La organización Movimiento Ambiental, el Instituto Mexicano de Estudios Pedagógicos y Posgrado (IMEEP) y una persona física, consiguieron suspender, tras iniciar tres procesos de amparo, el megaproyecto inmobiliario Zitara Ciudad Residencial & Golf, que se planea construir a kilómetro y medio del emblemático Cerro del Muerto.

Tras las suspensiones definitivas –en tanto se resuelve el proceso de amparo– obtenidas entre agosto y septiembre del año pasado, los grupos ambientalistas recibieron amenazas por parte de los promotores de Zitara, entre los que se encuentra la familia Olivares Ventura, jerarcas del PRI en Aguascalientes. También participa la familia Aldana Ramírez, propietaria de Grupo Plusvalterra, la constructora del proyecto.

“Nos dijeron que se van a ir con todo contra nosotros. Seguimos peleando, ellos al parecer quieren que nos veamos afectados, ya sea en el plano económico o de otra manera”, relatan integrantes de las organizaciones.

Los nombres de las y los activistas que participan en el proceso legal, no serán publicados por temor a represalias. El miedo fue la misma razón por la que decidieron esperar para hacer públicas las suspensiones legales que obtuvieron.

En 2023, Poplab reveló detalles del megaproyecto residencial, como el impacto ecológico que provocará en las inmediaciones del Cerro del Muerto, y la venta de terrenos aún cuando los desarrolladores no contaban con los permisos para operar. También se informó que para construir, planean desviar el cauce del arroyo federal “Las Víboras” y aprovecharlo en su campo de golf, además de afectar el hábitat de 86 especies animales.

En Zitara se prevé contar con un clúster médico, escuelas, plazas comerciales, una iglesia, un centro de negocios, cuatro albercas –una de ellas olímpica– y un campo de golf en una extensión de 66 hectáreas.

En junio, cuando en la Revista Proceso se publicó un reportaje sobre el crecimiento no regulado de la industria inmobiliaria en Aguascalientes, sus nexos políticos, y la poca viabilidad para construir campos de golf en un estado que ha enfrentado sequía extrema en el 100% de su territori, la gobernadora Teresa Jiménez respondió que “vendrían más inversiones en el tema inmobiliario” y que no permitirían que una nota “las frenara”.

“Nos decían, ¿por qué tantos permisos? Porque vienen fraccionamientos por el tema del golf y necesitamos nosotros tener infraestructura de vivienda aquí en Aguascalientes, es vivienda de alta gama pero también vivienda social. Nosotros no vamos a parar, hay un consejo que toma las decisiones importantes para dar los permisos”, declaró la mandataria.

Sin agua suficiente.

Entre los argumentos principales que los Juzgados Segundo, Cuarto y Quinto de Distrito en el estado dieron en sus resoluciones, se encuentra la afectación a los derechos colectivos a un medio ambiente sano y sobre todo al agua, pues ni los promoventes ni las autoridades garantizaron que haya suficiente agua tratada para, por ejemplo, regar el campo de golf que se prevé construir.

Ese campo, de acuerdo con el manifiesto de impacto ambiental del proyecto, requerirá de 6.5 millones de litros de agua al día para su construcción, y de 93 millones de litros de agua cada mes para mantener el césped verde.

“Existe una inconsistencia respecto al porcentaje de requerimiento de agua tratada para el riego del campo de golf respecto del caudal de operaciones que tiene la planta (tratadora) denominada Los Arellano, (...) se genera una duda razonable respecto la fiabilidad técnico-científica en la que se sustenta la autorización, (...) lo que aparentemente constituye una inconsistencia que pone en duda la viabilidad de que se construya un campo de golf de la dimensiones descritas en el proyecto, con la consecuente probabilidad razonable de que se genere un estrés hídrico injustificado, poniendo en riesgo el derecho fundamental a un medio ambiente sano, concretamente el derecho al acceso al agua tutelado constitucional y convencionalmente”, señala una de las sentencias.

Las organizaciones ambientales argumentan que la falta de garantía de agua tratada deriva de que, de acuerdo con el plan hídrico estatal, las plantas de tratamiento trabajan sólo al 56% de su capacidad. Además, temen que una vez construida la ciudad residencial y entregada a los condóminos, éstos utilicen agua potable para regar el campo de golf, ante la falta de agua tratada.

“Solicitamos la suspensión con base en el principio precautorio. Lo que nosotros argumentamos es cómo en una ciudad donde no hay agua, quieren construir algo así. No nos cuadran los números ni las cantidades. Ellos dicen que lo van a hacer con la planta de tratamiento, pero las plantas no están trabajando a toda su capacidad. Y no existe ninguna cláusula legal que garantice que las obligaciones derivadas de las autorizaciones las sigan cumpliendo los condóminos, en específico relacionado con el riego del campo de golf”, explican las y los activistas.

En las resoluciones judiciales para detener el proyecto, los juzgadores también argumentaron que su aprobación tuvo una nula discusión pública, considerando que los impactos ambientales e hídricos afectarán a toda la población del estado.

“No se advierte la realización de alguna consulta ciudadana o la participación de la sociedad que eventualmente se podría ver afectada al afectarse los servicios ambientales respecto a la situación que actualmente guarda la ciudad de Aguascalientes desde un punto de vista hídrico. (...) Tampoco se advierte que la autorización publicada en el Periódico Oficial del Estado constituya una verdadera discusión del proyecto”, indica una de las sentencias.

Las organizaciones se ampararon contra los permisos otorgados por dependencias federales, estatales y municipales, como la Conagua, el Consejo Estatal de Desarrollo Urbano, Ordenamiento Territorial y Vivienda; la Secretaría de Planeación, Participación y Desarrollo; el Instituto del Agua; y la Secretaría de Sustentabilidad, Medio Ambiente y Agua.

Así como la Secretaría de Desarrollo Urbano del Municipio de Aguascalientes, el Instituto Municipal de Planeación, y la Comisión Ciudadana de Agua Potable y Alcantarillado (CCAPAMA) del ayuntamiento capital.

La suspensión, que incluye una prohibición para que los desarrolladores ejecuten cualquier obra en los terrenos donde planean construir la ciudad residencial, permanecerá hasta que el juicio de amparo sea resuelto.

“Aunque haya contubernio con las instituciones del estado, somos al menos un obstáculo, no les dejamos el camino tan fácil y marcamos un precedente. Quisiéramos hacerlo también en otros proyectos. Ni siquiera es viable, cuando no haya agua todo eso va a estar abandonado, y para hacerlo sostenible tendrían que cambiarlo todo”, consideran las y los ambientalistas.