Estimados lectores, la próxima semana retomaré el tema de la obligación hídrica y de la inclusión, dado que consideré oportuno matizar sobre otra situación compleja que se vive en el sector agua, ya se que pareciera que fuéramos a decir: “otra raya más al tigre”, pero entre una problemática acumulada resultado de las omisiones consecutivas a través de los sexenios y de las administraciones públicas federales, estatales y municipales el problema hídrica se vuelve de más difícil atención para implementar acciones incluso buscar soluciones.

Actualmente el poder legislativo federal tiene sobre sí la tarea obligatoria y digo obligatoria por que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante el incumplimiento de no haber publicado la Ley reglamentaria correspondiente al Derecho humano al agua desde el 2012, es decir, desde hace 12 años, conminó al Poder legislativo para que diera cumplimiento a lo dispuesto a la reforma constitucional de ese 2012, en razón de que el Congreso no sólo debe elaborar leyes, sino también debe obedecer lo que ellos elaboraron, no debemos olvidar que en un Estado de Derecho las autoridades deben cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Sin embargo, en el México real las normas jurídicas no han solucionado el todo, porque se han sobredimensionado, con esto amable lector no se me vaya a confundir que descalificó a la ley, no de ninguna manera, pero la ley tiene funciones específicas que comprenden el que deben aplicarse con ayuda de otros instrumentos normativos y administrativos, los problemas no se solucionan por decreto, las normas jurídicas que comprenden desde los tratados internacionales y la propia Constitución de conformidad con el principio de Supremacía constitucional establecido en el artículo 133 constitucional así lo determina, y bajo dicho orden viene una serie de disposiciones, que a su vez deben ser complementadas por instrumentos financieros y administrativos, tales como Reglamentos, Normas, planes, programas sectoriales, decretos, acuerdos, convenios y reglas de operación, en sí es un aparato complejo pero que si se encuentra bien articulado funciona la maquinaria, pero estos instrumentos establecen el funcionamiento, quien los aplica son las administraciones públicas conformadas por humanos.

La legislación para llegar a ser eficaz y realmente atender y solucionar los problemas, por que debemos tener claro que una ley sino resuelve o previene problemas, es una ley inútil, por más perfecta que sea en su diseño y pulcritud en técnica jurídica, la ley debe resolver problemas y prevenirlos, reparar daños y contribuir a un bienestar social, de ahí que las normas jurídicas no deben ser elaboradas totalmente sobre un escritorio, deben ser instrumentos elaborados bajo una confrontación fáctica, es decir, confrontadas con la realidad que pretenden atender.

Recuerdo un proverbio anónimo atribuido a los campesinos salvadoreños, lo encontré en un libro de un profesor mío de la carrera de derecho: “La ley es como la serpiente, siempre muerde al que está descalzó”, lo cual es cierto, sobre todo en un país en que la desigualdad social es parte de la conformación del país, pero no sólo esa desigualdad está presente en los ingresos de las personas, sino en también en el alcance y disfrute de los recursos naturales entre ellos el agua, y esta privación se incrementa en el momento en que lo que podríamos denominar como oligarquías tienen a su vez el control político, o por que ocupan los cargos, o incondicionales de ellos lo ocupan o bien mediante las prácticas corruptas, manipulan a su antojo a los legisladores o a cualquier servidor público para legislar conforme a sus intereses para obtener y preservar los privilegios a su vez el servidor público corrupto recibe a cambio una ganancia jugosa incluso a veces superior a lo que es su ingreso.

Estas prácticas nocivas perduran y continuarán vigentes mientras siga la concepción de que el poder público lo detentan los llamados “tres poderes” una visión de la teoría política clásica, pero en la actualidad no sólo la doctrina jurídica lo ha superado, nuestra Constitución contempla que no sólo hay tres poderes, hay más y que los encontramos en los llamados “entes autónomos”, es decir hay más de tres poderes. Por lo tanto, no puede persistirse en el monopolio de los tradicionales tres poderes procedentes de un círculo de la misma clase que vive de procesos electorales, que vive del voto, incluso se debe transitar en fortalecer los entes autónomos, que el poder legislativo en el reparto de cuotas de poder designe a quienes conforman desde el poder judicial hasta los órganos autónomos, si bien la función legislativa debe seguir recayendo en el denominado “poder legislativo”, la formulación de leyes, debe involucrar a más actores, eso enriquecería, y sobre todo a los actores sociales.

Reitero que las leyes no son el todo, pero son la piedra básica del orden de un Estado de Derecho, de las instituciones y el quehacer público, porque el esquema actual al ser aprobadas las leyes estas tienden a favorecer a un grupo de poder y su complicidad con los denominados poderes fácticos. Persistir en los mismos esquemas es contribuir a que las leyes sean sinónimo de la Ley de Herodes que dice la fraseología popular Mexicana: “Ley de Herodes o te chingas o te jodes” La aprobación de una ley ha obedecido a revanchismos a demostraciones de poder, “yo puedo más que tu”, y eso no es legislar para las necesidades de una nación, es el rencor que se apodera y vicia las decisiones que deben ser de Estado. al final terminan de favorecer a los grupos en el poder.

Esto sucede con la legislación hídrica, leyes mal consensadas que terminan imponiéndose resultado de la soberbia de las mayorías, leyes que excluyen al opositor, primero leyes a favor de un grupo en el poder y luego esa enfermedad se transmite a los grupos de activistas que caen en la irracionalidad del fanatismo, ese vaivén de extravío propicia que se pierda tiempo y la problemática avance por que no hay una brújula que regule el actuar de las autoridades, eso debe ser la ley, como lo dice el principio de legalidad: “La autoridad sólo puede hacer lo que la ley le permite y el ciudadano lo que la ley no le prohíbe”, aquí está el usuarios y las autoridades de agua, aquí estriba la importancia.

A nivel federal, el legislativo anuncia que hay iniciativas pero es la peor iniciativa por el hecho de no ser consensada, consensar no es darla a conocer, es considerar e incorporar lo que dicen los de un grupo contrario, ser incluyentes.

Recuerdo una mala experiencia, hace casi un año un regidor de Aguascalientes del Partido Acción Nacional, Edgar Dueñas en una reunión con un grupo de la sociedad civil representativo en el sector ambiental, manifestó respecto a la creación del organismo operador MIAA que sucedería a la empresa Veolia que era la concesionaria, Edgar Dueñas manifestó: “La decisión ya está tomada, pero lo escucharemos”, esa visión es arcaica y obsoleta, excluyente, antes de tomar decisiones se debe considerar la opinión y recomendaciones de la sociedad civil, persistir en opinar cuando la decisión está tomada, es perder el tiempo, desincentiva a la participación, esa es una visión autoritaria, por eso los observatorios de ambiente o de agua, no son útiles, si las decisiones ya se tomaron y con posterioridad se escucha, en Aguascalientes se vivió una decisión arbitraria, al establecer el doble sentido en un tramo de la calle 5 de mayo, que motivo la protesta de los locatarios y la la gobernadora Teresa Jiménez con esa misma visión arcaica manifestó: “la decisión está tomada y no habrá vuelta atrás”, una decisión que sólo favorece a la empresa de autobuses urbanos para ahorrar gasolina, pero que no logró la puntualidad, ni regularidad del transporte público, la gobernadora olvido que las ciudades y sus avenidas no son de coches, existen peatones, locatarios, casas habitación y otras modalidades de transporte, eso debió ser la visión incluyente, y no la excluyente.

A nivel nacional se vive una exclusión, por lo tanto la ley será obsoleta, en Aguascalientes se tiene una iniciativa de Ley de Agua, que excluye en su formulación, desconoce el régimen jurídico del agua y de competencias, invade competencias de la federación y de los municipios, desconoce lo que es la jurisdicción estatal, desconocen lo que establece el artículo 27, hacen un traslape de si eso hace Conagua a nivel local Inagua debe ser lo mismo, una falla que el lector podrá detectar es cuando menciona que son aguas de jurisdicción estatal las que atraviesan un municipio o comparten dos municipios. Fatal por supuesto.

Al igual es una ley que omite la regulación y la participación ciudadana efectiva, es decir la gobernanza, es una ley que repite recetas de cocina para hacer frente al estrés hídrico, una iniciativa que desconoce lo que es el diseño de una política pública que para el caso es la política pública hídrica. Adolece de esquemas de operatividad en la gestión y administración del agua y deja riesgos o abre boquetes para que el grupo en el poder local haga y deshaga negocios, en donde Marko Cortés quien sobresale por relamerse los bigotes en donde exista oportunidad de negocios, avalado por la gobernadora, por cercanos como Rubén Camarillo o el propio marido incómodo Luis Alberto Villareal, claro les interesa el organismo intermunicipal, eso lo que se deja entrever.

Así que esta es una ley de Herodes del sector agua “o te chingas o te jodes” y “nosotros desde el poder hagamos negocios”.

La elaboración de iniciativas demanda otra visión y mecánica, las leyes son para una nación conformada por autoridades y un pueblo, sino existe transparencia y equilibrio, la inequidad será el común denominador.

Que pueden hacerse leyes incluyentes, claro es posible, y no lo digo desde el ámbito de mi imaginación, hace más de una década fui parte central de un proceso que en coautoria trabajamos por más de un año con la sociedad civil y municipios y otros actores, la redactamos en conjunto, y los resultados después de 17 años ahí está, requiere reformas y una actualización puntual pero se lograron avances y permite avances, a pesar de que no se han aprovechado al cien por ciento los mecanismos de gestión integral ahí establecidos no sólo del recurso hídrico, sino de todos los componentes que deben girar en torno al agua. Este pequeño equipo no le dijimos a la sociedad: “la decisión está tomada, pero los escuchamos”. No, con esa autoridad lo digo y por ello hago el señalamiento de esas malas prácticas que deben ser erradicadas. Y que diseñar una ley incluyente es posible. Una ley que sea confrontada fácticamente, una ley que tenga visión de futuro y no como los actuales proyectos tanto el nacional como el de Aguascalientes que legislen el pasado.

Amables lectores, no olviden la importancia de emprender políticas y acciones que permitan que en México y Aguascalientes el agua nos alcance.

Comentarios: saalflo@yahoo.com