La transformación económica del Bajío guanajuatense ha dejado tras de sí una paradoja que se hace visible en el momento en que el análisis se lleva a cabo a nivel municipal. Durante las últimas décadas, en la región aumentaron la producción manufacturera, la inversión, la infraestructura, la complejidad de algunas economías municipales y la inserción del territorio en circuitos productivos que rebasan ampliamente las fronteras estatales. Pero el territorio que emergió de esa transformación no se hizo más homogéneo; por el contrario, la expansión económica reorganizó y profundizó varias de sus desigualdades; en efecto, se produjeron nuevas centralidades, se modificaron mercados laborales, se alteraron los desplazamientos cotidianos de la población, mientras que las capacidades productivas de algunos municipios se incrementaron mucho más rápidamente que las de otros.

Los Censos Económicos permiten observar la magnitud del cambio. Entre 2003 y 2023, la participación de las manufacturas en el valor agregado censal bruto de los trece municipios analizados pasó de 47.9 a 78.1 por ciento. En el mismo periodo, la proporción del personal ocupado en actividades manufactureras aumentó de 29.3 a 36.2 por ciento (INEGI, 2026). La diferencia entre ambas trayectorias importa: el peso de la manufactura creció mucho más rápidamente en la generación de valor que en la absorción de trabajo. El dato es congruente con una estructura productiva progresivamente más intensiva en capital, tecnología y organización industrial.

La modificación del trabajo fue también considerable. La proporción regional del personal no remunerado registrada por los Censos Económicos descendió de 36.7 por ciento en 2003 a 26.0 por ciento en 2023 (INEGI, 2026). No se trata, por tanto, de una economía inmóvil ni de una industrialización carente de efectos sociales. El problema real se observa en la forma cómo se distribuyeron territorialmente esas transformaciones y, sobre todo, hasta dónde consiguieron extenderse desde los establecimientos de elevada productividad hacia el resto de las economías municipales.

En 2023, el valor agregado censal bruto por persona ocupada alcanzaba aproximadamente 1,297 millones de pesos en Celaya y 938 mil en Apaseo el Grande. En Tarimoro era de alrededor de apenas 115 mil pesos y en Santiago Maravatío de 124 mil. La productividad censal de Celaya era así aproximadamente 11.3 veces la de Tarimoro. Las diferencias son demasiado grandes para sostener que los trece municipios que se analizan sean partes equivalentes de una misma economía regional.

La intensidad manufacturera reproduce esa heterogeneidad. En Apaseo el Grande, las manufacturas generaban en 2023 alrededor de 90.6 por ciento del valor agregado censal bruto; en Villagrán, 86.6 por ciento; en Celaya, 81.4 por ciento. En el extremo contrario, la proporción era de 10.8 por ciento en Tarimoro, 12.6 en Santiago Maravatío y 13.0 en Salvatierra. Entre ambos polos se distribuye un conjunto de configuraciones intermedias que impide establecer una división simple entre municipios industriales y no industriales (INEGI, 2026).

La trayectoria histórica refuerza esa conclusión. Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort, Cortazar y Villagrán incrementaron sustancialmente el peso de las manufacturas durante las dos primeras décadas del siglo. Salvatierra recorrió el camino contrario: la participación manufacturera en su valor agregado censal descendió de 38.2 por ciento en 2003 a aproximadamente 13.0 por ciento en 2023. Moroleón mantuvo una estructura manufacturera relativamente reducida y Tarimoro permaneció en niveles bajos. La economía abierta construyó, en consecuencia, una región funcionalmente articulada, pero no una estructura productiva convergente.

La concentración detrás de la productividad

Las diferencias municipales no constituyen la única dimensión de la desigualdad productiva. Existe también una fuerte heterogeneidad al interior de las economías locales. Allí donde los Censos Económicos permiten reconstruir íntegramente los estratos por tamaño de establecimiento, la concentración del valor agregado es considerable.

En Celaya, las unidades micro representaban en 2023 aproximadamente 93.8 por ciento de los establecimientos, pero generaban sólo 8.0 por ciento del valor agregado censal bruto. Las unidades grandes constituían apenas 0.31 por ciento de los establecimientos y concentraban 78.7 por ciento del valor. En Apaseo el Grande, las microempresas representaban 95.0 por ciento de las unidades y generaban 3.4 por ciento del valor agregado; los establecimientos grandes, equivalentes a menos de uno por ciento del total, producían 86.9 por ciento.

La relación no debe interpretarse como una objeción a la existencia de grandes empresas. Una economía regional capaz de producir mayor riqueza requiere precisamente empresas productivas, inversión, innovación, escalas eficientes y articulación con mercados amplios. La cuestión es distinta: consiste en determinar si la elevada productividad de determinados establecimientos genera mecanismos capaces de elevar progresivamente la productividad de quienes se encuentran alrededor de ellos.

Los datos muestran que ese proceso no puede darse por supuesto. En los municipios para los cuales es posible realizar la comparación completa, la productividad de los establecimientos grandes supera varias veces la correspondiente a las unidades micro. La razón es cercana a 8.9 veces en Apaseo el Grande, 8.4 en Villagrán y 7.6 en Celaya. La distancia constituye uno de los problemas centrales de la estructura económica regional: una parte considerable de la riqueza se produce en segmentos altamente productivos que coexisten con una multitud de establecimientos pequeños cuya capacidad para apropiarse de los beneficios de la industrialización es considerablemente menor.

Esta es precisamente una de las funciones que corresponde asumir al Estado en una estrategia de desarrollo. La difusión de las ganancias de productividad no constituye un resultado espontáneo de la proximidad entre empresas ni una consecuencia necesaria de la inversión. Requiere instituciones, políticas e instrumentos capaces de construir encadenamientos productivos, ampliar el acceso al financiamiento y a la tecnología, fortalecer proveedores locales, elevar las capacidades laborales y empresariales y evitar que las diferencias iniciales de productividad se reproduzcan como desigualdades permanentes. En el Bajío esta cuestión adquiere una relevancia particular porque el Estado no ha sido un actor externo a la transformación económica de la región: participó activamente en la construcción de la infraestructura, las condiciones logísticas y los dispositivos institucionales que hicieron posible su inserción en las cadenas productivas nacionales y globales. Si esa capacidad pública pudo movilizarse para producir competitividad territorial, resulta necesario examinar por qué no desplegó con una intensidad comparable, los mecanismos necesarios para extender social y territorialmente las capacidades generadas por ese proceso.

Una estrategia de regional integral debería comenzar precisamente por allí. Una inversión extranjera directa puede incrementar el producto de un municipio sin modificar en la misma proporción las capacidades de sus pequeñas empresas; puede elevar las exportaciones sin aumentar equivalentemente los salarios; puede generar empleos formales y coexistir con amplios mercados informales; puede producir valor dentro del territorio y establecer una parte sustancial de sus relaciones tecnológicas, financieras y comerciales fuera de él.

Lo decisivo no es, entonces, establecer si la gran industria produce riqueza -la evidencia muestra, en los hechos, que lo hace-, sino reconstruir las condiciones mediante las cuales esa riqueza se convierte, o deja de convertirse, en capacidades territorialmente acumulativas e insertas en estrategias y mecanismos redistributivos estructurales.

Trabajo: la transmisión incompleta

La estructura laboral permite observar una parte de esos mecanismos. En el corte transversal de 2020 aparece una asociación considerable entre complejidad económica y mejores condiciones de inserción laboral. Entre los trece municipios, la correlación ordinal entre complejidad e informalidad es cercana a -0.91, mientras que la relación entre complejidad y el salario de los trabajadores asegurados respecto de la media nacional se aproxima a 0.82.

Las asociaciones son demasiado fuertes para sostener que la configuración productiva carece de consecuencias sociales. Los municipios más complejos tienden a presentar menores niveles de informalidad y mejores salarios relativos. Pero la dimensión longitudinal introduce una diferencia fundamental. Entre 2015 y 2024, el cambio de la complejidad económica sólo presenta una asociación moderada con el cambio salarial, mientras que su relación con la reducción de la informalidad es débil.

La diferencia entre ambos resultados permite distinguir estructura y mecanismo. En un momento determinado, los territorios económicamente más complejos presentan mercados laborales comparativamente mejores; pero cuando se observa la transformación de cada municipio a lo largo del tiempo, un incremento de complejidad no produce necesariamente una mejora laboral proporcional e inmediata[1].

La informalidad ilustra esta tensión. El promedio municipal disminuyó de aproximadamente 73.1 por ciento en 2017 a 63.2 por ciento en 2024. La mejoría fue sustantiva, pero extraordinariamente desigual. Santiago Maravatío redujo la informalidad en aproximadamente veinte puntos porcentuales; Apaseo el Grande y Tarimoro, alrededor de dieciocho; Villagrán, casi diecisiete. En Celaya la disminución fue cercana a ocho puntos, mientras que Moroleón prácticamente permaneció en niveles similares y Uriangato registró un incremento.

El resultado obliga a rechazar dos explicaciones igualmente insuficientes. La industrialización no ha sido socialmente estéril, pero tampoco ha creado un mecanismo automático de difusión de sus beneficios. La transmisión entre productividad y bienestar atraviesa instituciones laborales, capacidades empresariales locales, calificaciones educativas, sistemas de protección social, estructuras familiares, movilidad cotidiana y relaciones de poder que difieren de un municipio a otro.

Educación y reproducción de la estructura laboral

La convergencia educativa observada entre los municipios requiere una precisión adicional. Que disminuya la distancia relativa entre ellos no significa que la región esté construyendo las capacidades educativas correspondientes a la magnitud de su transformación productiva. Entre 2010 y 2020, el grado promedio de escolaridad de los trece municipios pasó aproximadamente de 7.05 a 8.27 años: poco más de un grado adicional durante una década en la que se consolidaron algunas de las inversiones industriales y logísticas más importantes de la región (INEGI, 2020). La transformación educativa avanzó, pero lo hizo desde niveles bajos respecto del nivel promedio nacional, y a una velocidad difícilmente equiparable con la modificación experimentada por la estructura productiva.

Los datos permiten dimensionar además la relación entre este rezago y el mercado laboral. En 2020, la escolaridad promedio municipal presentaba una correlación ordinal de −0.80 con la informalidad y de 0.79 con el salario relativo de los trabajadores asegurados. El rezago educativo mostraba el comportamiento inverso: su asociación con la informalidad era de 0.72 y con el salario de −0.81. No se trata de relaciones menores. En la geografía regional, los municipios más escolarizados son también, de manera sistemática, aquellos donde la inserción laboral y las remuneraciones presentan condiciones comparativamente más favorables.

La relación, sin embargo, no autoriza una explicación reduccionista. Al controlar estadísticamente la complejidad económica municipal, la asociación entre educación e informalidad se reduce de manera importante. Esto indica que ambas forman parte de una configuración estructural más amplia: los municipios económicamente más complejos tienden simultáneamente a poseer poblaciones más escolarizadas, menores niveles de informalidad y mejores salarios. Lo que se evidencia, como en otros estudios especializados, es que la educación y el mercado laboral no constituyen procesos independientes de la estructura productiva.

Por su parte, la relación educativa con las remuneraciones es más persistente. Incluso después de controlar simultáneamente complejidad económica e informalidad, el rezago educativo conserva una asociación negativa apreciable con el nivel salarial. Con las limitaciones que impone un universo de trece municipios, el resultado no demuestra necesariamente causalidad, pero permite formular una hipótesis relevante: el déficit educativo constituye uno de los mecanismos que restringen la capacidad de la población local para acceder a las posiciones laborales de mayor calificación y apropiarse, mediante mejores remuneraciones, de una proporción mayor de los beneficios derivados de la transformación productiva.

La cuestión adquiere una dimensión adicional cuando se observa la estrecha relación existente entre escolaridad y complejidad económica. En 2020, la correlación entre ambas alcanza aproximadamente 0.85, mientras que entre complejidad y rezago educativo es cercana a −0.78. Sería metodológicamente improcedente establecer a partir de estas asociaciones una dirección causal única.

Una población más educada puede ampliar las posibilidades de diversificación y sofisticación productiva; pero una economía que demanda ocupaciones calificadas puede, a su vez, elevar los incentivos y las oportunidades para prolongar las trayectorias educativas. Del mismo modo, una estructura laboral dominada por ocupaciones precarias y de baja remuneración puede contribuir a reproducir las condiciones bajo las cuales abandonar tempranamente la escuela continúa siendo una decisión económicamente comprensible para numerosos hogares.

El problema educativo del Bajío debe entenderse, por ello, como parte de un circuito de reproducción de rezago social y territorial. La región requiere mayor escolaridad no solamente para responder a las necesidades técnicas de sus empresas, sino para ampliar las capacidades desde las cuales sus habitantes pueden participar en la riqueza que el territorio genera. Una economía capaz de albergar procesos manufactureros de elevada complejidad mientras una parte considerable de su población permanece en condiciones de rezago educativo contiene una fractura más profunda que una simple insuficiencia de capital humano: expresa una distancia entre la modernización de la producción y la formación de las capacidades sociales necesarias para hacer de esa modernización un proceso de desarrollo.

Desde esta perspectiva, la convergencia educativa interna observada durante la década debe calificarse como una convergencia deficiente e insuficiente. Los municipios se aproximaron entre sí en algunos indicadores, pero lo hicieron alrededor de niveles que continúan siendo reducidos frente a las necesidades de una economía de mayor productividad y conocimiento. La pregunta relevante deja entonces de ser únicamente cuánto aumentó la escolaridad y pasa a ser si la velocidad de construcción de capacidades educativas ha sido suficiente para modificar la estructura de oportunidades laborales de la población. La evidencia disponible sugiere que esa transformación ha ocurrido con una lentitud considerablemente mayor que la transformación industrial del territorio.

Reducir, sin embargo, la relevancia de la educación a su contribución a la productividad o a las posibilidades de inserción laboral significaría aceptar precisamente una de las formas más restrictivas de comprender el desarrollo. La educación constituye una capacidad social cuyo valor no depende de la utilidad económica que pueda adquirir en el mercado. Amplía las posibilidades de comprender el mundo, formar un juicio propio, deliberar sobre los asuntos comunes y decidir con mayor autonomía sobre la propia existencia.

En ese sentido, forma parte de las condiciones sustantivas de la libertad. Una sociedad puede incrementar considerablemente su productividad y, al mismo tiempo, mantener restringidas esas capacidades si una proporción importante de su población permanece excluida de trayectorias educativas suficientemente amplias. El rezago educativo adquiere entonces un significado político: no expresa únicamente una desventaja frente al mercado de trabajo, sino una desigual distribución de las posibilidades de autonomía, participación y construcción de la propia vida.

Esta dimensión resulta todavía más relevante cuando el desarrollo se examina desde la perspectiva de los derechos. Su reconocimiento jurídico no garantiza por sí mismo la capacidad efectiva para ejercerlos. Conocer los derechos, comprender las instituciones encargadas de garantizarlos, acceder a información, argumentar frente a la autoridad, organizarse con otros y participar en la deliberación pública requieren capacidades que la educación contribuye decisivamente a formar. La desigualdad educativa puede convertirse así en desigualdad política y en una distribución también desigual de la capacidad para exigir al Estado el cumplimiento de sus obligaciones. Desde esta perspectiva, el déficit educativo del Bajío no constituye solamente un límite para transitar hacia actividades de mayor complejidad productiva; representa una restricción para la construcción de ciudadanía y para el ejercicio efectivo de las libertades y los derechos sociales. Una estrategia regional de desarrollo que acelerara la producción de riqueza sin acelerar, al mismo tiempo, la formación de sujetos capaces de comprender, disputar y decidir colectivamente sobre el destino de esa riqueza permanecería incompleta en uno de sus fundamentos.

Pobreza y los límites de la conversión

Las relaciones entre estructura económica y pobreza confirman esta interpretación. En 2020, los municipios con mayor complejidad tendían a presentar menores niveles de pobreza y rezago educativo. La correlación entre complejidad y pobreza era aproximadamente −0.76. Nuevamente, la relación transversal es considerable.

Pero las trayectorias municipales muestran que no existe una función estable mediante la cual cada incremento de capacidad productiva se traduzca en una reducción proporcional de la pobreza. El promedio simple de pobreza de los trece municipios descendió de aproximadamente 56.0 por ciento en 2010 a 48.4 por ciento en 2020. La mejoría regional coexistió, sin embargo, con una persistencia de las diferencias relativas[2].

Villagrán redujo la pobreza en aproximadamente 14.6 puntos porcentuales; Salvatierra, 13.8; Tarimoro, 13.0. Celaya, pese a su centralidad económica, registró un nivel ligeramente superior en 2020 al observado una década antes. Yuriria también presentó un incremento.

Los casos contradicen cualquier explicación monocausal. Salvatierra perdió peso manufacturero y complejidad económica mientras mejoraban varios de sus indicadores sociales. Villagrán redujo pobreza e informalidad aun cuando su índice de complejidad disminuyó durante parte del periodo reciente. Apaseo el Grande, por el contrario, se aproxima más al patrón esperado de transmisión: aumentó considerablemente su complejidad, redujo informalidad y pobreza y mejoró su posición salarial.

No existe, por tanto, una única secuencia regional. Existen mecanismos distintos mediante los cuales los municipios convierten -o no convierten- sus capacidades económicas en bienestar.

Esta heterogeneidad es justamente la que una concepción del desarrollo limitada al crecimiento tiende a ocultar. La producción de mayor valor constituye una condición relevante para ampliar las posibilidades materiales de una sociedad, pero no determina cómo se distribuyen esas posibilidades ni qué bienes sociales resultan efectivamente accesibles para quienes habitan el territorio.

Migración y capacidad de permanecer

La migración introduce otra dimensión de la misma problemática. En determinados municipios, una parte significativa de la reproducción material de los hogares se encuentra vinculada desde hace décadas con redes transnacionales y con los recursos enviados desde Estados Unidos. Las remesas no pueden ser tratadas únicamente como una fuente adicional de ingreso: son también la expresión monetaria de relaciones sociales construidas mediante la movilidad de la población. Los datos censales de 2020 permiten aproximarse a esta estructura desde otro ángulo (INEGI, 2020). Entre los trece municipios, una mayor presencia de población que cinco años antes residía en Estados Unidos se relaciona fuertemente con menor complejidad económica, mayor informalidad y mayor pobreza. La correlación ordinal entre intensidad de retorno reciente desde Estados Unidos y complejidad se aproxima a −0.83; con informalidad, a 0.81; y con pobreza, a 0.67.

Ninguna de estas asociaciones demuestra que la pobreza o la informalidad causen emigración. Tampoco permiten identificar como expulsión toda decisión migratoria. Las redes familiares, las oportunidades educativas, las estrategias domésticas, la historia migratoria de cada comunidad y las expectativas individuales intervienen en las decisiones de movilidad. Pero la regularidad territorial resulta suficientemente fuerte para incorporar una pregunta que la economía regional no puede dejar fuera: ¿qué capacidad posee un territorio para ofrecer a su población condiciones bajo las cuales permanecer constituya una posibilidad materialmente viable?

La noción de capacidad territorial de retención permite formular el problema sin convertir la permanencia en un valor absoluto. Una sociedad abierta debe permitir a las personas migrar. La cuestión de justicia aparece cuando la movilidad deja de representar principalmente una ampliación de opciones y se convierte, para determinados hogares y territorios, en una estrategia recurrente para compensar la insuficiencia de oportunidades locales.

Las remesas adquieren entonces una doble significación. Mejoran las capacidades materiales de numerosos hogares y pueden contribuir a explicar por qué municipios con estructuras productivas débiles presentan resultados sociales mejores de los que cabría esperar exclusivamente de su economía local. Pero su importancia puede revelar simultáneamente la incapacidad histórica del territorio para generar suficientes oportunidades laborales y salariales. Beneficio doméstico y fragilidad territorial pueden coexistir.

Una geografía que cambia según el bien observado

Los trece municipios no pueden ordenarse mediante una sola escala que vaya de un centro desarrollado a una periferia rezagada. Celaya constituye indiscutiblemente el principal polo económico, pero esa centralidad no se reproduce con igual intensidad en todos los indicadores sociales. Moroleón y Uriangato presentan baja intensidad manufacturera y elevada importancia de las redes migratorias, pero muestran resultados muy diferentes de municipios igualmente poco industrializados. Salvatierra combina baja productividad y fuerte recepción de remesas con indicadores de violencia extraordinariamente graves. Villagrán combina elevada intensidad manufacturera con resultados sociales comparativamente favorables. Comonfort presenta una estructura productiva relativamente dinámica junto con rezagos sociales mayores de los que esa posición permitiría anticipar.

La geografía regional cambia, por tanto, dependiendo del bien que se observe. Hay una geografía de la productividad, otra del trabajo, otra de la educación, otra de la pobreza, otra de la migración y, como se verá posteriormente, otra de la violencia y de las capacidades institucionales. Esta “constatación” tiene consecuencias teóricas. Desde una perspectiva cercana a la igualdad compleja de Michael Walzer, la pregunta relevante no consiste únicamente en determinar cuánto posee cada territorio, sino en examinar si la ventaja acumulada en una esfera permite dominar las restantes y, en sentido inverso, si las instituciones colectivas consiguen impedir que una desventaja económica se convierta inevitablemente en desventaja educativa, sanitaria, política o vital.

La evidencia del Bajío muestra un resultado más complejo que cualquiera de esas dos posibilidades extremas. La centralidad económica proporciona ventajas reales: mejores salarios relativos, menor informalidad y menores carencias aparecen asociados con mayor complejidad. Pero las correspondencias distan de ser perfectas. Existen territorios que convierten relativamente bien capacidades económicas modestas en determinados resultados sociales y otros cuya considerable potencia productiva no se traduce con la misma intensidad en todas las dimensiones del bienestar. Y esta esta falta de correspondencia constituye uno de los fenómenos fundamentales del desarrollo regional.

Las fronteras de la riqueza

La economía abierta transformó profundamente al Bajío guanajuatense. Sería difícil explicar la estructura contemporánea de Celaya, Apaseo el Grande, Villagrán o Cortazar sin las inversiones, infraestructuras y cadenas productivas construidas durante las últimas décadas. Esa transformación generó riqueza, empleo, capacidades industriales y nuevas formas de integración territorial. También produjo oportunidades que no existían previamente.

Pero el resultado acumulado revela las fronteras de ese proceso. La primera es territorial: la productividad se distribuyó de manera extraordinariamente desigual. La segunda es empresarial: una fracción reducida de establecimientos concentra proporciones muy elevadas del valor agregado mientras la mayor parte de las unidades económicas opera a escalas y productividades considerablemente menores. La tercera es laboral: la complejidad económica mejora las posibilidades de formalización y remuneración, pero no garantiza su expansión hacia el pleno empleo bajo la categoría del trabajo digno.

La cuarta es educativa: las capacidades formativas avanzan a un ritmo insuficiente frente a las exigencias de una economía que pretende desplazarse hacia actividades de mayor conocimiento y productividad. La quinta es social: el crecimiento económico no establece por sí mismo la velocidad con la que disminuyen pobreza y carencias. La sexta es demográfica: en una parte del territorio, las redes migratorias continúan desempeñando una función central en la reproducción de los hogares.

Estas fronteras no constituyen argumentos contra el crecimiento. Señalan, por el contrario, las condiciones bajo las cuales el crecimiento puede convertirse en desarrollo. Una región con enormes diferencias de productividad necesita elevar la capacidad productiva de sus segmentos rezagados. Una economía con fuertes concentraciones empresariales necesita construir encadenamientos capaces de transmitir conocimiento, demanda y tecnología hacia productores y proveedores locales. Un mercado laboral con elevada informalidad requiere instituciones capaces de convertir productividad en trabajo protegido. Una estructura educativa rezagada necesita acelerar radicalmente la formación de capacidades. Y una sociedad en la que la migración constituye desde hace décadas una estrategia fundamental de supervivencia necesita preguntarse por las condiciones materiales que hacen posible permanecer libremente en el territorio.

Michael Sandel ha insistido en que una sociedad de mercado no es equivalente a una economía de mercado. La distinción resulta particularmente fértil para comprender esta región. La eficacia económica de una inversión puede medirse mediante producción, productividad, exportaciones o empleos. El desarrollo exige formular preguntas adicionales: qué clase de empleos, qué capacidades se construyen, qué posibilidades vitales se amplían, qué desigualdades se reproducen y qué bienes quedan subordinados a la posición económica de las personas y de los territorios.

El problema puede formularse también en términos de poder. La concentración de productividad, capital y capacidad tecnológica confiere a determinados actores una posición decisiva en la organización regional. El desafío institucional consiste en evitar que esa centralidad productiva se convierta en la única racionalidad capaz de ordenar el territorio. El agua, la movilidad, la educación, el medio ambiente, la seguridad, el espacio urbano y las capacidades fiscales municipales responden a lógicas que no pueden reducirse al rendimiento de la inversión.

La historia económica reciente del Bajío demuestra que el Estado posee capacidad para transformar el territorio. La infraestructura logística, los corredores carreteros, los parques industriales y la atracción de inversiones no aparecieron espontáneamente. Fueron resultado de decisiones públicas, coordinación institucional y recursos acumulados durante décadas. Precisamente por ello, la persistencia de fuertes asimetrías obliga a desplazar la pregunta. Ya no basta con interrogar cuánto crecimiento puede generar la región. Debe preguntarse qué capacidades institucionales son necesarias para gobernar y distribuir justamente la riqueza que ya es capaz de producir.

En esa pregunta comienza el problema de los derechos. Porque la distancia entre riqueza y desarrollo no se encuentra únicamente en las estadísticas económicas. Se manifiesta en la posibilidad de terminar la escuela, acceder a protección social, recibir atención sanitaria, disponer de vivienda adecuada, desplazarse sin asumir riesgos desproporcionados, vivir en un entorno ambientalmente sostenible y permanecer en el propio territorio sin que la precariedad convierta la migración en una necesidad.

La riqueza posee fronteras cuando deja de ampliar esas posibilidades. Comprender cómo se construyeron y por qué persisten constituye el punto de partida para examinar, en el capítulo siguiente, la estructura demográfica, los hogares y las estrategias mediante las cuales la población del Bajío ha debido adaptarse a una transformación económica cuya potencia productiva ha avanzado con mayor rapidez que su capacidad para producir igualdad territorial.

Investigador del PUED-UNAM

[1] Para los datos relativos al concepto de “complejidad económica”, ver:(Secretaría de Economía, 2026)

[2] Para los datos sobre pobreza en México ver:  (INEGI, 2026)