El pasado 2 de octubre, en medio del escándalo por la negligente administración y gestión de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales (PTAR) y su Módulo de Desbaste (MD), Fitch, la emblemática agencia calificadora que analiza, evalúa y dictamina sobre la calidad crediticia de países, gobiernos y empresas, ratificó la calificación del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (SAPAL) en Triple A o AAA.

Bajo los argumentos de que SAPAL tiene una demanda estable y una capacidad financiera probada para cubrir los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, además de un buen nivel de infraestructura y tecnología, con inversiones relevantes para su renovación, con fuentes de agua adicionales a las actuales (se refieren al Zapotillo, cuya operación esperan que inicie en los próximos 5 años), con un perfil financiero fuerte, con bajo endeudamiento y mucha liquidez ($1,952 millones de pesos al cierre del 2019), así como una buena coordinación con el municipio, Fitch otorgó, por tercer año consecutivo, la Triple A o AAA a SAPAL.

Las principales agencias de este tipo coinciden en que la Triple A o AAA se otorga a entidades con una capacidad extremadamente fuerte de cumplir con sus compromisos financieros y una virtual ausencia de riesgos (Expansión). Para Fitch, además, la Triple A o AAA es la calificación más alta asignada en su escala de calificación nacional para México (Fitch) y la otorga en función del análisis y evaluación que realiza, en este caso, de varios organismos de agua potable en nuestro país, lo que significa que para Fitch, SAPAL es el mejor organismo en su tipo en México.

Desafortunadamente para nuestra ciudad, cada vez más usuarios pensamos lo contrario, que SAPAL tiene una capacidad extremadamente fuerte de (in) cumplir con sus compromisos. La confianza entre SAPAL y las y los ciudadanos se ha roto.

Al margen de Fitch y de toda la publicidad engañosa que contratan para contarnos lo contrario, la realidad es que el imaginario en que se convirtió SAPAL, como el mejor operador de agua potable en México, se cae a pedazos. En los últimos meses, mientras Fitch evaluaba y calificaba a SAPAL, sus entrañas quedaron expuestas y pudimos constatar cómo el organismo de agua de León no cumple a cabalidad con sus obligaciones.

Hoy sabemos, por ejemplo, que SAPAL no sanea todas las aguas residuales que genera la ciudad pero sí nos cobra ese servicio; hoy sabemos que SAPAL mezcla las aguas que sí trata en la Planta de Tratamiento y el Módulo de Desbaste aunque sean de calidades distintas antes de verterlas al Arroyo El Guaje; hoy sabemos que el Módulo de Desbaste, diseñado para tratar las aguas residuales que genera la industria curtidora, es insuficiente; hoy sabemos que el Sitio de Disposición Final de Lodos para gestionar los lodos tóxicos que se generan por el saneamiento de aguas residuales está en abandono; y hoy sabemos, en definitiva, que pese a todas esas inversiones multimillonarias que suele anunciar, SAPAL es el más grande contaminador de la cuenca del río Turbio.

Fotos: Alonso Merino Lubezky.

A todo ello hay que sumar las denuncias por enfermedades y pérdidas económicas de campesinos y campesinas del Ejido Santa Rosa Plan de Ayala, cuyas parcelas se han visto contaminadas por la descarga de aguas residuales sin tratar o por el tratamiento insuficiente de esas aguas que realiza SAPAL.

Ahora bien, si como organismo operador del agua SAPAL ha sido ineficiente y opaco -por decir lo menos-, como autoridad del agua en la ciudad, también nos queda a deber. Hoy sabemos, gracias al conflicto con ECOSYS III -el consorcio que operó la PTAR y el MD durante 20 y 10 años respectivamente- que SAPAL ha sido incapaz, al menos desde hace seis años, de poner en orden, de una vez por todas, a las empresas y a los empresarios de la industria curtidora.

De acuerdo con el comunicado de ECOSYS III del 14 de agosto pasado, “la omisión de SAPAL, tanto del cumplimiento de sus obligaciones de vigilancia de las descargas industriales, principalmente provenientes de la industria de la curtiduría, así como en la falta de corrección de la calidad del afluente ha afectado gravemente el servicio público de saneamiento, provocando, en consecuencia, daños a terceros y al ambiente”.

En el mismo comunicado, ECOSYS III señala que el sistema de saneamiento de la PTAR y el MD operó satisfactoriamente hasta el 2014, año en el que “se detectó la problemática que se ha venido arrastrando hasta la fecha, consistente en la entrega por parte del Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) de aguas residuales de calidades diferentes a las acordadas, integrándose en éstas, arenas, basura, recortes de cuero, sales, sulfuros, amoniaco, cromo, cal, pelambres y grasas, que han perjudicado el equipo mecánico, eléctrico y de proceso de la infraestructura de tratamiento, incluyéndose al propio colector que conduce las aguas residuales”.

No sólo eso, hace poco más de dos semanas nos enteramos que SAPAL tampoco cumple con las medidas de seguridad industrial a las que está obligado por ley. El viernes 13 de noviembre, a poco más de un mes de que el organismo asumiera la operación total del sistema de saneamiento de aguas residuales de la ciudad, supimos que en las instalaciones del Módulo de Desbaste de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Municipales fallecieron cinco trabajadores en circunstancias poco claras.

Aunque en su comunicado 070/2020 SAPAL apunta hacia una “alta concentración de gases tóxicos en un área abierta” como la causa del “incidente”, también señala que “es común la formación de ácido sulfhídrico en el medio ambiente de las plantas de tratamiento de aguas residuales”. En el mismo comunicado SAPAL señala que “ha manejado 20 plantas de tratamiento en las últimas dos décadas, lo que nos ha permitido tener la experiencia necesaria para su operación” y que en virtud de que han estado “siempre comprometidos con contar con estándares que garanticen la seguridad de [sus] trabajadores, así como la calidad de [sus] procesos, es que de forma permanente realiza[n] la revisión de protocolos de seguridad en el trabajo, de equipamiento y procedimientos para una mejora continua”.

Sin embargo, más allá de las típicas declaraciones políticamente correctas que realiza cuando se revela su capacidad extremadamente fuerte de (in) cumplir con sus compromisos, SAPAL tiene mucho qué explicarnos. ¿Qué tipo de equipo de seguridad, de uso personal, portaban los trabajadores al momento de fallecer? ¿Era suficiente? Y si en las plantas de tratamiento de aguas residuales es común la formación de ácido sulfhídrico, ¿los trabajadores estaban capacitados para hacer frente a una situación de este tipo? ¿Por qué con 20 años de experiencia ocurrió este incidente? ¿Por qué si de manera permanentemente revisan sus protocolos de seguridad, de equipamiento y de procedimientos, murieron cinco personas? ¿Qué pasó en realidad y quién o quiénes son las personas responsables?

La explicación a todo este comportamiento irresponsable podría ser el siguiente: SAPAL en realidad opera como muchas otras empresas extractivas, es decir, sin considerar la dimensión social y los derechos humanos vinculados a su actividad, sin considerar el agotamiento de sus propias fuentes de abastecimiento, ni la contaminación de ríos, arroyos y poblaciones vulnerables, ni los daños a la salud y al medio ambiente que genera. Para lograr sus objetivos de productividad, SAPAL externaliza sus costes aprovechando la permisividad de su propia normatividad y la debilidad o corrupción de las autoridades municipales (del gobierno y del Ayuntamiento) y estatales (del gobierno y del Congreso). SAPAL aprovecha que es un monopolio.

Aunque la racionalidad económica de los indicadores que usa Fitch para calificar a SAPAL pueden ser de cierta utilidad cuando son veraces, en general resultan insuficientes -pues no hay en ellos una vocación sistémica- para dar cuenta de la realidad hídrica realmente existente en León. Debido a esa misma racionalidad económica, SAPAL pone en peligro constante el derecho humano al agua de las y los ciudadanos de León y, como ha quedado claro, la vida de sus propios trabajadores.

En ese tipo de aproximaciones financieras como las de Fitch se echa de menos una mirada a esa otra realidad de SAPAL: la del fraude a sus usuarios, la del abandono de proyectos multimillonarios, la de los acuíferos en proceso de agotamiento, la de la contaminación de ríos y arroyos, la de enfermedades en comunidades receptoras de su contaminación, la de sus muertos.

Aunque SAPAL es un organismo público descentralizado de la administración pública municipal y tiene cierto margen de autonomía, la responsabilidad última, tanto del servicio como del funcionamiento del SAPAL es del municipio, es decir, de Héctor López Santillana, así como de sus síndicos y regidores, quienes no parecen estar por la labor de fiscalizar y sancionar, sino de encubrir.