El Gobierno de Guanajuato pretende crear nuevos impuestos, aumentar contribuciones hasta en un 236 por ciento y la contratación de deuda hasta por 8 mil millones de pesos para 2026. Con estas medidas, el Ejecutivo estatal busca financiar un gasto total estimado en 140 mil 331 millones de pesos, cifra que representa 18 mil millones más que el presupuesto proyectado para 2025.

Uno de los incrementos más notorios recae en los derechos vehiculares, como el refrendo que pasaría de 672 pesos a 1,180 pesos para 2026. El gobierno estatal argumenta que, tras un análisis comparativo con otras entidades, Guanajuato mantiene actualmente una de las tarifas más bajas del país.

También se incluye un alza significativa en tres impuestos: Impuesto cedular por actividades empresariales, por enajenación de bienes y por prestación de servicios a través de plataformas digitales.

Estos pasarían del 1 por ciento cobrado en 2025 al 2.5 por ciento para 2026, bajo el argumento de avanzar hacia una homologación con disposiciones federales.

El Ejecutivo estatal también propone aumentos en diversos derechos relacionados con la expedición de documentos oficiales, como certificados y actas de nacimiento, justificando que en los últimos años se han invertido recursos en la modernización de sistemas de búsqueda de expedientes.

Además, la Secretaría de Finanzas, que encabeza Héctor Salgado Banda, planteó incrementos de entre 22 y 43 por ciento a los derechos por trámites inmobiliarios ante el Registro Público de la Propiedad, bajo el argumento de que estos procedimientos requieren una revisión más exhaustiva de la documentación presentada.

Entre las nuevas contribuciones que plantea el Gobierno en la propuesta de ingresos para el próximo año se encuentra una cuota por verificación de establecimientos con licencia para venta de bebidas alcohólicas, cobros por la revisión de solicitudes para la instalación y operación de casas de empeño y yonques. Además, un nuevo impuesto del 4.5% aplicable a la venta final de bebidas alcohólicas abiertas en establecimientos.

Canirac, en contra del nuevo impuesto por copeo

La inclusión del impuesto de 4.5 por ciento al consumo de bebidas alcohólicas en envase abierto dentro de restaurantes ya generó las primeras reacciones por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC).

Mediante una carta dirigida a la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo y firmada por el presidente nacional de la cámara, Ignacio Alarcón Rodríguez Pacheco, la organización advirtió sobre los riesgos que representa este gravamen para los 345 mil 116 restaurantes en Guanajuato que venden bebidas alcohólicas.

Entre las principales preocupaciones se encuentran la desventaja competitiva frente a establecimientos de otros estados donde no existe este impuesto y la posibilidad de que, especialmente micro y pequeños negocios, recurran a la clandestinidad ante la presión fiscal.

La CANIRAC señaló que, al no poder absorber el nuevo cobro, los negocios tendrían que trasladarlo a los consumidores, lo que podría traducirse en una caída en sus ventas y, en consecuencia, en un impacto negativo para la operación de los establecimientos.

“Esta medida afectaría directamente a un sector donde el 96 por ciento de las unidades económicas son micro y pequeñas empresas, negocios familiares con márgenes reducidos que dependen en gran medida de la venta de vino, destilados y coctelería para sostener su rentabilidad y cumplir con sus obligaciones fiscales y laborales”, señala el documento dirigido a la mandataria estatal.

La cámara empresarial solicitó a la gobernadora abrir un “espacio de diálogo técnico” para analizar alternativas que permitan proteger al sector y evitar que miles de pequeños negocios en la entidad pongan en riesgo su viabilidad.

La carta está fechada el 27 de noviembre, dos días después de la presentación del paquete fiscal, aunque hasta el momento no se ha informado si la gobernadora ha respondido a la petición del sector restaurantero.

En materia de alcoholes, el Gobierno del Estado también propone otorgar permisos temporales a establecimientos que se encuentren en trámite de obtener su licencia de venta de bebidas alcohólicas, a fin de que puedan operar. Estos permisos tendrían un costo de 877 pesos por día para bebidas de bajo contenido alcohólico y de 4 mil 138 pesos para bebidas de alto contenido.

La iniciativa de ingresos incluye además el cobro de poco más de 2 mil pesos por la verificación de establecimientos que venden bebidas alcohólicas, así como 842 pesos por la cesión de derechos de una licencia, conceptos que no habían sido considerados anteriormente en la Ley de Ingresos.

Cobro por derechos vehiculares al alza también provoca inconformidad

Contar con un vehículo en Guanajuato podría resultar significativamente más costoso en 2026. El paquete de ingresos enviado por el Ejecutivo al Congreso del Estado incluye una serie de aumentos en derechos vehiculares que, en algunos casos, alcanzan hasta el 236 por ciento.

La propuesta establece que la expedición de placas para vehículos de motor pasará de 1,205 a 1,473 pesos, un incremento del 22.24 por ciento, mientras que en el caso de las motocicletas el aumento será del 20 por ciento.

El refrendo vehicular también se encarece de forma considerable: de 672 pesos en 2025 subiría a 1,180 pesos en 2026, lo que representa un incremento del 75.6 por ciento. El refrendo para motocicletas aumentaría de 165 a 200 pesos, equivalente a un 21 por ciento.

En Guanajuato circulan alrededor de 2.4 millones de vehículos con placas estatales, entre automóviles, motocicletas y camiones.

Hace unos días, en la Comisión de Hacienda se discutió una propuesta de Morena para eliminar el cobro del refrendo, iniciativa que fue rechazada por la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado.

Durante la mesa de trabajo, Vicente Vázquez, representante de la Consejería, argumentó que este concepto genera más de 800 millones de pesos anuales y que también cumple la función de mantener actualizado el registro de propietarios de vehículos.

Además del incremento en placas y refrendo, uno de los ajustes más altos se encuentra en el trámite de baja de placas o modificación al padrón vehicular, que pasaría de 111 pesos a 373 pesos, equivalente a un aumento del 236 por ciento.

Los trámites de licencias de conducir también registran incrementos por encima de la inflación, de hasta 20 por ciento. La licencia por cinco años, que actualmente cuesta 1,198 pesos, ascendería a 1,420 pesos en 2026.

Respecto a la propuesta de Morena para establecer una licencia permanente, similar a la que existe en la Ciudad de México, el secretario de Finanzas, Héctor Salgado Banda, la descartó al argumentar un impacto negativo en las finanzas estatales y en los mecanismos de seguridad del documento.

“Habría impacto en las finanzas. En la Ciudad de México existe la licencia permanente; creo que están arrepentidos”, señaló en entrevista.

Ante los incrementos planteados, la Asociación de Distribuidores de Automotores de Guanajuato (AMDA) manifestó su preocupación en un documento dirigido a sus afiliados. La organización sostiene que justificar los aumentos con comparativos de tarifas de otros estados resulta insuficiente.

“Dicho argumento resulta insuficiente para cumplir con los principios de proporcionalidad y equidad del artículo 31, fracción IV, de la Constitución. Que otras entidades cobren cuotas más elevadas no constituye una justificación objetiva ni razonable para imponer aumentos de este nivel”, señala el escrito.

La AMDA también recordó que en los estados donde el refrendo es más elevado, los gobiernos suelen ofrecer beneficios adicionales como subsidios, programas de exención de tenencia, descuentos por pronto pago o servicios integrados, condiciones que no contempla el Gobierno de Guanajuato, pese al incremento propuesto.

El paquete fiscal también incluye reformas a la Ley de Hacienda para ampliar el catálogo de vehículos exentos de tenencia. Aunque la legislación actual considera exentos a los vehículos eléctricos e híbridos, la iniciativa propone modificar la definición de automóvil híbrido.

Hoy se considera híbrido al vehículo con dos o más fuentes de energía, incluida una de combustión interna. La nueva definición establecería como híbridos únicamente a los vehículos cuya propulsión provenga de baterías eléctricas recargables o hidrógeno, además del motor de combustión.

Tras el anuncio del paquete fiscal, la AMDA, al igual que la CANIRAC, solicitó reuniones, aunque no con el Ejecutivo, sino con los grupos parlamentarios del Congreso del Estado, para exponer sus preocupaciones sobre la iniciativa enviada por la gobernadora Libia García.