Poco tiempo después de que Latinus apareció en el ecosistema mediático mexicano supimos su verdadero objetivo: golpear con un supuesto periodismo neutral al presidente López Obrador, al movimiento que encabeza y evitar así un nuevo triunfo de Morena en las elecciones de este año. Lo que no sabíamos era quién financiaba ese proyecto y de dónde venían los cuantiosos recursos para el pago de una nómina tan costosa.

Los rumores sobre el origen del dinero corrían en el gremio periodístico, pero fue a fines de marzo de 2021 que el periodista Álvaro Delgado reveló en Sin Embargo que detrás de una compleja operación de empresas y la triangulación de fondos, Roberto Madrazo, excandidato presidencial del PRI, era uno de los patrocinadores de Latinus. Posteriormente, en julio de 2023, la periodista Nancy Flores, de la revista Contralínea, aportó nuevos datos. Estas versiones, con mayor precisión de información, fueron corroboradas el miércoles de la semana por el titular de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez.

En la conferencia mañanera, Gómez informó que se investiga a Latinus, a partir de una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) y no, como lo ha dicho la misma empresa, sus empleados y simpatizantes, para acosar periodistas.

No repetiré aquí lo que se dijo y que ha sido ampliamente difundido en algunos medios, pero estaríamos ante un caso escandaloso de corrupción y lavado de dinero, con paraíso fiscal incluido, en el que se habrían usado recursos públicos para la comercialización de productos farmacéuticos y servicios de salud, procedentes sobre todo de gobiernos estatales. Además de Roberto Madrazo, se mencionó a Christian González Guadarrama y a sus dos socios, Alexis Nickin Gaxiola y Federico Madrazo Rojas, yerno e hijo del político priísta, como accionistas de las empresas relacionadas con Latinus.

Diversos analistas y opositores insisten que se trata de una venganza política del presidente López Obrador por las revelaciones, a su vez, de supuestos actos de corrupción de sus hijos y de su gobierno. Y obvian o justifican las operaciones oscuras y aparentemente ilícitas de Latinus, sin considerar el daño a los recursos públicos, así como el que se genera al periodismo. No en vano, la confianza en los medios de comunicación en México está en por los suelos, como se destaca en el reciente estudio del Instituto Reuters.

Por más que se diga lo contrario, no se trata de un acto de censura gubernamental, sino de la denuncia de un probable hecho delictivo realizado por una empresa, en el que no están involucrados los periodistas y analistas contratados. Tanto Loret de Mola, como Denise Dresser, Brozo o Lorenzo Córdova siguen ejerciendo su libertad de expresión. Conservan sus privilegiados espacios periodísticos y no dudaría que les abran más puertas por la probable continuidad en la política gubernamental de comunicación que se coordina desde Presidencia.

La opacidad mediática

Lo ocurrido con Latinus no es un hecho aislado. Los medios de comunicación en México y en América Latina no suelen ser transparentes. Durante décadas, en el viejo régimen, por ejemplo, se mantuvo la opacidad de los nombres de los concesionarios de frecuencias de la radio y la televisión. Fue hasta la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión de 2013 que se obligó a la creación de un registro público de concesiones en el sector, a cargo del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), pero todavía no es sencillo saber qué familias o accionistas controlan muchas de las emisoras.

En los medios impresos sucede en esencia los mismo. Contamos con un registro de periódicos y revistas, que administra la Secretaría de Gobernación, pero si usted quiere información sobre los propietarios de cada una de las publicaciones se topará contra la pared en la mayoría de los casos. Sobre los medios periodísticos digitales la información es todavía más vaga porque hay infinidad de portales con vida efímera, que nacen y mueren en coyunturas específicas, como las elecciones, y los que continúan tampoco informan sobre sus dueños, con excepciones.

¿Y sobre los recursos que se destinan a todos esos medios? Lo que sabemos al respecto es principalmente por la obligación de transparentar el gasto de la publicidad gubernamental, pero la información de otras fuentes de financiamiento no es pública, lo que merma el derecho a la información de las audiencias sobre los intereses que hay detrás de cada medio de comunicación.

Si hablamos de un proyecto de transformación en el campo mediático, debemos observar lo que ocurre en la Unión Europea con la nueva Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicación, aprobada en marzo de este año con un amplio consenso, y hacer algo similar en México.

Además de obligar a los Estados para que protejan a los periodistas, a que tengan criterios claros en la asignación de publicidad gubernamental y refuercen los mecanismos de independencia editorial de los medios públicos, establece reglas de transparencia de la propiedad y el financiamiento de todos los medios de comunicación para que las audiencias puedan saber quién los controla y “qué intereses pueden influir en la información”. De esta manera, “todos los medios de comunicación y de actualidad, independientemente de su tamaño, tendrán que publicar información sobre sus propietarios en una base de datos nacional, incluso si son propiedad directa o indirecta del Estado”.

En la exposición de motivos se argumenta que “es fundamental que los destinatarios de los servicios de comunicación sepan con certeza quién es el propietario y quién está detrás de los medios de comunicación, de modo que puedan identificar y comprender los posibles conflictos de intereses. Se trata de un requisito previo para formarse opiniones bien informadas y, en consecuencia, para participar activamente en una democracia”. Esta transparencia, agrega, “es también una herramienta eficaz para desincentivar y, por tanto, limitar el riesgo de interferencia con la independencia editorial”.

Los medios también estarán obligados a revelar información sobre los ingresos publicitarios recibidos de autoridades o entidades públicas, lo que traerá “beneficios claramente superiores a cualquier posible impacto de la obligación de divulgación sobre los derechos fundamentales, incluido el derecho a la vida privada y familiar y el derecho a la protección de los datos personales”.

En síntesis: Latinus es un estupendo ejemplo de cómo se puede pervertir la función social de los medios de comunicación y el periodismo en una democracia. También, de cómo se pretende engañar o confundir a las audiencias baja una fachada de neutralidad periodística, cuando lo que existió fue un trabajo político, auspiciado por los opositores a un gobierno y a un movimiento social. Por si fuera poco, con recursos probablemente ilícitos. Urge la transparencia en todos los medios de comunicación; en todos, reitero. Legisladoras y legisladores: recuperemos la normativa europea aquí citada en beneficio de los derechos de las audiencias y el periodismo de calidad en nuestro país.

VIAJANDO POR EL ÉTER

Y ya que hablamos de prácticas periodísticas cuestionables, la denuncia del portal Zona Free es contundente: la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, utiliza medios financiados con recursos públicos para acusar nuevamente al exgobernador Javier Corral por supuestos actos ilícitos. Se trata de una campaña mediática de desprestigio que se impulsa luego de la cuestionable liberación de César Duarte, acusado de corrupción. No es la primera vez que el próximo senador de Morena enfrenta estrategias similares e intereses políticos y económicos tan poderosos. Recuérdese, por ejemplo, el caso de la Ley Televisa en 2006. Y otra vez saldrá airoso de este nuevo episodio. Su congruencia y honestidad se han impuesto todas las veces sobre la mentira y la calumnia… Uno de los cambios más notables en la política pública del gobierno actual y de la Secretaría de Cultura, que encabeza Alejandra Frausto, ha consistido en revalorar el indiscutible aporte de los pueblos indígenas y afrodescendientes y auspiciar innumerables actividades de fomento a sus expresiones artísticas y culturales. En el cine, destaca la producción de 68 cortometrajes, largometrajes de ficción, documental y animación, realizada por 31 mujeres y 35 hombres de pueblos originarios y afrodescendientes de México y Centroamérica, así como dos mexicanas no indígenas. Es una cifra histórica, producto del Estímulo a la Creación Audiovisual para Cineastas Indígenas y Afrodescendientes de México y Centroamérica (Ecamc). Pues bien, parte de esa producción puede verse en la Muestra de Cine de los Pueblos Originarios y Afrodescendientes, organizada por IMCINE, que dirige la cineasta María Novaro, y que se inauguró el sábado pasado en el Zócalo de la Ciudad. Cientos de personas disfrutaron y aprendieron del cine indígena y afrodescendiente. Se pudo constatar el interés por esta oferta cultural, alejada de los circuitos comerciales. Por supuesto hay numerosas audiencias para este cine. Las funciones continuarán hasta el 14 de julio en la [**Cineteca Nacional de las Artes**](https://www.cinetecanacional.net/sedes/cartelera.php?cinemaId=002&EventId=0000000082&name=Muestra de Cine ECAMC#gsc.tab=0). No se las pierda.