La disculpa pública es una de las medidas previstas para la reparación integral del daño a víctimas de violaciones a sus derechos, pero la Universidad de La Salle Bajío no considera necesario reconocer los agravios en contra de la exalumna Isabella, resultado de una serie de omisiones de la institución para atender un caso de violencia de género ocurrido en el entorno escolar.

El acto fue descartado por Andrés Ramírez Elizalde, coordinador de Imagen y Comunicación de la universidad, quien tras una consulta hecha por POPLab, señaló vía correo electrónico que como autoridades escolares “nos apegamos puntualmente a la atención de los efectos que marca la sentencia”, y defendió los protocolos de la institución para atender casos de violencia dentro de sus espacios. 

“Se ha instaurado en el imaginario social que hay que cumplir con lo mínimo, de manera que, en el caso de Isabella que es un caso muy ejemplificativo, lo que pareciera que tendría que cumplir la universidad, en la cabeza de la universidad, es hacer lo mínimo indispensable, sin comprender que el mensaje más profundo tiene incluso que ver con medidas de no repetición”, sentenció Paola Fernández, asesora legal en el Centro Las Libres.

En julio pasado, un tribunal federal acreditó que la Universidad de La Salle Bajío incurrió en la revictimización de Isabella, exalumna de Diseño Industrial, al no protegerla tras ser agredida física y psicológicamente por otro estudiante. A pesar de contar con un protocolo desde 2020, las autoridades que tuvieron conocimiento no actuaron ante las denuncias.

Sin embargo, para el exmagistrado Serafín Salazar Jiménez, quien estuvo a cargo de la revisión del amparo promovido por Isabella, la disculpa pública es necesaria dentro de la reparación integral del daño. De acuerdo con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, reconocida por México, estas medidas simbólicas “Están orientadas a dar satisfacción y dignificar a las víctimas promoviendo un reconocimiento público de responsabilidad, ya sea por haber ocasionado directamente las violaciones, o por no haber protegido a las víctimas”. 

Éstos actos, además deben incluir un reconocimiento a la dignidad como personas de las víctimas, y una crítica a las violaciones cometidas.

“Es parte de resarcir la agresión o la violencia que sufre una persona. Textualmente no está en la resolución, pero sí forma parte de los mecanismos internacionales que están previstos precisamente en los tratados que México ha celebrado”, explicó el exjurista federal. 

Para Isabella, quien tras romper una relación sentimental con un compañero de clases que ejercía violencia en su contra, denunció un intento de estrangulamiento por parte de su expareja, un acto de reparación público abona al precedente que la sentencia judicial marca en casos de violencia institucional cometida por entes públicos y privados.

“Una disculpa no cambia lo que hicieron, pero también creo que públicamente sería bueno que reconocieran que se equivocaron”, comentó a este medio. 

Aunque en 2024, Isabella denunció penalmente a su agresor y obtuvo una orden de restricción, las autoridades de La Salle permitieron que él siguiera en la carrera. El caso llegó al ámbito federal, donde el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa cuestionó la eficacia de las medidas de prevención e impuso a la institución distintos actos reparatorios.

Éstos enlistan una campaña de información, socialización y sensibilización en materia de violencia de género; el generar programas para prevenir y atender estas situaciones; así como dar capacitaciones al personal directivo, colaborativo, docente y operativo. 

Para la abogada Paola Fernández, el acceso a la justicia para las víctimas lleva implícita la reparación integral del daño, que aunque no se establezca de manera literal en una sentencia, no exime a las instituciones de dar lo que considera “una interpretación más amplia y profunda” que pretende evitar la reproducción de violencias que afectan a una comunidad en su totalidad, como es el caso de la población escolar, académica y administrativa de La Salle. 

“Las autoridades o instituciones que tienen que dar cumplimiento a sentencias se acotan a lo que se estableció de manera literal con respecto a la reparación integral del daño, y lo que pasa regularmente es que las víctimas tienen que volver a activar todo el aparato institucional para que se dé cumplimiento con esa reparación. Muchas veces ocurre que las mujeres terminan presentando demandas civiles para que se cumpla, pero ya hay un desgaste y son procesos complejos de sostener”, explicó. 

Indiferencia institucional

“Es como cuando le dices a la mujer que si sale con falda, sabe el riesgo que corre”, ilustró el exmagistrado Serafín Salazar, respecto a la respuesta que dio la Universidad de La Salle a Isabella, luego de que dio a conocer mediante distintas vías que alcanzaron al rector general, Enrique González Álvarez, la conducta violenta de su expareja, con quien compartía aulas en el campus. 

En un primer acercamiento, en 2022, tanto la coordinadora de la carrera de Diseño Industrial como el rector de la universidad, fueron informados por la propia víctima de la situación que atravesaba con su agresor. 

“Ella lo había solicitado de manera verbal, lo solicitó por escrito, por correo, los días pasan y la convivencia continúa, imaginen la angustia con la que acudía la estudiante al aula; no nada más dio una alerta, dio varias peticiones de auxilio y no fue escuchada, eso es lo que se juzgó”, explicó Serafín Salazar. 

Cuando en 2022 la estudiante intentó ser separada del aula que compartía con su agresor, el argumento de la institución para negarse fue que los lineamientos internos no lo permitían. La revictimización continuó en la respuesta a la demanda de amparo, donde la Universidad de La Salle argumentó que Isabella, una alumna reconocida por su desempeño y liderazgo dentro de la institución, era “lo suficientemente inteligente” para no relacionarse con una persona violenta. 

Además, la estudiante fue culpada por haber acudido a la fiesta de pre graduación en la que su expareja intentó estrangularla.

“Cuando la mujer decide dar el paso de hacerlo público, primero pasó varias etapas de sufrimiento y de violencia. Aún así se le niega el derecho sin alguna razón objetiva, ahí ya se le está revictimizando. Lo que se ordenó en la sentencia es que la institución fue insensible, no instrumentó los protocolos de la no violencia”, advirtió el exmagistrado.

Al respecto, Serafín Salazar puntualizó que, aunque ninguna autoridad está exenta de desconocer las normatividades, las instituciones están facultadas y tienen la posibilidad de solicitar la intervención de una dependencia del Estado. 

Pero en el caso de Isabella, el ex magistrado considera que la institución no reconoció la magnitud del impacto que la violencia en la relación tuvo en la vida de su estudiante, incluyendo su entorno escolar. 

“No siempre condenamos la violencia, a veces la pasamos por alto. Éso implica que la naturalizamos, por un tema de idiosincrasia o de historia, pero ha habido mucha educación, se ha generado una cultura de igualdad, y las instituciones educativas sobre todo a nivel universitario por supuesto que están obligadas a involucrarse en el rechazo a la violencia y cuando haya una denuncia hay que atenderla y darle el cauce institucional”, explicó. 

Protocolos son perfectibles: La Salle

En una entrevista telefónica en la que defendió el proceder de la institución, Andrés Ramírez Elizalde, coordinador de Imagen y Comunicación de la universidad, explicó a esta reportera que La Salle cuenta, desde 2018 con “mecanismos, herramientas y protocolos para prevenir la violencia de género” desde la creación del programa Campus Seguro.

A decir del trabajador universitario, en los distintos campus de La Salle se cuentan con protocolos “para abordar este tipo de situaciones”, así como códigos de ética y convivencia y programas formativos. Éstos últimos, van desde sensibilización en materia de violencia de género y prevención de violencias, dirigidos específicamente al personal. 

Al ser cuestionado por la ruta para atender una denuncia que involucra a integrantes de la comunidad universitaria, Andrés Ramírez Elizalde explicó que existe un sistema digital para presentar por escrito estas situaciones, al cual tienen acceso los estudiantes dentro de la plataforma virtual de La Salle. Detalló que además existe un protocolo de recepción de denuncias de manera personal que son evaluadas por comités estudiantiles y académicos. 

“Siempre se invita a colaboradores y estudiantes que hagan uso de estos botones,

contamos con los comités para el abordaje de este y otros tipos de temas, en este caso el comité de asuntos estudiantiles es el que aborda este tipo de casos para buscar cuáles son las medidas que se tienen que tomar y poder dimensionar el caso, pero todos nuestros procesos son perfectibles”, explicó. 

Ramírez Elizalde aseguró que, en el caso de Isabella, las medidas precautorias dictadas por el Ministerio Público para alejarla de su agresor, fueron atendidas de manera inmediata “y se mantuvieron hasta el término de los estudios. 

“Éstos mecanismos pueden ser perfectibles, entendemos que ahora con una sentencia hay mucho camino todavía por andar para que todas las mujeres de nuestra comunidad se sientan seguras y escuchadas y en un entorno libre de violencia”, concluyó.