El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) además de aplicar los diferentes censos que la gran mayoría conocemos, elabora también varios indicadores sociales, uno que llama mucho la atención por lo actual de la crisis de seguridad en que vivimos, es la encuesta nacional de victimización y percepción ciudadana, que en el año 2021 arroja resultados bastante interesantes, que coinciden exactamente con la percepción que la mayoría de los gobernados tenemos de nuestras autoridades.

En la percepción del desempeño y nivel de confianza en autoridades de seguridad pública, seguridad nacional, procuración e impartición de justicia, los guanajuatenses tenemos un nivel de confianza positivo en un 87.8 % en los elementos de la Secretaría de Marina, en segundo lugar de nivel de confianza aparece el Ejército con un 85.9 %; en tercer lugar la Guardia Nacional con un 76.9 %, y estos son los tres primeros lugares; en contrapartida, en el nivel de percepción más bajo, aparecen en antepenúltimo lugar los jueces con un 63.1 %, la policía preventiva municipal con un 56.3 % y hasta el fondo, los policías de tránsito, que solamente generan confianza en un 54.6 % de la población.

Imagen: Juan José Plascencia

Un segundo indicador que va en sintonía con la percepción del desempeño y nivel de confianza, es el referido a la percepción del desempeño en su aspecto de corrupción, y en este rubro, la percepción de corrupción que tienen los guanajuatenses es del 70.7 % en los policías de tránsito, es decir, el más alto nivel de percepción se encuentra en estos servidores públicos, le siguen de cerca la policía preventiva con un 66.5 % y las autoridades en donde se percibe menos corrupción son la Marina con un 22.2 % y el Ejército con un 26.9 %.

Los porcentajes tanto de confianza como de percepción de corrupción, nos arrojan como dato relevante que los elementos de Tránsito municipal son percibidos como los más corruptos en Guanajuato, percepción que no es gratuita: en años recientes se ha dado un fenómeno de austeridad impulsado desde el Gobierno Federal y está obligando a que los ámbitos estatal y municipal tengan menos recursos. Una forma de subsanar esta sequía es precisamente a través de operativos permanentes, que lejos de implementarse para aumentar la seguridad vial y la disuasión de conductas delictivas, en realidad tienen fines meramente recaudatorios.

La normatividad que regula la función de los agentes de policía vial o agentes de tránsito, es más o menos homogénea en todo el estado, consiste básicamente en vigilar las vialidades de competencia municipal o estatal -según sea el caso- con la facultad de detener la marcha de algún vehículo que esté violando flagrantemente la normatividad en materia de movilidad, generar un documento de infracción y retener el propio vehículo, las placas o la tarjeta de circulación, para "garantizar el pago de la multa".

Son infinidad de conductas las que pueden caer en ese supuesto, pero todas deben estar previstas en la normatividad, así como el procedimiento de calificación de la infracción y la imposición de la sanción, conforme a la conducta infractora que se atribuye al conductor.

Otra de las funciones es la implementación de operativos o retenes, precisamente para “inhibir conductas antisociales” y para prevenir accidentes, es precisamente en los famosos operativos en donde se da la mayor cantidad de abusos para los conductores, en el caso de Guanajuato capital, es una constante en estos tiempos que la autoridad municipal implemente operativos en las principales vialidades de acceso y salida de la ciudad a cualquier hora, con el pretexto precisamente de inhibir conductas antisociales o prevenir accidentes y en realidad el objetivo de los agentes viales es generar infracciones a como dé lugar, porque las arcas municipales necesitan recursos.

Recientemente, mediante el mecanismo de acceso a la información pública, solicité los indicadores que pudieran demostrar que estos retenes operativos efectivamente han inhibido conductas antisociales, y obtuve por respuesta que el municipio carece de esa información y me informaron que solamente los puede tener el ministerio público, luego entonces, si no hay forma de medir la efectividad de los operativos o retenes, no hay forma de justificar que sigan operando.

Los principales abusos que cometen los agentes de policía vial se generan por la autoridad omnímoda que les confiere el poseer un uniforme y una placa, tienen la fuerza para poder detener cualquier vehículo y decidir si los dejan seguir su marcha o les generan alguna boleta de infracción y le retienen algún documento o el vehículo mismo en garantía; cierto es que muchos conductores efectivamente no están en regla, pero muchos otros que tratamos de tener los vehículos y la documentación al día, también hemos sido objeto de estos abusos, es notorio que cuando se implementan operativos los agentes de tránsito se colocan a uno y otro lado de la vialidad, observando a quienes serán sus víctimas, muchas de las veces el pretexto es que van a “revisar documentos”, atribución que se estima del todo inconstitucional, porque prácticamente están deteniendo la marcha, el libre tránsito y la movilidad de una persona, no porque se esté cometiendo una infracción, sino con el pretexto de revisar los documentos que trae consigo el conductor se encuentren en regla, y si a partir de esta revisión el conductor omite, por ejemplo, tener su licencia vigente o no la trae consigo, se genera la infracción o se pide algo a cambio para dejar continuar la marcha, es un operativo conocido como “salir de pesca”.

El procedimiento establece que una vez que se genera la boleta de infracción, la persona infraccionada tiene derecho a un procedimiento de calificación, esto implica que debe existir un juez municipal o una autoridad facultada para poder resolver en un procedimiento si la infracción se acredita o queda desacreditada, debiendo culminar en una resolución que determine, ya sea la aplicación de una sanción -si la conducta se acreditó- o la no responsabilidad del infractor, ordenando en consecuencia la devolución del documento asegurado, pero en la práctica este procedimiento de calificación no se observa, lo que ocurre es que cuando la persona acude a las oficinas del tránsito municipal, en automático le piden que pase a pagar la multa impuesta como condición para recuperar sus documentos; esta es una violación sistemática que cometen la gran mayoría de las autoridades municipales e incluso la estatal, y es un derecho que los conductores debemos exigir, porque la infracción no constituye una sanción, es la simple imputación que hace un agente de tránsito a un conductor de haber cometido una conducta pero esa imputación puede ser desvirtuada.

Las defensas que tenemos los ciudadanos ante este tipo de abuso son varias pero hay que ejercerlas en tiempo y hay que saber dónde ejercerlas; la primera y más importante, es plantear ante el Tribunal de Justicia Administrativa o ante el Juzgado Municipal, una demanda de nulidad, la posibilidad de obtener la nulidad de la infracción o la nulidad de la multa y recuperar el dinero pagado por tal concepto es muy alta, la gran mayoría de las infracciones que levantan los agentes de tránsito tienen vicios, ya sea porque los policías viales no están bien capacitados o porque no tienen forma de probar la imputación que hacen en la boleta de infracción.

Al margen de la demanda de nulidad, -que es la idónea para recuperar el dinero empleado en pagar una multa- es muy conveniente acudir a presentar una denuncia penal por abuso de autoridad, cuando se pueda demostrar que este tipo de servidores públicos cometieron un abuso o un exceso, es recomendable que si en el vehículo viaja un copiloto, se le pida que discretamente grabe la interacción que va a tener el agente de tránsito con el conductor, cuando ha decidido infraccionarlo, muchas veces es en esta entrevista, en donde se actualizan posibles abusos de autoridad, ya sea porque haya un exceso de fuerza, ya sea porque se pida alguna remuneración ilegal o simplemente, porque el agente esté asentando hechos falsos en su boleta de infracción, tengo un caso en donde se actualizó precisamente este último supuesto y el agente de tránsito está denunciado penalmente con bastantes elementos para que en próximos días se judicialice el caso.

Finalmente, otro mecanismo que también resulta adecuado es acudir ante la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (Prodheg), porque el actuar de nuestros agentes viales vulnera constantemente bastantes derechos humanos, tales como el derecho al libre tránsito o movilidad, el derecho a no ser molestados sin una causa justificada, el derecho a no ser privados de nuestras posesiones, porque es evidente que cuando se retiene el vehículo o los documentos para circular se está actuando contra el texto constitucional que prohíbe este tipo de conductas, ¿qué es lo que se puede obtener ante esta instancia? Una recomendación, que eventualmente puede dar una solución permanente a este tipo de acosos institucionales, al vincular a la autoridad para que en lo sucesivo se conduzca con ciertos parámetros en su actuación.

La percepción de corrupción en los agentes viales continuará por mucho tiempo, porque se han ganado esa fama a pulso; a los ciudadanos nos queda la tarea de defendernos institucionalmente de este tipo de ataques; a las autoridades que ordenan los operativos referidos les corresponde la tarea fundamental de actuar con mesura y legalidad en el uso de sus agentes viales; hay mucho trabajo por hacer para disminuir el índice de corrupción que tienen, mientras la autoridad decida mantener la dinámica que actualmente tiene, esos índices de percepción, de corrupción se mantendrán y muy probablemente aumentarán.