo, la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (CrIDH) en 2016 realizó un abordaje en el caso Andrade Salmón vs Bolivia, en el que refiere la complejidad de la prueba, la pluralidad de sujetos procesales, la cantidad de víctimas, el tiempo transcurrido desde la violación a derechos humanos, las características del recurso contenidos en la legislación interna, así como el contexto en el que ocurrieron los hechos, para establecer dimensiones de la complejidad de la investigación penal.

En el marco de la audiencia, las organizaciones hicieron referencia a sus sistemas de documentación del fenómeno, a la posible utilización de los decomisos criminales para apoyar organizaciones sociales como una forma de reparación del daño, y especialmente, hicieron referencia al combate a la corrupción y a las redes de macrocriminalidad. Por su lado, a la CIDH le interesó la denominada criminalización arbitraria y el uso de los estándares de derechos humanos de rendición de cuentas, reconoció, sin duda, que es una discusión urgente en la región.

Para quienes trabajamos en la realidad subnacional, las discusiones dadas en la Audiencia son pertinentes no sólo para seguir exigiendo análisis de contexto e investigaciones estratégicas en lo local o lo interestatal. Ayuda, por supuesto, a mirar cómo las desapariciones forzadas, la extorsión, los homicidios dolosos, las masacres y los feminicidios requieren de una perspectiva de redes de macrocriminalidad.

Las entidades federativas tienen un reto mayúsculo, la zona del bajío presenta grandes retos, Guanajuato por ejemplo no tienen un Plan de persecución penal ni una propuesta estratégica para la investigación de delitos complejos. El actual Fiscal ha demostrado resistencia frente los amparos indirectos contra la desaparición y una nula estrategia de persecución penal frente a los delitos de alto impacto. Ya no digamos que tenga una comprensión de las redes de macrocriminalidad frente a la extorsión, las masacres y otros delitos de alto impacto; incluso aquellas en las que eventualmente participarían agentes de la propia Fiscalía. Sus primeros cinco meses lo han colocado como un funcionario de redes sociales y escándalos por sus fiascos: sus antecedentes en FGR ordenando archivar investigaciones con fines políticos, las inconsistencias en su  doctorado y su cédula profesional obtenida en 24 horas, así como sus operativos de relumbrón que terminan en el aire.

¿Qué hacer con las Fiscalías locales para que avancen en todos los temas planteados en la Audiencia?