En marzo de 2024 la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la reforma que el Congreso de la Unión aprobó en 2020 en la que eliminaba un mínimo presupuestal para el  Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (Fondo) de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En ese amparo, que fungió como control constitucional, se resolvió inaplicar la reforma del inciso I del artículo 132 de la Ley General de Víctimas, que establece que es obligación del Gobierno de México destinar el 0.014 % del presupuesto de egresos para la garantía de la asistencia, el apoyo y la reparación integral del daño, en términos de la Ley General de Víctimas (LGV).

Como consecuencia de esa determinación y como parte de la ejecutoria de la sentencia, el Congreso de la Unión estaba obligado a modificar la supresión del presupuesto mínimo en la LGV pero no lo hizo. En ese marco y prácticamente un año después y como cosa juzgada, la actual SCJN tendría que aprobar o desechar una declaratoria general de inconstitucionalidad. Como se sabe públicamente, esta propuesta fue votada en contra por la SCJN el pasado 18 de noviembre en lo que diversas organizaciones de derechos humanos han denominado como una afrenta a las víctimas.

¿Qué efectos tiene esta decisión para las Comisiones de Víctimas de las entidades federativas?. Si bien la discusión dada por la SCJN el pasado 18 de noviembre afecta directamente el Fondo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) federal, mantener una normativa en la LGV que es inconstitucional y regresiva tiene un efecto-cascada a las entidades federativas.

Según la información obtenida por el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez” en la investigación “De la Esperanza a la Decepción: Una década del Sistema Nacional de Atención a Víctimas” (2024) las entidades federativas que más recursos destinaron en 2024 a sus fondos locales fueron Guanajuato Sonora y Estado de México, aunque la distancia entre el primero y el segundo es de más del doble. Esta investigación, publicada en 2024 tiene como objetivo, analizar el Sistema Nacional de Atención Integral a Víctimas a más de 10 años de la LGV.

Los estados con Fondo constituido, pero de los cuales no pudo obtenerse información sobre los montos asignados fueron: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Yucatán. Preocupan especialmente los casos de Chiapas y de Oaxaca que no cuentan con Fondos instituidos legalmente.

En caso de haberse aprobado la Declaratoria y de haberse mantenido la obligación de un mínimo para el Fondo Nacional, seguramente las entidades federativas tendrían que haber modificado sus normativas locales para armonizarlas con la LGV, lo que no va a pasar ya que la SCJN desprotegió a las víctimas y votó en contra y perdió la oportunidad de establecer un mínimo para el Fondo para las víctimas. Decisión que revela de cuerpo entero a la mal llamada “Nueva” SCJN: sus intereses son más políticos que técnicos y de derechos humanos.