Por Martha Elena García y Guillermo Bermúdez*

Hoy que se habla tanto del combate a la corrupción en todos los ámbitos del sector público y cotidianamente salen a la luz sobornos y fraudes de funcionarios gubernamentales, empresarios, intelectuales e incluso científicos, debemos poner la mira también en la corrupción que por más de tres décadas ha puesto los intereses corporativos de la industria de alimentos y bebidas por encima de los derechos a la salud y a la alimentación saludable.

Al arribo de la pandemia de Covid-19, una gran cantidad de mexicanos comprobaron, dolorosamente, que los productos ultraprocesados son los causantes principales de la epidemia de sobrepeso y obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otras afecciones crónicas, asociadas en gran medida con la mortalidad por el coronavirus.

Por lo mismo, es fundamental destacar que durante más de tres décadas las corporaciones de la industria alimentaria y de bebidas azucaradas encontraron cómplices para encubrir, solapar y minimizar la epidemia de sobrepeso y obesidad, de la cual derivan múltiples enfermedades crónicas.

¿Cómo fue posible esto? Gracias a que los gobiernos de los sexenios anteriores, junto con investigadores, profesionales de la salud y de la nutrición, tejieron graves conflictos de interés con la industria alimentaria y de bebidas, como si fuera lo más natural, sin límites éticos. Resulta que quienes supuestamente estaban para proteger nuestra salud, a través de políticas públicas y de la orientación nutricional, anteponían los beneficios de la industria.

El contubernio con los fabricantes de comestibles ultraprocesados y de bebidas azucaradas obstaculizó una serie de políticas para regular su consumo, como recomendó en 2002 la Organización Mundial de la Salud para frenar la obesidad. Desde entonces, estas relaciones faltas de ética se han traducido no sólo en lo que llega a nuestras mesas, sino en la información con la cual los legisladores y tomadores de decisión determinan las políticas públicas en salud alimentaria.

Incluso, en los dos sexenios anteriores un equipo de salud pública, especialistas y representantes de la sociedad civil intentaron impulsar políticas públicas, programas, acciones y un paquete de medidas para regular tanto la venta de los comestibles y bebestibles ultraprocesados, como el ambiente obesogénico. ¿Por qué no se instrumentaron?

Pues porque los conflictos de interés derivados de los lazos financieros y de mecanismos como puertas giratorias, tribunales y cabildeo realizados por grupos fachada, consultores, especialistas, “científicos”, tejidos por la industria con funcionarios del gobierno, universidades, centros de investigación y sociedades profesionales, impidieron que la mayoría de esas medidas se concretaran. Las que sí se instrumentaron, se diseñaron de modo que siguieron favoreciendo a los intereses de las corporaciones.

Así, se permitió que la industria se autorregulara e impusiera un etiquetado incomprensible; que se aprobara un código de publicidad infantil descaradamente laxo; que se tejieran bochornosos conflictos de interés en el Observatorio Mexicano de Enfermedades Crónicas No Trasmisibles (OMENT), que tenía como fin evaluar la estrategia de combate a la obesidad y en el que la industria era juez y parte. Incluso, el sistema de indicadores usado para la evaluación fue financiado por seis empresas privadas.

Además, se autorizó de manera oportunista el impuesto de 10% a los refrescos, sólo para contar con mayores recursos, cuando la propuesta original era de 20% para que resultara más efectiva la disminución en el consumo; se bloqueó la campaña para distribuir el cartel de “La jarra del buen beber”, en el que se comparaban las ventajas saludables del agua potable natural con otras bebidas.

Asimismo, se instrumentaron lineamientos débiles para la venta de alimentos y bebidas en las escuelas públicas, lo que se tradujo en empaques más pequeños de comestibles, que en realidad no son alimentos sino comida chatarra. Fue así como las escuelas fueron invadidas por chatarritas. En síntesis, el combate a la obesidad, como problema de salud pública, se redujo a la responsabilidad individual: “si tienes sobrepeso u obesidad sólo es por tu culpa”. Desde entonces y hasta hoy, todas las posiciones de la industria ante cualquier medida para regular el consumo de sus productos forman parte de una estrategia perfectamente orquestada para evitar, minimizar y demorar políticas públicas de salud alimentaria.

Ilustración: Pinche Einnar.

Esta estrategia se basa en la que desde 1954 desarrolló la industria tabacalera, que constituye un libro de jugadas con diversas tácticas para influir en las políticas y en la opinión pública, que involucran desde funcionarios y legisladores hasta fundaciones empresariales y organizaciones “sociales”, pasando por la cooptación de universidades, centros de investigación y asociaciones de profesionales de la salud y la nutrición, investigadores, “científicos”, profesores y estudiantes de nutrición.

Como parte de esta estrategia, las empresas de alimentos y bebidas también se valen de la filantropía, utilizándola como máscara humanitaria para sus actividades de responsabilidad social, que ocultan un marketing disfrazado de inversiones en educación, ciencia, salud y medio ambiente, con lo cual no sólo buscan neutralizar las críticas, sino lograr un lavado verde y en salud e incluso evadir impuestos.

Con esta imagen pública de grandes benefactoras de la sociedad y del conocimiento científico, las empresas de alimentos y bebidas se han valido del prestigio de la ciencia, de la investigación científica y de universidades, escuelas de nutrición y sociedades profesionales de la salud, para secuestrar la objetividad, la independencia y la neutralidad, a fin de combatir las evidencias científicas, promoviendo la incertidumbre con estudios disfrazados de ciencia. Todo ello, en realidad, es vil marketing.

Buena parte de la ciencia, la tecnología y la innovación realizadas en los últimos 50 años se ha puesto cada vez más al servicio de las corporaciones que fabrican productos dañinos a la salud, entre ellos los comestibles ultraprocesados y las bebidas azucaradas, al igual que los agrotóxicos, los transgénicos, el cambio climático, el tabaquismo, la minería...

En salud pública es complicado juzgar la interacción de científicos y profesionales de la salud con la industria. Por varias décadas muchos de ellos se acostumbraron ingenuamente a relacionarse con las empresas como un camino natural, sin distinguir límites éticos. Quizá también el raquítico financiamiento para la investigación en nutrición y salud en las universidades públicas, centros de investigación e instituciones nacionales de salud empujó a esa inercia de colaboración.

Ello se tradujo en estudios a modo y en la búsqueda de explicaciones alternativas al problema de la obesidad: como la actividad física y la genética, para desviar la atención del ambiente obesogénico como causa determinante. Las instituciones científicas y de educación superior del Estado también empezaron a ofrecer sus servicios especializados e infraestructura, que son públicos, a empresas ávidas de cuestionar las evidencias de la ciencia de quienes impulsan políticas en salud alimentaria.

Estas instituciones están obligadas a recuperar su vocación de servicio a la comunidad. Las universidades públicas no tienen nada que ganar y sí mucho que perder, al exponer su prestigio académico y en investigación obtenido a lo largo de décadas.

Urge recuperar la ciencia con sentido social. Una ciencia comprometida con la verdad y con la sociedad está llamada a sacudirse los conflictos de interés, para vacunarnos del virus de la ignorancia que nos ha llevado a la epidemia de obesidad y enfermedades crónicas.

El Estado debe acabar con la precariedad del trabajo académico y de investigación, incrementando el presupuesto a la educación y la ciencia, no sólo haciéndolo más eficiente. Además, retomar a la brevedad la rectoría de la vida nacional e instrumentar un sistema alimentario integral, saludable y sustentable, justo y culturalmente pertinente.

En el campo de la salud, urge blindar las políticas alimentarias de los intereses comerciales y mantener la sana distancia con respecto a la industria. El combate a la corrupción, insistimos, debe abarcar no sólo los sobornos y fraudes, sino también el uso de intereses, bienes y servicios públicos como si fueran privados.

Actualmente, la legislación vigente en materia de conflicto de interés se centra en los servidores públicos, pero hace falta ir más a fondo y aplicarla con todo rigor. En el ámbito de la salud y la nutrición, es necesario extender la regulación a instituciones educativas, científicas y asociaciones de profesionales, a fin de impedir que sean seducidas por la industria a través del financiamiento de investigaciones, congresos, actividades académicas o de otro tipo, o de apoyos en forma de premios, equipos, insumos, infraestructura, viajes, regalos, comidas... Estas instituciones deben evitar solicitar o aceptar apoyos económicos de la industria, además de declarar sus fuentes de financiamiento y transparentar sus conflictos de interés.

De modo complementario, se debe exigir a las grandes empresas transparentar sus actividades, como ocurrió con Coca-Cola, que por la presión pública en Estados Unidos fue obligada moralmente a revelar a escala mundial los apoyos que da a universidades, centros de investigación, asociaciones civiles, sociedades de nutriólogos y otros profesionales de la salud.

Es fundamental que en todos los ámbitos haya claridad acerca de qué son los conflictos de interés, cómo identificarlos y prevenirlos. Siempre hay que poner límites, tener claro que hay cosas inaceptables al firmar un contrato con una empresa. Un investigador no puede seguir admitiendo, como ha ocurrido en muchos casos, que pretendan corregir los resultados de su investigación, ya no se diga alterarlos o condicionar su divulgación; tampoco debe aceptar omitir información que afecte a quien financió su estudio ni ocultar el financiamiento recibido o participar en actividades de difusión de la marca.

Y si se trata de un congreso, hay que estar alertas sobre el sistema de seducción a través de regalos y dádivas, huir de los patrocinadores, no sólo porque quieren imponer los temas y ponentes que reflejen sus intereses, sino además les da por convertir estos eventos en especies de kermeses, con estands donde regalan bebidas endulzadas y galletitas para publicitar sus marcas.

En resumen, consideramos que debe preservarse la independencia total con respecto de la industria de alimentos y bebidas cuando se trata de la salud. Asimismo, resulta imprescindible emprender una amplia campaña de comunicación educativa a todos los niveles en materia de conflicto de interés, para que los ciudadanos podamos conocer, analizar y discutir el tema.

Para tomar mejores decisiones sobre nuestra alimentación, todos debemos tener mayores elementos acerca de la calidad de la información que recibimos y de cómo puede estar influenciada por intereses de la industria.

Necesitamos acostumbrarnos a indagar qué y quiénes están detrás de lo que nos dicen tanto las organizaciones de la sociedad civil financiadas por las empresas, como algunos personajes de la vida pública con muchas tablas en los escenarios de las puertas giratorias, entre ellos algunos ex secretarios de salud, quienes saltan de un lado al otro, como consumados trapecistas.

El derecho a la alimentación pasa ineludiblemente por el derecho de los consumidores a la salud, y por el derecho a una información veraz, oportuna, independiente y libre de conflicto de intereses. De lograr que los ciudadanos reflexionen sobre esta problemática y cómo abordarla y prevenirla, la sociedad dará un paso fundamental.

Si en las pasadas tres décadas prácticamente no fue posible avanzar en las políticas públicas que empujaran estos derechos en tal dirección, fue precisamente por la captura del sector salud y también del mundo académico y científico relacionado con el campo de la salud y la nutrición, que se puso en buena parte al servicio de la industria, como damos cuenta en el libro Alimentarnos con dudas disfrazadas de ciencia. Nutriendo conflictos de interés en México (El Poder del Consumidor, 2021), en el que ventilamos el callejón oscuro en el que suele hacer acto de presencia el conflicto de intereses.

Aunque no llegamos a abarcar en él los posibles conflictos de interés que pudieran existir en el actual aparato de gobierno, no podemos dejar de hacer notar que sigue pendiente que el Estado impulse el paquete de medidas propuesto por el Grupo Intersectorial de Salud, Alimentación, Medio Ambiente y Competitividad (GISAMAC). De hecho, lo único que se ha conseguido en este sentido en la 4T es el nuevo etiquetado, aparte de algunos otros avances legislativos en proceso que se expusieron en la conferencia 30 del Ciclo Autosuficiencia Alimentaria e Innovación Tecnológica con Prácticas Sustentables, organizado por la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria de la Secretaría de Desarrollo Rural (Sader), cuyo tema fue “El derecho fundamental a una alimentación suficiente, saludable, nutritiva y culturalmente pertinente”.

Ya no hay excusa ni pretexto para demorar la puesta en marcha del amplio conjunto de políticas y acciones concebidas desde hace cerca de 15 años. La 4T se está tardando.

* Los autores son periodistas independientes