Cada vez que un proyecto de ley toca intereses económicos consolidados en el sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, se activa la misma estrategia: descalificar la propuesta tachándola de censura. ¡He sido testigo tantas veces de esta historia!

Desde medios tradicionales, columnas de opinión y redes sociales, ha predominado el discurso que califica esta reforma como una amenaza a la libertad de expresión. Se le ha bautizado, de manera alarmista, como “la ley censura”.

Sin embargo, más allá de los lugares comunes, la iniciativa contiene importantes avances para la protección de las audiencias, el pluralismo, el fortalecimiento de los medios comunitarios e indígenas y la inclusión digital.

Entre los aspectos positivos del proyecto destaca la recuperación de los derechos de las audiencias, eliminados en 2017 por intereses de Televisa y TV Azteca. La propuesta devuelve a las personas el derecho a recibir información veraz, a distinguir entre contenidos informativos y publicitarios, y a contar con mecanismos de defensa efectivos.

Otro de los grandes avances es la incorporación expresa del principio de neutralidad de la red, una garantía fundamental para proteger el libre acceso y la circulación de contenidos en Internet. Sin neutralidad de la red, las empresas proveedoras podrían priorizar ciertos contenidos comerciales, como ocurrió en Estados Unidos antes de la orden de la FCC de 2015, que limitaba el acceso igualitario a la información.

Además, la iniciativa prohíbe la transmisión de propaganda política o ideológica financiada por gobiernos extranjeros, como la que vimos hace algunos días en los canales de Televisa, financiada por la administración del presidente Donald Trump, y que tanta polémica generó en México y el mundo.

En materia de inclusión, se refuerza la obligación de accesibilidad para personas con discapacidad en medios electrónicos. Por ejemplo, se incluye ahora la obligación para que los programas de mayor audiencia destinados a niñas y niños cuenten con lengua de señas, subtitulado y traducción para personas con discapacidad auditiva.

A la vez, se busca evitar el acaparamiento de concesiones de uso social en pocas manos y promover así una verdadera pluralidad que favorezca a las audiencias de los medios comunitarios, indígenas y afromexicanos. Estos últimos medios también, por primera vez, estarán en posibilidades de comercializar 40 segundos por cada hora de transmisión siempre y cuando se trate de anuncios de servicios o productos que se ofrezcan en sus comunidades. Le anticipo que ahí estará una de las batallas clave de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT). Ojalá no cedan a la presión las y los legisladores.

No menos relevante es la decisión de continuar las obligaciones para los agentes económicos preponderantes (los que tienen 50% del mercado o más) tanto en telecomunicaciones como en radiodifusión, con el objetivo de impedir prácticas monopólicas. Es decir, mientras América Móvil y Grupo Televisa sigan en esa posición, les serán aplicadas reglas asimétricas.

Se establece también un incentivo clave: otorgar descuentos en los pagos por uso del espectro radioeléctrico a cambio de compromisos de cobertura social, en beneficio de las zonas marginadas del país.

Con estos elementos y más, la iniciativa ofrece una base sólida para construir un ecosistema de comunicación más democrático y plural.

No obstante, también abre un espacio indispensable para perfeccionarla en el proceso legislativo.

Hay, en primer lugar, un consenso creciente en torno a la necesidad de eliminar el artículo 109, relativo al posible bloqueo de plataformas digitales. Su redacción actual resulta ambigua y puede dar lugar a interpretaciones que atenten contra la libertad de expresión.

También es importante corregir la estructura de la nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. Concentrar tanto poder en una sola persona, sin órganos colegiados, resulta riesgoso para la autonomía técnica e imparcialidad de sus decisiones. Se requiere diseñar un mecanismo de gobernanza más equilibrado, plural y abierto a la participación ciudadana y experta.

Otro aspecto que demanda atención es la necesidad de afinar las facultades otorgadas a la Secretaría de Gobernación (Segob) en materia de regulación de contenidos. La protección de niñas, niños y adolescentes frente a contenidos nocivos; la erradicación de la cosificación y violencia mediática hacia las mujeres, y el combate a cualquier forma de discriminación deben estar claramente establecidos como ejes de acción, no como facultades difusas, y establecer las sanciones correspondientes. Esta omisión se conserva de la ley actual de 2014.

De igual manera son innecesarios los trámites de permisos ante la Segob para la transmisión de contenidos extranjeros, como los de DW, RFI, BBC y muchos más, de enorme calidad, que fortalecen la oferta de programación sobre todo de los medios públicos.

Además, si verdaderamente se quiere impulsar medios públicos fuertes y sostenibles, el financiamiento no puede quedar librado a la discrecionalidad política. La ley debería establecer porcentajes mínimos obligatorios en las leyes de egresos federales, estatales y universitarias para garantizar su autonomía y su labor de servicio público.

A todo ello habría que sumar la incorporación explícita de políticas de alfabetización mediática e informacional, un tema hasta ahora ausente en la propuesta, pero crucial para formar audiencias críticas, empoderadas y conscientes de sus derechos en el entorno digital.

Finalmente, la nueva iniciativa contempla una vez más la creación de un registro de usuarios de servicios de telecomunicaciones móviles, similar al fallido Renaut. Si se consideran los antecedentes y riesgos para la privacidad y la protección de datos personales, debería analizarse seriamente su incorporación en el proyecto. Aún así habrá que conocer de manera directa los argumentos que al respecto tiene el gobierno federal sobre este tema.

Independientemente de los ajustes que requiere la iniciativa, este momento ofrece una oportunidad invaluable para sentar las bases de una legislación específica, distinta, sobre plataformas y servicios digitales, con enfoque de derechos humanos. Una regulación que garantice la libertad de expresión, proteja los datos personales, obligue a la transparencia algorítmica y promueva un acceso equitativo a la información diversa y verificada, entre otros aspectos.

No se trata de controlar Internet ni de censurar voces incómodas, sino de construir un entorno comunicativo que proteja a las personas y fortalezca los valores democráticos en la era digital.

En síntesis: reducir esta iniciativa a la etiqueta fácil de “ley censura” es no sólo injusto, sino profundamente irresponsable. México necesita avanzar hacia un ecosistema mediático más plural, más democrático y más justo. La discusión pública debe centrarse en los beneficios que ofrece y en los ajustes necesarios para mejorarla, no en la defensa de los privilegios de quienes se sienten amenazados ante la posibilidad de un cambio real, incluidos los de los dueños de las poderosas Big Tech, como Alphabet, Meta, X y más.

NAVEGANDO POR EL ÉTER

TelevisaLeaks. La reciente revelación de Aristegui Noticias sobre las campañas de desinformación impulsadas desde Televisa y orquestadas por Javier Tejado Dondé evidencia el grado de vileza al que algunos grupos mediáticos pueden llegar para proteger sus intereses. La ausencia total de ética, la fabricación de narrativas falsas y el uso de operadores de medios digitales como armas de guerra sucia, confirman la necesidad de contar con medios independientes y críticos. La semana que viene comentaremos más sobre el tema.

Ars Technica revela un escenario digno de Black Mirror: actores que vendieron los derechos de su imagen para crear avatares de inteligencia artificial hoy se encuentran atrapados en contratos abusivos que les impiden retirar sus rostros digitalizados, incluso cuando su uso se ha desviado hacia contenidos cuestionables o degradantes. El reportaje, firmado por Ashley Belanger (Ars Technica, 18 de abril de 2025), refleja los riesgos de un ecosistema de IA no regulado, donde los derechos de las personas quedan subordinados al interés comercial. Otro llamado urgente para avanzar hacia legislaciones que protejan la dignidad humana en la era digital.