Tras demostrar la inexistencia de estudios de impacto ambiental por parte del municipio para autorizar la alta densidad en el predio Lavaderos y Cerro Gordo, donde se planea el mega desarrollo Reserva Norte, vecinos de 19 colonias aledañas obtuvieron la suspensión definitiva a cualquier acto que dé aval este proyecto impulsado por los empresarios Eduardo Arena Barroso y Salvador Oñate Barrón.

Esta resolución del Juzgado Cuarto de Distrito obliga a la administración municipal, encabezada por la alcaldesa Alejando Gutiérrez Campos, a presentar dictámenes técnicos para cualquier decisión que se tome en torno al desarrollo inmobiliario y comercial, dentro del predio de 14.5 hectáreas conocido como Lavaderos y Cerro Gordo.

“El municipio no ha desahogado ningún tipo de demostración de que va a haber agua suficiente para las personas residentes de zona norte y para las que pretenden que puedan habitar en un eventual caso de que ejecutarán el proyecto. No existe tampoco una certeza de cómo se resolverá la movilidad de la zona y tampoco hay certeza de que no habrá afectaciones de medio ambiente en términos generales”, anunció Juan Pablo Delgado Miranda, activista y representante legal de los demandantes en una rueda de prensa este miércoles.

De ganar el juicio de amparo los vecinos inconformes, la asignación de uso de suelo para el predio Lavaderos y Cerro Gordo (Zona de Servicios de Intensidad Alta), aprobada en sesión de ayuntamiento en marzo pasado, quedaría sin efecto.

En el encuentro con los medios de comunicación, que tuvo lugar en el parque Panorama, estuvieron presentes representantes vecinales de Residencial Las Quintas, Residencial Del Moral I y II, acompañados por habitantes de otras colonias que acudieron para dar respaldo a la demanda presentada el pasado 7 de abril.

Asimismo, Delgado Miranda anunció que en la audiencia incidental -celebrada el 30 de abril- se logró acreditar que la administración municipal no consideró sus opiniones para otorgar el cambio de uso de suelo al predio, por lo que el Juzgado resolvió que “las decisiones tomadas por las dependencias municipales representan potenciales vulneraciones al derecho a un ambiente sano, acceso al agua potable, movilidad y disfrute de la ciudad”, explicó.

No obstante el “optimismo” de los demandantes y del propio abogado ante la suspensión definitiva, decidieron presentar un recurso de revisión ante la medida judicial que permitiría a la autoridad municipal avanzar en la tramitología de contar con los dictámenes técnicos necesarios.

“Desde nuestra perspectiva la suspensión provisional tenía un contenido más ambicioso, pero incluso con esta resolución hay un ambiente de optimismo por este reconocimiento expreso de que la ausencia de estudios de impacto tiene la potencialidad de violar derechos”, explicó Juan Pablo Delgado.

De acuerdo con el abogado, a lo largo del juicio, el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de León (Sapal) tampoco ha demostrado que podrá garantizar el abasto del servicio en el mega desarrollo -que cuenta con dos pozos- ni en la zona cuyo suministro depende del acuífero del Valle de León. De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), para diciembre de 2022 esta capa freática tenía un déficit de 61 metros cúbicos.

La demanda incluye además al Ayuntamiento, al Instituto Municipal de Planeación (Implan), la Dirección General de Movilidad, la Dirección General de Desarrollo Urbano (DU), así como a la Comisión de DU, Ordenamiento Ecológico y Territorial, Implan y Obra Pública.

El proyecto Reserva Norte contempla la construcción de un desarrollo de usos mixtos conformado por un área comercial, 350 unidades habitacionales de tipo residencial, 1000 unidades habitacionales de tipo residencial, 150 unidades habitacionales de tipo residencial para renta, área de vivienda horizontal, dos hoteles, área de oficinas y un área cultural.

Al día de hoy, han transcurrido cinco semanas desde que los vecinos de 19 colonias se ampararon contra las decisiones del municipio que avalaron el cambio de uso de suelo de un predio aledaño a sus viviendas. En este mismo periodo, aseguran, desde la administración municipal no ha habido un acercamiento ni intercambio de diálogo.

Sin embargo, funcionarios municipales, como el titular del Implan, Rafael Pérez Fernández; Enrique de Haro, director de Sapal; e Israel Martínez Martínez, secretario de Infraestructura, han defendido la viabilidad del proyecto en declaraciones a medios de comunicación.

“La autoridad está declarando a medios de comunicación sin respaldar con evidencia en el expediente y los juicios se litigan en los tribunales, no en los medios de comunicación, los medios son una herramienta importante por su labor social, pero quienes somos parte de un juicio nos tenemos que conducir con veracidad”, defendió Delgado Miranda.

Al respecto, los vecinos sostienen la indignación de no haber sido tomados en cuenta para tal decisión, cuyos efectos, asegura, van más allá de la zona norte de León.

“Es muy serio que como ciudadanos no se nos haya tomado en cuenta, no han tenido acercamiento de ninguna especie, tenemos un sentimiento muy grande, estábamos conscientes de que ese predio se iba a fraccionar, pero de una manera amable con la zona y la ciudad, la afectación no es para zona norte solamente, es para toda la ciudad, ¿de dónde se va a tomar esa agua?”, cuestionó Beatriz de la Torre, vecina del Residencial del Moral.