Casi 36 horas transcurrieron entre el ir y venir dentro de los juzgados del sistema penal del Supremo Tribunal de Justicia del estado, siempre resguardados fuertemente desde el acceso que comparten con el Cereso de Puentecillas, para que se resolviera que María Eva, Rosalba, Juana Érika, Marlene y Jesús Emmanuel, detenidos el sábado 20 de junio en San Isidro de Elguera -Celaya- debían quedar libres, desechada la acusación de posesión de drogas con fines de venta que en su contra hizo la Fiscalía General de Estado.

La última etapa de la audiencia en la que se pretendía vincular a proceso penal a las cinco personas detenidas -entre ellas María Eva, mamá de José Antonio Yépez Ortiz, “El Marro”, cabeza del Cártel de Santa Rosa de Lima- fue un maratónico desahogo de pruebas periciales a cargo de expertos presentados por ambas partes, que se extendió entre las 7 de la noche del sábado y siguió durante toda la noche, hasta las 9 de la mañana del domingo, con resultado favorecedor para los cinco acusados.

Poco antes de las 5 de la tarde se conocía la decisión de la jueza Paulina Iraís Medina: “se emite auto de no vinculación a proceso y quedó desvirtuada la hipótesis hecha por la Fiscalía (General del Estado). Se ordena girar boletas de libertad correspondientes y se declina competencia al Centro de Justicia Federal”.

Es decir, una parte de este proceso deberá ser retomado en próximos días en un juzgado federal.

El saldo: ambos padres del líder del cártel de Santa Rosa quedaron libres con unas horas de diferencia; el padre, acusado de robo equiparado de auto; la madre, de narcomenudeo.

“Nosotros no convencemos (a la juez), las pruebas son las que se presentan”, señalaría una abogada, integrante de la mancuerna que representó a los cinco detenidos, cuatro de ellas mujeres y un hombre que, según lo expuesto por este equipo, fueron torturados por los agentes que participaron en su detención.

Este dato de prueba fue valorado por la juez, quien acabó desestimando la acusación de posesión de metanfetamina para venta.

“Se demostró que hubo indicios razonables de tortura… nosotros no podemos concluir algo (pero de lo que se presentó como pruebas) la juez encontró indicios razonables para presumir que la hubo”, señaló la abogada en una rápida entrevista luego de la larga audiencia.

Esto obligó a la propia juez a darle indicación a la Fiscalía “de que iniciara esa investigación (sobre los actos de tortura) por lo tanto, desvaloró todos los demás elementos”.

Aunque la abogada no se atrevió a señalar qué corporación de las que participaron en el operativo habría incurrido en este delito, su compañero defensor aseguró: “ejército y ministeriales, fueron ambos”.

“No puedo dar esos datos porque hay sigilo en las investigaciones; hay que tener precaución, y también el manifestarme en contra de alguna autoridad es una situación grave”, señaló la defensora, quien durante estos días debió contar con seguridad privada pues se dijo víctima de numerosas amenazas.

“Responsabilizo al gobierno del estado de lo que pueda pasarme a mí o a mi familia”, advirtió.

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El misterio de la perito y la casa con dos domicilios

Entre los datos que presentaron los defensores se incluyeron peritajes psicológicos en los que se aplicó el Protocolo de Estambul, mismo que habría revelado que las cinco personas fueron torturadas física y psicológicamente.

También se presentó un peritaje en fonética en el que se avaló un mensaje enviado por una de las mujeres, presuntamente cuando era torturada, mismo que correspondía a su voz y el momento posterior a su detención.

Pero un punto en el que insistieron los defensores fue en la ausencia de la perito que elaboró el informe de fijación de todo lo que presuntamente se encontró el sábado en el cateo: la droga, el dinero y unos sobres de una supuesta nómina.

La Fiscalía nunca presentó a la perito, a pesar de la insistente petición expresa hecha por los defensores.

“No se acreditó que las personas fueran detenidas en el mismo domicilio (señalado en el cateo) y esto era fundamental porque es el peritaje de la fijación del lugar y los indicios que las autoridades señalaron haber encontrado:

“Un kilogramo aproximadamente de una sustancia con características similares de la metanfetamina. Más de 2’000,000 (DOS MILLONES DE PESOS M.N.) aproximadamente”, decía el comunicado publicado por la Secretaría de la Defensa Nacional el 21 de junio.

Este mismo comunicado, como se recordará, citaba también a tres de las mujeres detenidas, María N., Juana N. y Rosalba N. como “presuntas operadoras financieras de la organización delincuencial” (Cártel de Santa Rosa de Lima).

En palabras del abogado, así se describieron los actos que habrían configurado la tortura que se achacó tanto a elementos del Ejército como a las fuerzas estatales y ministeriales de la Fiscalía General:

“Fue tortura física y psicológica; a una señora le golpearon a su hijo, le pusieron una golpiza a su hijo delante de ella, le ponían la pistola… el rayo de luz, ellas no saben nada de armas, todas fueron coincidentes en que les ponían un rayo de luz, ‘un puntito en el cuerpo’; que les iban a matar a una niña de 3 años”.

Desde el sábado, en uno de los pocos recesos que se hicieron durante esta larguísima audiencia, los defensores resaltaron la importancia de que se atendiera su solicitud para que se presentara la perito a avalar su informe sobre la fijación del lugar del cateo.

De hecho, ésa fue la primera solicitud que hizo la defensa de los cinco detenidos en el inicio de la audiencia, y desde el primer momento, la Fiscalía dijo no tener conocimiento de dónde estaba la encargada de elaborar dicho informe.

“La fiscalía nos tiene escondido un perito, entonces ya se apercibió directamente al jefe de investigación criminal para que la haga comparecer a las 15:00 horas”, advirtieron los defensores el sábado.

Sin embargo, la perito nunca se presentó. Todavía los fiscales del caso argumentaron ante la juez que se encontraba en San Luis Potosí asistiendo a un curso, versión que no admitieron los defensores.

“Nosotros le estamos dando todos los elementos para que la jueza determine; si en su cara hacen esto, a sus espaldas qué tanto pueden hacer”, había referido la abogada a reporteros en el receso del sábado.

También habían expresado ante la juez su molestia porque aunque ellos habían solicitado ingresar a la comunidad y a los domicilios que fueron revisados, en particular la casa señalada como sitio del cateo, “la Fiscalía de manera muy audaz un día antes de que se nos diera el permiso ingresó por alrededor de una hora, varios vecinos y testigos grabaron”.

Esta incursión se efectuó “sin permiso y mucho menos conocimiento de la defensa, y eso lo pusimos de conocimiento de la juez”.

“Tenemos ya videos donde se están introduciendo en varios domicilios distintos, incluso con escaleras para accesar desde las azoteas, sin todas las órdenes de cateos, hubo dos órdenes y se metieron en más de dos (viviendas)”, explicaron.

Vecinos de la calle Benito Juárez también habían asegurado, en testimonios que dieron al portal digital Ágora, que agentes de la Fiscalía estatal se habían presentado el domingo 21 -al día siguiente de la incursión conjunta en San Isidro de Elguera- para pintar un número distinto en el exterior del domicilio a donde ingresaron.