No hay plazo que no se cumpla, pero en el caso de la salida del antes procurador y actual Fiscal general de justicia de Guanajuato, Carlos Zamarripa Aguirre, el plazo sumó casi 16 años de gobiernos del PAN, pues todavía se extenderá hasta el 1 de enero, fecha que estableció el propio Zamarripa para dejar su cargo. Así lo comunicó este de manera pública la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, quien en campaña hizo el compromiso de que no continuaría al frente de la FGE.

Zamarripa no se va con las manos vacías. Después de que la ahora gobernadora Libia Dennise García anunció que no se quedaría en el cargo, el Fiscal hizo cambios al reglamento interior del organismo sin que nadie en el gobierno se lo objetara, en una jugada para crear un “sistema complementario de seguridad” que beneficiará a miles de funcionarios de la FGE y que personalmente le permitirá disponer, una vez que se vaya, de una pensión superior a los 100 mil pesos mensuales.

Pero además, el gobernador Diego Sinhue favoreció a la familia del fiscal con otro nombramiento antes de irse, el de la exjueza Elvia Oralia del Pilar Durán como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa, a pesar de no tener experiencia en esa área. Elvia y el fiscal son esposos.

El funcionario más polémico y cuestionado, particularmente en los dos últimos sexenios, escaló desde puestos menores en la antes Procuraduría de Justicia hasta llegar como encargado del despacho en sustitución de Daniel Chowell a principios del 2009.

A partir de entonces, obtuvo poder y recursos públicos que fueron incrementándose cada año de su largo periodo y la posibilidad de despachar desde un búnker con instalaciones y tecnología que ha presumido como de lo más avanzado del país.

Pero mientras tanto, en los servicios forenses acumularon cientos de cuerpos de personas sin identificar y en las agencias del ministerio público cientos de carpetas por homicidios, desaparición de personas, robos, violencia sexual y otros, muchas de las cuales fueron destinadas al archivo o al no ejercicio de la acción penal por falta de investigación.

Los reclamos de las víctimas, como es el caso de las buscadoras de sus familiares desaparecidos, fueron llevados a decenas de protestas en ciudades del estado y en el exterior de la propia FGE.

En una publicación en redes sociales, Libia Dennise García no difundió el documento de la renuncia del fiscal, pero sí publicó la notificación que ella misma remitió al presidente de la mesa directiva del Congreso, recibido este lunes 30 de septiembre, en el cual le informa que Zamarripa le hizo llegar su renuncia el 27 de septiembre.

Pero la dimisión no será inmediata, sino con efectos al 1 de enero del 2025. Es decir, hasta dentro de tres meses.
En este documento, no obstante, la gobernadora -o su coordinación jurídica- cometió un error, pues informó de manera incompleta sobre los efectos de esta renuncia, ya que dice informar al Congreso “para los efectos del artículo 95 fracción I, en su párrafo primero, a partir de la fecha en que surta efecto la referida renuncia”, sin especificar a qué ley o normatividad se refiere.

Se entendería que se trata del artículo 95 de la Constitución del estado, que en ese artículo establece el proceso para la designación de la o el titular de la Fiscalía general de justicia.

Desde el miércoles, había surgido el rumor en el Congreso del estado que ese día -el último del gobernador Diego Sinhue Rodríguez- llegaría a la Casa Legislativa la renuncia del Fiscal, pero esto no ocurrió.

A fin de cuentas, se trata de una renuncia anunciada por la propia Libia Dennise García. Fue el primer anuncio importante hecho por ella el mismo día del inicio de su campaña, el 1 de marzo.

“Quiero ser muy contundente porque además sé que será una pregunta recurrente en este ejercicio de campaña. Yo les digo el día de hoy y también de cara a las y los guanajuatenses que Alvar y Zamarripa no continuarán en mi gobierno”, dijo.

Incluso, agregó que en esto daba su palabra: “que si algo a mí me enseñaron en mi casa es que la palabra es lo que vale, y si hoy se los estoy diciendo es porque así va a ser. Tengan la certeza de que va a suceder”.

La entonces candidata despresurizó así el principal tema y reclamo que le harían a lo largo de la campaña, y que durante todo el sexenio de su antecesor Diego Sinhue fue uno de los mayores fracasos y hasta motivo de discrepancia con el propio gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: la violencia desatada en la entidad, el incremento de delitos y de la impunidad y la necesidad de hacer cambios en las áreas de procuración de justicia y seguridad.

El exgobernador Diego Sinhue Rodríguez defendió la permanencia y el desempeño de Zamarripa cada vez que fue cuestionado o que llegaron las críticas desde el Palacio Nacional, donde el presidente López Obrador mencionó que el Fiscal era investigado por la FGR, sin que se conocieran los resultados de esas pesquisas.

Alvar Cabeza de Vaca duró 12 años (dos sexenios) al frente de la Secretaría de Seguridad Pública y Carlos Zamarripa 15 años como titular primero de la Procuraduría y después designado Fiscal, fue respaldado por cuatro gobernadores.

Pero ya no por Libia Denisse García.

El escenario

El artículo 95 de la Constitución del Estado dice sobre el proceso de designación de quien encabece la Fiscalía general:

“El Fiscal General del Estado durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente:

I. A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General del Estado, el Congreso del Estado contará con veinte días para integrar una lista de al menos cinco candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, la cual enviará al Gobernador del Estado; en tanto, éste designará un Fiscal General del Estado en forma provisional, quien ejercerá sus funciones hasta que se realice la designación definitiva conforme a lo establecido en este artículo.

“Si el Gobernador no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Congreso del Estado una terna. El Fiscal General del Estado designado provisionalmente podrá formar parte de la terna”.

A partir de que se entregue la lista, la gobernadora Libia Dennise contará con 10 días para tomar 3 propuestas de la misma y presentar una terna al Congreso, que citará a comparecer a las o los aspirantes, para posteriormente designar al o la Fiscal, con el voto de las dos terceras partes.

Esto quiere decir que tendrá que lograrse un consenso al interior del Congreso, que cuenta con 36 diputadas y diputados, para lograr los 24 votos necesarios. La nueva Legislatura no tiene un grupo con esa mayoría, pues el PAN perdió varias diputaciones y cuenta con 16 escaños. Morena tiene 11, y las 9 restantes se reparten entre PRI (3), PVEM y MC (dos cada uno) así como una diputada del PRD y otra del PT.

A principios de septiembre, por petición de Libia Dennisse García, el Congreso aprobó una reforma a la Constitución para que la persona que sea designada FIscal ya no tenga que cumplir con el requisito de tener la ciudadanía mexicana, ser guanajuatense y haber residido en el estado durante los últimos cinco años. Esto abre la posibilidad de que sea una persona de origen extranjero la que se convierta en el próximo Fiscal del estado, cosa que ocurrirá hasta enero del próximo año.