Una persona desaparecida puede ser tres veces víctima de este delito, como la realidad en el país y en Guanajuato lo han demostrado.

Tras la denuncia hecha por sus familiares por una primera desaparición, si la instancia responsable de su localización, la Fiscalía General del Estado, no cumple con esta función y no da un seguimiento puntual a los casos con base en los protocolos establecidos, esta omisión se traduce para las familias en una segunda desaparición.

En Guanajuato, la Comisión Estatal de Búsqueda podría ser responsable de la tercera desaparición, cuando vuelve a enterrar restos óseos o indicios ya encontrados por las familias que buscan.

Son tres formas de desaparecer que condenan a las familias de las víctimas a una larga búsqueda de justicia y paz que a veces parece que no tendrá final.

Pero las madres y hermanas, principales buscadoras de las personas ausentes, se resisten a este destino: en días pasados presentaron seis quejas ante la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato contra la Fiscalía, la Comisión Estatal de Búsqueda y personal de Protección Civil del Estado, además de servidores públicos de la Fiscalía en tres carpetas de investigación de personas desaparecidas en 2018 y 2019, por diversas irregularidades.

Hallazgos vueltos a enterrar

El pasado 24, 25 y 26 de septiembre, entre las piedras y los huizaches, las autoridades encontraron ocho fosas clandestinas y sacaron de más de un metro de profundidad al menos los restos de 17 cuerpos.

Por la inseguridad ante la presunta amenaza de civiles contra policías que resguardaban la zona, detuvieron las búsquedas, informó la Comisión Estatal en esas fechas. Los días siguientes la zona estuvo sin vigilancia, pese a que se apreciaban restos óseos en las orillas de las fosas y cabellos.

Doce días después, es decir el 7 de octubre, regresaron las familias de desaparecidos. Integrantes de los colectivos “A Tu Encuentro” y “Sembrando Comunidad”, junto con personal de la Guardia Nacional, el Ejército, Protección Civil del Estado y la Comisión Estatal de Búsqueda, volvieron a recorrer las veredas del cerro, se abrieron paso con los machetes, la sombra de los mezquites fue insuficiente, ese día no encontraron nada.

Al día siguiente, viernes 8 del presente mes, personal de Protección Civil del Estado buscaba en lancha en lo queda de la presa del Conejo. Los rayos del sol calaban fuerte, a una orilla se vio cómo un anciano pasaba de largo y de reojo veía a los militares debajo del mezquites, recostados, algunos sobre los montículos de tierra al vigilar. El hombre acompañaba a una docena de bueyes a las orillas de la presa que llegaban a saciar su sed, entre la basura en las inmediaciones que poco a poco se quiere adueñar del lugar.

A lo lejos en un claro en el cerro se aprecian las patrullas y unidades de la Comisión Estatal, los buscadores por última vez recorren la zona y en la fosa número 8 donde el primer día de búsqueda localizaron restos óseos expuestos, encontraron un fragmento de una costilla y una lumbar, reportaron el hallazgo al personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, quienes decidieron no informar a la Fiscalía y volvieron a enterrar los restos, “es de la persona que ya se encontró y la vamos a volver a enterrar, es gravísimo, está cometiendo violación a la ley de exhumación e inhumación”, informó José Gutiérrez, titular de los colectivos.

La falta de profesionalismo, el no apego a los protocolos no pararon, porque elementos de Protección Civil de Guanajuato “encontraron cabello de mujer... decían la del mechón loco, burlándose”. Las familiares con desaparecidos les pidieron “tengan más respeto por lo que esta mujer sufrió, aunado a ello dicen 'miren lo que se encontró arriba del cerro', agarrándolas con sus manos, sin guantes, les enseñan identificaciones, tarjetas de circulación, CURP de una persona, ropa y collares”, explicó Gutiérrez.

Esto se dio porque “La Fiscalía (General de Guanajuato) no había realizado un trabajo adecuado en las fosas...” aseguró.

Tras denuncia penal, Fiscalía regresa a hacer su trabajo, la Comisión se esconde

Ante los errores de los profesionistas que cubren las plazas en las dependencias estatales y la primera negativa del ministerio público en iniciar la carpeta de investigación, el 12 de octubre los colectivos presentarán denuncia penal contra personal de la Comisión Estatal que quedó asentada en la carpeta de investigación número 94255/20 por delito de violación a las leyes inhumación y exhumación artículo 222 del Código Penal de Guanajuato.

La tarde de ese mismo día los peritos y agentes del ministerio público de la Fiscalía fueron obligados a regresar a la zona hacer su trabajo, recogiendo los restos óseos que habían dejado, “al encontrar restos en las mismas fosas el trabajo de la Fiscalía no fue el adecuado...” insistió Gutiérrez. Todos los huesos fueron metidos en una bolsa y transportados.

El martes 13 del presente, los colectivos presentaron 6 quejas en la subprocuraduría estatal de los Derechos Humanos con sede en el municipio de Irapuato; la primera, bajo el expediente 157 contra la Fiscalía General de Guanajuato por el trabajo sin apego a protocolos en las fosas al dejar restos óseos y sin personal adecuado; la segunda, contra el personal de la Comisión Estatal de Búsqueda por la violación a las leyes de inhumación y exhumación del Código Penal de Guanajuato al volver a enterrar los restos y además porque citaron a las familias para una capacitación y no las recogieron, y la tercera, contra el personal de Protección Civil del Estado por las burlas ante los hallazgos.

Las otras tres quejas que presentaron en derechos humanos son porque al revisar las carpetas de investigación número 16162/18 por la desaparición de los hermanos Salvador y Daniel Alejandro González Rodríguez; la carpeta número 105230/19 por la desaparición de Miguel Ángel Salazar García y la carpeta número 29532/19 por la desaparición de Edgar Joel Rodríguez Galván, en las cuales se detectó que se violaron los derechos humanos.

Al encontrar que en general “no hay apego a los protocolos, ni una adecuada investigación, no activaron la Alerta Ámber, entrevistas mal hechas, falta de peritajes, falta de perfiles genéticos y la falta de solicitud de colaboración a otros estados”, explicaron.

Estas tres quejas se suman a las más de 50 que han presentado los colectivos desde el mes de febrero contra los funcionarios por un mal trabajo en las carpetas de investigación en los casos de personas desaparecidas y hasta la fecha Derechos Humanos no ha resuelto una, denunciaron los mismos colectivos.

El comisionado Héctor Díaz Ezquerra se deshizo en explicaciones para no contestar la llamada telefónica de POPLab. En mensajes escritos adujo que no reconocía el número a pesar de que la reportera se identificó, pero acabó remitiéndola con Abraham Delgado, de comunicación social de la Secretaría de Gobierno. Éste ni siquiera respondió.