En la Convocatoria:

En la cláusula séptima, se habla de los requisitos de elegibilidad basados en los principios de razonabilidad, idoneidad y proporcionalidad, con una exigencia, dice, que es coherente con la madurez, la experiencia y las cualidades técnicas que debe tener quien ocupe el cargo. Éstas están establecidas en la ley y deben ser interpretadas desde el parámetro constitucional.

Más adelante, en la cláusula decimoprimera, se establece lo siguiente:

- La evaluación documental de idoneidad del perfil,

- Las comparecencias,

- La propuesta del programa de trabajo enviada,

- La experiencia en materia de derechos humanos, o actividades afines reconocidas por las leyes mexicanas y los instrumentos jurídicos internacionales,

- La auscultación, y

- Las opiniones de las organizaciones civiles defensoras o promotoras de derechos humanos

Pero ¿Qué fue lo que consideró el Senado para su evaluación técnica?

Si bien no fue un documento de las comisiones unidas, ni fue presentado oficialmente, la Comisión de Justicia elaboró un documento que permitió evaluar, según se establece en el texto, a los 12 aspirantes mejor evaluados, con los siguientes indicadores:

- experiencia y conocimiento en materia de DDHH (derechos humanos),

- autonomía / independencia política o partidaria,

- apertura ideológica,

- integridad pública,

- atendió de manera adecuada los casos prácticos,

- el razonamiento crítico de sus respuestas durante la entrevista,

- garantía de compromiso de trabajo colaborativo con el Consejo Consultivo y la sociedad civil, y

- manifiesta compromisos con la progresividad de los DDHH.

Ya en el dictamen presentado por las Comisiones Unidas, se establecen explícitamente algunos de los indicadores que supuestamente, sustentaron la definición de la terna, éstos son:

- Requisitos legales mínimos para concursar,

- Conflictos de interés, que incluyen trabajos previos y trabajos actuales, así como la posibilidad de diálogo con representantes de sociedad civil, académica, colectivos, entre otros,

- Independencia personal, político-partidista, y religiosa-ideológica,

- Probidad, que incluye ser responsable de denuncias por violencia; así como el compromiso de presentar las declaraciones: patrimonial, de intereses, así como la fiscal; también hace referencias a violencia política de género o por incumplimiento de sus obligaciones alimentarias,

- Experiencia, incluido el compromiso con los derechos humanos, el trabajo con víctimas, la capacidad de diálogo, la imparcialidad respecto a familiares, la respuesta a las inquietudes de la sociedad civil, y finalmente

- Apoyo Ciudadano o cuál fue el respaldo que ofrecieron organizaciones no gubernamentales y sí la persona candidata presentó videos de respaldo

Es importante señalar que el Colectivo #LaCNDHquequeremos presentó oficialmente un listado de indicadores y propuso desde la convocatoria, que éstos fueran obligatorios para le evaluación, lo que fue descartado por las Comisiones Unidas de Justicia y Derechos Humanos, lo que tuvo como consecuencia, la politización del proceso. Estos indicadores deben ser la orientación que guíen los procesos locales para que no suceda con los Organismos Públicos de Derechos Humanos lo que sucedió con CNDH.

Se requieren más evaluaciones técnicas y menos imposiciones políticas. La situación de los derechos humanos en el país lo requiere.