En octubre de 2017 se aprobó la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de Guanajuato como respuesta a una exigencia del gremio periodístico. En ésta, se incluye la elaboración de un Atlas de riesgo que busca identificar los patrones de las agresiones a estas poblaciones.

Como han documentado Alfonsina Ávila y Yajaira Gasca en un reportaje de 2025 sobre los vacíos en la operación del Consejo Estatal de Protección, en 2019 se elaboró una versión de este Atlas contratando a un consultor externo que cobró medio millón de pesos y entregó un documento reservado que no cumplió su objetivo. El Reglamento de la Ley establece que el Atlas debe ser una herramienta útil para instrumentar políticas públicas que reduzcan en riesgo y que contengan al menos un diagnóstico de riesgos, una metodología clara, los tipo de riesgos y frecuencia, así como la georefenciación. Definitivamente, un documento reservado no cumplía con el Reglamento.

Aunque a este Atlas versión 2026 le falta publicar su metodología completa, incorporar registros de otras fuentes, desarrollar un mapa interactivo y añadir enfoque diferenciado, sí hace un aporte fundamental: reconoce que en Guanajuato hay zonas silenciadas para el periodismo y la libertad de prensa.

En 2025 Quinto Elemento Lab participó en una investigación regional con la Fundación Gabo denominada “Bosques de noticias locales” en la que se identificaron 9 municipios en Guanajuato donde debido el ambiente violento que vive la entidad, no existen las condiciones para ejercer el periodismo ético y libre, o simplemente no cuentan con medios de comunicación; éstos se denominaron “Desiertos Informativos”. En cambio, en el Atlas 2026 del Consejo se señalan 11 municipios que son zonas de silencio: Pénjamo, Abasolo, Valle de Santiago, Acámbaro, Salvatierra, Cortazar, Villagrán, Juventino Rosas, Comonfort, Apaseo El Grande y Atarjea. Al menos tres grandes regiones visibles: una en la zona sur, otra en la Laja-Bajío y una en la zona norte.

Es obligado mencionar según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las zonas silenciadas son regiones de alta peligrosidad en el continente donde el crimen organizado y la violencia impiden ejercer la libertad de expresión. Hay autocensura, control territorial de los grupos delincuenciales, violencia extrema e impunidad. Para desmantelar las zonas silenciadas, la CIDH exige a los Estados cumplir con tres obligaciones: prevenir las agresiones mediante la implementación de esquemas de seguridad efectivos y alertas tempranas para periodistas en riesgo; investigar de manera exhaustiva y especializada los crímenes contra la prensa para castigar tanto a autores materiales como intelectuales, rompiendo así el ciclo de impunidad; y garantizar el derecho a la información de la sociedad, protegiendo los canales de difusión locales y creando entornos seguros que permitan combatir la autocensura frente a los abusos del poder criminal y político.

Bienvenido el Atlas de Riesgo para periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Guanajuato como el primer paso para establecer las políticas públicas que se establecen en el marco normativo y que la realidad exige.