En días pasados el Congreso de Guanajuato dictaminó dos iniciativas presentadas en septiembre de 2024 y en febrero de 2025 por los Grupos Parlamentarios de Morena y de Acción Nacional, respectivamente, ambas iniciativas buscaban reformar y adicionar diversos artículos de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato en materia de Poder Judicial, es decir, realizar las adecuaciones locales a la Reforma realizada a nivel federal en materia de elección judicial.

La organización nacional Juicio Justo, que ha monitoreado la reforma judicial a nivel federal, recibió una invitación del Congreso de Guanajuato para presentar una iniciativa en formato de iniciativa popular, tal como relatan públicamente.

La organización señala que sus propuestas fueron ignoradas. En éstas sugerían corregir algunas de las modificaciones hechas a nivel federal aprovechando el marco de la autonomía estatal, entre otras propusieron:

-   Una metodología única de evaluación que valorara elementos objetivos y meritocráticos, parecida a un concurso de oposición, lo que garantizaría el conocimiento, la capacidad y las habilidades de las personas juzgadoras.

-   Los requisitos de idoneidad de los jueces que se propusieron por la organización fueron: separación de algunos cargos públicos, no tener vínculos familiares o religiosos y no haber sido sentenciado por delitos.

- Prohibir candidaturas únicas, así como impedir contender para varios cargos simultáneamente. Que la ciudadanía pudiera mandar comentarios sobre las candidaturas.

-  Que el Tribunal de Disciplina Judicial tuviera una segunda instancia que revisara aspectos jurisdiccionales, con causales claras para sancionar.

La propuesta de Juicio Justo señalaba como restricción no haber sido Secretario o Subsecretario de Estado, lo que de entrada hubiera dejado fuera a un par de Magistrados actuales con clara militancia partidista y que han pertenecido a la Secretaría de Gobierno. Propuestas como éstas son incompatibles con el férreo control partidista que el Gobierno del Estado. Otra propuesta no retomada, fue la de establecer una distribución al presupuesto del Poder Judicial para evitar discrecionalidad y garantizar un mínimo para el Tribunal de Disciplina Judicial.

El dictamen fue aprobado en el Congreso de Guanajuato el 26 de junio por todos los grupos parlamentarios con excepción de Movimiento Ciudadano, días más tarde, la directora de Juicio Justo declaró: el dictamen es un “copy-paste” de la reforma federal.

Hay que recordar que el 12 de noviembre del año pasado, el Colectivo La Justicia Que Queremos participó en una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la que presentó un informe en el que señalan algunos de los riesgos para los derechos humanos y la democracia, entre otros: acceso a la justicia y juicio de amparo, justicia objetiva, independiente a imparcial, debido proceso, entre otras cuestiones. Este Colectivo ha enfatizado las implicaciones  que afectan la independencia judicial: la cesación de juezas y jueces federales y locales, así como los vicios en el proceso de selección (ya comprobados en la elección del 02 de julio) y los retos en la creación del Tribunal de disciplina judicial.

Guanajuato tuvo la oportunidad de reducir esos impactos, pero decidió mantener el control del Poder Judicial que ya detentaba antes de la Reforma Judicial federal. Como señaló claramente Juicio Justo, el PAN es muy crítico como oposición en el Congreso de la Unión, pero aprovecha convenientemente las reformas regresivas que Morena aprueba. Son tal para cual.