Nacidos en la Ciudad de México, Felipe y Fernando, los hermanos Vargas Torres, asentaron sus negocios inmobiliarios y de construcción en Aguascalientes entre el 2011 y el 2017. Su historia está marcada por los conflictos familiares, las pugnas jurídicas, sus conexiones políticas y la desaparición de ambos: Fernando en 2020, y Felipe a mediados de diciembre pasado.

A petición de la familia, la Fiscalía de Aguascalientes publicó la ficha por la desaparición de Felipe –el más chico de los hermanos Vargas Torres– apenas este 3 de enero, pero su desaparición ocurrió desde el 16 de diciembre de 2022, en circunstancias no reveladas.

Ficha de búsqueda por la desaparición de Felipe Vargas Torres.

De acuerdo con las autoridades ministeriales, su familia ha solicitado no dar a conocer más detalles. La denuncia por la desaparición fue presentada por un familiar de primer grado, presuntamente su esposa, poco después de ocurrido el hecho.

Felipe, un hombre robusto de 40 años, y constructor de profesión, ha sido señalado como sospechoso de la desaparición de su hermano Fernando, ocurrida el 26 de marzo de 2020 cuando manejaba en su camioneta cerca del fraccionamiento Los Naranjos, en la capital de Aguascalientes. Entonces Fernando tenía 44 años.

Previo a ser desaparecido, Fernando fue secuestrado, amenazado y golpeado. Eso sucedió en junio de 2019. Algunos de sus trabajadores también fueron víctimas del plagio.

Sus captores le dejaron un mensaje que hacía referencia a una presunta amenaza por parte de su hermano Felipe para obligarlo a entregar algunos bienes. En aquél momento, el empresario presentó una denuncia en contra de su hermano menor, que quedó consignada en la carpeta de investigación CI/AGS/14578/06-19. Pese a ello, las amenazas no menguaron, y hasta ahora la investigación por su desaparición no ha avanzado.

Una empresa y un conflicto familiar

En el fraccionamiento Los Naranjos, la empresa que Fernando Vargas Torres constituyó a inicios de julio de 2011, Edificaciones Vator, tiene diversos predios y permisos de construcción de vivienda, de acuerdo con información del Registro Público del Comercio y de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Y es la misma empresa que ha sido motivo de diversas pugnas entre la familia Vargas. Cuando se constituyó, tenía como accionista principal y administrador único a Fernando, como socia a su madre, María Yolanda Rosalía Torres de la Vega, y como tercer accionista a otro constructor y ex funcionario público de Aguascalientes: Raúl Ortega Jiménez, que en 2014, cuando era delegado de Fovissste, fue acusado de cometer fraude por incumplimento en la construcción de viviendas en el fraccionamiento San Jerónimo, al poniente de la capital aguascalentense.

En San Jerónimo, de acuerdo con documentos oficiales en posesión de Poplab, Edificaciones Vator también tiene diversos inmuebles. Ortega Jiménez libró las acusaciones y se ha mantenido en la industria de la construcción, incluso siendo cercano al poder político en el estado.

Tras un conflicto legal presuntamente ajeno a la familia Vargas, en 2012 Ortega Jiménez salió de Edificaciones Vator. Sus acciones quedaron en manos de Fernando Vargas, quien un año más tarde, en mayo de 2013, las traspasó a su esposa, Samantha Saldaña Díaz, y él permaneció sin acciones, pero como administrador único hasta el día de su desaparición.

Tras el hecho, que Saldaña Díaz nombró como desaparición forzada, se registraron cambios al interior de la empresa y presuntamente de los inmuebles a nombre de la compañía, según ella aseguró en aquél momento. Los cambios en la empresa están registrados en el Registro Público del Comercio.

Fernando Vargas Torres, desaparecido en marzo de 2020. Crédito: Redes sociales.

Una vez desaparecido Fernando, las acciones que había traspasado a su esposa pasaron a manos de un hombre llamado Carlos Aguiñaga Ledesma, que de un día a otro se convirtió en el administrador único del negocio y el mayor accionista, sin que obre registro de la compra de las acciones en el Registro Público. Su entrada a la compañía ocurrió entre junio y julio de 2020, de acuerdo con documentos oficiales y públicos obtenidos por Poplab.

“Evidentemente él (Fernando) no pudo hacer (esos movimientos) sin coacción”, dijo su esposa al medio de comunicación nacional Milenio en agosto de 2020.

El otorgamiento de facultades no solo legales, sino como administrador único, a Carlos Aguiñaga, fue certificado el 22 de mayo de 2020 –cuando ya había ocurrido la desaparición de Fernando Vargas, que hasta entonces fungía como administrador de su empresa– por el notario público Adrián Ventura Dávila, un priista y ex presidente municipal de Aguascalientes que falleció en un fatal accidente un mes después de haber notariado esos cambios.

La avioneta en la que viajaba el notario se desplomó el 5 de junio de 2020 en las inmediaciones de la Sierra Madre Occidental, cerca de Puerto Vallarta. Junto con él murieron al menos tres personas más.

El 29 de mayo de 2020, la defensa de Fernando Vargas presentó una queja ante la Visitaduría de Notarías Públicas por la presunta compra irregular de predios en posesión de la empresa de Fernando Vargas, por parte de su hermano, a través de otros miembros de la familia. La compra fue certificada por Ventura Dávila, pero su fallecimiento dejó sin efectos la investigación.

Funeral de Adrián Ventura Dávila en el Palacio Municipal de la capital de Aguascalientes en junio de 2020. Crédito: Municipio de Aguascalientes.

Las conexiones políticas

Los hermanos Felipe y Fernando Vargas Torres se enfrentaban en un pleito legal que estaba en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). En diciembre de 2017, Felipe demandó a Fernando por presuntamente realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Fuentes cercanas al caso, que solicitaron resguardar su identidad por motivos de seguridad, aseguran que Felipe amenazó a su hermano con que tenía amigos en la FGR que lo ayudarían si no le escrituraba bienes que pertenecían a la empresa Edificaciones Vator.

Con amigos, Felipe se habría referido al ex procurador de Aguascalientes y entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la FGR, Felipe Muñoz Vázquez, que ha sido una y otra vez vinculado con el caso, sin que legalmente se haya acreditado su participación.

Muñoz Vázquez ha sido denunciado por participar en casos de tortura en Aguascalientes durante su gestión como procurador, durante el sexenio del priista Carlos Lozano de la Torre (2010-2016). Y una vez que renunció a su cargo como titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, en 2019, la FGR integró una investigación en su contra.

Tras la denuncia presentada por Felipe Vargas Torres en contra de su hermano, la FGR aseguró diversos bienes en posesión de Edificaciones Vator, así como cuentas de Fernando Vargas. Entonces él decidió regresar el golpe y denunciar a Felipe y al Ministerio Público federal encargado de la investigación, Arturo Reyes Martínez. Los acusó de cohecho (soborno).

De acuerdo con fuentes entrevistadas, Reyes tenía un chofer: Carlos Aguiñaga Ledesma, quien a la postre se apropió de la mayoría de las acciones de la empresa de Fernando. El área de Visitaduría de FGR que integró la investigación, lo entrevistó como testigo.

Las investigaciones concluyeron con que Felipe Vargas había pagado boletos de avión y viáticos a Reyes Martínez, el agente ministerial, para que se trasladara a Aguascalientes y realizara diligencias en contra de Fernando. Los pagos fueron realizados a través de la empresa de Felipe, Fevat Constructora, creada el 30 de enero de 2017. Por el delito de cohecho, tanto Felipe Vargas como el agente Arturo Reyes fueron vinculados a proceso en diciembre de 2019.

El agente ministerial falleció en 2020, a consecuencia del virus de Covid-19. Mientras que en agosto de 2022, Felipe Vargas solicitó una suspensión condicional del proceso, autorizada por el término de seis meses…pero desapareció cuatro meses después, en diciembre.

Fevat Constructora forma parte del padrón de proveedores del Gobierno de Aguascalientes y el Municipio Capital. De hecho, en 2018, durante el sexenio del panista Martín Orozco y en medio de sus conflictos legales, ganó una licitación para la construcción de un paso a desnivel en la capital de Aguascalientes, por más de 113 millones de pesos.

El aseguramiento de los bienes de Edificaciones Vator, de Fernando Vargas, se levantó tras la presentación de un amparo en febrero de 2020. Un mes después el empresario desapareció.

El caso llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde en septiembre de 2020 el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo hizo suya la facultad de atracción de un juicio de amparo que promovió Fernando Vargas, reclamando ser reconocido como víctima en el proceso que se inició contra el ministerio público federal y su hermano Felipe por el delito de cohecho. Pardo Rebolledo solicitó a un tribunal colegiado que le remitiera el expediente del asunto.

Pero la Corte nunca llegó al fondo del tema. De haberlo estudiado, los ministros habrían podido resolver si los particulares pueden ser considerados víctimas del delito de cohecho, tipificado en el Código Penal Federal.

Para este reportaje se solicitó entrevista con el fiscal de Aguascalientes, Jesús Figueroa Ortega, o con la fiscal encargada del área especializada en la búsqueda de personas desaparecidas, Marcela Femat; pero se informó que la familia Vargas Torres había pedido no hablar sobre el tema tras la desaparición de Felipe.

La esposa de Fernando, Samantha Saldaña Díaz, ha seguido al pendiente de la investigación por la desaparición de su esposo, pero fuentes cercanas aseguran que teme por su seguridad.